Por: Carlos Burgueño.

NML Elliott quiere embargar fondos de YPF y de la petrolera norteamericana Chevron para cobrarse el fallo a favor del juez Thomas Griesa. No es una especulación. Tampoco una amenaza. Es una realidad. Entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, en los tribunales de primera instancia de California, los abogados que representan al fondo buitre más importante que litiga contra el país en el "juicio del siglo" (propiedad del megamillonario Paul Singer), concretaron el paso más importante y peligroso contra la Argentina y los activos del país en los Estados Unidos. La intención de la embestida es que si mañana el juez Griesa decide no reinstalar el "stay", y libera la alternativa de avanzar en embargos contra el país por todo el territorio norteamericano, el primer avance sea contra la petrolera argentina y su socia de los Estados Unidos. La intención de máxima de Elliott es que un juez avance hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron. La de mínima, que haya un juicio nuevo que embarre aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina. En el medio, Elliot busca afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en el país, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.

La embestida de Elliott es en California porque en ese estado tiene su sede Chevron. La empresa es heredera de la Standard Oil-California desde 1911 y tiene su lugar de residencia en San Ramón, un condado cercano a San Francisco hacia el continente alejándose del océano Pacífico; precisamente donde tiene su jurisdicción el Noveno Circuito y donde los abogados del fondo buitre radicaron la denuncia. La presentación fue recibida por la Justicia, a la espera de lo que suceda mañana en el tribunal de Griesa. De avalar los jueces californianos la presentación, comenzaría a considerarse a nivel tribunalicio la alternativa del eventual embargo a Chevron, además de la aceleración del pedido a otros jueces del estado sobre la posibilidad de que existen fondos de la petrolera estatal renacionalizada en ese territorio. Luego, si finalmente algún juez californiano decidiera avalar el pedido de embargos de Elliott, las alternativas serían de avanzar sobre los activos de YPF primero y luego sobre los de Chevron; o sobre ambos a la vez. La Justicia del oeste puede obviamente desechar el intento y considerar los argumentos que seguramente expondrá la Argentina: que YPF es una sociedad separada del Estado y que Chevron es una empresa absolutamente independiente de la Argentina que sólo decidió asociarse con el país para un proyecto concreto: el de Vaca Muerta.

Elliot quiere que la Justicia bucee sobre los activos financieros y físicos que YPF podría tener en California; y, si no los encuentra, que sea entonces Chevron la que responda. Para semejante pedido incluye en las presentaciones judiciales inmumerables fallos anteriores tanto en California como en otros estados norteamericanos. Pero lo más fuerte que presenta Elliot son los argumentos derivados de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 16 de junio pasado, cuando no sólo rechazó la posibilidad de tomar el "juicio del siglo" en tercera instancia (negando también la posibilidad de que opine el Gobierno de Barack Obama), sino que también hizo lugar a la petición de los fondos buitre de obligar a las entidades financieras de ese país (y a cualquier agente económico que considere necesario) que informe a cualquier juez sobre los activos monetarios o físicos si los magistrados así lo ordenan. Se trata de la cláusula "Discovery", una de las dos causas que debía definir la Corte Suprema y que falló en contra de la Argentina.

La argumentación básica de la presentación de Elliott (realizada a través de la firma de Joshua D. N. Hess) el abogado del fondo buitre en California, es que los fondos de YPF y, eventualmente, de Chevron, pertenecen a la Argentina; al menos, en el caso de la empresa norteamericana, en lo que tiene que ver con el proyecto de inversión de unos u$s 2.040 ya desembolsados (de un total de u$s 8.000 millones de todo el emprendimiento) en el yacimiento de "shale oil" en Neuquén. Ese dinero esté en las arcas de la petrolera argentina o de la empresa norteamericana, debería ser parte de los millones de dólares con los que el país debería responder por no haber concretado aún el pago de los u$s 1.330 millones del fallo de 2012 (hoy superarían según el cálculo de Elliot los u$s 1.600 millones), en tiempo y forma. Para poder avanzar necesitarían que Griesa determine que ya es tiempo para comenzar a embargar, empezando por los u$s 539 millones que el país ya depositó al Bank of New York Mellon (BONY) para responder por el vencimiento del 30 de junio pasado por el Discount que debe pagarse como fecha límite el 30 de julio. Obviamente en este caso, para los abogados que representan al país del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), habría más que un argumento sólido para defender la posición del país; comenzando por la explicación que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado (aunque la mayoría accionaria haya sido renacionalizada) y que es imposible que se avance además sobre una empresa privada norteamericana que sólo se asoció para un emprendimiento particular. Más teniendo en cuenta que el dinero fue de Chevron a YPF y no al revés. Sin embargo, lo que también se reconoce, sería inevitable que el país comience un nuevo juicio contra el fondo buitre. Esta vez sería en la otra costa, la del Pacífico.

