Vecinos de Esquel a favor de un desarrollo minero e incluso legisladores, entre ellos el diputado Gustavo Reyes venían advirtiendo que tras revisar las firmas recolectadas por las asambleas ciudadanas con el objeto de promover el Proyecto de Pey de Iniciativa Popular que apunta a  establecer “parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones minera”, se detectaban irregularidades como firmas de menores de edad, firmas de ciudadanos que no viven en la provincia e incluso hasta plantearon la existencia de firmas de ciudadanos inexistentes o falsificadas. Esto fue desmentido categóricamente por los impulsores de la iniciativa y se respaldaban en el hecho de que esas firmas habían sido certificadas por una escribana.

A poco de que el proyecto tenga Estado Parlamentario, la propia legislatura devolvió a la Justicia Electoral el proyecto para que se analice si se ha cumplido con la legislación vigente que regula las formas y parámetros para que se considere dentro de lo legal la recolección de firmas que avalan el proyecto de ley de Iniciativa Popular.

El diario El Patagónico publicó este martes una entrevista al secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup Gerber, quien aclaró que el proyecto que impulsaba un grupo de ambientalistas que presentó más de 10 mil firmas fue devuelto por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, con una nota desde la Comisión de Asuntos Constitucionales donde deja asentado que devuelve el proyecto invocando que no se cumplió con el sistema de recolección de firmas.

“No se habría adecuado a la ley que reglamenta la recolección de firmas”, aseguró el secretario del Tribunal, Jean Loup Gerber. Y aclaró que en los próximos días se convocará al Tribunal para resolver la cuestión o se analice la nota que envió la Legislatura.

Asimismo, agregó “ya se dictaminó y mandamos el trámite donde ellos objetan. Pareciera que la nota no es muy clara; no se habrían cumplido con todos los pasos de la ley”, dijo.

Asimismo, el secretario aclaró que hay una ley de Iniciativa Popular en la que en su momento el Tribunal entendió que era la adecuada, donde el único requisito era verificar que el 10% del listado estuviese empadronado en la provincia.

“La semana próxima se entra en feria. Hay que apurar los pasos para concretar una reunión antes; pero la decisión del Tribunal fue unánime”, manifestó Gerber.

INICIATIVA POPULAR ANTIMINERIA  

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Héctor Trotta, indicó que la Junta Electoral de la Provincia a la hora de elevar el proyecto a la Legislatura, envió una nota, “con una descripción del procedimiento que hizo esa Junta Electoral y en donde aparentemente se había omitido la ley que establece y regula el mecanismo de la recolección de firmas y que fue sancionada en la gestión pasada”.

“Simplemente hicimos una consulta, sobre si se había tenido en cuenta esta ley que establece determinadas normas, como es el tema del control de la calidad de elector que tiene cada uno de los firmantes de la nota en las últimas elecciones nacionales, el contar con el proyecto en cada una de las hojas, y la mecánica de certificación que se hizo por muestreo y solamente sobre la primera muestra”, informó el legislador indicando que el Tribunal Electoral habría implementado en su procedimiento una ley previa a la vigente.

“Si no hubiera una percepción que generara dudas, no se habría elevado la consulta (al Tribunal Electoral)” sostuvo Trotta evitando adelantar si se estaría ante un erro de parte de ese Tribunal Electoral, “eso lo corroboraremos con la repuesta. Además de ser el máximo Tribunal Electoral de la Provincia está integrado por personas”.

El diputado aseveró que el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales “fue por unanimidad”.

“Le pedimos un dictamen al asesor letrado, quien plantea la necesidad de hacer la consulta al Tribunal porque coincide con que se deja un espacio de dudas respecto a la aplicación de la legislación vigente”, concluyó.

Mientras tanto, los plazos legales para el tratamiento del proyecto de ley siguen corriendo.

*El diputado del Frente para la Victoria hizo referencia a la devolución al Tribunal Electoral del proyecto de la iniciativa popular que avala el no desarrollo de la megaminería.

