Por Florencia Donovan

Teme quedar sujeto a las demandas de los bonistas del canje; por eso, intenta presionar al juez Griesa para que reponga la cautelar que frena la ejecución de la sentencia. Una delegación del Ministerio de Economía encabezada por el ministro Axel Kicillof -según se decidió el fin de semana- llegará hoy a Nueva York para reunirse con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa. La misión de Pollack es acercar posiciones entre la Argentina y los holdouts, a los que el país debe pagarles casi US$ 1500 millones en resarcimiento por el default.

La estrategia de la Argentina es por lo menos audaz. La idea es negociar sin que se note y, paralelamente, poner contra las cuerdas a Griesa para que reponga la cautelar que establece la suspensión de la ejecución de la sentencia (llamada stay). De conseguirlo, podría pagarles a los fondos buitre en diciembre, una vez que venza la cláusula conocida como RUFO (Rights Upon Future Offers), que permite a los tenedores de bonos (por más de US$ 90.000 millones) que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 reclamar las mismas condiciones que reciba algún otro acreedor.

"Estamos obligados a ser osados por la cláusula RUFO -confió una fuente oficial al tanto de la estrategia-. No se puede correr el riesgo de caer en cesación de pagos con toda la deuda por unos pocos bonistas, y menos considerando que ya para diciembre falta tan poco tiempo."

Por el mismo motivo, el Gobierno evitará mostrar que está iniciando una negociación con los holdouts. Tampoco estaría en los planes, al menos no en esta instancia, contratar a un banco como asesor, pese a la casi decena de propuestas que le fueron acercando entidades privadas. Ni se contemplaría una salida como la que se implementó para saldar las deudas con las empresas que habían ganado juicios en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En este último caso, se había apelado al fondo de inversión Gramercy para, intermediando por el Gobierno, comprarles a las empresas los fallos favorables. "No se puede contratar un banco, porque sería la prueba de que hay una negociación; tampoco buscar a alguien como Gramercy para que intermedie. ¿Quién no va a pensar en un caso así que está la Argentina detrás de la propuesta? Es un riesgo", confió la fuente.

Así las cosas, la apuesta del Gobierno pasaría por lograr que Griesa reponga el stay, cosa que hasta ahora el juez rechazó, para poder seguir haciendo los pagos regulares de los bonos del canje sin sufrir embargos ni caer en default, al mismo tiempo que sella un plan de pagos con los buitres. El equipo económico confía en que la presión que empezó a ejercer sobre el sistema de pagos de Nueva York hará que el juez cambie de opinión.

Por lo pronto, esgrimieron, ya Griesa demostró que, pese a las amenazas, no puede embargar los fondos que transfirió el país para el pago de los bonos del canje, sino sólo "congelarlos". "Griesa sabe que, si no, sería él quien estaría violando la cláusula de pari passu de los títulos, porque elige pagar a un acreedor, los holdouts, en detrimento de los otros, que son los bonistas que entraron al canje", explicaron en el Gobierno.

De ahí que el 30 del mes pasado, cuando el país pagó los US$ 539 millones correspondientes al cupón del bono Discount, el juez le ordenó al Bank of New York (BoNY), agente encargado de pagarles a los tenedores de bonos con legislación extranjera, que no concretara la operación. Pero el banco también se encuentra ahora en una encrucijada y suma en la presión sobre el juez. Por un lado, quedó sujeto a posibles juicios por parte de los bonistas del canje que tienen derecho a cobrar y, por el otro, aun si Griesa se lo exigiera, no tiene posibilidades de devolverle los fondos a la Argentina.

"El BoNY debería haber pensando antes de tomar el dinero, ahora es tarde. El Banco Central tiene la orden de no aceptar los fondos en caso de que el BoNY quiera devolverlos. Porque, para la Argentina, ese dinero ya no es del país, sino que es de los bonistas", indicó la fuente oficial.

Hasta ahora, sólo los tenedores de títulos con legislación argentina pudieron cobrar lo que les correspondía por el vencimiento del Discount. Griesa congeló los fondos para los bonistas en Nueva York e incluso para los que tienen títulos con ley europea, ya que en este caso la transferencia pasa primero por el BoNY, que luego le entrega el dinero a Euroclear, la liquidadora de las operaciones de títulos en Europa. Pero ya la semana pasada, y ante el temor de sufrir en carne propia demandas judiciales, el BoNY y Euroclear le solicitaron al juez la posibilidad de liberar el dinero para los tenedores de títulos con legislación europea.

En el Gobierno creen que es difícil que el juez pueda negarse al pedido de las entidades financieras, ya que su competencia sólo aplicaría para Estados Unidos. De liberarse los fondos para los bonistas europeos, sólo quedarían atrapados por la sentencia de Griesa los títulos emitidos bajo ley de Nueva York. Sería una suerte de cesación de pagos selectiva.

