Máximo Quitral, Historiador y politólogo, Instituto de Estudios Internacionales, U. Arturo Prat.
Definitivamente la Presidenta Bachelet acogió la tesis de objetar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal como fue sugerido por los sectores conservadores presentes en la política internacional de Chile. Claramente, es una acción jurídica aceptada por el Derecho Internacional, pero que no necesariamente puede tener éxito para las aspiraciones del canciller Muñoz, que son desplazar de la discusión latinoamericana la aspiración marítima boliviana.
De hecho, los casos en que la CIJ ha acogido tal objeción son más bien pocos, elemento importante a considerar para disminuir las expectativas que puedan tener algunos parlamentarios, que ven con este gesto que las diferencias con el país vecino se terminen abruptamente.
Lamentablemente, la política vecinal de nuestro país se ha ido judicializando de manera progresiva, cuando lo lógico en una Cancillería con una visión de Estado seria y activa es profundizar lo político.
Lo anterior dificulta los mecanismos de vinculación diplomática, instala inseguridades innecesariamente entre las esferas bilaterales y estimula los nacionalismos trasnochados que empañan cualquier avance en agendas de integración propositivas. Si bien para los juristas y expertos en Derecho Internacional la impugnación es un recurso que había que utilizar por ser parte de las reglas del juego, para quienes tenemos una mirada distinta de las relaciones internacionales y propendemos al entendimiento y al diálogo bajo marcos normativos idealistas, lo cierto que, si se habla de tener sanas relaciones con Bolivia, este tipo de acciones equivoca el camino.
Más aún, cuando se sostiene erradamente, desde el canciller, que el Tratado de 1904 no puede ser puesto en duda por Bolivia, es no comprender la real dimensión de la demanda de Evo Morales, que ha insistido en que en su memoria el Tratado no está en cuestionamiento.
Bolivia está solicitando a la CIJ que obligue a Chile a negociar una salida al mar, sustentando su presentación en tres hechos de tremenda relevancia para la historia diplomática entre Chile y Bolivia. Primero, los acercamientos entre los gobiernos de Gabriel González Videla, por lado chileno (1946-1952), y de Enrique Hertzog, por lado boliviano (1947-1949). El Abrazo de Charaña de 1975, encuentro bilateral entre los dictadores Augusto Pinochet, por parte de Chile (1973-1990), y Hugo Banzer, por Bolivia (1971-1978). Finalmente, se consideró como importante la agenda de los 13 puntos, instancia de diálogo abierta por la actual Presidenta, Michelle Bachelet, en 2006. Todo esto Bolivia lo transforma en los llamados “derechos expectaticios” –una jugada comunicacional de alto nivel–, pero que jurídicamente no tienen peso argumentativo y que, con el paso del tiempo, se transformaron en actos unilaterales por parte del Estado chileno.
La explicación de esta figura jurídica enfatiza que no sólo los tratados obligarían, sino que también los actos bajo la voluntad gubernamental, los cuales representarían un elemento superlativo dentro de la conformación del derecho internacional. O sea, como ya lo he dicho en otras columnas, los actos unilaterales entre los Estados se transformarían en un mecanismo de obligación jurídica internacional, cuestión compleja en su comprensión, pero no muy difícil de ser probada. Lamentablemente, estos elementos están ausentes del debate en la agenda política chilena, aunque tienen un valor significativo para comprender la real dimensión de la demanda, pero que, a la luz de los argumentos chilenos, pareciera no interesar.
