El miércoles pasado, en un salón relacionado con actos peronistas de campaña, la industria minera mendocina realizó un encuentro para debatir el presente y el futuro del sector. A él asistieron varios importantes dirigentes del oficialismo mendocino, quienes con encendidos discursos, pidieron que se debate y modifique la ley provincial 7.722, llamada antiminera, que prohíbe la explotación metalífera.

El dato es llamativo teniendo en cuenta la resistencia del gobernador Paco Pérez a abrir una discusión que se transformará inmediatamente en duros cuestionamientos y movilizaciones de las organizaciones ambientalistas locales. Asimismo, para Pérez, a quien le queda poco más de un año de gestión, le molesta y mucho la postura de sus compañeros de partido. Es que fue él quien, como candidato a gobernador, pidió la aprobación de la ley.

Alejandro Abraham y Dante González, diputados nacionales peronistas, además de varios legisladores provinciales e intendentes, fueron de la partida en el encuentro de la industria, y todos hablaron. Con mayor o menor énfasis, se quejaron ante los mineros porque Mendoza “está desaprovechando una oportnidad única de desarrollarse”. Abraham fue el más vehemente, al afirmar directamente que la ley 7.722 “no sólo prohíbe el desarrollo de la minería metalífera, también frena el desarrollo de Mendoza y la cración de miles de empleos”.

Según datos de la cámara minera local, en el mediano plazo se podrían crear 10.000 puestos de trabajo en la provincia si se eliminara la ley 7.722, y se podrían ejecutar inversiones en el corto plazo por más de 200 millones de dólares, además de ingresos vía regalías millonarios para las arcas provinciales.

En esta línea se movió Abraham, al reclamar la apertura del debate de la ley, aprobada en la campaña del 2011 por pedido de Pérez, preocupado por el impacto que podría tener el no debate de la ley en las urnas. Por esos días, se lo acusaba al ahora gobernador de prominero por haber sido parte de un estudio de abogados que tuvo a varias mineras extrangeras como clientes.

“No creo que habilite el debate, porque tiene el pecado original”, refirió un alto funcionario provincial respecto a la postura del gobernador, que no ha sido hasta ahora explícita. “Si lo apuran, va a bancar la 7.722”, agrega la fuente.

Algo similar explicó el ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni, en la cena de la industria, aunque con otras palabras, mucho más suaves. Para el ministro, hay que avanzar en lo que permita la ley, y buscar alternativas a otros emprendimientos hoy vedados. El guiño fue para San Jorge, en Uspallata, una mina de cobre que promete grandes beneficios para Mendoza. Hoy ese yacimiento está en manos de inversores rusos, quienes quieren comenzar a explotar y llevar la materia prima a San Juan para procesarla. Para eso se está comenzando a construir una vía férrea de 22 kilómetros. Sería la forma de evitar los efectos de la 7.722, aunque, claro, muchos de los potenciales beneficios se los llevaría la provincia vecina.

Con todo, Pérez cada vez escucha más posturas a favor de la minería de todo tipo en las filas de su propio partido. Incluso varios miran hacia delante y le recuerdan a Pérez que con a minería al 100%, Mendoza no tendría los problemas financieros que hoy a aquejan.

“No creo que el próximo gobernador pueda desestimar a la minería como actividad que le dé recursos a la Provincia, deberá sí o sí desarrollarla al máximo de sus potencialidades”, reflexionó el diputado nacional Dante González frente a los empresarios mineros. Dejó claro que sea o no peronista el sucesor de Pérez, el debate se impondrá al menos con el apoyo de una buena parte del justicialismo mendocino.

Nadie apuesta a que Francisco Pérez vaya a abrir el debate por la minería en Mendoza o bien a que respalde las modificaciones a la ley 7.772 que impulsan algunos legisladores del PJ.

Pero algunos funcionarios del gabinete quieren dar la discusión. Uno de ellos es el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, quien esta semana dijo en un encuentro organizado por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) que la minería es “una alternativa para la generación de nuevos empleos y crecimiento del Producto Bruto Geográfico”.

Esta semana habrá que estar atentos a la posible reactivación del proyecto San Jorge: se espera la presencia en Mendoza del CEO del proyecto, el ruso Taras Nechiporenk.

Las palabras de nosotros no llegan a ningún lugar”, se queda pensando Paola Pacheco, mientras sus manos se extienden para ofrecer un mate humeante y tortitas recién horneadas. “Nos persiguen como delincuentes por sacar leña seca del monte para calentar la casa. Y vienen los mineros, devastan bosques enteros de jarilla y nadie hace nada”, comenta esta joven mujer, que eligió enfrentar las adversidades para vivir en el campo, como lo hicieron sus padres y abuelos por esas mismas huellas del secano sancarlino. 