"Griesa está poniendo en juego la jurisdicción de Nueva York como plaza financiera. Porque tanto los bonos con ley europea como los de ley japonesa se seguirán pagando", explicaron. "Con lo cual le va a terminar conviniendo reponer el stay, para que la Argentina pueda seguir con sus pagos y negociando con los buitres un arreglo que se efectivice una vez que venza la cláusula RUFO, en diciembre", sentenciaron.

El Gobierno, no obstante, estaría dispuesto a pagar en los próximos días un dinero en garantía como señal de buena voluntad. Claro que, en este caso también, necesitaría que sea Griesa quien lo exija, ya que hacerlo unilateralmente podría dejarlo expuesto a juicios por parte de quienes entraron en los canjes.

"La Argentina no va a caer en default, porque todos los pagos se van a seguir depositando como se hizo hasta ahora", aseveró la fuente, al ser consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno no llegue a un acuerdo de pago con los buitres para el próximo 31 de este mes, que es cuando vence el período de gracia para que se les haga llegar el dinero a los tenedores de los Discount, por el vencimiento que operó el lunes pasado. En tal sentido, tampoco creen en Economía que puedan los bonistas del canje acelerar los pagos de sus títulos, tal como está contemplado en caso de un default del país.

Pero la estrategia se basa en presunciones que, hasta ahora, nunca han sido exploradas. Queda por ver si tiene éxito o no.

Tres semanas después de prometérselo al juez Thomas Griesa, y con el reloj en cuenta regresiva, el Gobierno iniciará hoy las conversaciones formales con el delegado del magistrado, Daniel Pollack, en busca de un "acuerdo de pago" del fallo condenatorio que se le impuso en el litigio con los llamados fondos buitre.

El encuentro llega con tres novedades por parte de la Argentina respecto del compromiso asumido en aquella ocasión. La más importante es que, por pedido del Gobierno, la reunión no incluirá a representantes de los demandantes. "Será sólo con Pollack", dijeron fuentes de Economía.

Las otras dos refieren al perfil de los enviados argentinos y a la oportunidad de la cita, prevista originalmente para hace diez días, según la defensa argentina anunció al juez.

Durante el fin de semana se decidió que sea el ministro Axel Kicillof quien encabece la delegación, que en un principio iba a tener un nivel más técnico. Lo acompañan los secretarios de Finanzas, Pablo López; legal y administrativo, Federico Thea, y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament. Son los funcionarios que en un principio iban a viajar y ahora irán acompañando a su jefe. Kicillof había intentado bajarle el tono a la misión: "El señor Pollack recién ahora se está interiorizando en un proceso que es muy complejo", dijo el jueves pasado.

Entre quienes aquí siguen el caso, la expectativa es que el Gobierno intente usar la cita para dos cosas: por un lado, ratificar la voluntad de "negociación". Por el otro, y a caballo de eso, pedir un paraguas de tiempo que exceda holgadamente los 20 días que restan para que se cumpla el plazo de gracia para que se dispare el default técnico, el próximo 30.

El tercer consenso es que la Argentina no presentará hoy ninguna propuesta concreta de pago. "Lo que podría esperarse es que la Argentina intente fijar posición, pedir tiempo y no proponer nada", sintetizó a la nacion uno de los abogados que viene siguiendo el caso. No había el mismo consenso para la respuesta que podría dar el delegado de Griesa.

En el medio hubo quien reflotó el compromiso que el fondo NML Capital asumió el pasado 24 de junio ante el magistrado. En una nota al juez, el fondo que lidera Paul Singer se comprometía a conceder "más tiempo" para una negociación, en el caso de que se estuviera frente a un trabajo "serio" en la búsqueda de un "acuerdo de pago".

En la convicción personal de Kicillof existe la idea de que, en los días que corrieron desde que el 16 de junio la Corte Suprema ratificó el fallo de Griesa, el magistrado -paradójicamente- se habría "empezado a dar cuenta" de que su resolución es de "imposible cumplimiento".

Se basa para eso en las denuncias cruzadas que ya se presentaron en reclamo por los US$ 536 millones que la Argentina depositó para pagarles a los tenedores de bonos de deuda reestructurada y que el Bank of New York (BoNY) no ejecutó, en acatamiento a la orden del juez.

"No es cierto que la Argentina no paga. La Argentina ya pagó. Lo que pedimos al juez es que deje que los bonistas cobren", insiste el ministro, en una fórmula con la que intenta responsabilizar directamente al juez y cuyos principales conceptos se vierten en una solicitada publicada hoy en los diarios argentinos (ver página 7).

Con esa carta se encontrará hoy Pollack. Y con un pedido de extender el plazo mucho más allá de los veinte días que restan.

Con resultado incierto, la estrategia -sazonada con reiteradas descalificaciones al juez- parece haber cobrado forma en los últimos días y, en su intento de firmeza, guarda distancia con el compromiso que, a través de sus abogados, el Gobierno notificó al juez el pasado 18. Ese día el abogado de la Argentina, Carmine Bocuzzi, suplicó al magistrado una negociación. Le prometió para ello un encuentro "con los fondos demandantes" y con una "delegación de funcionarios de alto nivel" que viajarían especialmente a Nueva York. Aunque con los buitres ausentes, ahora será Kicillof quien tome el contacto con el mediador.

