Los documentos que dan cuenta del acta de la sesión clave con la que el Comité de Ministros resolvió rechazar -el pasado 10 de junio- el proyecto HidroAysén, desarrollado por Endesa y Colbún, fueron dados a conocer por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Hasta el cierre de esta edición la empresa no había recibido la notificación oficial y se espera que ello ocurra el lunes.
En los textos se desarrollan los principales argumentos de la votación, relacionados a la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación; la inexistencia de una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efecto de cambio de la hidrología de los cursos alterados, y la inconsistencia respecto de la línea base declarada por el titular del proyecto.
Además, se deja constancia de la opinión de los integrantes del comité: los ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier; Energía, Máximo Pacheco; Minería, Aurora Williams; Agricultura, Carlos Furche; Economía, Luis Felipe Céspedes, y Salud, Helia Molina.
De acuerdo con los documentos, en la sesión que definió el futuro de HidroAysén el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, puntualizó que la firma manifestó su disconformidad con la decisión adoptada el 30 de enero por el Comité de Ministros de la anterior administración -que resolvió parcialmente sobre las 34 reclamaciones que se hacían al proyecto y encargó nuevos estudios.
Una de las consultas que realizó el titular de Energía, Máximo Pacheco, fue sobre el total de observaciones realizadas en el proceso de participación ciudadana, frente a lo cual se le aclaró que se recibieron 10.069 documentos, de los cuales 1.548 fueron declarados admisibles. El ministro de Economía, en tanto, preguntó si podría decirse que hubo una mala evaluación del proyecto por parte de las autoridades ambientales. Frente a ello, los funcionarios del SEA respondieron que todos los temas relevados en la sesión fueron oportunamente requeridos al titular de la iniciativa.
Al momento de la votación -que fue unánime- Pacheco quiso dejar constancia de que la decisión obedecía a que el proyecto no cumplía con el estándar establecido en la normativa, “pero en ningún caso debe interpretarse como un cuestionamiento a la posibilidad de utilizar los recursos hídricos del país, y especialmente de la región”.
Cuando el proyecto fue paralizado, Colbún y Endesa ya habían gastado unos US$ 320 millones en estudios, de una inversión total estimada en alrededor de US$ 9 mil millones (considerando la línea de transmisión).
HidroAysén consideraba la instalación de cinco centrales hidroeléctricas -dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en Aysén- y aportaría 2.750 MW, con una capacidad de generación media anual de 18.430 GWh
Sólo una vez recibida la notificación oficial -lo que sucederá probablemente mañana martes- los equipos legales de los socios del proyecto HidroAysén (Endesa con 51% y Colbún 49%), y también la misma empresa, comenzarán el análisis de los argumentos esgrimidos por el Comité de Ministros que en junio pasado revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa y luego la rechazó.
El viernes, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó en el expediente las resoluciones del comité, que acogieron las reclamaciones presentadas por los opositores al proyecto.
Fuentes cercanas a uno de los accionistas señalan que el camino más probable es que se recurra al Tribunal Ambiental de Valdivia, para lo cual la sociedad tiene 30 días, por lo que el recurso se presentaría hacia la segunda quincena de agosto. Sin embargo, para que ello suceda Endesa y Colbún deben estar plenamente de acuerdo.
Las fuentes indican que desistir del camino legal -una de las alternativas que se ha barajado- podría complicar a los directores de las firmas, ya que se expondrían a posibles acciones judiciales por parte de accionistas minoritarios, disconformes con el efecto económico negativo que tendría para las firmas dar por perdidos los US$ 320 millones que hasta ahora se han gastado en estudios ambientales para el proyecto.
