Funcionarios del Gobierno delinearon una propuesta de pago a los fondos buitre con la que intentarán sortear la cláusula RUFO de los bonos de la deuda reestructurada, que prohibe elevar la propuesta de los canjes de 2005 y 2010. La opción consiste en establecer un mecanismo que permita activar el pago de la sentencia por u$s 1.500 millones desde el 1º de enero.

La propuesta de pago que está en estudio consiste en entregar a los holdouts un bono pagaré intransferible, que quedaría en poder de los acreedores hasta el primer día de 2015, cuando vence la cláusula RUFO. Esos pagarés luego se cambiarían por bonos negociables, que los fondos buitre podrán trasformar rápidamente en efectivo en los mercados como hizo Repsol con los títulos que recibió como pago por su parte de YPF.

La cláusula RUFO dispone que el Gobierno debe igualar a quienes entraron al canje cualquier oferta superadora que hiciera a otros acreedores privados. Es el principal escollo para efectuar una propuesta de pago a la sentencia del juez Thomas Griesa a favor de los fondos NML Capital, Aurelius y otros por u$s 1.330 millones, que con intereses ya supera los u$s 1.500 millones.

Griesa ordenó pagar esa suma en efectivo y de una vez antes de que el país continuara con sus pagos de deuda regular. Entendió que así se cumpliría con la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario de los bonos en default que los holdouts reclamaban.

La interpretación sobre la cláusula RUFO está dividida. Hay abogados que sostienen que cualquier forma de pago en sede judicial no se interpreta como “oferta voluntaria”. Pero otros entienden que el único pago no voluntario sería el acatamiento íntegro de la sentencia, es decir, el pago en efectivo y total.

Ante esa duda, el Gobierno no quiere correr riesgos. Es lo primero que le dejó en claro el ministro de Economía, Axel Kicillof, al mediador designado por Griesa, Daniel Pollack, en la reunión del lunes. En ese encuentro, Argentina no avanzó en la propuesta de pago y pidió la reposición de la medida cautelar que blinde los pagos de la deuda reestructurada para negociar con tiempo, con la idea de llegar a 2015.
Pero los holdouts requieren avances concretos en la negociación para acompañar el pedido argentino. La propuesta del bono pagaré cumpliría esas condiciones. El pago recién se activaría en enero y hasta entonces habría una propuesta de pago rubricada en la Justicia de Estados Unidos.

Pollack se reunió ayer con los fondos buitre y el mañana volverá a recibir a la delegación argentina. Al cierre de esta edición, Economía no había confirmado si viajaba Kicillof. En caso que el ministro no viaje, los representantes del país serán los secretarios de Finanzas y Legales, Pablo López y Federico Thea.

Pollack manifestó a las partes que las negociaciones deben ser continuas y mostrar avances en cada encuentro. El special master recibió a los holdouts a fines de la semana pasada, el lunes a Kicillof, y Economía no descartó que mañana ambas partes estén presenten en la sala de reuniones. El mediador dijo que la artillería cruzada fuera de la mesa de negociaciones importa poco y nada: podrá seguir el fuego cruzado siempre y cuando se muestren avances.

Por ahora, las partes siguen muy alejadas en lo formal. Pollack transmitió a Kicillof que lo más rápido sería pagar el 100% de la sentencia en efectivo, tal como solicitaron los litigantes. El ministro explicó de forma pormenorizada que, en su opinión, eso activaría demandas adicionales por u$s 15.000 millones de cumplimiento inmediato, que serían imposibles de pagar.

Sin embargo, la sensación de acuerdo está instalada en el mercado, que sigue apostando a los bonos argentinos a pesar de que si no hay acuerdo, el país entrará en default en veinte días.

