El viernes, a su paso por Pico Truncado, Daniel Peralta anunció que utilizará el dinero proveniente del impuesto inmobiliario minero en el financiamiento del sistema de salud pública. “Tenemos pensado destinar todo este dinero a nuestro sistema de salud pública y al sostenimiento del régimen previsional de los santacruceños”, marcó.
El tema se instaló nuevamente en la opinión pública cuando este diario publicó que a un año de su sanción, sólo tres de las seis mineras pagaban el tributo y que de 150 millones que anualmente el Gobierno había proyectado recaudar, solo se percibieron 3.8.
Pero además TiempoSur reveló que las operadoras de metales, habían generado una ronda de reuniones con el Gobierno, bajo la premisa de buscar que la norma sea derogada y reemplazada por un aporte voluntario al sistema de salud, algo que el Ejecutivo rechazó de plano.
En la última semana Peralta insistió en que llevaría a las mineras reticentes ante la Justicia, aunque fuentes bien informadas indicaron a este medio que las operadoras mostraron su “voluntad de pago” por cuanto recursos tributarios se encuentra estableciendo la ingeniería de cobro del tributo que no tiene carácter mensual.
Ayer, este diario consultó al referente de la asociación de Profesionales de la Salud, Hugo Gerez, respecto de este último anuncio, mediante el cual se destinarán alrededor de 20 millones mensuales a los hospitales públicos.
Para el dirigente existe una “contradicción” ya que “por un lado dicen que la salud pública está bien y por otro que deben destinarse esos dineros porque hay problemas”. “Ojalá, nosotros sabemos que los hospitales necesitan, por lo menos aquellos de nivel 8 como el de Caleta y Río Gallegos, unos 7 millones de pesos para poder funcionar de manera mensual y está llegando la mitad”.
Gerez indicó que “la situación de crisis viene desde hace tres o cuatro años haciéndose más compleja, hoy por hoy estamos en los hospitales con directivas de que la gente traiga sus medicamentos, su ropa para cuando estén internados, así que la situación se ha ido desmejorando” marcó, acotando que a esto se suma la discusión salarial porque “seguimos con inequidades”.
El referente de Aprosa manifestó más tarde que la crisis no se resuelve porque, así como la educación “son dos temas fundamentales a mejorar para la población, es importante que haya una educación y una salud pública de calidad” algo que a todas luces “no se da y tiene que ver también con el mantenimiento que se debe hacer, la situación es compleja y vamos en detrimento siempre con relación a los ingresos que deben llegar”
Consultado respecto de si acaso la gestión de Vizconti al frente del Ministerio ha generado algún cambio, el dirigente opinó que “no cambió demasiado, desde un principio la gestión Vizconti fue inexistente”. Así las cosas “realmente hay problemáticas que se dan en los diferentes hospitales y donde los mismos directores que son puestos políticos hoy hacen críticas al sistema porque falta decisión política y gestión permanente”.
Finalmente, vale recordar que al inicio del año parlamentario, en su discurso inaugural de sesiones ordinarias, el Gobernador marcó que durante 2014 se destinará el 10% de los gastos totales presupuestados del ejercicio actual, por cuanto, la proyección ascendió a más de 1.404 millones de pesos, incrementando la inversión en salud en 400 millones respecto del año anterior.
En la víspera TiempoSur publicó que, por imperio del Artículo 108 de la Constitución Provincial, que dice que cuando se cumplen dos años de un proyecto en comisiones queda sin efecto, se pasó al archivo el proyecto para gravar un canon a las transferencias mineras.
En diálogo con este diario, el diputado Héctor Roquel indicó que el canon cayó “sin la posibilidad de discutirlo, todos los proyectos pueden tener cosas positivas o a objetar, pero no existió la posibilidad de debatirlo”. “Yo creo que era un tema trascendente porque sabemos cómo funciona el negocio de la minería, qué tipo de operaciones se dan en el extranjero” argumentó luego, marcando que estas empresas “están negociando en definitiva con los recursos naturales que le pertenecen a los santacruceños y el estado santacruceño, o la sociedad, no obtienen ningún beneficio de esas negociaciones”.
Vale recordar que la iniciativa había sido presentada por la justicialista Selsa Hernández, bajo la premisa de habilitar al Gobierno a gravar las transferencias de dominio de empresas, que son concesionarias de yacimientos mineros en Santa Cruz.
Este proyecto establecía una contribución especial de carácter extraordinario de un 10% a toda cesión de derechos y acciones que surjan de concesiones mineras o venta de propiedades mineras, calculado sobre el precio de dicha transferencia, y además se establecía una contribución especial de carácter extraordinario mas otra de carácter especial que se distribuía en un 40 por ciento de los ingresos a las municipalidades y comisiones de fomento, y el restante 60 por ciento de los ingresos a Rentas Generales de la provincia.
Para Roquel, la sesión del jueves -última antes del receso invernal- “sintetiza lo que ha pasado durante todos los meses anteriores, las comisiones no funcionan y los despachos vienen hechos desde el bloque mayoritario”
En este punto, cuestionó que en la última sesión se aprobaran despachos de comisiones de leyes “de una magnitud, en apariencia muy importante”, en clara referencia a la creación de la Agencia de Desarrollo Provincial, donde “se crea un nuevo Banco y no se compadece para nada con las prescripciones de la Ley de Entidades Financieras” cuestionó, mencionando también otro despacho surgido esta semana a partir del cual “se modifica la Ley 160 y habilitan los pagos en efectivo por parte del Estado”
Así las cosas, el Poder Legislativo “no cumple el rol d
