Las irregularidades detectadas sobre el lado mendocino del Río Atuel encendieron todas las alarmas en Fiscalía de Estado. Hace unos días se advirtió sobre la existencia de tres tomas sin regulación que se llevan parte del caudal en forma permanente. El problema, si bien existe desde hace años, lo puso sobre la mesa la Cámara de Comercio de General Alvear como un tema a solucionar y contó con el acompañamiento de un pedido de informes del diputado radical Gustavo Villegas al Departamento General de Irrigación (DGI). Por su parte, desde esta entidad dijeron estar “trabajando” en el tema.

A esto se suma otro pedido de informes, también al DGI, por parte del fiscal subrogante Javier Fernández, quien lleva adelante hoy por hoy la principal defensa de la provincia contra La Pampa y un particular por dos causas iniciadas en torno al aprovechamiento del Río Atuel. A su vez, entre hoy o el lunes, el organismo de control pedirá al ministro de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde, que se aboque a investigar el mismo tema con la finalidad de “cruzar los controles”, según señaló Fernández.

Nuevo frente

Así, Fiscalía de Estado pretende cerrar un posible frente de batalla que se abrió hace un tiempo y que termina por jugarle en contra a la provincia frente al conflicto con La Pampa. En la sucesión de los hechos del proceso judicial iniciado, Mendoza se presentó ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 24 de junio con su respuesta por la demanda hecha por Miguel Palazzani, un abogado que en calidad de particular demandó a la provincia por daños ambientales.

Pero el problema no termina ahí: el Estado pampeano recurrió a la misma Corte nacional por el mismo tema. De este juicio todavía no hay notificación en Mendoza, aunque acá ya preparan las respuestas. Justamente, las diferencias entre los argumentos presentados contra el particular y los que se darán contra la provincia tienen que ver con una cuestión de estrategias.

En el primero, la contestación se reforzó en desestimar a Palazzani como demandante a una provincia, argumentando que al vivir en Bahía Blanca no se puede considerar como un particular afectado. Esto permite a la Fiscalía de Estado no mostrar las cartas y reservarlas para el segundo caso, en el que usará como argumentos los estudios realizados con universidades y los datos de las obras realizadas.

Es aquí en donde las irregularidades detectadas pueden restar a los argumentos mendocinos, teniendo en cuenta que, al notificar, la Corte pide cuentas a la provincia de las obras realizadas para el aprovechamiento del agua. Es por eso que Fiscalía promete hacer todos los esfuerzos por cerrar este posible frente, en este caso, con pedidos de informes.

Río revuelto

El problema existe, según dicen desde Irrigación, desde hace 80 años y está vinculado a la apertura de desviaciones que usan el agua sin ningún tipo de regulación. “Es agua que se va hacia un caserío en donde después la potabilizan”, explicaron desde el DGI. La localización de estas aperturas es arriba del dique El Nihuil: del lado de San Rafael se registra la toma Coihueco y La Junta, y del lado de Malargüe está la toma El Sosneado.

Estas tres desviaciones carecen de todo tipo de regulación y perjudican a aquellos que están por debajo del dique. Justamente, estos regantes están privados del agua en la época de corta (desde febrero a agosto) con el propósito de que el dique contenga y acopie el agua que viene desde arriba y que es interceptada por las tomas.

Con estos puntos en claro es que se entiende la bronca que se materializó en el pedido de la Cámara de Comercio de Alvear. “La inquietud nuestra es que arriba se sigue sacando agua permanentemente, agua que no va a engrosar la acumulación en los embalses. Nosotros hacemos el sacrificio pero allá arriba no se aplica la misma metodología”, dijo Ariel Romero, titular de esta entidad.

Sobre esto, el diputado radical pidió que Irrigación informe qué se está haciendo, a la vez que citó a la Legislatura al superintendente del organismo, José Luis Álvarez. “Las tomas están permitidas siempre y cuando se haga la derivación y vuelvan a meterse al río. En el caso de estas tres tomas que consideramos, hicimos un pedido para ver si están empadronadas, si tienen los mismos derechos y obligaciones del embalse hacia abajo. Nosotros sobrevolamos esa zona y encontramos muchas de las tomas donde el agua se pierde, no permitiendo la acumulación en el invierno”, señaló Villegas.

En torno a esto, desde Irrigación dijeron estar trabajando en el lugar para poner medidores de agua que garanticen el agua necesaria para el consumo humano, pero que a partir de allí se corte el suministro. Dijeron que las obras destinadas a este fin son de $ 350 mil. En torno a esto, en la Cámara de Comercio de Alvear se mostraron conformes con el trabajo realizado, aunque en la Legislatura y en Fiscalía esperan, atentos a la influencia que tiene el tema sobre los procesos judiciales iniciados.