No será fácil convencer a Thomas Griesa, que aún permanece en su rancho de Montana, sobre la alternativa de que deje por escrito, explícitamente y ante un eventual acuerdo entre Argentina y los fondos buitre, que el país llega a la necesidad de liquidar la deuda con los holdouts de manera "involuntaria" y obligada por un fallo del magistrado. Los primeros sondeos, por ahora preliminares, que recibieron desde el juzgado de Griesa abogados implicados en las negociaciones es que el magistrado neoyorquino por ahora no considera que tenga necesidad de avanzar hacia ese criterio y que, en todo caso, la letra de su fallo primario de 2012 ya debería cubrir a la Argentina. Griesa, además, deslindó por ahora toda responsabilidad de cualquier decisión y volvió a derivar toda cuestión negociadora a Daniel Pollack.

Según Griesa, su fallo de primera instancia habla de la obligación de la Argentina de pagar al contado unos u$s 1.330 millones a los cinco fondos buitre y unos 13 argentinos; además de los embargos a los pagos que realice el país en bancos de los Estados Unidos si no realizara esa liquidación, según un interpretación "ad hoc" de la cláusula "pari passu". Además incluyó una definición por la cual aclara que la sentencia "es de aplicación exclusiva a los bonistas" que ganaron el juicio y que no debería extenderse hacia otros casos que eventualmente se presenten. Según lo que Griesa les deslizó a algunos, únicamente con esta aclaración que en su momento impuso el juez en su fallo de 2012, debería alcanzar para que el país le pague a los bonistas que ganaron el juicio sin que se aplique la temible cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO); por la cual habría que pagarles a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 lo mismo que a los fondos buitre. Varias veces en las audiencias de los últimos meses Griesa incluso se mostró molesto cada vez que Argentina le planteaba esta situación, volviendo a la redacción de su fallo.

El problema es que, según insisten los abogados que representan a la Argentina del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), la letra fina del párrafo no libera al país de la presentación de juicios futuros de bonistas que se sientan perjudicados por el eventual pago del país; con lo que podrían abrirse otra catarata de juicios que dependerán de las interpretaciones de cada magistrado que trate cada caso. Luego, como seguramente habría nuevas apelaciones a segunda instancia, la finalización "juicio del siglo" se extendería en el tiempo con final imprevisible. Por esto se insiste en que debe ser el propio Griesa el que deje constancia más explícitamente aclarando que el pago que haría el país es "involuntario".

El que parecería, según una interpretación local que se dio luego del encuentro con el ministro de Economía Axel Kicillof, es el "special master" Daniel Pollack. El mediador habría escuchado atentamente hace una semana al abogado Carmine Bocuzzi y el lunes al ministro, y comprendido la importancia de saltear la RUFO para que cualquier acuerdo serio y sólido que libere al país de cualquier potencial juicio. O que al menos le dé más herramientas futuras para enfrentar judicialmente estas eventuales demandas.

Pollack continuará hoy con su trabajo cuando reciba a los abogados de la parte litigante. Por los fondos buitre concurrirán a la oficina del negociador en Park Plaza, Robert Cohen por Elliot y Stephen Poss y Robert Carroll por Olifant. En el encuentro de hoy podría hablarse de la alternativa que sea los propios fondos buitre los que le pidan a Pollack, y luego a Griesa, que reponga el "stay" y le permita al país pagar los vencimientos del 30 de junio pasado.

Robert J. Shapiro y Nancy Soderberg, los dos presidentes de la American Task Force Argentina (ATFA), visitarán Argentina para recolectar información y reunirse con "formadores de opinión", según publicó hoy el diario El Cronista.

La ATFA es mantenida por Paul Singer a través de Elliot Management Corporation, el grupo que también controla NML Capital, el fondo buitre que lidera la demanda contra Argentina, y funciona como un lobby para luchar por los intereses de los buitres. Recientemente publicaron el sitio FactCheckArgentina para "contrarrestar los mitos argentinos sobre la disputa de la deuda".

En la reunión que celebró el lunes Axel Kicillof con Dan Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa, el ministro de Economía solicitó una nueva suspensión de la ejecución del fallo mientras duren las negociaciones.

