El Gobierno provincial -en el marco de un contexto de fuerte déficit presupuestario- encaró desde el 2012 en adelante una serie de herramientas para engordar los ingresos, viendo en la minería una veta más que interesante en términos de recursos a los que echarle mano.

Primero fue una propuesta encarada –según las empresas- en no muy buenos términos para que las operadoras financiaran el sistema de salud provincial, uno de los sectores que más consecuencias pagaron en los tiempos de vacas flacas (2011-2013). 

Por entonces se habló de un pedido que rondaba los 100 millones de pesos anuales, algo que fue descartado de plano por las empresas, aunque nunca trascendió a la prensa ningún tipo de pedido ni rechazo formal a dicha negociación.

Las ventas- Al caerse esta posibilidad,  se presentaron iniciativas con distintos objetivos en la Legislatura provincial. La semana pasada –tal cual informó en exclusivaTiempoSur- uno de esos proyectos, el de la diputada provincial Selsa Hernández (PJ), fue a parar al archivo tras pasar dos años sin tratamiento.

Allí se pretendía gravar con un canon extraordinario el 10% de las transacciones por venta entre empresas mineras con concesiones en la provincia de Santa Cruz. El antecedente fue la compra del Proyecto Cerro Negro (cercano Perito Moreno) por parte de Goldcorp a Andean Resources por la friolera de 3.400 millones de dólares.

Por esa transacción, Santa Cruz no vio un solo peso, o mejor dicho, un solo dólar. Poco después, casi al mismo tiempo que se discutía el proyecto de ley de Selsa Hernández, la empresa Minera canadiense Yamana Gold confirmó la compra del emprendimiento Cerro Moro que hasta entonces era explotado por Extorre Gold Mines. La compra se realizó por un valor de 414 millones de dólares canadienses, lo que equivalen a 404 millones de dólares estadounidenses. Otro gran negocio del que Santa Cruz no participó.

Las causas- Pero lo cierto es que más allá del legítimo planteo para que la renta minera se distribuya mejor con aquellas provincias que son propietarias del recurso, hay leyes y pactos fiscales nacionales que impiden algunas de estas iniciativas, posibilitándole el camino de la Justicia a las empresas si ven vulnerado algunos de esos derechos.

En el caso de la iniciativa de la Diputada de Puerto Deseado, las mineras plantearon que se violaba la Ley de Estabilidad Fiscal (24.196 de inversiones mineras). Asimismo, se sostuvo que las transacciones accionarias entre las empresas extranjeras no están alcanzadas por los impuestos nacionales.

Ese tipo de inconvenientes legales nunca fueron reformulados en el proyecto de ley, dejando un vacío legal fácil de utilizar como argumento para aquellos que efectivamente no querían tratar el proyecto. Sin contar además que el proyecto se debatió con un partido gobernante dividido y en plena interna política, lo que aún hace más dificultoso implementar cambios de este tipo sin el consenso adecuado.

Una ley sin resolución- Posteriormente fue el Poder Ejecutivo Provincial el que empujó la discusión de la renta minera hacia el archiconocido “Impuesto al derecho real de propiedad inmobiliaria minera”, o más conocido como “Impuesto Inmobiliario Minero”. Esa ley se sancionó por una mayoría que no superaba a las abstenciones y la ley aún navega en la incertidumbre sobre si será finalmente cumplida por las empresas o se caerá en un derrotero judicial y largo e impredecible final. Lo cierto es que las necesidad de caja fue llevando a las búsquedas de cambios en la percepción de la renta minera, algo que quizás la provincia debió llevar a discutir en el plano federal, para que desde allí se busque la manera de hacer más equitativo el ingreso de dinero por estos recursos.