Mañana se cumple cuarenta años desde que la Legislatura sancionó las leyes provinciales 4035 y 4036 que regulan el uso del agua subterránea que yace bajo la superficie de Mendoza, uno de los recursos naturales más importantes y vitales de la provincia.

Las extracciones de este recurso hídrico son vitales para el funcionamiento de la agricultura y, en determinados sectores, el consumo humano de poblaciones enteras en nuestra provincia. De hecho, se convierten en una excelente estrategia para paliar las crisis hídricas que sufre el campo y mantener el nivel de producción agraria durante tiempos adversos.

Para hablar sobre este tema, MDZ Online entrevistó al ingeniero agrónomo Armando Llop, director del Centro de Economía, Legislación y Administración del Agua, dependiente del Instituto Nacional del Agua (INA-CELA), destacado investigador y especialista en economía agraria y el uso de recursos hídricos.

Básicamente, Llop destacó la importancia de las aguas subterráneas en Mendoza, aunque indicó que la "sobreexplotación" y "la falta de gestión pública" han provocado riesgos en la supervivencia de esta fuente de recursos. También consideró que, en el futuro, los acuíferos locales serán "las manos salvadoras" aunque dependerá de "cómo cuidemos el sistema". Además habló sobre la relación con la minería y cómo la corrupción y la evasión de las leyes termina perjudicando este recurso estratégico.

Antecedentes de la explotación subterránea

En principio, Llop aclaró que las leyes de Aguas Subterráneas "son parte de la legislación de las Leyes de Aguas", siendo que la norma madre nació en 1884 y posteriormente se fueron ampliando gracias a la Constitución Provincial de 1916, que consideraba al agua dentro del régimen normativo

Sin embargo "para esa época, nadie sabía de la existencia de aguas subterráneas. Recién en la década de 1950 se toma noción de ello y se comienzan a explotar los pozos con nuevas tecnologías", indicó el especialista. De hecho "habían algunas normas para su registro y otras cuestiones, pero muy primitivas", agregó.

"Esto fue así hasta la terrible sequía de 1968-1972, donde se dio una conjunción de un déficit hídrico tremendo, una rentabilidad del sector agrícola impresionante (principalmente en la industria vitivinícola) y disposiciones que otorgaban subsidios para inversiones de desarrollo agrícola en zonas áridas", prosiguió. "Eso hizo que en ese periodo hubiera una explosión de bombas de agua subterránea", recalcó. Incluso, casi la mitad de los pozos existentes que aún funcionan datan de ese tiempo.

"Otra, a largo plazo y que aún padecemos ahora, tiene que ver con que existen zonas donde antes no había agua superficial y para ese tiempo se usaron para cultivos con aguas subterráneas de manera exclusiva, lo cual esto desembocó en una sobreexplotación del sistema acuífero local y su posterior salinización", aseguró. Este problema fue particularmente grave en la zona norte de San Martín, donde el excesivo bombeo de los segundos niveles inferiores (de 80 a 150 metros de profundidad) produjo una baja en la presión y los sobrantes del riego se filtraron y salinizaron esos niveles.

De hecho, Llop admitió que "desde el Centro Regional Andino del INA no tienen pozos para monitorear la calidad del segundo nivel, porque todos se han abandonado".

El otorgamiento de los permisos para utilizar pozos

Los permisos y concesiones sobre los pozos de agua en Mendoza han sido particularmente espinosos en los últimos años, y que llegó a su punto cúlmine el año pasado con la orden de cegado (cierre) de los más de veinte pozos irregulares de Agrelo, en Luján de Cuyo, cuyo caso aún está en la Suprema Corte provincial. La polémica resurgió con el procesamiento de Leonardo Fariña sobre la compra irregular de campos en Tunuyán, que incluía la tramitación de pozos nuevos usando triquiñuelas legales.

Sobre el tratamiento administrativo de estos permisos, Llop consideró que "el agua ha tenido a lo largo de toda su historia, hasta el pasado reciente, características de un bien común, donde todos tienen acceso gratuito", por lo cual "quien pedía un pozo, era muy difícil que se lo negaran".

