Por Martín Kanenguiser.

El juzgado de Thomas Griesa volverá a ser hoy el punto de reunión para saber si la Argentina cae nuevamente en default la semana próxima o si se da la chance de que el magistrado la habilite a pagar por medio de un stay, algo que los abogados ven poco probable.

En la audiencia, desde las 11.30, hora argentina, el juez escuchará los pedidos de la caja de valores de Bélgica, Euroclear; así como de la agencia Clearstream Banking, los representantes de bonistas europeos integrados en la agrupación Euro Bondholder, y el banco JP Morgan, para ver si pueden pagar los bonos reestructurados fuera de Estados Unidos. También, por parte del fondo buitre NML-Elliott, para impedirle a la Argentina pagar en Buenos Aires, una alternativa que Griesa habilitó a fines del mes pasado. El Gobierno sólo observará en forma pasiva este diálogo, ya que los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton no fueron invitados a participar, mientras que en el Palacio de Hacienda aclararon a LA NACION que no habrá delegación oficial desde Buenos Aires.

En el Ministerio de Economía no quieren tirar la moneda sobre qué puede decidir Griesa respecto del stay y aclararon que, si no hubiera acuerdo, la Argentina no anunciaría un default la semana próxima, si no que intentará seguir negociando porque ésa es la estrategia que se mantiene desde que el juez nombró a Dan Pollack como mediador.

Por otro lado, reiteraron que el problema ahora es del Bank of New York, que recibió los recursos para pagar pero no puede girarlos a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, ya que Griesa lo impide, dado el fallo que favorece a los holdouts. Entre los abogados consultados por LA NACION, todos opinaron que difícilmente Griesa otorgue un stay, a menos que NML lo pida, pero consideraron que tal vez hoy el juez permita habilitar los pagos fuera de los Estados Unidos, para no sumar eventuales juicios de parte de los bonistas reestructurados.

Además, expresaron que la Argentina no cumplirá con el pago de la sentencia ordenada por Griesa por US$ 1500 millones a los fondos NML, Aurelius y Olifant, junto con 13 minoristas. Bruce Wolfson, socio del estudio Bingham, de Nueva York, dijo que hoy "se hablará del stay, pero hasta el momento no está claro si Griesa está contemplando un cambio de posición" respecto de su negativa de concederlo. Para que él cambie, "debe haber una actitud diferente de NML, que sabe que tampoco le conviene un default de la Argentina y que posiblemente haya mantenido conversaciones privadas con el Gobierno".

También desde Manhattan, Marco Schnabl, del estudio Skadden, dijo que posiblemente Griesa "permitirá pagar a cierta gente con bonos sujetos a ley extranjera y hará una revisión de cuentas en cuanto a quién estará sujeto a la orden, que será el remanente inmovilizado", de los títulos en dólares. En cuanto a la posibilidad de reinstalar el stay, sostuvo que "es una fantasía porque no hubo negociación, y si no conversan cara a cara, no habrá solución".

Un ejemplo en este sentido es la guerra de solicitadas entre ambas partes, que refleja escasa voluntad de llegar a un acuerdo, indicó. "Éste es un gobierno con mucho bagaje ideológico y habrá pensado que la consecuencia de no pagar es que deberá afrontar más juicios y no mucho más. Y pensará que es más conveniente tener en la primera plana de los diarios a los holdouts que a la inflación."

En Buenos Aires, Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, también aclaró que no aguarda muchas sorpresas, salvo que se autorice el pago a los bonistas europeos. Además, expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que se habilite un stay transitorio o de que la Argentina cumpla con el pago prorrata ordenado por Griesa. Sí dijo que se podría habilitar un registro de códigos de identificación de los títulos valores, para que los bonistas con bonos en dólares "al menos puedan vender su cupón defaulteado y recuperar parte de sus pérdidas".

