Por Martín Bidegaray.

La construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz demandarán más de US$ 6.000 millone s, según consta en el acuerdo de financiamiento firmado entre la Argentina y un grupo de bancos chinos, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.

De esta forma, la obra encabezada por la local Electroingeniería y la china Gezhouba consumirá recursos estatales superiores a los $ 50.000 millones, según estimaciones prudentes. Cuando el Gobierno anunció, en agosto del año pasado, que Electroingeniería encabezaba el consorcio ganador, la oferta que había realizado ese grupo era de $ 22.925 millones.

La letra chica del acuerdo entre el gobierno argentino y los bancos chinos también muestra que el Ejecutivo se compromete a informar a sus socios –las entidades financieras de la potencia asiática– sobre todos los pagos que vaya a realizar el país al Club de París, las negociaciones con los acreedores holdouts de la deuda externa y hasta eventuales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los chinos hasta creen que es conveniente golpear la puerta de ese organismo: “la Argentina es un miembro en buenas condiciones del FMI y es e legible para utilizar los fondos que tiene disponibles en virtud del programa de financiamiento del FMI y dicho programa no ha sido cancelado o suspendido”, sugieren.

El préstamo con los chinos establece que el Estado argentino debe desembolsar US$ 1.300 millones adicionales para poder acceder al crédito de US$ 4.714,35 millones que le darán.

“Habrá que realizar contribuciones de capital por el monto de US$ 1.300 millones a ser abonado por el propietario del proyecto –El Estado nacional– de su propio capital hacia los costos del proyecto”, detalla el acuerdo.

Argentina tiene que pagar “la prima de Sinosure –un garante estatal chino del crédito–, la prima del consorcio GRGC (que asegura el crédito), los intereses vencidos y pagaderos en virtud de la línea de crédito durante el período de construcción del proyecto y los honorarios incurridos conforme a o en relación a las líneas de crédito”, indica el texto.

Aunque el precio de la obra sería de US$ 4.714 millones, que es el valor del crédito, en el mismo préstamo se explicita que el costo puede subir hasta los US$ 5.559,6 millones, un 18% más de lo presupuestado.

“El precio comercial, es decir el monto pagadero por el propietario del proyecto (el Estado nacional) al contratista comercial en virtud del contrato comercial (Electroingeniería junto con Gezhouba) no podrá superar los US$ 5.559,61 millones”, informaron ayer las partes.

Entre lo que pagará el Estado hay US$ 502 millones para cancelar la prima de Sinosur y US$ 300 millones para intereses del préstamo.

El Estado tendría que desembolsar $ 10.500 millones (US$ 1.300 millones a tipo de cambio actual) por su cuenta, y contrae un préstamo de US$ 4.714 millones. Lo pagará en cinco años y medio. Es imposible conocer la cotización del peso frente al dólar en 2020, pero casi ningún economista cree que durante el próximo período presidencial la moneda estadounidense esté a menos de $ 9. Al Gobierno de ese momento no le costará menos de $ 42.000 millones.

En el 2003 la generación hidroeléctrica cubría casi la mitad del consumo de electricidad, ahora es menos de la tercera parte. La pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos hace imperioso enfatizar sin demoras la utilización del recurso hídrico, ya que nuestro potencial hidroeléctrico está a la espera de las inversiones que lo movilicen, incrementando además la producción de energía eléctrica “limpia”, sin emisiones de dióxido de carbono. Es ambientalmente positivo que el agua reemplace a los fósiles contaminantes, sobre todo teniendo en cuenta que aprovechamos menos de la mitad de nuestro potencial hidroeléctrico. Por eso hay que congratularse por las iniciativas que pongan en valor ese recurso renovable, Sin embargo, las decisiones del gobierno van por el camino errado. La actual adjudicación de las centrales hidroeléctricas Kirchner-Cepernic, sobre el río Santa Cruz, es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Esta iniciativa oficial no es buena, porque es un error de planificación, que exige comenzar por los proyectos de menor costo por KWH.