"El agua subterránea nunca fue tratada con total transparencia e integridad", sinceró. Incluso, opinó que "algunos que han trabajado en la asignación de pozos, en la medida de poder conseguir un lucro extra, han actuado por fuera de la ley" e hizo directa referencia a la polémica de Agrelo: "Los involucrados montaron una infraestructura corrupta y una estructura administrativa bien pensada y sin fisuras para enriquecerse".

Siendo más abarcativo, Llop consideró que, en el pasado, "(el Departamento General de) Irrigación era un área que estaba muy devaluada y menospreciada dentro de la estructura organizativa, y el agua subterránea era algo tratado como secundario".

Además, el director del CELA aseguró que "tampoco se hizo bien la cuestión de asignación de lugares para los pozos" y puso como ejemplo los emprendimientos vitivinícolas en Tupungato con inversiones extranjeras: "Allí se ha hecho todo eso gracias al agua subterránea, a pesar del excesivo costo que ello conlleva, pero como resultado disponen de un agua de excelente calidad y disponibilidad sin controles".

Agua y minería

Por otro lado, Llop fue consultado sobre otro tema candente, el agua con la minería y el petróleo: "Hay que analizarlo dentro de un punto de vista situacional, y sin generalizar. En el caso del fracking, por ejemplo en Neuquén hay muy poca la cantidad de agua subterránea. Entonces, si no hay cuerpos importantes de agua, y a tres mil metros de profundidad hay hidrocarburos, no habría impacto ambiental hídrico".

"Con la minería, hay que preguntarse si existe, desde un punto de vista estrictamente técnico, conflicto entre la calidad del agua con la minería y si son excluyentes. Técnicamente, no lo son", argumentó. De todas maneras, el ingeniero sostuvo que "el problema es cuál es la percepción de la gente ante este litigio" y esa percepción "es que el Estado no hace bien las cosas, ya que se inclina hacia el empresariado".

Por lo tanto "esa concepción hay que respetarla, porque no hay eficiencia ni estructura de los controles sobre los recursos naturales. Ante el riesgo, la gente toma una decisión precautoria muy correcta y lógica de negarse a la minería", aseveró. Así que "mientras no tengamos suficiente desarrollo institucional e infraestructura de control, es difícil que haya compatibilización entre minería y agua".

Situación actual y previsiones a futuro

Sobre cuál es el estado de situación del agua subterránea, Llop explicó que "ahora estamos en un momento de relativa tranquilidad, porque la crisis económica ha hecho que exista un respiro en la extracción hídrica del subsuelo". No obstante, advirtió que "debemos cuidarnos porque en cualquier momento se desata de nuevo y nos encuentran desprevenidos".

Mientras que en el futuro, el titular del CELA reconoció la fuerte influencia del cambio climático: "Las precipitaciones en el llano van a aumentar y habrá menos nevadas en la montaña. Ante esto, la mano salvadora es el agua subterránea, siendo que es la única que se mantiene en condiciones de satisfacer las futuras demandas", aunque "siempre y cuando sepamos cuidar el sistema". Ello "marcará hasta donde Mendoza puede llegar" agregó.

La deficiencia en la gestión

En toda la explicación, siempre hubo un punto que estuvo presente: la gestión pública gubernamental. Específicamente en ese tema, Llop indicó que las aguas subterráneas no han tenido el trato que se merecen, a pesar de los avances en investigaciones: "La información que hay alcanza para tomar todas las decisiones que hay que tomar y el marco legal existe, pero es en la gestión donde hay un vacío".

Desde los organismos dependientes del INA, pasando por otros como el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) y hasta grupos de regantes, han presentado proyectos diversos para aliviar la extracción de agua subterránea y hacer su uso más eficiente, como sistemas de ahorro de excedentes de aguas superficiales y planes de aprovechamiento de surgentes como refuerzos, pero todos quedaron en la nada por desinterés político y relativización de la situación en su momento y nunca más fueron reconsiderados.

A modo de ejemplo, Llop explicó que "hace 10 años, con la entrada de funcionamiento del dique Potrerillos, Hugo Mattiello (a su vez redactor de la Ley de Aguas Subterráneas en los '70) mencionó la necesidad de establecer cómo llevamos adelante el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, y qué medidas llevamos adelante en la previsión del impacto ambiental que se supone vienen asociadas al dique Potrerillos, como las aguas claras. De eso no se ha hecho nada".