Demuestra Elliot con esta embestida muchas cosas. La primera es que el fuerte de este fondo buitre no es la inversión o la capacidad de ganar dinero generando diferencias de rentabilidad en opciones dentro de los mercados de capitales; sino que la especialidad de la casa es litigar en cualquier terreno posible. Para esto tienen más especialistas abogados que analistas financieros. Se demuestra también que el "expertice" de Paul Singer y su fondo, es avanzar sobre embargos en cualquier tribunal del globo.

Comienza otra semana decisiva en el conflicto por la crisis de la deuda. Esta vez ante la amenaza del avance inexorable del calendario. Sucede que corren los días, se suceden las reuniones y se acerca el temido 30 de julio, fecha en la que termina el tiempo de gracia que tiene la Argentina para entablar alguna vía de negociación con los holdouts sin caer en default.

Mañana habrá un punto de inflexión. Luego de sus vacaciones, el juez Thomas Griesa encabezará una audiencia que fue pedida por el Banco de Nueva York, que en cuyas cuentas en el Banco Central se encuentra disponible el dinero que había girado la Argentina para pagarles el vencimiento del 30 de junio a los bonistas que entraron en los canjes de deuda. Esta operación había sido anulada por el juez del caso hasta tanto la Argentina acuerde con los fondos con los que está enfrentada en los tribunales de Estados Unidos. Esto es porque existe una cláusula que obliga al Estado a tener mismo trato con todos sus acreedores y el juez consideró que no están dadas las condiciones legales para pagarles a los bonistas de la deuda reestructurada sin acordar primero con los holdouts que tienen fallos favorables en la justicia de los Estados Unidos.

La semana pasada, NML Elliot, el fondo de acreedores más importante que litiga con el Estado, jugó una carta para anticiparse a un eventual escenario de default, es decir, que la Argentina interrumpa las negociaciones sin pagar los u$s1500 millones que ordenó Griesa.

La semana pasada, entre el miércoles y el jueves, los abogados de ese fondo con bonos en default se presentaron en los tribunales de San Francisco para que jueces de California avancen en eventuales embargos contra YPF o su socio en Vaca Muerta, la norteamericana Chevron. El argumento, de acuerdo a lo consignado por el diario Ámbito Financiero, es que la Corte de los Estados Unidos avaló el "discovery", que YPF es de propiedad del Estado argentino y que Chevron es su principal socia en territorio estadounidense.

La intención de la presentación de este fondo de acreedores es que si mañana el juez Griesa decide no reinstalar el "stay" (amparo) y libera la posibilidad de embargos a la Argentina, el primer avance sea contra la petrolera argentina y su socia de los Estados Unidos. La posibilidad "de máxima" implica que un juez llegue hasta las últimas consecuencias y le embargue fondos a Chevron.

Pero también se barajan otros caminos: que haya un juicio nuevo, el cual empantanará aún más el desarrollo de las negociaciones con la Argentina; o que Elliot logre afectar las inversiones de cualquier otra compañía norteamericana en la Argentina, ya que de resultar vencedor el fondo buitre en este otro juicio, todas las empresas de ese origen podrían tener dinero embargable.

En las últimas semanas, distintos funcionarios e incluso el Gobierno, a través de una solicitada, habían indicado que los acreedores que están en litigio con la Argentina buscaban quedarse con activos de Vaca Muerta, cuyo potencial productivo es incalculable, indican los especialistas en recursos naturales y energía.

Mañana se llevará a cabo una nueva audiencia convocada por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, en el litigio que Argentina enfrenta con fondos buitre, en la que las entidades financieras que participaron del proceso de reestructuración de deuda buscan obtener una precisión de parte del magistrado respecto a los fondos que depositó el país para el pago a los bonistas que participaron de los canjes concretados en 2005 y 2010.

