Marcos Zandomeni, ministro de Energía, admitió que analizan la explotación en regiones donde no haya agricultura. También se supo que hay una nueva propuesta para motorizar el proyecto San Jorge. Ambientalistas se oponen.

Una vez más la discusión de la minería metalífera para extraer oro, plata y cobre en Mendoza, prohibida por la ley provincial 7.722 en la gestión del gobernador Julio Cobos, por los riesgos de contaminación que implica su explotación, polarizó el debate entre quienes insisten en activarla y los que se oponen terminantemente a la actividad.

Sin embargo, la novedad la dio el Gobierno provincial, que a través de su ministro de Energía, Marcos Zandomeni, alimentó la posibilidad de que este tipo de minería se habilite en zonas de la provincia donde la actividad agrícola es nula.

Fue durante el debate entre los distintos sectores involucrados que se realizó en el programa Séptimo Día, emitido por Canal 7.

Fue allí donde Zandomeni declinó negar que se derogue o reforme la ley 7.722 y también se cuidó de expresarse contra la minería metalífera a cielo abierto.

Aseveró que “lo que hay que discutir es cómo vamos a vivir dentro de 50 años, si nuestros hijos tendrán trabajo, porque acá el debate debe ser que el empleo y el desarrollo sustentable no se negocian”.

Así abrió la opción de impulsar este tipo minería prohibida en “el departamento de Malargüe, donde no hay actividad agrícola y los jóvenes se van porque no tienen futuro”.

Así, propuso una habilitación sectorizada de la explotación minera.

La postura del ministro fue avalada por Mario Chabert, titular de la Cámara de Empresarios Mineros, que se quejó de la discriminación de la actividad, que es rechazada por el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, y los referentes de la Asamblea del Agua Fabiana Villafañe y Daniel Funes.

►"La minería metalífera es una actividad más de la matriz productiva. Prohibirla por ese riesgo es exagerado” (Mario Chabert, de la Cámara de Empresarios Mineros).

►"Una minera hace la explotación en 30 años, nos saquean, contaminan, se van y dejan a los trabajadores tirados” (Fabiana Villafañe, de la Asamblea del Agua).