Las fotografías satelitales tomadas para detectar los cultivos de coca han permitido a Colombia develar la expansión de la nueva forma de financiación de las guerrillas y las bandas criminales: la explotación ilícita de oro y otros minerales.
Esas imágenes coinciden con la realidad que hoy también afecta a Perú y a Ecuador, en donde los sembrados ilícitos han sido reemplazados o tienen a su lado excavaciones para la minería ilegal.
Así lo señala la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc), que en sus informes de censo de cultivos ilícitos alerta a los tres países de que “la minería ilegal es un riesgo latente sobre el cual se deben aplicar medidas pertinentes y rápidas para su eliminación” y así evitar daños en el medio ambiente. (Lea también: Destrucción de maquinaria le impone retos al Gobierno).
La Policía de Carabineros, a cargo de la estrategia contra este delito, dice que en el país la minería ilícita ya no solo afecta a departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cauca y Chocó, sino que, al igual que los cultivos ilícitos, se ha venido anclando en zonas de frontera con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.
Un primer diagnóstico hecho por la Unidad Contra la Minería Ilegal, de la Policía, arroja que solo en la frontera con Venezuela hay 37 municipios con explotación ilícita de yacimientos mineros (véase gráfico). El oro, el coltán, el carbón y el níquel son los materiales más extraídos ilícitamente. Esas huellas mineras también están en Puerto Asís, Villa Garzón y Puerto Guzmán, municipios de Putumayo.
Detrás de esa explotación, dice el general José Gerardo Acevedo, director de la Policía de Carabineros, están las guerrillas de las Farc y el Eln, esta última con mayor incidencia en el negocio, y las bandas criminales, como la del clan Úsuga y lo que queda de los ‘Rastrojos’.
Dice que a las dificultades para identificar y llegar a estas zonas, se suman las estrategias usadas por las redes ilegales para evitar los operativos, que este año ya suman 236 minas intervenidas, 902 capturados y 39 retroexcavadoras destruidas.
En terreno, investigadores –que pasan meses internados en las agrestes zonas– han detectado que redes criminales arman cambuches en las dragas para que familias, muchas reclutadas para este delito, vivan durante el tiempo al que se dedican a la explotación de yacimientos.
“Los convierten en escudos humanos, lo que dificulta la destrucción de esa maquinaria. Además, logran aplazar un operativo hasta que se garantice la reubicación y sustento para esas familias”, dice un oficial de la Policía (véanse fotos).
Agrega que también se han encontrado con retroexcavadoras pintadas de verde o marrón, con lo que evitan que en los sobrevuelos las máquinas sean detectadas.
La tercera estrategia, cita el coronel William Chaparro, de la Policía de Carabineros, es la avalancha de licencias que alcaldes de municipios pegados a las fronteras otorgan a supuestos particulares para que trabajen en la construcción de vías, pero que en realidad terminan siendo usadas por los grupos ilegales en la minería ilícita. Ese es otro de los capítulos que la Policía, de la mano con la Fiscalía, investiga.
Más rentable que la coca
El general Acevedo dice que la extracción ilícita de minerales se ha convertido en un negocio más rentable y con el que los dueños del ‘negocio’ se exponen menos, por la falta de legislación sobre el tema. Cita, por ejemplo, que la columna Daniel Aldana de las Farc puede obtener 800 millones de pesos mensuales en ganancias con la explotación de oro en Nariño y Putumayo.
Entre tanto, Perú, que tiene su mayor afectación entre la localidad de San Gabán (Puno) y Mazuco (Puerto Maldonado), también reporta que redes criminales sacan mayores ganancias.
Las cuentas de las autoridades de ese país, citadas en el informe de la Unodc, señalan que “en la actividad cocalera pagan en promedio 15 a 20 nuevos soles diarios, mientras que en la minería la oferta es alrededor de 40 nuevos soles diarios”.
Agrega que, en el 2012, las hectáreas con minería ilegal eran 500, y que el año pasado crecieron a 1.000.
Por su parte, Ecuador, que apenas comienza a estudiar este fenómeno, dice que las economías criminales de la coca y del oro “se complementan de manera eficiente” para generar ganancias a los ilegales. Allí hasta ahora se ha detectado minería ilícita en el norte de Esmeraldas, en la frontera con Colombia.
Ecuador ha sido epicentro de reuniones de las policías de Colombia y Perú para coordinar acciones contra la minería ilegal en los tres países. La primera reunión fue en abril pasado.
Trabajo forzado y trata interna, detrás de la extracción ilícita
La Policía dice que detrás de la minería ilegal se esconden delitos como la trata interna de personas para la explotación sexual y el trabajo forzado.
La Dijín y la Policía de Carabineros han detectado campamentos, especialmente en Antioquia y Bolívar, a donde grupos ilegales envían a mujeres y hombres para trabajar en la explotación ilícita de minerales. Allí, muchas mujeres son víctimas de abuso sexual.
Las policías de la región se han unido además para frenar el tráfico de armas, el contrabando de combustibles y precursores químicos, delitos ligados a la minería ilegal.
