El Gobierno nacional sigue impulsando el proyecto para crear la nueva Ley de Hidrocarburos, luego de ganarse el visto bueno de las empresas petroleras. Sin embargo, aún debe conseguir que las provincias productoras de petróleo y gas, como Neuquén, Mendoza, Chubut y Río Negro, entre otras, acepten las limitaciones y recortes que tendrían sobre sus derechos para con esos recursos.
Dicho proyecto, que se dio a conocer hace casi dos meses desde el Estado nacional, apunta a otorgar ventajas muy importantes a las empresas petroleras que inviertan en yacimientos no convencionales como Vaca Muerta a costa de los intereses de las provincias, quienes tienen potestad sobre todos los recursos naturales que se encuentren dentro de sus límites.
Esto ha llevado a que las provincias, algunas de manera pública y otras de forma privada, hayan puesto objeciones al proyecto de ley, cuya autoría se le atribuye al secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y al titular de YPF, Miguel Galuccio.
El más enfático fue el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, aliado del kirchnerismo, quien llegó a advertir públicamente sobre los perjuicios que la nueva ley provocaría a las administraciones provinciales y, sobre todo, a la empresa neuquina estatal Gas y Petróleo de Neuquén (GyP), considerada la más activa de sus pares similares.
Los principales aspectos del proyecto de ley
Los once principales puntos del proyecto de Ley de Hidrocarburos son:
El Estado nacional y las provincias acordarán un modelo único de licitación y adjudicación de las áreas que contemple un proceso competitivo y abierto, sin que a futuro se puedan reservar áreas a favor de las empresas públicas o participación estatal. Se elimina el acarreo (participación sin inversión) como mecanismo de concesión de áreas.
Que las adjudicaciones de las licitaciones se otorguen a las empresas que ofrezcan mayor inversión.
Nuevos plazos más cortos para los permisos de exploración y plazos diferenciados para las concesiones de explotación: 35 años para los no convencionales y 30 años para el offshore.
Se otorga el derecho para que un concesionario de explotación convencional, pueda solicitar dentro de su área, una nueva concesión para proyectos no convencionales siempre que comprometa las inversiones necesarias para explorar y/o desarrollar dichos recursos.
El único mecanismo de percepción de la renta petrolera para las provincias son las regalías, que se fijan en un 12%. Conforme ley vigente.
Se fija un máximo del 3% a los Ingresos Brutos y se limita el impuesto a los sellos, evitando gravar a la inversión.
Se ratifica por Ley el régimen de promoción de inversiones establecido por el decreto 929/13, pero se establece el monto mínimo de las inversiones en 250 millones de dólares a ser invertidos en 3 años.
Las provincias recibirán el 0,5% del flujo de inversiones del proyecto dirigido a RSE a ser aportado por las empresas, y el 1% del flujo de inversiones a ser aportados por el Estado Nacional para obras de infraestructura.
Se promueve un régimen especial para la importación de bienes de capital o insumos no producidos en el país con el objetivo de generar mayor oferta y velocidad a la actividad.
Se le otorga estatus legal al programa de estímulo al gas natural.
Se establecen presupuestos mínimos, generales y uniformes para el medio ambiente.
Además, se supo que el borrador incluye grandes beneficios para las compañías que decidan invertir en yacimientos hidrocarburíferos en el océano, llamados offshore. Básicamente, se establece que el 60% de las utilidades de estos pozos marítimos que logren los privados podrán salir del país. Así, quedaría fuera del camino la empresa nacional Enarsa, que hasta ahora posee el manejo de estas áreas.
La idea del Gobierno nacional es enviar el proyecto final al Congreso durante el mes de agosto.
Las petroleras privadas, conformes
Las últimas acciones del Gobierno nacional, encabezadas por el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini; y los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof, fueron direccionadas para asegurarse un respaldo al proyecto de modificación de la Ley de Hidrocarburos: las petroleras privadas.
En ese sentido, los tres funcionarios se reunieron el viernes pasado con los representantes de las empresas Chevron, Exxon Mobil, Total Austral, Sinopec, Tecpetrol, Pluspetrol, Roch, Medanito, CGC, Wintershall, Petrobras, Enap-Sipetrol, Entre Lomas, Pan American Energy, Wintershall , Petrolera Pampa y Capsa, a las cuales les presentaron el borrador, cuya autoría se le atribuye tanto a Zannini como al titular de YPF, Miguel Galuccio, quien también estuvo presente.