Según Economía, “reponer el stay sería necesario ya que el caso involucra no sólo a los litigantes, sino que también se podría extender a todos aquellos bonos que no ingresaron a los canjes; y que obstaculizaría el cobro a los tenedores de los canjes 2005 y 2010”.

Griesa tiene el poder de restituir la medida cautelar cuando quiera pero durante la audiencia que tuvo lugar hace dos semanas, este veterano de la justicia estadounidense dijo que el tema debía ser negociado entre las dos partes.

En plena negociación para evitar el default técnico, y con la visita en el país de dos representantes de la American Task Force Argentina (ATFA), continúa en escalada la guerra verbal entre el gobierno argentino y los fondos buitre.

Luego de la respuesta del ministro de Economía, Axel Kicillof, al gerente del grupo Elliot, Jay Newman, a través del diario Financial Times, la entidad que agrupa a los holdouts avanzó con una solicitada que fue publicada primero en medios internacionales y hoy en diarios locales, en la que insiste en que la Argentina no quiere negociar el pago de la sentencia y que, por ello, “se ha colocado al borde del default”. En el comunicado, ATFA acusa al país de haber avanzado en una campaña de desinformación a partir de tres mitos: que un grupo reducido de acreedores y un juez de Nueva York está impulsando al país al default; que si la Argentina paga a los holdouts, deberá pagar u$s 15.000 millones de sus reservas en el futuro inmediato; y que el país necesita una decisión judicial que le dé más tiempo para negociar.

Pero la administración de Cristina Fernández no se quedó de brazos cruzados y contraatacó con otra solicitada, que publicó ayer en el diario Washington Post y que hoy será replicada en otros periódicos internacionales. En ese paper, el Gobierno acusó a los fondos buitre de mentir, injuriar y extorsionar al país y, así como ellos estructuraron la solicitada en base a mitos sobre la negociación con la Argentina, la administración K transformó esos mitos en las “mentiras” de estos grupos de bonistas.

“Primera Mentira de los fondos buitres: ‘La Argentina se niega a negociar y elige el default‘. La Argentina ha dado sobrada evidencia de su capacidad de negociación”, dice la solicitada del Gobierno. En ese punto, volvió a recordar los canjes de la deuda realizados y el pago de más de u$s 190.000 millones, entre capital e intereses, desde 2003. No faltó la mención de la renegociación de la deuda con el Club de París y la resolución de los litigios con sentencia firme que había en el Ciadi, además del acuerdo alcanzado con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

“No hay dudas de que los únicos acreedores que jamás quisieron negociar con la Argentina son los Fondos Buitres, justamente porque su negocio es la extorsión judicial, y no la negociación en condiciones justas, legales y equitativas para ambas partes”, sostiene la solicitada.

El Gobierno también consideró una mentira el planteo de los buitre respecto de que el país puede negociar un acuerdo sin afectar las reservas. Sobre este punto, precisó que “bastaría con que solo el 80% de los holdouts consiga el mismo trato que los buitres para que la suma inicial se transforme en u$s 15.000 millones” y que, por otra parte, a partir de la cláusula RUFO el país podría afrontar juicios de bonistas que ingresaron al canje en reclamo de condiciones similares.

La tercera mentira de los buitres, según el Gobierno, es que “están dispuestos a otorgarle más tiempo al país” para negociar. Al respecto, Presidencia recordó los propios dichos de los fondos ante Griesa, que habían planteado que si la Argentina quería hablar sobre un acuerdo, sabe dónde encontrarlos. “No sólo tienen hasta el 30 de junio, su señoría. Tienen un período de 30 días de gracia luego del 30 de junio”, habían planteado ante el magistrado. Además, también manifestaron que están preparados para dialogar con la Argentina pero sin dar concesiones sobre el monto a cobrar de acuerdo con la sentencia, que alcanza a los u$s 1.400 millones.