Por Walter Curia. Periodista.

Pasó el Mundial. En el mercado petrolero se preguntan si la campaña electoral no terminará metida en la discusión del CEO de YPF Miguel Galuccio con las provincias por los cambios a la Ley de hidrocarburos. De la cuestión dependen la regulación de los recursos enterrados en Vaca Muerta, cuarta reserva mundial de petróleo y la segunda reserva no convencional del mundo, donde parece cifrado el futuro de la Argentina.

Un reciente informe de clima político de la consultora Cefeidas extrajo dos conclusiones de la convocatoria del Gobierno a las principales empresas del sector: primero, las negociaciones con las provincias sobre la imposición de derechos de explotación han alcanzado un punto muerto y luego, que Galuccio convenció a la Presidenta de que, de no obtener aún el apoyo de los gobernadores, el Gobierno deberá seguir avanzando con el apoyo de las petroleras. El mismo informe advierte que el siguiente movimiento del Gobierno podría ser el envío del proyecto al Congreso sin un acuerdo previo. “Esto probablemente elevaría el nivel de tensión con las provincias petroleras”, dice el trabajo y anticipa que la futura ley podría ser resistida en las legislaturas provinciales y llevar a los gobernadores a abrir una batalla en la Justicia. Difícil, pero no inverosímil: al Gobierno ya no se le teme.

El Congreso entró en receso y no volverá a la actividad hasta los primeros días de agosto, de mínima. El proyecto entrará por el Senado, se presume. “No veo que, como está, pueda salir en una semana o dos. Si el proyecto se transforma en letra fría, van a empezar las presentaciones judiciales y van a espantar a los inversores”, señaló el senador neuquino y líder del gremio de los petroleros Guillermo Pereyra . “Hay que buscar algún acuerdo con las provincias; como está el proyecto tienen mucho para perder”, dice.

Neuquén, donde está enclavado el 70% de Vaca Muerta, aparece en la primera línea de la resistencia. Ahí hay una muñeca rusa escondida: el petrolero Pereyra y el gobernador Jorge Sapag van por el control del Movimiento Popular Neuquino en las internas del próximo 24 de agosto. Se comprenden las altisonancias.

En YPF asimilaron el encuentro con las empresas como un espaldarazo a su presidente: la foto mostró a Galuccio, rodeado por los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido y por el secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, avanzando con el plan, un compromiso de Cristina Kirchner. El Gobierno ya había hecho antes otro movimiento: después de eternos once años en el cargo, desplazó a Daniel Cameron de la secretaría de Energía y lo reemplazó por Mariana Matranga, ingeniera química, 38 años, ex YPF y especializada en petróleo, con los auspicios del ministro de Kicillof. El patagónico Cameron no sólo estaba, como su ahora ex jefe De Vido, más lejos de Economía que Matranga: también simpatizaba más con las demandas de las provincias petroleras que con el proyecto de la conducción de YPF.

En el sector se habla en estas horas de una ronda de negociaciones bilaterales, de bajo perfil y por separado, con las provincias petroleras (Sapag estuvo en Buenos Aires con De Vido lunes y martes, informó ayer el diario Río Negro). Según los análisis, la discusión se centra en tres cuestiones: regalías e impuestos, sobre los que estaría más avanzada, y el abandono del derecho al ‘acarreo’ (carry) que ejercen las compañías petroleras provinciales sobre los proyectos de inversión, clave en el proyecto de YPF y el punto más resistido por los gobernadores.

Las provincias ejercen el dominio del subsuelo, es decir, son las dueñas de los recursos. Lo dispuso la ley 24.145 de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de YPF, de septiembre de 1992, acompañada activamente por Néstor Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz y titular de la Ofephi, que reúne a las provincias productoras (hoy el cargo lo ocupa el gobernador de Chubut Martín Buzzi).
El dominio de las provincias sobre el subsuelo alcanzó rango constitucional en la reforma de 1994 y una década después, en 2006, con la ley 26.197, conocida como ‘ley corta’, impulsada por Kirchner, que les transfirió los yacimientos. Toda esa ingeniería de aspecto tan federal deberá ser sorteada por el proyecto de Galuccio. Los tesoros de Vaca Muerta fueron descubiertos en 2010. ¿Habría sido tan generosa la Nación de haberse hallado antes?

“Si fuera gobernador, jamás firmaría esa propuesta”, sentencia Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de Alfonsín. “Degrada el derecho constitucional de las provincias, les impone condiciones sobre cómo pueden hacer sus concesiones y excluye a sus empresas. Va contramano de la práctica en todo el mundo. YPF es una empresa mixta sin auditorías de ningún poder del Estado y busca conservar sus derechos en Vaca Muerta y prorrogar su vigencia otros 25 años”, dice Lapeña.

Más que eso, en la oposición sostienen que con los cambios, Galuccio defiende el decreto que creó el régimen de promoción de inversiones para la explotación de hidrocarburos y que le permitió firmar el acuerdo con Chevron sin que trascendieran las cláusulas (por el que es investigada la Presidenta).
Las llegadas de los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping hicieron crecer las ensoñaciones sobre Vaca Muerta. Ayer la agencia rusa Interfax, citada en un boletín de la Cámara boliviana de hidrocarburos, dijo que el viaje de una delegación de la estatal Gazprom al yacimiento anunciado por la Presidenta el sábado junto a Putin en la Casa Rosada aún no había sido confirmado. Tampoco pudo confirmarlo YPF. El tiempo empieza a apremiar a Galuccio.