Tras la reunión, los representantes de las petroleras se mostraron muy de acuerdo con la redacción del proyecto, ya que consideraron que el mismo contempla incentivos fiscales y económicos para las inversiones, sobre todo en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. Además, sostuvieron que simplifica los trámites burocráticos y limita la participación “gratuita” de las empresas provinciales en las concesiones y como actor de regalías.
Las provincias, aún buscando alternativas
Aunque levantaron el pulgar al proyecto, las empresas privadas no desean confrontar con los gobiernos de las provincias nucleadas en la OFEPHI, ya que en cierta maneras estas administraciones seguirán formando parte de la cadena de decisiones en la producción hidrocarburífera.
Esta cautela se toma casi al extremo con Neuquén, ya que el gobernador Sapag es el más reacio sobre el proyecto y, a su vez, su provincia es la que posee la mayor cantidad de reservorios no convencionales del país.
Mientras tanto, en Mendoza desde el Gobierno se asegura que se sigue trabajando con respecto al proyecto y hay una preferencia generalizada a no confrontar con la Nación, tal como lo hacen en Neuquén, e intentar lograr un consenso entre las provincias y la administración nacional.
En ese sentido, desde la provincia se están enfocando en realizar propuestas para “retocar” algunos aspectos del proyecto, sobre todo lo que tiene que ver con el porcentaje de regalías y garantizar la participación de las empresas provinciales de energía.
Sitio Andino
Los puntos clave del Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos fueron presentados esta mañana, pero no ante los actores principales, sino ante los empresarios. La noticia cayó mal en la oposición y en el oficialismo. Es que la mayoría de los gobernadores que integran la organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos se enteraron por los medios de la reunión programada por el CEO de YPF, Miguel Galuccio.
Para la presentación del acuerdo fueron invitados representantes de Total, Exxon Mobil, Sinopec, Tecpetrol, Pluspetrol, Wintershall, Petrobras, Enap-Sipetrol, Chevron, PAE y Wintershall.
Francisco Pérez se enteró por los medios esta mañana y sólo se pudo confirmar que no hay fecha ni una convocatoria cierta para que los puntos del acuerdo sean revelados ante los gobernadores. El resto del Gabinete de Pérez, también alistó en el hermetismo.
Estaba claro el malestar de los mandatarios en especial a partir de las declaraciones del gobernador neuquino Jorge Sapag que este sábado volvió a plantarse como crítico ante la ley de hidrocarburos que diseñó la Casa Rosada al asegurar que en la provincia "no vamos a dar un solo paso atrás en las facultades no delegadas".
Ese es uno de los puntos clave de la nueva norma que propuso el gobierno nacional para unificar la legislación de hidrocarburos, en especial ante la necesidad de darle un marco a las exploraciones por shale gas.
Pérez no ha expresado su rechazo de manera tan contundente, pero se sabe que no está de acuerdo con la decisión expresada desde la Nación.
La mayoría de los gobernadores rechazan la intención por el temor de perder puntos en sus recaudaciones en un momento de recesión que concentra toda la atención en los recursos.
La decisión de la presidenta tampoco cayó bien en la oposición. El radical Armando Camerucci presentó esta mañana un proyecto de resolución rechazando la actitud de la Nación en torno a la modificación de la ley. Camerucci opinó que la presentación por parte del Gobierno Nacional sólo con los grupos empresarios excluye, sin dudas, " a los principales protagonistas siendo esta actitud una clara provocación a los intereses de los habitantes de Mendoza en particular, como así también a los de todas los estados miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos OFEPHI."
El legislador consideró que la ley necesita ser actualizada y requiere modificaciones, pero todo debería darse dentro de un marco de debate y consenso con las provincias para confluir en un programa o plan nacional tendiente al autoabastecimiento energético.
Tras la avanzada del gobierno nacional, que se reunió con las principales empresas petroleras del país, los gremios más fuerte del sector pidieron palabra y solicitaron ser convocados a las discusiones por la nueva ley hidrocarburos. Tanto Guillermo Pereyra, de Petroleros Privados, como Manuel Arévalo, de Jerárquicos, coincidieron que deben "respetarse" la autonomía de las provincias y trabajar para conseguir "consensos".
El senador del MPN consideró que el borrador acercado el viernes a los empresarios "es prácticamente el mismo que las provincias rechazaron". Dijo que los funcionarios nacionales "quieren avanzar sin las provincias" y agregó que no está de acuerdo: "hay que resistir, hay que buscar consensos en entre todos".
