Con la intención de reabrir paritarias y bajo la amenaza de paros, se multiplican en las provincias las demandas de los gremios estatales.

La exigencia de recomposición salarial, después de los acuerdos sellados posdevaluación a principios de año, complica las finanzas de las gobernaciones, varias con las cuentas en rojo y la necesidad de tomar deuda bloqueada, hasta que no se resuelva el conflicto con los fondos buitre.

Hay protestas en por lo menos 13 distritos. Si bien la mayoría se concentra alrededor del reclamo docente, también hay planteos en salud y administración pública, y se prepara una jornada nacional de protesta de municipales, motorizada por ATE.

Justo en la antesala del receso de invierno, los maestros elevan un pliego de condiciones -desde nuevos aumentos, quejas por incumplimientos y problemas de infraestructura- con la advertencia de no volver a las aulas. Ya hay huelgas declaradas en las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Entre Ríos, y frentes abiertos en Misiones, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Santa Fe.

Después de lidiar con un paro histórico de 18 días en marzo, Daniel Scioli volverá a pulsear con los docentes. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció que no regresará a clases el 4 de agosto por un puñado de factores que incluyen, entre otros, la denuncia de irregularidades en el pago de salarios, deficiencias edilicias y del servicio alimentario escolar y subas ajustadas a la inflación. También hará paro Udocba el próximo miércoles, un sindicato más pequeño y alineado con Hugo Moyano, y se aguarda la postura de Suteba, liderada por Roberto Baradel y alineada con la CTA oficialista.

En Río Negro, al gobernador Alberto Weretilneck, cuando cruje su relación con el peronismo local, no le aguarda un panorama más favorable. La Unión de Trabajadores de la Educación (Unter) lanzó una huelga por 24 horas el lunes próximo para forzar al Gobierno a acortar los plazos del pago de la suba pautada en el primer trimestre, cuyo último tramo se concretaría en septiembre, para alcanzar un sueldo mínimo de $ 6320.

Los estatales ATE anticiparon que se plegarían a la medida de fuerza para pedir una recomposición. Y UPCN, el gremio mayoritario y que a nivel nacional no suele desmarcarse de la Casa Rosada, pidió discutir los salarios del segundo semestre, como se acordó a comienzos de año.

En otros distritos, el conflicto está acotado a expresiones minoritarias. Es el caso de Córdoba, con empleados municipales. En Salta, desde la gestión de Juan Manuel Urtubey relativizan el impacto del plan de lucha de Docentes Unidos, emparentados con el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Aunque está decidido un paro, quedó sujeto a una oferta gubernamental, según dijo a la nacion la diputada provincial del PO y dirigente gremial Norma Colpari.

En Mendoza, el escenario es delicado. Francisco Pérez capea una crisis financiera, apenas aliviada con el reciente aval del radicalismo para la aprobación del proyecto de presupuesto 2014 y un endeudamiento por 800 millones de pesos. Ahora, resurge con fuerza el planteo de los estatales. "Yo no sé si estas chicas viven en Mendoza, en Mónaco o en Suiza. Parecen ajenas a la situación económica de la provincia", cortó el ministro de Salud, Matías Roby, ante el pedido de las gremialistas Isabel del Popolo (de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) y Raquel Blas (de ATE) de reabrir la discusión salarial en agosto.

También Daniel Peralta, en Santa Cruz, puso en duda la posibilidad de garantizar un nuevo aumento para los estatales y condicionó una mejora a la recuperación de ingresos producto de las regalías petroleras y a futuras negociaciones de ayuda financiera con el gobierno nacional. "Hasta que no tengamos nada asegurado, no podremos dar ningún ofrecimiento distinto", afirmó.

Allí se había sellado el compromiso de volver a discutir pauta salarial en el segundo semestre, que empezará a debatirse esta semana. El propio Peralta estuvo preparando el terreno para la reunión con los sindicatos. "Hicimos un esfuerzo muy grande en el primer semestre pasando de pagar 400 a 700 millones de pesos", explicó al referirse al monto mensual en sueldos que paga la administración. Ante esas declaraciones, los gremios empezaron a fijar postura. "Nos quedaron pendientes dos puntos clave en torno a sumas fijas de aumentos para los 620 médicos de la provincia y los profesionales universitarios de los hospitales", explicó a la nacion Hugo Jerez, referente de Aprosa, gremio de los profesionales médicos, quienes mantuvieron un paro por cerca de 40 días sin conseguir incrementos salariales y levantaron la medida.