Griesa convocó a una audiencia para las 10.30 (11.30 en Argentina), al acceder al pedido de reunión realizado por entidades financieras intermediarias, tenedores de bonos y de los fondos buitre.

La reunión, en la que estarán presentes los abogados que representan al país, se realizará en la Corte Distrital de Nueva York.

Las “mociones de aclaración” fueron presentadas entre otros, por las entidades bancarias Bank of New York Mellon (BoNY) y el JP Morgan Bank de manera consensuada con los fondos buitre.

La importancia de la audiencia y de las decisiones que en ella puedan surgir radican en que ocho días después, el 30 de julio, vence el plazo formal para que Argentina entre en default técnico si el juez Griesa finalmente no accede a que las entidades bancarias abonen a los tenedores los fondos que Argentina ya depositó.

El BoNY, reiteró varias veces su pedido de aclaración al magistrado luego que éste le ordenara congelar los 539 millones de dólares depositados por el Gobierno argentino.

La caja de valores de Bélgica, Euroclear, así como la agencia Clearstream Banking y los representantes de bonistas europeos integrados bajo la agrupación Euro Bondholders, también fueron llamados por Griesa luego de haberle enviado al magistrado, recursos para obtener clarificación en cuanto a su decisión de frenar el pago a los bonistas.

Por su parte, el fondo buitre y principal litigante, NML Capital, introdujo una “moción de reconsideración parcial”, la cual fue aceptada y formará parte de la agenda de la audiencia del martes.
El Gobierno de Argentina, estará también presente en el encuentro que tendrá lugar en la sala ubicada en el piso 26 del tribunal de Manhattan, a través de sus abogados representantes del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

NEGOCIACIONES
Las autoridades argentinas y los representantes de los fondos buitre, mantuvieron ya - por separado- encuentros con el mediador designado por Griesa para intervenir en las negociaciones, el especialista en litigios financieros, Daniel Pollack.

El Gobierno reiteró en varias oportunidades su disposición a continuar el diálogo para llegar a una “solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100 por ciento de los bonistas”, siendo que para ello es necesario que Griesa reponga el stay (medida cautelar), permitiendo de esa manera el pago a los bonistas con títulos reestructurados.

Desde el fondo NML insistieron con su posición, a través de comunicados difundidos por voceros del grupo perteneciente al magnate Paul Singer, de que es Argentina la que “se niega a tratar de llegar a una resolución” del caso, plantando a su vez el supuesto de que el país estaría “decidido a defaultear”.
Ante estas declaraciones, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que “la Argentina paga, cumple con sus obligaciones, no está en default y tampoco puede estar en esa situación cuando el deudor paga”.
“No existe ninguna posibilidad técnica de ingresar en default”, aseveró días atrás Capitanich en la conferencia de prensa diaria que realiza desde la Casa Rosada.

El funcionario nacional sostuvo además que los fondos buitre “son los que no generan las condiciones para negociar”, al mostrar que no tienen “buena fe porque sino promoverían la reposición de la medida cautelar con el tiempo solicitado por Argentina”.

En vistas a las tres semanas que restaban por delante para que Argentina no caiga en incumplimiento de pago a los bonistas ante el congelamiento de los fondos en la cuenta del BoNY, el juez Griesa decidió regresar el lunes pasado de sus vacaciones de verano y seguir de cerca el desarrollo del caso.
Ante la extrema cautela mantenida por las partes de no revelar detalles sobre las conversaciones mantenidas y en medio de versiones que surgen sobre posibles escenarios, se espera con expectativa lo que este martes el juez Griesa pueda anunciar tras escuchar a los involucrados en el litigio.

Por Mariano Obarrio.

La presidenta Cristina Kirchner cree haber encontrado un fuerte polo de apoyo internacional para avanzar en el último tramo de la negociación con los fondos buitre: el objetivo es evitar el default en una última gestión desde una posición de fuerza o, en caso de un escenario de cesación de pagos, construir un respaldo que aísle a los fondos NML Capital y Aurelius y al gobierno de los Estados Unidos.