Por su parte, Arévalo señaló que hasta el momento, a los trabajadores, no se les dio la posibilidad de participar tanto desde Nación como desde la Provincia. "Los neuquinos tenemos que estar de pie defendiendo lo que nos corresponde, porque así lo dice la Constitución Nacional y las leyes que se han venido sancionado, que les da la razón a las provincias", señaló el dirigente de los petroleros jerárquicos.
"Los argentinos queremos una YPF que pueda lograr el autoabastecimiento, pero también queremos que las empresas provinciales como GyP puedan participar y desarrollarse. Años atrás hemos tenido políticas erróneas en los hidrocarburos, hoy tenemos una posibilidad importante otra vez que no hay que dejar pasar", dijo Arévalo.
Pereyra, en tanto, agregó que las empresas del sector "están presionando" para que se incluya en las discusiones de la nueva ley petrolera un marco laboral específico para la industria de los no convencionales. "Hay una fuerte presión del sector empresarial por convenios colectivos para el shale", señaló el legislador y agregó que "acuerda" en que se discuta, pero reclamó "primero, hablemos de toda la ley y sus alcances".
Tanto Pereyra como Arévalo coincidieron en que el tratamiento debe tener su tiempo y se mostraron contrarios a querer sacar una ley de apuro sin escuchar todas las voces.
Clarín.
La aparición del “borrador descartado” de la Ley de Hidrocarburos sobre la mesa del Gobierno tomó por sorpresa al gobernador Jorge Sapag que ya daba por superado el tema.
“El borrador de Olivos está descartado”, dijo Sapag hace apenas 15 días. Pero el viernes pasado el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente de YPF, Miguel Galuccio, entre otros funcionarios, desempolvaron el proyecto en una reunión con las petroleras.
Sapag respondió de inmediato a la iniciativa. “No vamos a dar un solo paso atrás en las facultades no delegadas”, aseveró durante un acto en su provincia. “Vamos a compartir las facultades concurrentes pero seremos firmes defensores de los recursos de nuestra provincia, de los del subsuelo, de los del suelo y del cuidado del ambiente para nuestra generación y para las próximas”, indicó, en clara oposición a lo que pretende la presidenta Cristina Fernández.
Además no ahorró críticas a la política energética nacional, un tema sobre el cual hasta ahora se había mantenido cauteloso. “Estamos importando gas y petróleo por 15.000 millones de dólares. Los argentinos no nos podemos permitir más este despilfarro de divisas cuando tenemos en el subsuelo gas y petróleo para proveer a la república”, subrayó.
El senador neuquino y líder de los trabajadores petroleros Guillermo Pereyra también arremetió contra el borrador. “Es prácticamente el mismo que las provincias rechazaron en junio”, indicó. “Quieren avanzar sin las provincias. Hay que resistir, hay que buscar consensos entre todos”, abundó. Manuel Arévalo, representante gremial de los Petroleros Jerárquicos, dijo: “Deben respetarse la autonomías de la provincias”.
Colaboradores de Pereyra relataron que el gremialista volvió el fin de semana muy enojado de Buenos Aires después de que suspendió la reunión agendada para el viernes con el ministro de Economía y los directivos del grupo Más Energía por la crisis de las pequeñas refinerías neuquinas. El encuentro quedó en el aire luego de que los principales referentes del Gobierno prefirieron conversar, borrador en mano, con los petroleros sin avisarles a los gobernadores.
El proyecto del Gobierno nuevamente descarta la posibilidad de que las provincias posean sus propias empresas de hidrocarburos, algo que cayó mal en Neuquén. “No hay posibilidad de que avancen sobre GyP, tiene 54 UTES con más de 20 operadoras. Si quieren la parte de GyP en las distintas áreas tendrán que negociarlas y escucharemos las ofertas”, dijeron a Clarín desde el Gobierno neuquino. Junto con su nacimiento en 2008 a la empresa le fueron entregadas 55 áreas marginales o inexploradas. Es decir, que no representaban un negocio de interés para nadie. Pero el descubrimiento posterior de Vaca Muerta estableció un altísimo valor sobre esas tierras despreciadas. Con los años GyP se habría ido apropiando de otras áreas hasta totalizar alrededor de 77.
En la actualidad GyP mantiene sociedades (UTE) con 20 empresas petroleras en más de 55 de estos espacios concedidos. Y tiene proyecciones de inversión en sociedad con YPF, la alemana Wintershall, entre otros jugadores, por más de US$ 6.000 millones en la próxima década. Mientras tanto espera su turno para ingresar definitivamente en la Bolsa con un patrimonio de más US$ 1.400 millones. El borrador instala en veredas opuestas a Neuquén ante el Gobierno Nacional.
Por Gastón Fenés.