Horacio Liendo, socio del estudio que lleva su nombre, tampoco cree que haya un stay, "a menos que a los acreedores les convenga que no se produzca un default", y sugirió que, en el improbable caso de que la Argentina pagara la sentencia, la mejor opción sería al contado, "para evitar que se dispare la cláusula RUFO". En el medio, afirmó, "la Argentina puede tratar de demostrar que el dinero lo tiene el agente de pago, lo que llevaría el período de gracia a extenderse otros 60 días, lo cual da más tiempo claramente para un acuerdo" que, por ahora, no se observa en el horizonte.

Por Rafael Mathus Ruiz

Con advertencias dramáticas, la Argentina le pidió ayer al juez Thomas Griesa que vuelva a poner en suspenso su mandato judicial de pago a los llamados fondos buitre, con el propósito de proteger bajo un "paraguas legal" las negociaciones con esos grupos de acreedores. El gobierno argentino sostuvo que, de otro modo, un acuerdo por la deuda antes de 2015 es inviable, por ser demasiado riesgoso para el país.

Horas antes de la audiencia clave que se hará hoy en el tribunal de Griesa, en la que puede definirse el destino de los pagos de la deuda, los abogados de la Argentina presentaron un documento de 17 páginas en el que le solicitan al juez que vuelva a aplicar la medida cautelar, o stay, y ponga en suspenso el mandato judicial que fuerza al país a pagarles a los holdouts junto al resto de los acreedores.

El documento, elaborado por los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, marca la postura del país en la búsqueda de una solución al problema de la deuda cuando sólo faltan nueve días para que expire el período de gracia en que se debe cancelar el último vencimiento.

Una "resolución global", afirma el escrito, debe incluir a todos los holdouts y no sólo a los litigantes, y debe ser consistente con las otras obligaciones contractuales del país, incluida la cláusula RUFO (que habilita a los bonistas del canje a reclamar si se le paga más a otro acreedor), ahora en el centro de la disputa entre el Gobierno y NML, el fondo que lidera la ofensiva judicial contra el país.

Según el Gobierno, un acuerdo que "dispare" la RUFO -vence el 31 de diciembre- generaría reclamos "por miles de millones de dólares" de los bonistas.

Además, podría llevar a los funcionarios argentinos -por ejemplo, al ministro de Economía, Axel Kicillof, y su equipo- a enfrentar cargos penales y juicios políticos, tal como ocurrió con quienes participaron del megacanje negociado por Domingo Cavallo en 2001.

La cláusula RUFO le impide al país hacer un canje con los holdouts "voluntariamente" sin extender los mismos beneficios a los acreedores que participaron de los canjes de 2005 y 2010. Esa cláusula vence en diciembre de este año, y, por eso, los abogados del país no escatimaron advertencias respecto de los costos potenciales para la Argentina de cerrar un acuerdo antes de 2015 con los demandantes. "En vista de la magnitud de las posibles consecuencias de la activación de la cláusula RUFO, incluso una pequeña probabilidad de activarla hace que el riesgo sea inaceptable", afirma el escrito presentado ayer ante Griesa. Fuentes del Ministerio de Economía aclararon en Buenos Aires que el texto fue presentado "en apoyo de los terceros que protagonizarán la audiencia", porque de hecho no habrá representantes oficiales allí.

Con todo, los abogados de Cleary no ofrecieron una cifra precisa del riesgo inherente a una activación de la cláusula RUFO. Ese riesgo, además, es motivo de debate: algunos creen que el lenguaje de la cláusula es lo suficientemente claro como para impedir su activación ante un acuerdo forzado por una sentencia de la justicia norteamericana, muy diferente de una oferta voluntaria como las de los canjes de deuda de 2005 y 2010. Pero otros creen que un tribunal, no sólo en Estados Unidos, sino también en otros países, podría interpretar lo contrario.

Como respaldo, los abogados de Cleary presentaron una estimación de los riesgos de juicios brindada por el abogado Marcelo Etchebarne en una columna publicada en LA NACION, junto con una nota de la revista The Economist y un artículo de la columnista del periódico The Wall Street Journal Mary O'Grady. "La Argentina no podría soportar los 120.000 millones de dólares estimados en nueva deuda que necesitaría para cumplir con la cláusula RUFO", escribió O'Grady, el día en que la Argentina y Alemania disputaron la final del Mundial de fútbol.