Habiéndose conocido que la iniciativa popular del proyecto de las asamblea de ambientalistas de la provincia condensada en un proyecto acompañado por 13 mil firmas avalando el no desarrollo de la megaminería en Chubut, fue devuelto por la Legislatura al Tribunal Electoral, fue consultado el diputado provincial, Dr. Héctor Trotta. Dijo: “Según el dictamen que nos hizo llegar el asesor letrado Dr. Meza, el expediente fue remitido al Tribunal Electoral para que verifique si se había dado cumplimiento a la ley que establece la normativa vigente para el procedimiento de recolección de firmas en el marco de la iniciativa popular”.
Agregó: “Esperamos la respuesta para la primera reunión después del receso”.
Completó su información: “Lo que se plantea en la asesoría legal de la Cámara de Diputados es que no se habría dado cumplimiento a una de las normativas que están vigente de la conocida Ley Touriñán que es del período pasado en la cual se establecen mecanismos para la recolección de las firmas y de alguna manera reglamenta el artículo que la Constitución establece de modo que, lo que pedimos, es una verificación para ver si se dio cumplimiento a esa ley. Nada más que eso”.

“No se pueden vulnerar los procedimientos”

Finalmente, Trotta señaló: “El Tribunal Electoral se reunirá en la semana y hará la evaluación que estamos solicitando y tendrá que devolverlo a la comisión el primer miércoles luego del receso. No se dilatará porque es interés de los diputados darle tratamiento lo antes posible, pero tenemos que tener en claro que no se pueden vulnerar lo procedimientos que están establecidos por ley. Y si los diputados no cumplimos con la ley, estamos en un problema serio”.

El diputado provincial Héctor Trotta, del Frente para la Victoria, confirmó que el miércoles la comisión que discute el proyecto de iniciativa popular para prohibir la megaminería en Chubut, se reunió con la Unión de Asambleas Ciudadanas. Allí se leyó el dictamen del asesor legal de la Legislatura, y se devolvió el expediente al Tribunal Electoral Provincial, para que verifique si cumplió con la ley vigente para la recolección de firmas, en el marco de una “iniciativa popular”.

Jorge Mesa, asesor legal de Legislatura, explicó que no se habría cumplido con la “Ley Touriñán” sancionada en el período legislativo anterior, que establece mecanismos para la recolección de firmas, y en ese marco es que se pide al TEP que haga la verificación correspondiente.

Trotta estimó que el Tribunal evaluará el expediente remitido, y la devolución se producirá en el primer miércoles de actividad legislativa, después del receso de invierno. “No se dilatará porque es interés de los diputados tratar el tema lo antes posible; se debe tener en cuenta que no se pueden vulnerar los procedimientos, porque si los diputados que hacemos leyes no hacemos cumplir las normas, estamos en un serio problema”, afirmó.

En lo político, Trotta indicó que no está trabajando para ninguna candidatura en Esquel, por considerar que no es tiempo aún, ya que la gente tiene otros problemas que se deben resolver y no tienen nada que ver con lo electoral. “Cuando decida hablar de candidaturas, se van a enterar porque soy un hombre de la política y conozco la ciudad”.

Dijo estar muy preocupado por la provisión de gas en garrafas en la zona noroeste, y en Esquel, ya que en el primero de los casos se firmó un convenio con Coopetel para el suministro, pero nunca fue a la Legislatura para su ratificación, y en la ciudad el proveedor no tiene cupo para recibir las garrafas.

Trotta lamentó que pase el invierno y el asunto no esté resuelto, cuando había un compromiso de regularizar la entrega a principios de este mes. La carga que llega a Esquel sólo alcanza para abastecer un cuarto de la demanda, habida cuenta la cobertura para localidades vecinas, como Corcovado. Asumió el compromiso de consultar a funcionarios provinciales por una respuesta para los proveedores.