A los gobernadores petroleros no les llegaron invitaciones para ir a la presentación que hizo Nación de su proyecto de ley el viernes último, en el Ministerio de Planificación Federal, ante empresas del sector. La discusión sigue su camino, siendo la insistencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) focalizarse en los aspectos legales que se cambiarían y dejar para después los mecanismos de promoción.

El planteo de la OFEPHI es que primero quede claro qué aspectos buscan modificarse de la Ley Nacional de Hidrocarburos y luego atender los mecanismos de promoción. Es que el organismo interestatal puso sobre la mesa de discusión un proyecto que consiste en un marco de promoción de inversiones, donde se apunta a otorgar beneficios según las características del proyecto.

Así lo confirmaron a Diario Patagónico fuentes que están vinculadas al proceso de negociación. No cayó bien en la OFEPHI que Nación haya presentado ante la industria los lineamientos de lo que pretenden se convierta en un proyecto de ley para enviar al Senado dentro de poco. Los gobernadores petroleros quieren seguir discutiendo, dado que se está hablando de cambios en la ley que limitaría su poder de acción.
Es que uno de los puntos expresa que la única vía para captar renta por parte de los distritos que tengan concesiones petroleras sea el 12% de regalías. En varias provincias se renegociaron contratos apelando a figuras como “bonos” o “adicionales” para elevar esos 12 puntos a 15 o 16. Ese es el caso de Chubut que con Tecpetrol logró cuatro puntos adicionales, con YPF consiguió 3 y con PAE acordó 4 de sus ingresos netos.

La libre disponibilidad de petróleo seguirá en un 20%, tal como dice el decreto nacional 929, y estuvo analizándose la posibilidad de ampliarlo al 30% según la magnitud del proyecto. Si la inversión es offshore, de acuerdo al sitio El Inversor Online, esa disponibilidad del crudo podría llegar al 60%. Dicha idea intenta atraer inversores a la costa argentina, incluyendo a los bloques de la cuenca del Golfo San Jorge.

Otro de los puntos que el Gobierno nacional anotó es unificar la alícuota de Ingresos Brutos en todos los distritos petroleros, un tema del que ya se venía hablando a principios de años en la OFEPHI y casi había acuerdo.

Se fijará en 3%, aunque perjudicará a las provincias que venían cobrando muy por encima de ese número.

A cambio, proponen la obligación empresaria de desembolsar un porcentaje de inversión en programas de Responsabilidad Social.

Los yacimientos ubicados sobre formaciones en donde es necesario aplicar técnicas no convencionales, como la fracturación hidráulica, tendrán una mención especial en la Ley Nacional de Hidrocarburos. Dado que la inversión allí debe ser sostenida e implica nueva tecnología, el objetivo del Gobierno nacional, con asesoramiento de YPF, es que las concesiones duren 35 años.

La nueva ley de Galuccio golpea a EMESA

MDZ Online

Por Marcelo Arce

Con cierta expectativa, el gobierno de Francisco Pérez analizó en los últimos días el "borrador descartado" de la nueva Ley de Hidrocarburos que reapareció en escena el lunes pasado y , en medio de un hermetismo total hacia afuera, ya comenzó a sacar las primeras conclusiones.

A pesar de que la presentación que comenzó a hacer el Gobierno nacional los sorprendió (el lunes el CEO de YPF, entre otros funcionarios, se lo mostró a la industria petrolera) en Casa de Gobierno algunos datos causaron una medida satisfacción y, otros, preocupación.

Por ahora ningún funcionario de Pérez salió a hablar públicamente de la nueva ley y esperarán a que el gobernador reciba, entre hoy y mañana, un informe detallado de lo que impulsa la Casa Rosada. Sin embargo algunos aspectos ya trascendieron.

El lunes Galuccio encabezó una presentación de la nueva ley, en la que además estuvieron el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y la secretaria de Energía, Mariana Matranga.

En trazos gruesos lo que se mostró fue un plan para que el Estado nacional y las provincias acuerden un modelo único de licitación y adjudicación de las áreas que contemple un proceso competitivo y abierto, sin que a futuro se puedan reservar áreas a favor de las empresas públicas o participación estatal.