Dados los "riesgos prohibitivos", Griesa debería reponer el stay para ofrecer un "paraguas legal", para que la Argentina "pueda entablar un diálogo productivo con el fin de resolver este litigio", agregó.

No ha habido, hasta ahora, ninguna señal de que el diálogo entre la Argentina y NML, a través del negociador nombrado por Griesa, Daniel Pollack, haya dado frutos. De hecho, el documento presentado ayer afirma que la perspectiva de una resolución "se complica aún más" por la continua ofensiva judicial de los litigantes, y pone como ejemplo los pedidos de embargos que hicieron en contra de activos de YPF y Chevron, operadores del yacimiento Vaca Muerta. Luego, dice que las negociaciones con Pollack continúan.

Especialistas que siguen el caso argentino esperaban, a estas alturas, algún avance en las conversaciones, al menos en lo referente a las condiciones para que NML respaldara el pedido de reponer el stay, algo que todos consideran indispensable para que Griesa decida hacerlo. Sin el visto bueno de los litigantes, el juez no dará lugar al reclamo argentino, coinciden quienes siguen la pelea.

La presentación argentina llegó en medio de una pequeña ola de escritos, en los últimos días, de Citibank, Euroclear, Clearstream, el Bank of New York Mellon, bonistas extranjeros y NML, con vistas a la audiencia de hoy. Griesa, de regreso de sus vacaciones, despejaría la incertidumbre sobre los pagos de la deuda argentina y brindaría indicaciones concretas a las entidades financieras sobre cómo deben operar las transferencias entre el Tesoro y los bonistas.

En su presentación, la Argentina respaldó las mociones presentadas por el Bank of New York Mellon, el grupo de bonistas Euro Bondholders y las cajas compensadoras europeas Euroclear y Clearstream, que le pidieron a Griesa una luz verde para las transferencias que deben concretar. Además, la Argentina solicitó que se mantengan fuera de esa sentencia los bonos en pesos que se pagan en el país bajo ley argentina.

NML rechazó todos los pedidos de clarificación, al argumentar que la sentencia de Griesa alcanza a los bonos en euros y pedir su ampliación a los bonos en pesos.

Los abogados de Cleary también apelaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito una orden de Griesa en rechazo de la propuesta de Kicillof de llevar adelante un canje de deuda, para pagar los bonos que surgieron de los canjes de 2005 y de 2010 en la Argentina, bajo ley argentina. Griesa había dicho que esa propuesta violaba su mandato judicial.

Un día antes de que se concrete una audiencia con el juez Thomas Griesa, el Gobierno presentó hoy un documento que reclama nuevamennte al juez neoyorquino que proteja de embargos mediante un “stay” (amparo) los pagos argentinos de su deuda reestructurada. Lo hizo en el mismo escrito en el que, además, realizó duros cuestionamientos a los fondos buitre por haber solicitado en la justicia de California que se embarguen activos de la norteamericana Chevron y de YPF asociadas para la explotación de Vaca Muerte, una de las principales apuestas estratégicas del país en materia energética.

El texto, según explica una nota realizada por Ana Barón para Clarin.com dice que las posibilidades de que el conflicto se resuelva “se han complicado aún más” debido a esas presentaciones. El documento resalta que mientras que los fondos buitres siguen litigando, “Argentina se ha involucrado y sigue involucrada con el Special Master (léase el mediador Dan Pollack) nombrado por la Corte para asistir a la partes a llegar a una resolución”.

En el documento, "Argentina expresa su apoyo a las clarificaciones que han pedido los bancos y los agentes de pagos sobre cómo implementar el fallo que dice que el Gobierno no le puede pagar a los tenedores de bonos que ingresaron en el canje si no les paga a los fondos buitres".

Como explica una nota de El Cronista, la audiencia de mañana fue pedida por los bancos pagadores, y en ella el magistrado decidirá si permite pagar los bonos de legislación europea, si otorga una medida cautelar que libere los fondos destinados a los vencimientos congelados desde el 27 de junio o si deja todo igual. Si esto último ocurre, el Gobierno ya avisó que responsabilizará a la justicia de Estados Unidos por el default forzoso.

