Por: Carlos Burgueño
Las posibilidades de que el "juicio del siglo" se resuelva dentro de las negociaciones del "Special Master" Daniel Pollack "se han complicado aún más" debido a intentos de los fondos buitre de embargar bienes de Chevron, que tiene un acuerdo de exploración con YPF. Así opinó ayer el Gobierno argentino oficialmente, en el escrito que a través de los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) se le envió al juez Thomas Griesa para que éste reponga el "stay" (ver nota aparte). Ésta es la primera respuesta oficial al intento real del fondo buitre NML Elliott de embargar los activos de YPF, o en su defecto de su socia en Vaca Muerta, Chevron, a partir de una presentación en la Justicia de California del jueves de la semana pasada, anunciada ayer en exclusiva por este diario. Según la presentación firmada por los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, el hecho de que el fondo del megamillonario Paul Singer haya concretado su amenaza de pedir que se embarguen activos financieros o físicos de ambas petroleras fue una señal de que en realidad los demandantes no están dispuestos a negociar un acuerdo de mediano plazo, sino que buscan avanzar con la captura de bienes físicos o dinero en efectivo para cobrarse el fallo favorable de Griesa de octubre de 2012.
Ayer, sobre las posibilidades reales de un embargo sobre los activos de YPF, la compañía que dirige Miguel Galuccio aclaró que un avance judicial de este tipo es imposible, ya que la petrolera "es una empresa independiente y gobernada como tal, según la legislación vigente". Aseguró, además, que "sus activos no pertenecen a la República Argentina y, por ende, no son embargables por acreedores de la República Argentina" y "mucho menos podrían ser los activos de sus socios", en este caso Chevron. Se asegura también que "en la República Argentina, YPF ostenta un 49% de accionistas minoritarios, quienes también tienen representación en el directorio de la empresa" y que "el Gobierno de la empresa se realiza de acuerdo con lo dispuesto en las estrictas normas del mercado de capitales, que aseguran que la gestión de los activos sociales sea efectuada en pos de la persecución del interés de la sociedad, con exclusión de cualquier otro interés, incluso el del accionista controlante o un grupo de accionistas, todo lo cual obsta a que los bienes de YPF tengan otro destino que no sea el de generar valor para la totalidad de sus accionistas y puedan ser objeto de acciones por los acreedores de cualquiera de sus socios". En el caso de Chevron, la petrolera norteamericana coincide con la visión de su socia argentina, al afirmar que se trata de una compañía privada que sólo firmó un acuerdo para la explotación de un área del complejo de Vaca Muerta.
Las argumentaciones de Elliott para reclamarle a la Justicia de California que, primero, avance en el proceso de "Discovery", según la autorización que les dio a los fondos buitre la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio pasado. Esto es, la facultad de reclamarles a los bancos o empresas, en cualquier Estado, para que informen sobre los activos financieros y físicos que el Estado argentino tenga directa o indirectamente en ese país. Según las argumentaciones de los fondos buitre, en su presentación del jueves pasado en los tribunales de San Francisco, California, la Justicia norteamericana no sólo debería avanzar en el "Discovery" de las cuentas del Estado argentino, sino también de las empresas donde la Nación tenga acciones y los socios que hayan firmado acuerdos con estas compañías. Allí es donde Elliott avanza sobre YPF, al considerarla propiedad de la Argentina. Como se descarta que la petrolera renacionalizada no tiene activos financieros en ese Estado, el fondo buitre pide que el "Discovery" avance sobre Chevron.
Para un segundo paso, una vez que las cuentas estén a la vista de la Justicia, y luego de una eventual sentencia definitiva de Griesa avalando que se avance sobre activos embargables, Elliott puede reclamarles a los jueces que se tome a estos activos financieros (los de Chevron) como pasibles de ser enajenados.
Desde Buenos Aires se considera esta alternativa como casi utópica y casi imposible de analizar judicialmente por parte de los magistrados norteamericanos. El hecho es que de peticionar Elliott sobre esta alternativa, en el menor de los casos la petrolera de los Estados Unidos deberá hacer frente a un juicio contra el fondo de Paul Singer en los tribunales de San Francisco. La intención del fondo buitre puede ser así doble. Por un lado, si se le diera, poder cobrarse la demanda original de unos u$s 1.330 millones (u$s 1.600 millones actualizados), a partir de la liquidación de activos físicos como los de Chevron. Como esto es más que difícil, la idea de mínima del fondo buitre es volver a molestar a la Argentina con potenciales embargos y demandas judiciales varias, para presionar al país en medio de las negociaciones que el fondo de Paul Singer está manteniendo en el bufete de Pollack en Nueva York.
En el escrito presentado ante la Justicia de San Francisco, el fondo buitre insiste en la "mala fe y acciones fraudulentas" de parte de la Argentina, en que el país "disfrutó de una década de fuerte crecimiento y de alza en las reservas que ahora están en los u$s 40 millones" y que "los lazos entre Chevron y la Argentina están bien documentados". En este sentido, Elliott le reclama a la Justicia que Chevron le informe sobre: inversiones en hidrocarburos en la Argentina, los directivos de la petrolera que mantienen en comunicaciones habituales con el país, todos los pagos que Chevron le haya efectuado ya al país, los que al día de hoy suman más de u$s 2.000 millones.
En vísperas de la audiencia que tendrá lugar mañana en la Corte del juez Thomas Griesa, Argentina presentó en la Corte del Juez Griesa un documento en el que critican duramente a los fondos buitres por el pedido de embargo presentados en contra de YPF y de Chevron.
El documento dice que las posibilidades de que el conflicto se resuelva “se ha complicado aún más” debido a esas presentaciones. El documento resalta que mientras que los fondos buitres siguen litigando, “Argentina se ha involucrado y sigue involucrada con el Special Master (léase el mediador Dan Pollack) nombrado por la Corte para asistir a la partes a llegar a una resolución”.
En el documento, Argentina expresa su apoyo a las clarificaciones que han pedido los bancos y los agentes de pagos sobre cómo implementar el fallo que dice que el Gobierno no le puede pagar a los tenedores de bonos que ingresaron en el canje si no les paga a los fondos buitres.
Por el contrario se manifiesta en contra de la moción presentada por los fondos buitres para que se revea la orden que recibió Citibank de pagar todos los bonos emitidos bajo legislación argentina ya sea en dólares o en pesos. Estos dos los dos temas que serán discutido mañana durante la audiencia convocada por el Juez Griesa. Argentina afirma también que hay restricciones legales para resolver el conflicto.
Menciona en particular la clausula RUFO, que impide que Argentina ofrezca a los fondos buitres una oferta mejor a la que le hizo a los bonistas que ingresaron en los canjes del 2005 y del 2010. “Medidas para ignorar estas restricciones solo servirán para dificultar aun mas la resolución de la situación", dice el documento.