Además se fija que las adjudicaciones de las licitaciones se otorguen a las empresas que ofrezcan mayor inversión y se fijan nuevos plazos más cortos para los permisos de exploración y plazos diferenciados para las concesiones de explotación: 35 años para los no convencionales y 30 años para el offshore.

Asimismo se otorga el derecho para que un concesionario de explotación convencional, pueda solicitar dentro de su área, una nueva concesión para proyectos no convencionales.

Otro punto: el único mecanismo de percepción de la renta petrolera para las provincias son las regalías, que se fijan en un 12% y se fija un máximo del 3% a los Ingresos Brutos y se limita el impuesto a los sellos, evitando gravar a la inversión.

En primer lugar Galuccio haría contemplado en su proyecto algunas de las propuestas de Pérez, entre ellas, la que más impulsó y que intentaba extender los beneficios de atracción de inversiones a las empresas que inviertan no solo en petróleo no convencional sino también a aquellas que pretendan explorar y explotar el petróleo pesado.

En Mendoza admiten que lo que el CEO comenzó a promocionar es, en líneas generales una ampliación redactada de los controvertidos seis puntos de modificación de Ley de Hidrocarburos que fueron planteados por YPF en el arranque de la discusión y que fueron rechazados por los gobernadores de la Ofephi.

Aquí hay un punto considerado clave por los funcionarios mendocinos: la nueva ley de Hidrocarburos modifica finalmente los alcances del decreto 929 que aportó el marco de inversiones de Chevron en Vaca Muerta y los amplía al resto de las empresas para fomentar la inversión. Y lo hace a partir de la sanción de la ley y no alcanzará a proyectos ya concesionados.

Ahora bien. Hay una cuestión que les quedó en claro a todos los gobernadores: a pesar de la resistencia de las provincias productoras de petróleo, Galuccio avanzará contra las empresas provinciales de energía tal cómo se propuso desde un primer momento.

En este punto es claro que desoyó las presiones de los mandatarios y que, sobre todo, busca reducir al mínimo la participación de G y P, la empresa de energía estatal neuquina, en el negocio de Vaca Muerta.

Ese golpe a la empresa provincial vecina, repercutirá en EMESA, la energética nuestra. "Lo que nos preocupa es la virulencia con la que le pegan a G y P en el proyecto y, por carácter transitivo, a Emesa. Eso queda clarísimo en la redacción de la ley", se resignó uno de los funcionarios locales que analizó la iniciativa.

“No vamos a dar un solo paso atrás en las facultades no delegadas”, aseveró en su provincia. “Vamos a compartir las facultades concurrentes pero seremos firmes defensores de los recursos de nuestra provincia, de los del subsuelo, de los del suelo y del cuidado del ambiente para nuestra generación y para las próximas”, se opuso.

El gobierno nacional e YPF buscan convencer al gobernador Jorge Sapag de que preste su aval al discutido proyecto de ley que busca ponerle límites al poder de las provincias en el negocio petrolero.

El mandatario mantuvo varios encuentros entre el lunes y ayer con distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, donde le presentaron formalmente las líneas básicas del texto que ya habían sido mostradas a las empresas del sector el viernes pasado.

Aunque desde el gobierno provincial reina el hermetismo, voceros del gobernador aseguran que el diálogo "está abierto" y que no existe "espíritu de confrontación". Sin embargo, remarcaron que no se avalará nada que "toque las facultades y las potestades que por ley tiene Neuquén".

En el Ejecutivo aún dura el enojo por no haber sido participados de la reunión del pasado viernes. Creen que los puntos de discusión que se expusieron son difíciles de llevar a una ley sin que se lesionen los derechos adquiridos de las provincias. También lamentan que no se haya tenido en cuenta allí ni uno sólo de los puntos del programa de beneficios fiscales sugerido por los gobernadores.

