El 24 de junio se cumplieron ya tres años desde la sanción de la ley conocida como “70/30”, mediante la cual se instauró la figura de un registro único de trabajadores de la actividad petrolera, minera, pesquera y de pymes santacruceñas.

La norma había surgido para contrarrestar la demanda de desocupados, frente a datos oficiales que, en 2011, daban cuenta que, de aproximadamente 15 mil personas que trabajan en los yacimientos de Santa Cruz, más del 50% provenían de otras provincias, es decir que venían a cumplir su trabajo sin aportar demasiado a la economía del terruño.

En aquel entonces, una vez sancionada la norma,  se suponía que el Estado tendría un rol preponderante, ya que habría una suerte de triangulación entre las carteras de Medio Ambiente, Trabajo y de Producción, como organismos de contralor y responsables de la aplicación de sanciones a las empresas que no cumplieran con la contratación de un 70% de mano de obra local.

Ayer, Tiemposur dialogó con el autor de esta iniciativa, el diputado Rubén Contreras, quien hizo un balance moderado del resultado de la ley que sigue en plena vigencia.

Vale mencionar que el año pasado, el propio Contreras había denunciado públicamente que, diariamente ingresaban por Caleta Olivia, cerca de 2.500 trabajadores chubutenses para a operar en estos equipos.

En este punto, el Legislador le dijo a este diario que la dificultad para cumplir hoy con el “70/30” radica en que “la mayoría de las empresas tienen sus bases en Chubut, y consecuentemente con eso toman la gente allá”. Empero, “las empresas locales cumplen correctamente, así como las que están asentadas en la provincia, pero no las que tienen su bases en Comodoro Rivadavia y difícilmente lo hagan porque no existe el control de parte de la Secretaria de Trabajo” apuntó.

Además, el Legislador indicó que el registro tampoco funciona bien para la pesca y la minería, ya que “ahí, directamente se hace muy difícil” y esto, no sólo por la ausencia de control estatal, sino además porque, en el caso de la minería, no hay capacitación para los obreros locales y así “los que vienen son del norte del país o extranjeros con experiencia en estas actividades” insistió.

“Esto se tiene que revertir y es muy importante hacer un trabajo con el Poder Ejecutivo, intendentes, concejales y diputados con las operadoras, para que tomen y capaciten gente de la zona para que puedan acceder a un trabajo” concluyó.

Una ley resistida

La sanción de esta norma fue resistida por algunos sectores y su debate constituyó el análisis de si la exigencia de contratación de santacruceños no rayaba la “discriminación”.

Textualmente la ley sostiene, en su artículo tercero, que “las empresas operadoras de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, exploración y explotación minera y pesqueras, asentadas en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, darán preferencia a contratar al 70% de mano de obra local, los que deberán contar con dos años de residencia en la provincia, acreditada mediante constancia asentada en el documento nacional de identidad y certificado de domicilio expedido por la autoridad competente; en forma directa o indirecta a través de las empresas radicadas en la jurisdicción provincial y que presten servicios para éstas”.

En efecto, el registro de trabajadores santacruceños, debía ser utilizado obligatoriamente por las operadoras petroleras, mineras y pesqueras asentadas en esta provincia. El registro, advertía que el setenta por ciento de la mano de obra debía ser local o con  3 años de residencia.

Pero además la ley advierte que, en supuestos casos en que esto no se pudiera cumplir, las operadoras podrán contratar pymes foráneas, las que deben cumplir los requisitos de: “constituir una base operativa en la provincia, donde se instalará administrativamente hasta finalizar su cometido, lo que incluirá todas las actividades emergentes para tal fin; someterse al régimen impositivo y tributario de Santa Cruz, y que las unidades que sean afectadas al servicio que prestan deberán estar radicadas en forma definitiva en las municipalidades de su jurisdicción”.

Pero la Ley del “70/30” generó, en su momento, un fuerte debate hacia lo interno de los gremios, provocando en zona norte y peleas por los puestos del proyecto Cerro Negro, emplazado en inmediaciones de Perito Moreno.

En aquel entonces, la empresa que operaba el yacimiento echaba mano a un argumento recurrente para las grandes empresas: “No hay cuadros capacitados”.

En este sentido, vale mencionar que el propio gobernador Daniel Peralta había manifestado tiempo atrás que “es central que la minería en Santa Cruz sea fuente genuina de trabajo e ingresos para nuestros trabajadores”, cuestionando así que, por su especificidad, empresas foráneas estén trabajando en Santa Cruz sin trabajadores de la provincia.

Aunque la pelea de fondo la dieron los gremios petroleros de la zona norte de Santa Cruz y del sur del Chubut, cuando el entonces secretario general del Sindicado de petróleo y gas Privados de Santa cruz, Héctor Segovia, denunció que “alrededor del 70% del personal de las petroleras que operan en el norte de Santa Cruz corresponde a afiliados del gremio de Chubut”, mientras “se mantiene la suspensión de los trabajadores que responden al sindicato local”

Lo cierto es que, a tres años de su aprobación y puesta en vigencia, la ley del “70/30” no cumple su cometido y un indicador es la re apertura de las bolsas de desocupados de gremios como la UOCRA y petroleros.