"La prioridad es evitar un default", señaló a LA NACION un alto funcionario del Gobierno. "Pero si hay default, que haya control de daños y que no sea por culpa del Gobierno sino de ellos [por los buitres]", agregó.

La estrategia es lograr una acumulación de respaldo internacional para forzar una negociación exitosa en esta semana, antes del 30 de julio, cuando vencerá el plazo de gracia para pagarles la deuda a los bonistas de los canjes de 2005 y 2010. En rigor, la Argentina giró ese pago a los bancos intermediarios, pero la justicia norteamericana lo inmovilizó y exige que antes se cumpla con el pago a los fondos buitre. En esta pelea, hoy comienza una semana clave para la Casa Rosada y para el ministro de Economía, Axel Kicillof.

El juez federal de Nueva York Thomas Griesa citó para mañana a los bancos intermediarios, que suelen girar los fondos de la Argentina a los bonistas, para definir el destino de esos recursos.

El Gobierno había depositado el 30 de junio en el Banco de Nueva York y otras entidades, pero Griesa ordenó no pagarles a esos acreedores hasta que la Argentina no cumpla el fallo que le ordena cancelar 1330 millones de dólares a NML Capital y a Aurelius.

Si los bonistas no cobran el próximo 30, la Argentina caerá en default. Por eso, la Presidenta denunció en Brasilia ante el grupo Brics y la Unasur que "la Argentina paga, pero no la dejan" y que ello forma parte de una operación para "hacer caer la reestructuración de 2005 y 2010". Advirtió que si los bonistas no reciben su dinero "que se hagan responsables los que lo imposibilitan". Es decir, el Gobierno no se hará responsable.

Luego de ese discurso, en la Casa Rosada existía la sensación de que el grupo Brics y la Unasur habían sumado su apoyo a otros bloques internacionales: el G-77 más China; la OEA, y los gobiernos de Italia y de Francia, entre otros. "Hay que construir un escenario internacional. Este consenso servirá o bien para negociar y no caer en default, desde una posición de fuerza, o bien para, en caso de caer en default, el peor escenario, explicar que un grupo minoritario y aislado -con los Estados Unidos y los fondos buitre- pone en riesgo a todo el sistema financiero internacional", confió un funcionario allegado a la mandataria.

LA PRIORIDAD

"Pero la prioridad es evitar el default", agregó. El objetivo del Gobierno es que Griesa reponga el "stay", o medida cautelar, para sus pender el fallo que lo obliga a pagar los 1330 millones hasta por lo menos diciembre.

Ese mes vence la cláusula RUFO, que habilitaría a los bonistas a reclamar una mejora en el pago de sus bonos si la Argentina les paga el 100% del valor de los bonos defaulteados a otros acreedores. Por lo tanto, el objetivo del Gobierno es lograr la suspensión del fallo para negociar luego una propuesta de pago a los buitres, en efectivo y en bonos.

Pero éstos quieren escuchar primero la propuesta y luego aceptar o no un stay. ¿Cuál es la propuesta? "Hay una batería de herramientas: pago inicial, bonos, etc., pero están bajo siete llaves", señalan varios funcionarios de Balcarce 50.

La Presidenta invitó también en Brasilia a los fondos buitre a entrar en el canje, es decir, aceptar la misma quita del 65% que los bonistas de la reestructuración de 2005 y 2010. Pero ellos no lo aceptan: tienen un fallo firme de Griesa que los habilita a cobrar el 100%. El Gobierno, de ese modo, tensará la cuerda hasta el final para conseguir una mejor negociación: la idea es evitar el default o asumirlo con una buena justificación ante el mundo que "debilite" a su contraparte. "Hay que aislar a Estados Unidos y a los buitres." Ésa es la premisa.

ROSSI CRITICÓ A LOS "AGITADORES" DEL DEFAULT

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, apuntó ayer contra quienes "agitan" el fantasma del default y afirmó que ésa no es la situación de la Argentina, porque el país cumplió en "tiempo y forma" con el pago del vencimiento de deuda reestructurada que operó el 30 de junio, pero "en una acción inédita" el juez neoyorquino Thomas Griesa lo trabó.
"Hay que dejar en claro que la Argentina ya pagó, por esto que se agita en algunos lugares sobre el tema del default. El default es una acción voluntaria de un país. Un país deja de pagar. No es el caso de la Argentina", dijo.