Lejos de la polémica desatada en 2010 por un pedido de ampliación de la toma de agua, el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu comenzará a operar a fin de mes con el aval de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia y del municipio de Pilcaniyeu.

En enero la Secretaría que conduce Laura Juarez evaluó y aprobó el estudio de Impacto Ambiental realizado por el Centro Regional Universitario del Comahue para la reactivación del módulo experimental de enriquecimiento de uranio (Mock-up) del CTP.

Pero desistió de convocar a una audiencia pública y demás trámite para la autorización de la actividad porque la planta "está sujeta a jurisdicción nacional y no es requisito (para su reactivación) la autorización de las jurisdicciones en donde se encuentra emplazada".

Juarez informó a "DeBariloche" que “la planta se encontraba en funcionamiento” cuando la Secretaría se constituyó como autoridad de aplicación para hacer cumplir el plan de Gestión Ambiental presentado por la Cnea y que, pese a no contar con jurisdicción sobre el Complejo Tecnológico se adoptaron "todos los recaudos para evitar impactos negativos en el ambiente".

Un comunicación emitida a fines de junio por el Ministerio de Planificación Federal y Servicios de la Nación anunció formalmente que "en cinco semanas la planta de Pilcaniyeu, en la Provincia de Río Negro, volverá a producir uranio enriquecido" y que las obras de recuperación del complejo demandaron una inversión de 27 millones de dólares.

Ese mismo mes, durante los actos del aniversario de la Cnea, su presiente Marta Boero anticipó a este portal que "la Argentina en muy breve tiempo va a poder decir que después de 31 años recupera su capacidad de enriquecer uranio, haciendo valer su posición de pertenecer al selecto grupo de 11 países que el Organismo Internacional de Energía Atómica reconoce como poseedores de esta tecnología". También informó que el uranio se extraerá del yacimiento emplazado en Cerro Solo y se podrá abastecer a todas las centrales nucleares del país.

Ninguno de los anuncios y comunicaciones formales de reactivación dio cuenta de las advertencias del EIA ni de las "obligaciones ambientales" indicadas por la provincia en la resolución 10/SAYDS/2014.

El dictamen técnico emitido por el ingeniero Hugo Vicens indicó que los efluentes de fluoruro de calcio del CTP y otros desechos deben ser "acondicionados en tambores adecuados antes de su disposición en un depósito adecuado para el almacenamiento de residuos potencialmente contaminantes". A futuro serían dispuestos en un repositorio definido para ese fin.

Un tratamiento similar se recomienda para los aceites y lubricantes utilizados en el proceso dado que "son efluentes potencialmente contaminados". Vicens recomienda que "no se eliminen los efluentes de servicios conteniendo fluoruros en el humedal" contiguo a la planta, al tiempo que requiere un "plan de monitoreo ambiental y control de descargas".

La Cnea no solicitó autorización de límites de descarga para la reactivación del Mock up por lo que el dictamen de Vicens consideró que todos los efluentes deben ser tratados, acondicionados y almacenados en el complejo.

Eso invalida cualquier vuelco sobre el río Pichileufu del cual se abastece la misma planta y las comunidades ubicadas aguas abajo y obliga al "abandono definitivo" del humedal natural.

La resolución de Ambiente y Desarrollo Sustentable también solicita a la Cnea que se inscriba como"generador de residuos peligrosos" de la provincia, en el marco de la ley M 3.250, que elabore un nuevo EIA para la etapa de abandono del humedal y que remita informes periódicos a la Secretaría para el respectivo control.

La definición contó con la conformidad del intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, que acompañó el reclamo de los vecinos y buena parte del proceso de revisión iniciado en 2010.