“Esperamos tener ya algunas propuestas de aquí a fin de año”, fueron las palabras del ministro Máximo Pacheco al ser consultado sobre los plazos para concretar propuestas sobre el ordenamiento territorial del país.
Las medidas en ese ámbito regirán para diversas materias de planificación urbana y rural, como comercio, vivienda y comunidades indígenas. Pero el impulso al sector energético y las metas que se autoimpuso el gobierno en ese ámbito fueron claves para incluir al ordenamiento territorial como un factor determinante en el futuro de la Agenda de Energía.
Por ello, gran parte de la industria y sociedad civil espera con especial interés definiciones en este tema. Y si bien estas iniciativas competen directamente a Pacheco, también hay una serie de otras reparticiones del Estado involucradas en aspectos relevantes. Entre ellas, Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
“Hemos estado elaborando proposiciones que caminen en esa perspectiva y las vamos a poner en marcha en el segundo semestre de este año”, dice Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales, quien adelanta que la cartera de Energía citó para este jueves la primera reunión interministerial de equipos técnicos para avanzar en el desarrollo del conjunto de iniciativas que concretarán el ordenamiento territorial.
A la fecha, aún no es claro si el paquete de medidas en ese ámbito se consolidará en un solo proyecto de ley. Lo que sí está claro es que tanto Bienes Nacionales como Medio Ambiente trabajan en dos líneas que definirán la base del ordenamiento del territorio.
Se trata específicamente de las nuevas atribuciones, recursos y funciones de Bienes Nacionales, ministerio que pretende consolidar y centralizar la planificación territorial en su cartera; y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento de gestión ambiental para políticas y planes de carácter normativo general.
“Me parece que dentro de esas facultades nuevas de Bienes Nacionales debiera integrarse la variable de la planificación del ordenamiento territorial como un tema fundamental. Y para que esto pudiese tener un espacio coherente debiera tener un único organismo que coordinara esfuerzos en esta perspectiva”, dice Osorio, quien cree que en 2015 podría haber novedades normativas o legislativas en ese sentido.
Osorio, quien desde Bienes Nacionales gestiona el 51% del terreno nacional que le corresponde al Fisco, dice que mientras se definen las nuevas funciones de la cartera y las iniciativas de ordenamiento territorial aún se elaboren, los 270 proyectos de inversión en materia energética que están en revisión “se les seguirá dando curso”. Eso sí, advierte, incorporando variables sociales y ambientales en la evaluación, de modo que sean sustentables. “Hay procesos que están en curso, nosotros no los vamos a modificar. Los esfuerzos que se están haciendo no tienen impacto retroactivo”, dice.
Respecto a la EAE, la oficina encargada del tema en Medio Ambiente y que está encabezada por Claudia Bruna, aún debe esperar que la Contraloría tome razón del reglamento que recientemente fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Una vez resuelto lo anterior, dice una fuente de Medio Ambiente, todos los seccionales, planes reguladores comunales y metropolitanos del país deberán someterse a esta herramienta para definir el uso del territorio. “Este es un proceso cualitativo que busca darle valor al terreno y especificar de antemano en qué parte de una determinada comunidad puede instalarse un proyecto de inversión. Con eso, tanto la sociedad civil como los titulares de proyectos tendrán mayor claridad”, dice el consultado.