La presentación argentina menciona en particular la clausula RUFO, que impide que Argentina ofrezca a los fondos buitres una oferta mejor a la que le hizo a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y del 2010. “Medidas para ignorar estas restricciones solo servirán para dificultar aún más la resolución de la situación", dice el documento.

Hoy, más temprano, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, adelantó que en caso de activarse esta cláusula “se dispararía un pasivo enorme”, que implicaría un “acrecentamiento de la deuda externa de entre u$s 120 mil millones a más de u$s 500 mil millones”.

“Es un acuerdo de partes y un juez no lo puede vulnerar. Nosotros consideramos que esta es una cuestión emblemática y debe ser respetada", señaló el funcionario de cara a la nueva reunión que mañana mantendrá el juez Thomas Griesa con las partes.

Capitanich destacó además la importancia de que se generen los mecanismos para impedir que acciones como las de los fondos buitre puedan afectar reestructuraciones de deudas soberanas de países, y en ese marco consideró que sería bueno “a futuro” que este aspecto sea motivo de debate en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Por el contrario se manifiesta en contra de la moción presentada por los fondos buitres para que se revea la orden que recibió Citibank de pagar todos los bonos emitidos bajo legislación argentina ya sea en dólares o en pesos. Estos son los dos temas que serán discutidos mañana durante la audiencia convocada por el Juez Griesa. Argentina afirma también que hay restricciones legales para resolver el conflicto.

Menciona en particular la clausula RUFO, que impide que Argentina ofrezca a los fondos buitres una oferta mejor a la que le hizo a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y del 2010. “Medidas para ignorar estas restricciones solo servirán para dificultar aún más la resolución de la situación", dice el documento.

Hoy, más temprano, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, adelantó que en caso de activarse esta cláusula “se dispararía un pasivo enorme”, que implicaría un “acrecentamiento de la deuda externa de entre u$s 120 mil millones a más de u$s 500 mil millones”.

“Es un acuerdo de partes y un juez no lo puede vulnerar. Nosotros consideramos que esta es una cuestión emblemática y debe ser respetada", señaló el funcionario de cara a la nueva reunión que mañana mantendrá el juez Thomas Griesa con las partes.

Capitanich destacó además la importancia de que se generen los mecanismos para impedir que acciones como las de los fondos buitre puedan afectar reestructuraciones de deudas soberanas de países, y en ese marco consideró que sería bueno “a futuro” que este aspecto sea motivo de debate en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El gobierno anunció que pagará todos los vencimientos de deuda que quedan hasta fin de año, justo un día antes de la audiencia convocada para mañana por el juez federal Thomas Griesa, de la que también participarán los agentes de pago.

El ministerio de Economía remitió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires siete notas en donde aclara que los desembolsos que hay hasta diciembre a los acreedores se harán en las fechas pautadas en las condiciones originales de emisión.

Se trata de los títulos Par bajo ley Argentina y de Nueva York, y los Discount, todos ellos denominados en dólares o euros, para los que el Banco Central deberá girarles en concepto de intereses U$S190 millones el 30 de septiembre y U$S907 millones el 30 de diciembre, respectivamente.

De esta manera, el gobierno confirmó que seguirá saldando todos los compromisos en moneda extranjera más allá de si llega o no a un acuerdo con los fondos buitre, acaso en otra señal a los mercados de mostrar “voluntad de pago” y que si el país entra en un default no será por decisión propia sino por culpa de Griesa, una alternativa que la propia presidenta no descarta.

En ese sentido, los abogados que representan al país en la justicia norteamericana volvieron a plantearle al magistrado que necesitan que reponga el “stay” para que la Argentina pueda seguir pagándole a los bonistas reestructurados.

"La posición de la República es que la Corte debe permitir al BONY que cumpla con su obligación fiduciaria para transferir la propiedad de los bonistas a ellos, ya que cualquier acción contraria es incompatible con esa obligación", dijo el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en una nota enviada hoy al veterano juez.