"La situación financiera es delicada en casi todas las provincias. Las que cobran regalías tienen más aire, pero son sólo cinco. Las otras están ahorcadas. El segundo semestre va a ser complicado", describió Julio Fuentes, titular de ATE nacional.

En paralelo, corre un conflicto siempre latente: el salario de los municipales. ATE calcula que el 50% de los empleados de todo el país, alrededor de 800.000, cobran sueldos inferiores al salario mínimo ($ 3600). Por eso, prepara para el 8 de agosto una protesta en todo el país.

La mayoría de las provincias enfrenta caídas en el nivel de actividad y economistas advierten que el panorama fiscal se complicará en el segundo semestre.

Las provincias atravesaron holgadamente el primer trimestre del año registrando un importante superávit fiscal. Sin embargo y pese a que se espera que los recursos conserven el buen ritmo, los analistas prevén que el gasto se acelerará y se revertirá el resultado positivo.

De esta manera, la consultora especializada espera que los ingresos crezcan un 32% y los gastos un 34,6%. De convalidarse estas cifras, las provincias afrontarían un déficit primario de $ 5.000 millones y un rojo financiero de $ 17.0000 millones. Incluyendo el pago de amortizaciones, la brecha financiera ascendería a $ 37.440 millones, que deberán conseguir los estados subnacionales para cerrar el ejercicio.

“Como siempre, la variable clave será el gasto en personal. La implementación plena de los aumentos anunciados acelerará la dinámica de la partida a partir del segundo trimestre. De esta manera, cerraría el año con una suba acumulada del 36%. Este gasto alcanzaría los $348.273 millones, explicando el 56% del gasto incremental y absorbiendo el 54% del gasto total”, apuntaron en Economía & Regiones.
Por otro lado, Ecolatina prevé un año con importantes complicaciones fiscales para las provincias dado que las presiones sobre el gasto son elevadas y los ingresos se desacelerán como consecuencia del menor nivel de actividad.

“A diferencia de la Nación, que es asistida por el Banco Central y se ve beneficiada por el efecto de la devaluación en los recursos del comercio exterior, las provincias no pueden emitir para financiar su déficit, sus gastos son muy inflexibles a la baja (el 50% corresponde a salarios) y el efecto positivo de la devaluación alcanza a sólo 2% de sus ingresos totales”, destacaron en la consultora.

En ese sentido, de acuerdo con cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el resultado fiscal positivo de las principales provincias en el primer semestre debe tomarse con cierta precaución porque en la segunda mitad del año generalmente se suele acelerar el gasto. “El impacto de las subas salariales otorgadas por las distintas administraciones provinciales se concentra en la segunda parte del año. Asimismo, no debe dejarse pasar el hecho de que las provincias dejaron de pagar en la primera mitad del año unos $ 4.000 millones de servicios de la deuda con el gobierno nacional y aún no se ha resuelto si el mismo se extenderá a lo que resta de 2014, estando en juego servicios de deuda en este marco por otros

$ 5.000 millones aproximadamente”, explicaron desde el Iaraf.
Respecto a las formas de financiamiento, los economistas consideran que el conflicto con los holdouts y la posibilidad de un default cambió el escenario. “Según un relevamiento de los presupuestos provinciales disponibles, este nivel de gobierno preveía a fines del año pasado un endeudamiento de $ 30.000 millones para este año pero deberán ajustar sus previsiones de obtención de financiamiento al nuevo escenario de menores disponibilidades”, advirtieron desde el Iaraf.

En Ecolatina coincidieron en que el endeudamiento era central para cerrar las cuentas provinciales este año y en uno de sus últimos informes estimaron que las necesidades de financiamiento llegarán al 1,5% del PBI ($ 45.000 millones).