Aquí el gobierno se contradice a sí mismo, ya que la Secretaria de Energía difundió en noviembre del 2006 su estudio “Evaluación Expeditiva de Aprovechamientos Hidroeléctricos”, donde analizaba un inventario de 30 proyectos hidroeléctricos. En esta evaluación oficial se priorizaban sensatamente otros 22 proyectos de acuerdo a criterios técnicos, ambientales y de comparación de costos con beneficios. Estos otros proyectos están en Rio Negro, Neuquén, Chubut y Mendoza. La inversión ahora comprometida en estos dos grandes proyectos hidroeléctricos en Santa Cruz es exagerada, ya que con su enorme sobrecosto en la inversión sobrarían fondos para hacer muchos buenos emprendimientos hidroeléctricos en Rio Negro, Mendoza, Chubut y Neuquén. Tendríamos el mismo aporte a la disponibilidad energética pero a mucho menor costo, liberando recursos para más inversiones, por ejemplo, en servicios cloacales y vivienda. Insistir en proyectos muy costosos y de baja prioridad podrá ser bueno para unos pocos, (consultores, financistas y constructores chinos) entre los cuales está el capitalista “amigo” Electroingeniería adjudicatario en una muy oscura licitación. Pero es malo para el contribuyente y mucho peor para el usuario que tendrá que pagar en mayores tarifas eléctricas. No olvidemos que estas obras, por su largo periodo de construcción de más de cinco años, deberán ser financiadas por los próximos tres gobiernos nacionales,

La construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic tendrán un costo de 4.714 millones de dólares, y serán ejecutadas en cinco años y medio, y generarán de manera directa 5.000 nuevos puestos de trabajo.

El ministro de Economía, Axel Kicillof y el gobernador santacruceño coincidieron en resaltar la potencialidad de la obra que garantizará una potencia instalada de 1.740 MW y una energía media anual de 5.246 GWH, lo que permitirá mejorar la matriz energética de nuestro país.

En el mismo sentido, Kicillof y Peralta abordaron diversas políticas macroeconómicas que impulsa el gobierno Nacional para el desarrollo de la provincia y la región.

Luego de la firma del convenio entre China y Argentina para financiar la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz, en el centro cultural de El Calafate se rubricó un acta acuerdo entre Provincia y Nación, en donde ésta se compromete a colaborar en el proceso de expropiación de las tierras donde se erigirán dichas obras.

Este lunes, el ministro de la Producción, Harold Bark, reveló en FM Dimensión que desde la Fiscalía de Estado de Santa Cruz se está pidiendo la colaboración del Tribunal de Tasación de Nación (TTN) para conseguir una mejora con respecto de la tasación de las tierras a expropiar.

Se trata de un poco más de 2.000 hectáreas que estarán afectadas a la construcción de ambas represas, de los obradores, caminos, movimiento de suelos, etc. A esto se deberán sumar más de 45.000 hectáreas que se inundarán con los lagos de embalse.

El TTN es un organismo técnico dirigido por profesionales propuestos por el Sector Público y por entidades profesionales privadas, que establece valores objetivos de los bienes cuya adquisición, enajenación, locación o valor contable, sea requerido por organismos nacionales, provinciales, municipales binacionales o multinacionales, de los cuales el Estado Nacional sea parte.

Bark afirmó que la decisión de que sea el TTN y no provincia quien establezca el valor indemnizatorio será provechoso para los dueños de campos alcanzados por la expropiación. El ministro explicó que el organismo nacional “tasa a valor de mercado, y obviamente a los propietarios de las tierras les sería mucho más beneficioso que lo que tasa la Provincia, que es el valor fiscal más un 30 por ciento”.

Consultado en el programa Radio Activa sobre si esto no será perjudicial para la provincia en términos económicos, Bark señaló que “si hay algo que le conviene a todos los santacruceños es tener las represas en la provincia”.

“Esto es como llevarse bien con los vecinos. Y los propietarios van a ser vecinos de la represa y lo mejor sería no tener ningún conflicto con ellos”, argumentó.

Para el Ministro el hecho de que no haya tasación oficial ni se haya concretado el pago de la expropiación, no es impedimento legal para que las empresas constructoras comiencen la obra de las represas.

“Esas tierras ya están declaradas utilidad pública, por lo que no evitaría que se pueda empezar a trabajar”, señaló el funcionario provincial.

Como se establece el Valor de Mercado

Es importante aclarar que el valor de mercado no los establece unilateralmente el propietario de la tierra. En ese sentido el TTN aclara se realizan inspecciones "in situ" en las que se recaban antecedentes en el mercado inmobiliario, medios gráficos, etc, lo cual permite determinar la tasación en el lugar.

El método de valoración de inmuebles expropiados está determinado en la reglamentación del TTN. Primero se establecen las cualidades y características propias del bien a tasar que influyen en su valor.

Luego se debe analizar el segmento del mercado inmobiliario relativo a los bienes comparables al que se valora. Basándose en informaciones concretas sobre transacciones reales u ofertas, se obtienen valores al contado de dichos bienes en la fecha de la tasación.

En base a la información obtenida, se selecciona una muestra representativa de bienes comparables al que se valora, descartando aquellos que se desvíen por precios anormales o circunstancias especiales.

La indemnización sólo debe comprender el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se toman en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra por ejecutarse.