Desde hace semanas el mundo petrolero se encuentra discutiendo la letra fina de un proyecto de ley que se propone regular la actividad de exploración y explotación de los hidrocarburos. Por lo visto, los beneficios impositivos y financieros que propone el borrador del Gobierno a las compañías no están sujetos a críticas hasta el momento, salvo los que atentan contra las arcas provinciales.
Tal es así que luego de varias semanas de reuniones sectoriales no hubo acuerdo respecto de la participación de las empresas estatales provinciales. El Ejecutivo e YPF buscan frenar el avance de estas operadoras eliminando el sistema de acarreo, esquema que habilita la asociación con otros players sin aportar capital, a cambio de otorgar las áreas de concesión que por ley pertenecen a los estados federales.
La propuesta del oficialismo también ancla las regalías que perciben los gobernadores en el 12 por ciento e impide establecer la alícuota del impuesto a los ingresos brutos por encima del 3 por ciento. Son techos a la renta con el objetivo de garantizar previsibilidad jurídica.
En el fondo de este debate está en juego la viabilidad de la explotación del yacimiento Vaca Muerta, el gran reservorio de hidrocarburos no convencionales que promete a la Argentina recuperar el autoabastecimiento energético en las próximas décadas, luego de culminar con las intensas tareas de perforación.
Eduardo Barreiro, licenciado en Química, consultor en temas de Energía y director de la Society of Petroleum Engineers, regional Argentina, explica que salvo YPF, que está encarando proyectos de envergadura, mostrando resultados exitosos, “el resto de las empresas está esperando que salga la ley para empezar a invertir”. De ahí la importancia por apurar el paper definitivo que en última instancia evaluará el Congreso Nacional.
Para las bocas de expendio no es un tema menor, ya que están interesadas en que las refinerías reciban los crudos livianos que presenta la cuenca neuquina para incrementar la producción de combustibles. De nada sirven las ampliaciones de infraestructura sin el insumo indispensable para obtener productos.
Otro freno que sufre el sector, indica Barreiro, pasa por el conflicto con los fondos buitres que no ingresaron en el canje de la deuda, que por su naturaleza financiera e internacional afecta directamente los negocios en Upstream. Hay temor por lo que pueda ocurrir en el futuro.
En el marco de lo que fue una recorrida de obras de servicios, el gobernador fue consultado sobre lo que será la agenda de los próximos días.
Adelantó que hoy estará en Comandante Luis Piedra Buena, primero, y en Puerto Deseado después, donde “habrá anuncios importantes surgidos a partir de convenios firmados con Nación”.
De allí partirá a la ciudad de Buenos Aires, en respuesta a convocatoria realizada por el Ministerio de Planificación Federal.
Este encuentro planteado en la capital del país tendrá por objeto, según detalló el mandatario, “analizar los aspectos que surgirán de la modificación que los gobernadores van a inicialar respecto de la Ley de Hidrocarburos, vigente desde (el gobierno de facto de Juan Carlos) Onganía, que regula la explotación en las provincias”.
Recordó Peralta en ese sentido que en Santa Cruz, “como la segunda provincia productora, le apostamos todo a YPF, porque si a YPF le va bien, a nosotros nos irá de igual manera” recalcó, al tiempo que agregó que “no entregaremos nada que no signifique potenciar a nuestra empresa”.
Finalmente sobre la visita del presidente de China, Xi Jinping, Peralta sostuvo su expectativa sobre que “esté la confirmación del financiamiento por parte del presidente de China y esperamos tener una noticia favorable al respecto”.
Cabe recordar que hasta la tarde no existía aún confirmación de cómo será la agenda oficial del presidente asiático, sólo que su llegada será el viernes 18 de julio y no el 19 como inicialmente se había planteado (Ver nota aparte).
Obras de servicios
“Las obras por administración son la garantía de que el dinero está bien invertido”, dijo el gobernador en el marco de su visita a las obras de red de gas, hechas por administración por Distrigas.
“Lo importante de todo esto es que estamos cumpliendo con los 3.900 metros de gas prometidos para la zona de chacras” señaló, y también destacó que “en el Barrio Forestal llegaremos, dentro de dos semanas, con 13.500 metros, así que podemos garantizar que en esa zona nadie quedará sin servicio de gas natural”.
Detallando otras obras, recordó para San Benito los $ 43 millones para el Centro Distribuidor N° 5, $ 5 millones en línea de media tensión y otros $ 7 para línea de media y baja tensión con alumbrado público y varias zetas por $ 14”. También aseguró que serán 70 millones en total los que se invertirán en Río Gallegos.
