A la Comisión de Hacienda del Senado llegará hoy el ministro Alberto Arenas. Y los esfuerzos que se hacían hasta anoche buscaban que lo hiciera con el acuerdo para destrabar la tramitación de la reforma tributaria bajo el brazo. 

Varias fueron las reuniones -entre el secretario de Estado y los parlamentarios- que se registraron ayer desde muy temprano, hasta pasadas las 22.00, las que se convirtieron en una prolongación de los sucesivos encuentros que se realizaron todo el fin de semana.

De hecho, el consenso se comenzó a construir, precisamente, entre el sábado y el domingo, en un par de reuniones clave. Una de ella fue entre el ministro Arenas y el ex secretario de Estado del gobierno pasado Juan Andrés Fontaine, donde, entre otras materias, se fijaron las bases para coincidir en una fórmula que permita sortear las críticas al mecanismo de tributación por renta atribuida, planteado en el proyecto original del gobierno. 

La solución planteada por el Ejecutivo, según fuentes cercanas a las negociaciones, consistiría en permitir que los contribuyentes elijan entre dos esquemas para tributar: uno, sobre base atribuida -como propone el texto actual- y otro, sobre base percibida. Este último establecería un  tratamiento tributario que diferenciaría entre utilidades reinvertidas y retiradas. De esta manera, se disipa la crítica sobre la obligatoriedad del sistema y los cuestionamientos sobre la carencia de incentivos al ahorro y la inversión.

En paralelo, los senadores RN Andrés Allamand y José García Ruminot también fueron acercando posiciones con el gobierno. De hecho, fue en conversaciones con ellos que se dio con la alternativa de dejar el impuesto de primera categoría entre el 26% (abogan los parlamentarios y el 27% (plantea Hacienda) con un mecanismo de integración parcial.

La meta de recaudación de US$ 8.200 millones y el fin del FUT, principios denominados como el corazón de la reforma por el Ejecutivo, quedaron inalterables.

Parte importante de las negociaciones apuntaron a sumar a la UDI, colectividad que ha liderado los principales cuestionamientos y, por lo mismo, se ha mostrado más reticente a un entendimiento.

En relación con la postura del gremialismo, el mayor temor del gobierno apunta a que a la hora de votar sus parlamentarios, no sólo lo realicen negativamente, sino que hagan reserva de constitucionalidad, para luego recurrir al Tribunal Constitucional, demorando, eventualmente, la promulgación de la norma. 

En la flexibilización del gobierno en torno a la renta atribuida también influyeron las reuniones que el propio ministro Arenas sostuvo con el senador RN Alberto Espina y un equipo de abogados constitucionalistas y en las que se pusieron de relevancia las eventuales vulneraciones a la Carta Fundamental. 

Con ese escenario, se está a la espera de que el presidente UDI, Ernesto Silva, llegue hoy desde España para revisar y, posiblemente, darle luz verde al acuerdo. De todas maneras, el diputado ha estado al tanto de las tratativas a través del senador Juan Antonio Coloma, quien ha participado de gran parte de las conversaciones con el gobierno. 

Para la UDI, dicen, en el partido es vital aún contar con la más absoluta claridad respecto de las fórmulas de fortalecimiento a las pymes que incluirá la reforma y sobre la redacción misma de las indicaciones.

RECLAMO

Pero si prospera este acuerdo en el Senado, el gobierno deberá sortear una posible rebelión en la Cámara de Diputados. 

Ayer, en el almuerzo que reunió al ministro Arenas con los parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Nueva Mayoría de ambas cámaras, el diputado DC Pablo Lorenzini planteó su molestia con las modificaciones hechas con los senadores.

No obstante, el jefe de la bancada de ese partido, Matías Walker, anunció vía Twitter que la colectividad apoyará las modificaciones de la Cámara Alta.

Con todo, Arenas quedó ad portas de firmar un protocolo de acuerdo que permita que, a contar de mañana, cuando se inicie la votación en general del proyecto, se cuente con un respaldo mayoritario.