Los principales temas que pasarán por la agenda del Ejecutivo y de la Legislatura, muchos -como PASO, Ordenamiento Territorial y Educación- son de vieja data.
En tanto, la definición sobre la nueva ley de petróleo que pretende la Nación y la problemática en el sector de la OSEP son planteos relativamente nuevos.
A continuación se realiza un repaso sobre el estado de cada uno y las posibles derivaciones de los mismos.
Primarias Abiertas y Obligatorias. Por su incidencia en los costos del Estado provincial, el tema de las PASO provinciales deberá tener una definición anterior al comienzo del análisis conjunto del Presupuesto 2015, a partir de setiembre.
Por lo tanto, está próxima la conformación de la comisión de seguimiento de este tema, integrada por dos diputados, dos senadores, dos miembros de la secretaría electoral y dos intendentes.
Ordenamiento territorial. En tanto, existe un doble reclamo de aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. Desde el ministerio de Tierras y desde Irrigación, sus titulares Guillermo Elizalde y José Luis Álvarez, respectivamente, subrayan la necesidad de dar fuerza legal a una política de Estado 'para el abordaje integral del territorio mendocino entre lo urbano y lo rural, lo irrigado y no irrigado'.
Petróleo y minería. Con la presencia en Argentina de los jefes de Estado de Rusia (el sábado) y China (la semana que empieza) y la presentación del proyecto nacional de la nueva ley petrolera ante los inversores, el gobernador Francisco Pérez deberá definir en los próximos días a quién se acerca más en su postura intermedia entre el CEO de Miguel Gallucio (YPF) y el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag.
Su propuesta de incorporar a los petróleos pesados en el régimen de inversiones del crudo no convencional tiene chances de aceptación en la Nación.
Pero casi ninguna de sus pretensiones de cobrar regalías de hasta el 15% (el proyecto nacional habla de un tope de 12%) y de reducir el mínimo de inversión requerida por debajo de 250 millones de pesos para permitir una mayor intervención de la empresa provincial Emesa junto a pequeños inversores.
En materia petrolera existe también un proyecto de ley de los senadores nacionales de la UCR, Laura Montero y Ernesto Sanz, que -aunque también fija un techo del 12% en las regalías- permite a las provincias cobrar un canon anual y crea un Consejo Federal de Hidrocarburos que participa en la elaboración del Plan Estratégico Hidrocarburífero Nacional.
En tanto, se espera que antes de fin de año inversores rusos refloten el proyecto minero San Jorge, en Uspallata. Proponen una explotación interprovincial con procesamiento del material en San Juan. E impulsan una presentación de la declaración de impacto ambiental en el último trimestre de este año.
El tema -siempre resistido por organizaciones ambientalistas- le presentará un desafío de definiciones al gobernador Francisco Pérez quien -como candidato en 2011- dejó caer el anterior proyecto para no perder chances electorales.
El agua del Atuel. En el diferendo con La Pampa por las aguas del Río Atuel, el gobierno provincial buscará desestimar al demandante privado de La Pampa y dedicarse a responder sólo a la demanda del gobierno pampeano por 'daño ambiental'.
Los argumentos de la provincia apuntan al problema del retroceso de los glaciares (que origina la actual crisis hídrica) y al cumplimiento mendocino en la realización de obras previstas que incluyen un acueducto de agua surgente hacia La Pampa.
Bicameral de Educación. Aunque el tratamiento de la ley provincial de Educación ha tenido momentos de avance en la Comisión Bicameral en los últimos cuatro años, el reciente recambio legislativo provocó que hoy la comisión carezca de autoridades.
Se descuenta que esta ley integrará la agenda de temas legislativos que acordarán el oficialismo y las oposiciones. En tanto, temas como el financiamiento educativo y el sistema de calificación aún permanecen pendientes de definición.
La salud y la OSEP. El gobierno provincial propone un acuerdo con los anestesistas que contempla el pago por hora de trabajo y no por operación. Mientras existe un reclamo millonario de los profesionales, sobre cuyo monto de deuda aún no hay un acuerdo final.
En tanto en la OSEP, se preparan anuncios de supresión de áreas jerárquicas. Todo en el marco de un entendimiento 'obligatorio' entre el ministro de Salud, Matías Roby y el titular de la obra social, Alberto Recabarren.
En las planillas oficiales sobre los 600 salarios brutos de empleados públicos que superan los ingresos del gobernador, figuran 46 integrantes de la OSEP.
Uno de ellos, en el Hospital de El Carmen, aparece con 82.400 pesos. Mientras en los hospitales Scaravelli, General Alvear y Paroissien figuran tres profesionales médicos con brutos superiores a los 70 mil pesos.