 Unas quince familias de puesteros (“no somos un número significativo para la ciudad”, acota Paola) llevan décadas viendo cómo la actividad de las canteras avanza sobre las pasturas que pertenecían a sus animales, dejando a su paso “no más que desierto”. El malestar es mayor con una firma que ha hecho grandes daños en el lugar sin tener siquiera los permisos reglamentarios de Minería.

El mostrar un papel y asegurar que se trata de un permiso minero fue por años -sigue siendo en la actualidad- la simple llave que abre las puertas a los empresarios para explotar a voluntad estas tierras fiscales, que llevan décadas en posesión de estas familias de ganaderos.  
Los puesteros, y también los nuevos emprendimientos agrícolas de la zona, denuncian -y lo han hecho a través de notas a los organismos pertinentes- el desastre ecológico y la depredación de la flora y fauna nativa. Además, señalan la falta de control oficial, que permite que sigan avanzando sin realizar la remediación ambiental que exigen las leyes provinciales de Ambiente y Minería, la nacional 25.675 de Medio Ambiente y la más reciente 8.434, que regula las canteras en el suelo mendocino. 

“No les importa la gente del campo. Sacan ganancias de algo que ni se molestan en producir, porque se los da la naturaleza, y nadie viene a controlarlos. Acá cerquita había una rueda de jarillas que servía de refugio para los animalitos, no queda nada”, dice María. A unos  metros de su puesto, empiezan a aparecer los cráteres de hasta 20 metros que dejó el paso de las máquinas, las enormes manchas de arena y los cordones artificiales de tierra blanca. Las fotos satelitales ratifican la magnitud de tal intervención.

La zona donde más se vivencia este problema está comprendida entre el arroyo Yaucha al oeste, el Aguanda como límite este, el Papagallos al sur y el poblado de Pareditas al norte. Sin embargo, los vecinos autoconvocados de San Carlos (Ampap) están en estado de alerta pues tienen información de que una cantera estaría trabajando dentro de los límites de la Reserva Laguna del Diamante, lo cual está prohibido por ley. 

En general, las plantas de extracción, selección y lavado que están radicadas en la zona trabajan con minerales de tercera categoría: granulado y cenizas volcánicas, piedra pómez, turba, tobas, etc. En estos casos, el minero debe contar con un permiso del superficiario y acordar un canon por el uso de la tierra. Actas firmadas por técnicos de Minería años atrás, indicaron que no habían hallado materiales de segunda categoría en el área. 

Don Francisco Ríos lleva más de 30 años en el lugar. Observa atónito, como todos los lugareños, el accionar de estas firmas. “Y... ellos tienen poder”, se lamenta, “nosotros recién estamos peleando por estas tierras”. El hombre tuvo que auxiliar en dos oportunidades a su hijo, quien se enterró en los pozos. “Lo aprisionó el caballo”, explica. También, señala el avance del cuatrerismo. “Los ladrones se esconden en esos huecos y los animales que no mueren al caer, los matan ellos”, dijo.

Por tratarse de un secano, en esta zona de San Carlos, la capa de suelo orgánico es muy superficial. Por ello, cuesta tanto el recuperar la flora perdida. Y a la erosión que dejan las canteras, se suma los efectos de una sequía que lleva 8 años. 

“Eso es tierra de nadie”, marcan los funcionarios municipales que, por distintas razones, recorren la zona. La poca presencia de organismos como Hidráulica y Minería es un reclamo a voces en la región. Pese a ello, el director de Minería, Carlos Molina, detalló que entre el año 2013 y el corriente su cartera realizó un total de 533 inspecciones en la provincia y 42 correspondieron al Valle de Uco. 

Molina reconoce que por años “cualquiera hacía pozos en cualquier lugar”, pero sostiene que esta situación cambió con la ley de canteras 8.434, que fue sancionada en 2012. El funcionario también admitió haber recibido las denuncias formales de los puesteros, pero dijo que no “actuaron con poder de policía porque no se enfocaban en el daño ambiental”. 

Molina dice estar trabajando con las firmas en los requisitos que deben cumplir (planes de trabajo, declaración jurada de producción y un plan de cierre y remediación). Sin embargo, reconoció que ante la minera más cuestionada no han podido actuar, porque “nos frenaba un juicio que mantiene con la corte”. 

“No tenemos injerencia directa para actuar. Tenemos que andar mirando su accionar desde la tranquera”, expuso Carlos Arriagada, el director de Medio Ambiente de San Carlos. En la comuna son conscientes de la erosión (“puede generar lagunas”) y la falta de regulación. Tienen las esperanzas puestas en los alcances del plan de ordenamiento territorial. 

“Necesitamos zonificar, porque ya en el Valle de Uco vemos las consecuencias de la destrucción del Pedemonte”, dijo Arriagada. Por estar cerca y conocer la realidad, el municipio busca acrecentar su poder de control. Actualmente, no puede más que inscribir estas canteras como comercios y realizar las inspecciones en este sentido. Un buen comienzo es un proyecto que ha librado con distintos organismos, para que los canteristas en las márgenes del Arroyo Yaucha, cerca de Pareditas, deban inscribirse y cumplir las exigencias ante el municipio. 