Según los letrados, "la advertencia al BONY a cumplir con sus obligaciones fiduciarias es aún más problemática con respecto a los tenedores de bonos en euros, que se han manejado por separado, para aclarar lo que los requerimientos judiciales no hacen, al prohibir que entidades extranjeras transfieran sus fondos a ellos porque esas entidades están más allá la jurisdicción de la Corte y con sujeción a las leyes extranjeras".

Los bancos fiduciarios que administran los pagos de la Argentina pretenden que Griesa les indique qué deben hacer con los 900 millones de dólares que la Argentina depositó en sus cuentas el 26 de junio para cancelar los vencimientos de deuda performing.

Griesa le ordenó al Banco of New York Mellon que no gire el dinero desde sus cuentas en Buenos Aires a las de Nueva York -cerca de 530 millones de dólares- y eso desató el temor de otras entidades que, por ejemplo, administran títulos con legislación europea, las que piden se las releve juridisccionalmente y puedan pagar en otras plazas que no sea Nueva York.

Mientras tanto, actores de peso como el ex ministro de Economía Roberto Lavagna y el banquero Jorge Brito salieron a respaldar el plan de Cristina de mandar al país a un default "técnico" en caso de que Griesa no de garantías: el asesor del Frente Renovador negó que fuera una cesación de pagos, y el titular del Macro sostuvo que si se llega a esa situación "no pasa nada".

El escrito presentado hoy por los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que representa a la Argentina, solicitando al juez neoyorkino Thomas Griesa que reponga el stay para poder pagarle a los bonistas que entraron al canje, por primera vez apeló a conceptos legales de peso en la justicia norteamericana.

Los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman que firmaron el escrito, abandonaron la tradicional defensa argentina que alude a la inmunidad sobrerana de los fondos que gira el Gobierno, que tuvo muy escasa recepción en los tribunales norteamericanos, para pasar a un tema mas delicado para la justicia de ese país: la afectación del principio de equidad y del derecho de propiedad.

En este escrito los abogados subrayaron que el juez al haber congelado el pago a bonistas reestructurados que cobran en Estados Unidos y Europa, afectó el derecho de equidad ya que aquellos que cobran –también en dólares- en la Argentina recibieron su pago correspondiente, al igual que aquellos que cobran en Europa vía Citibank, como bien subrayó Cristina en su discurso ante los Brics.

Los abogados señalaron en su escrito que Griesa afectó con esta decisión contratos y derechos de terceros ajenos al pleito, es decir afectó su derecho de propiedad, otro principio medular del derecho anglosajón.

Se trata de un golpe bajo la línea de flotación, ya que en pronunciamientos anteriores tanto Griesa como la Cámara de Apelación de Nueva York, señalaron que no era su intención afectar la normal evolución del pago del canje de deuda, sino en todo caso velar por el derecho de propiedad afectado del fondo NML de Paul Singer y los otros holdouts.

Griesa se puso en esta línea de fuego al congelar el último pago que el Ministerio de Economía giro a pesar del riesgo de embargo. Fue una jugada que por otro lado el ministro Axel Kicillof se vio obligado a realizar ya que en los prospectos de emisión de deuda está establecido que al girar los fondos al Banco de Nueva York (BONY) la deuda se considera saldada, de manera que de esa manera el ministro se cubre de eventuales demandas por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por eso también, esta noche Economía anunció que continuará cumpliendo con los pagos previstos para este año.

La delicada incómoda situación en la que quedo Griesa luego de congelar estos fondos, que se tradujo en una catarata de presentaciones del BONY y los otros agentes de pago exigiéndole que aclare como debían proceder, quedó en evidencia ante su decisión de convocarlos para la audiencia de mañana.

Si no hubiera una colisión de derechos y principios de peso, el magistrado que en los últimos tiempos se mostró inflexible con la Argentina, difícilmente hubiera dado ese paso, ya que hasta que congeló los fondos, su único discurso era que la Argentina debía sentarse a negociar con los holdouts la manera de pagarles lo adeudado.

Ahora se suma la delicada situación que le plantea la afectación del principio de equidad y del derecho de propiedad de los bonistas que entraron al canje y cobran fuera de la Argentina, que serían los primeros en sufrir las consecuencias de un nuevo default del país.