La Unión Industrial le declaró ayer la guerra a un impuesto al uso del agua como insumo, que debutó en la provincia de Buenos Aires.
Y amenazó con recurrir a la Justicia.
La pelea es contra el llamado canon del agua que el gobierno de Scioli reglamentó en septiembre de 2013. Se trata de una vieja ley sancionada en la década del 90, la 12.257, que fijó un canon al uso del agua como insumo industrial y que nunca había sido puesto en vigencia. El decreto reglamentario establece un pago adicional del 50% del canon para todas las empresas que utilicen el agua como único insumo o principal en su proceso productivo, lo que afecta directamente a las firmas de bebidas.
Ayer el Comité Ejecutivo de la UIA emitió tras su habitual reunión de los martes un duro comunicado, aunque en tren de abrir una negociación, invitaron a Scioli a la entidad.
En el comunicado señalan que por unanimidad decidieron poner en marcha un proceso urgente de consulta con sus entidades miembro. De acuerdo a la UIA, la instrumentación de este nuevo impuesto, en momentos donde se observa una caída del nivel de actividad industrial y un récord de presión tributaria, “se basa en criterios de discrecionalidad para fijar su monto, y carece de los fundamentos técnicos y jurídicos que hagan justificable su implementación en estas condiciones”.
Y añaden: “Nuestra entidad ha venido reiterando la necesidad de una articulación más racional entre tributación nacional y subnacional, frente al e xorbitante incremento de tasas o creación de nuevas tributaciones, cualquiera sea su nombre y supuesta justificación, que están afectando negativamente a toda la producción industrial y a las inversiones futuras necesarias para sostener un proceso de crecimiento”.
En el llamado Canon del Agua, la fórmula aplicable a todas las empresas y los recargos establecidos, “carecen de la necesaria proporcionalidad, prevén un mecanismo de ajuste claramente discrecional y son, por ende, irrazonables, generando un claro rechazo entre los representantes que integran el Comité Ejecutivo”, dice la UIA.
La entidad señaló que “ha decidido realizar las consultas legales para avanzar en las eventuales acciones judiciales que correspondan”.
Y manifestó la preocupación por el posible carácter expansivo de este tipo de regulaciones tributarias a otras jurisdicciones.