Dentro de la reserva

“Recorremos el lugar y hemos visto que hay una cantera funcionando cerca de Alvarado, en lo que sería parte de ampliación de la reserva Laguna del Diamante”, expuso Daniel Funes, uno de los vecinos autoconvocados que vienen luchando en San Carlos por defender el agua de su montaña. 

En 1994, la Provincia creó este área protegida a través de la ley Nº 307. En 2005, debido a la lucha de buena parte del pueblo sancarlino, los legisladores provinciales aprobaron la ampliación en 170 mil hectáreas de esta reserva. 

Según los autoconvocados, dentro de este perímetro estaría hoy funcionando una minera. “Es muy difícil que el Gobierno no lo haya notado, pues los camiones cargados de piedras comparten parte del camino que usan los guardaparques”, señaló Funes. 

Carlos Molina, de Minería de la Provincia, negó que la misma esté dentro del perímetro con prohibición. Incluso, dijo que la cantera está trabajando la remediación a través de un vivero, para cumplir con las leyes ambientales. 

Un caso polémico

La minera más cuestionada por el daño que está dejando en la zona sin remediación pautada y que lleva décadas haciendo uso de estas tierras que no le pertenecen es -justamente- una que no posee la concesión minera definitiva. 

Un viejo cartel blanco que reza “Prohibido pasar - Áreas mineras” es la puerta de entrada a estas plantas de extracción y tratamiento. En el mismo, aparecen los números de los expedientes iniciados en las oficinas de Minería de Ciudad (un total de 16, que implican 16 áreas de explotación) cuyos permisos siguen en trámite. 

“Esta firma estuvo con un juicio en la Corte que finalizó el año pasado. Por eso, no pudimos avanzar en la regulación. Ahora se está poniendo en orden, con el pedido del impacto ambiental”, argumentó Molina. “Están obligados a cumplir con la remediación; en eso, seremos inflexibles”, se comprometió el funcionario del Ministerio de Energía. 

Inspectores de Minería dicen haber visitado el lugar el 2 de julio pasado y que “no encontramos actividad”. Sin embargo, en la casa viven cuidadores y los lugareños dan cuenta de los camiones, las máquinas cargadoras, retroexcavadoras y topadoras que diariamente circulan por el lugar. 

“El problema es con la impunidad que se maneja esta gente”, expresaron los puesteros. Incluso, utilizaba para lavar los materiales que extrae dos perforaciones que no estaban declaradas para usos comerciales en Irrigación. Esto fue controlado por el organismo y exigida su reparación. 

El ministro de Energía, Marcos Zandomeni participó del primer encuentro gremial por la minería, que organizó la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Consultado sobre la invitación de la CGT para que el Gobierno participara en el primer debate minero provincial, Zandomeni señaló que es un buena oportunidad para trabajar y conversar sobre un tema muy importante como es la minería. “Nosotros no creemos que haya temas tabú. Como sociedad podemos hablar dando fundamentos para luego decidir. La legislatura también tiene un rol muy importante en esta temática, toda la sociedad tiene participación y responsabilidad en estos procesos creo que la forma en la que la CGT lo ha planteado es correcto. Este es un buen momento para pensar, junto a todos los sectores involucrados, sobre alternativas productivas para una provincia como la nuestra que ha crecido mucho y que demanda cada vez más trabajo y recursos económicos”.

Respecto a si el Gobierno considera que este es un momento oportuno para discutir el tema minero, el funcionario señaló: “Esto no se trata de minería si o minería no. Hablamos sobre la Mendoza de los próximos treinta años, sobre nuevas alternativas para generar trabajo. De cómo aprovechar y cuidar los recursos, y no hay un disputa o discusión por ellos, el agua se cuida sin discusiones como siempre hemos hecho, es el principal recurso para nuestra sociedad”.

La ampliación y diversificación de la matriz productiva provincial es uno de los temas sobre los que el Gobierno viene trabajando desde el inicio de su gestión. Sobre esto Zandomeni precisó que son importantes los esfuerzos que se están haciendo para aumentar la productividad y las condiciones para nuevos emprendimientos. También se avanza en tendidos eléctricos, estaciones transformadoras y proyectos para que los parques industriales colaboren en la futura instalación y creación de nuevas empresas.

“Tal vez podamos ser una provincia que sume importantes desarrollos, como el software por ejemplo, pero también debemos analizar el aprovechamiento de todos los recursos. Mendoza tiene zonas de secano también, en los que las actividades agropecuarias o turísticas no son del todo viables. Es una obligación y un derecho de toda la sociedad analizar y estudiar alternativas productivas que posibiliten el desarrollo social y económico”, explicó el ministro.