Del otro lado del mostrador, en tanto, aseguran que se desplegó una intensa campaña para convencer a Sapag de las bondades de la ley. El mandatario sería por estas horas el más "díscolo" de los miembros de la Ofephi. Fuentes de la Casa Rosada aseguran que tanto el chubutense Martín Buzzi, como el mendocino Francisco Paco Pérez terminarán apoyando la norma.

"Se trabaja en un operativo pinza para convencer a Sapag", dijo a "Río Negro" un hombre que participa de la elaboración del proyecto. Indicó que el texto de la ley ya está escrito y que lo que está en debate es la "letra chica" del mismo.

Consultado sobre los beneficios para las provincias, indicó que se garantizan los contratos firmados y se le pone un porcentaje fijo a los fondos de RSE que llegarán a las provincias, tanto de forma directa como de parte de aportes nacionales.

"El desafío es que las provincias entiendan que este proyecto es positivo para ellas", indicó la fuente.

El proyecto que impulsan Nación e YPF le pone fin a la reserva de áreas y a los contratos de acarreo, una suerte de acta de defunción para las petroleras provinciales como GyP. También deja cómo único mecanismo de captura de renta las regalías.

Después de la reunión que sostuvieron representantes del Gobierno nacional con las empresas petroleras para darles a conocer los posibles alcances de la nueva Ley de Hidrocarburos, senadores de la Unión Cívica Radical manifestaron su malestar por la ausencia en ese encuentro de los representantes de las provincias que son parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).

Según la visión de los legisladores, esta situación sería una muestra clara de la intención que tiene la Nación de avanzar sobre la nueva norma sin considerar el parecer de los gobiernos provinciales.

A través de un comunicado, el senador Armando Camerucci dijo que se debe repudiar “enérgicamente la actitud del Gobierno nacional de convocar a los representantes de la industria petrolera con el fin de presentar los alcances de la nueva Ley de Hidrocarburos, sin contemplar la participación y, mucho menos, el consenso de las provincias implicadas”.

El legislador de la UCR dijo, además: “Porque una ley presentada sin aval y sin presencia de las provincias involucradas explicita un claro detrimento y avasallamiento sobre nuestros derechos en lo referente a recursos naturales, más aún siendo no renovables”.

LA PRESENTACIÓN. En el encuentro con las empresa petrolera participaron el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini y la secretaria de Energía, Mariana Matranga. Este encuentro se dio mientras las provincias siguen estudiando el borrador del acuerdo, en una negociación que se postergó por la resolución de la Corte de Estados Unidos respecto de los fondos buitres.

En el camino, los gobernadores han ido fijando posiciones, la mayoría cercanas a lo que pretende el Ejecutivo nacional. En esa sintonía está Francisco Pérez, quien busca en el acuerdo fijar beneficios para el crudo pesado pero resignando otros ítems. El que tiene la posición más dura es el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, quien aseguró que no cederá las facultades que tienen las provincias sobre los recursos, algo que para el mandatario se vería afectado con el borrador que se les entregó en Buenos Aires.

En ese sentido, señaló: “Los neuquinos no vamos a dar un solo paso atrás en las facultades no delegadas. Vamos a compartir las facultades concurrentes pero seremos firmes defensores de los recursos de nuestra provincia”.

Sapag, con Pérez y su par de Chubut, Martín Buzzi, serían los encargados de trabajar con el Ejecutivo nacional en la reglamentación de las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, por lo que se espera una definición del mandatario mendocino, más cercana al Gobierno o a su par del sur. Las primeras señales que entregó el gobernador apuntaron a no enfrentarse con la Nación y con YPF, tanto así que no se descarta cambiar las condiciones futuras de las licitaciones de Emesa para mantener las buenas relaciones.

El Gobierno provincial confirmó que, por ahora, no está pactada una nueva reunión entre los gobernadores de la Ofephi y representantes de la Nación. Por otra parte, los funcionarios relacionados con el sector energético no quisieron referirse al encuentro para mostrar el borrador a las empresas, aunque a algunos no les parece una buena idea avanzar en ese aspecto mientras no esté completamente cerrado el acuerdo.