La Argentina reclamará que sea el juez Thomas Griesa quien avale con su firma y comprometiendo al sistema judicial de los Estados Unidos la calificación de "no voluntaria" a la eventual operación de pago del país de la deuda de más de u$s 1.600 millones a los fondos buitre; y que además el juez neoyorquino deje explícitamente escrito que no dará lugar a otros juicios de reclamos por los bonos argentinos que permanecen en default. Los negociadores que representan a la Argentina que hoy se presentarán ante el "special master", el abogado Daniel Pollack, llevarán la idea primaria ante el buffet del abogado como condición primaria para discutir antes de hablar de cualquier mecanismo posible de pago a los acreedores que tienen el fallo del juez Thomas Griesa a su favor. Si bien los delegados del país que estarán ante Pollack saben que no obtendrán una respuesta hoy, quieren dejar claro que para hablar hacia delante sobre cualquier avance de la operación financiera de pago antes se debe solucionar la cláusula Rights Upon Future Offers (RUFO). Ésta obliga a la Argentina a reconocerles a los acreedores que aceptaron los términos de los canjes de 2006 y 2010 a recibir el mismo dinero que se les haya pagado a los tenedores de bonos que no ingresaron en aquellos llamados y que hubieran tenido un beneficio superior. Si la Argentina reconociera el fallo de Griesa por el cual se le exige al país pagar el 100% del reclamo de los fondos buitre, luego los tenedores de deuda que aceptaron las reestructuraciones anteriores reclamarían también por la totalidad de la deuda sin quitas. Aunque quisiera, explicarán los delegados de la Argentina ante Pollack, el país no puede cumplir con esta condición de la cláusula, con lo que inmediatamente caerá en default.

Como la redacción de la RUFO incluye la condicionalidad de "voluntario" para el pago a los acreedores que no hayan ingresado en los dos llamados a reestructurar deuda, la única alternativa que encontraron hasta el momento los abogados del estudio Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton (CGS&H) de saltear la cláusula cumpliendo el mandato de Griesa es que el propio juez de Nueva York deje claro que la liquidación se realiza de manera involuntaria. Para esto, según los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, debería negociarse con el juez la redacción de un fallo explícito que libere de responsabilidades al país. Nuevamente, como en la mayoría de las situaciones del "juicio del siglo", no hay jurisprudencia de una situación semejante (un juez que libere a un "culpable" de futuros juicios por acatar un fallo de pago de una deuda), con lo que se deberá discutir con el negociador Pollack primero, y luego éste con Griesa, si la alternativa es viable judicialmente.

Un insumo básico para esta discusión tripartita debería ser además la buena predisposición del magistrado. En este punto hay dos visiones diferentes entre los abogados. Por un lado se cree que los castigos verbales de las últimas semanas a Griesa hacen imposible que el juez adopte un criterio de buena voluntad ante una propuesta que haga la Argentina. Se recuerda que Griesa mantiene desde hace más de cuatro años actitudes irreductibles contra el país, que se repiten luego en los fallos en contra de la posición local. Sin embargo, una visión optimista de los profesionales que representan al país habla de la intención de Griesa (y de todas las partes en realidad) de terminar con el conflicto y negociando condiciones de pago para los fondos buitre sin que éstas deriven en otra catarata de juicios en el propio juzgado del magistrado. Es la teoría de los "intereses confluyentes entre las partes", de la que hablaron en los últimos días Bocuzzi y los abogados de la parte litigante, Ted Olson y Robert Cohen, abogados del fondo buitre NML Elliot.

Al encuentro de hoy en el buffet de Pollack concurrirán, además de Bocuzzi y Blackman, el propio ministro de Economía Axel Kicillof, y los secretarios de Finanzas, Pablo López; Legal y Administrativo, Federico Thea; y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament (ver nota aparte).

Por descarte, además, quedará claro hoy que de no mediar alguna solución a la imposibilidad de saltear la cláusula, la Argentina no continuará negociando y se ajustará a lo que suceda judicialmente con los bonistas que debieron cobrar sus vencimientos el lunes 30 de junio y no lo hicieron, responsabilizando directamente a la Justicia de los Estados Unidos, a través de la decisión de Griesa, de no haber permitido el pago y al Bank of New York Mellon (BoNY) por no haber ejecutado las liquidaciones. Si los representantes argentinos no obtienen una respuesta positiva de Pollack (no necesariamente hoy), tampoco está claro que vaya a haber una próxima reunión negociadora en su despacho.

La Argentina considera que ya reconoció que pagará su deuda el 100% a través de una negociación con los fondos buitre, bajo la intervención de Pollack. Sin embargo, no quiere avanzar en la formulación del mecanismo de pago hasta no terminar de negociar cómo saltear la cláusula RUFO.