El pasado 10 de mayo el Comité de Ministros -instancia integrada por los titulares de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Energía, Minería, Economía y Agricultura- resolvió por unanimidad revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del mega proyecto eléctrico HidroAysén, dando fin a un largo período de incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa, pero dejando de manifiesto la vulnerabilidad de la institucionalidad ambiental del país.
La RCA o permiso ambiental del proyecto HidroAysén había sido otorgada en mayo de 2011 por la Comisión Regional de Medio Ambiente de Aysén, instancia que, al igual que el Comité de Ministros, es parte del poder Ejecutivo. De esta forma, el proyecto estuvo detenido cerca de dos años a la espera que esta instancia resolviera sobre las 35 reclamaciones presentadas sobre la iniciativa, tanto por la ciudadanía (34) como por la empresa titular (1).
Ante esto, los cuestionamientos a la instancia no tardaron en llegar, ya que la legislación establece que el Comité debe conocer y resolver los recursos de reclamación presentados en contra de las resoluciones, que rechacen o establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA); los recursos de reclamación presentados por personas, que estimen que sus observaciones a un EIA no fueron consideradas, así como los reparos contra las resoluciones de revisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y que para ello se establece un plazo de 60 días.
Además, la decisión del Comité de Ministros concordó con las declaraciones efectuadas por la Presidenta Michelle Bachelet mientras fue candidata, respecto que el proyecto HidroAysén no era viable. Esto generó suspicacias de que la resolución podría haber estado condicionada al compromiso de la Mandataria durante la campaña.
Propuesta
En este contexto, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Orpis, dio a conocer esta semana una propuesta que apunta a reemplazar el Comité de Ministros por una instancia autónoma y técnica basándose en el mecanismo de elección y trabajo del Consejo del Banco Central.
Orpis explicó que no existe certeza jurídica para que los proyectos de mayor complejidad que, aunque técnica y ambientalmente cumplan con la legislación, puedan materializarse, ya que con los casos de Barrancones e HidroAysén se ha demostrado que la institucionalidad no es capaz de resistir las presiones. "Tanto en primera como en segunda instancia son, en definitiva, las autoridades políticas las que van tomando las decisiones en materia ambiental, primero, a nivel regional y en segunda instancia el Comité de Ministros", estimó Orpis.
"Barrancones e HidroAysén son los mejores ejemplos. Fue la propia autoridad política en ambos casos, encabezados por el Presidente de la República, en un caso en campaña y en el otro caso, en ejercicio del poder, quienes saltándose en la práctica toda la institucionalidad, echaron abajo dos proyectos. En el caso de HidroAysén qué margen de maniobra tenía el Comité de Ministros para abordar o poner condiciones al proyecto en circunstancias que la entonces candidata y hoy día Presidenta se había comprometido en su programa de gobierno a no desarrollarlo. El Comité de Ministros no tenía ningún margen de maniobra. En el caso Barrancones ocurrió algo similar. En este caso, ni siquiera llegó al Comité de Ministros, el el (ex) presidente (Piñera) intervino antes", acusó el parlamentario.
En ese sentido, Orpis enfatizó "para mí, la primera y más importante medida regulatoria no está en la Agenda. Para rescatar la certeza jurídica, la primera y más importante medida regulatoria debería ser reemplazar al Comité de Ministros, como segunda instancia, por una institución autónoma, tipo Banco Central en materia energética, con patrimonio propio, cuyos integrantes sean inamovibles y cuya duración sea a lo menos 8 años en el cargo, elegidos a propuesta del Presidente de la República por los dos tercios del Senado".
Para Orpis, esto permitirá reducir la incertidumbre relacionada con la implementación de los proyectos, que "cumpliendo las normativas vigentes ambiental u otras, no quede a una definición eminentemente política la que, a su vez, está fuertemente condicionada a una coyuntura de corto plazo, porque los gobiernos son muy cortos y no por una visión de largo plazo que es lo que realmente se necesita en materia energética. La decisión debe ser técnica y ciertamente hoy día no lo es".
Opinión de los sectores involucrados
Ante esto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comparte el diagnóstico de Orpis en cuanto a que "hay algo en la institucionalidad medioambiental que no está funcionando desde el momento en que si todas las instancias medioambientales que aprueban un proyecto, que se demoran mínimo tres años en resolver todo lo que se plantean en torno al mismo, y después en una, dos o tres sesiones determinados miembros (del Comité de Ministros), que no son técnicos, lo dejan sin efecto parece que hay algo que no está funcionando adecuadamente y el diagnostico es correcto".
En ese sentido, Villarino sostiene que "hay que revisar esa instancia". Aunque, no se atreve a asegurar que la propuesta de Orpis sea la única respuesta a esta problemática. "Creo que hay que estudiarlo bien y ver sistemas alternativos, y en definitiva, buscar una solución que de mayor certeza jurídica y que de alguna manera garantice que los temas medioambientales se resuelvan de manera técnica y no con otros criterios".
Asimismo, el gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, considera que "claramente hay un reforzamiento de la institucionalidad medioambiental que estamos todos conscientes que debe ser prioritario. He escuchado al ministro (de Medio Ambiente, Pablo) Badenier también señalar que esto es un tema que va a ser abordado por parte el Ejecutivo. Hay consciencia también en el Ejecutivo de que este cuestionamiento a las decisiones que se toman en el proceso de aprobación o evaluación de impacto ambiental no le hace bien al país".
En esa línea, Muga argumenta que, por ejemplo, los tribunales ambientales están creados no para ser la regla general, sino que para ser la solución de controversia, pero el sistema está siendo cuestionado tan fuertemente y todos los actores que participamos en él sienten que necesita ser más fortalecido. "Desafortunadamente, mientras eso no ocurra, vamos a seguir tramitando hasta las instancias judiciales y eso no debiera ser la regla general".
El representante de las grandes generadoras de energía del país añade que "en ese sentido, una propuesta como la del senador Orpis, creo que es digna de ser considerada, donde se refuerce los elementos técnicos y de alguna le de legitimidad y garantía a todas las partes de que todos los elementos fueron considerados con una visión técnica de largo plazo y que no recoje elementos que uno pueda decir que son más políticos que técnicos".
"Lo que el inversionista necesita es una RCA que sea creíble, que la gente sepa que se emitió después de un proceso de análisis serio, técnico, muy bien calificado y que aquellas partes que realmente sientan que tienen una causa muy fuerte en contra, tengan el recurso de los tribunales que, por supuesto, no se puede desconocer, pero en solo algunos casos", acota.
Posición diferente tiene el gerente general de Enersis, Ignacio Antoñanzas, quien estima que "el rol del Estado tiene que demostrar el apoyo correspondiente a los proyectos", agregando que "si se desaparece el Estado como el Comité de Ministros en ese apoyo", lo que se haría "es ir en contra de la necesidad que hoy tiene el país de un apoyo".
