La Cámara de Comercio de Lima (CCL) consideró que son "insuficientes" las medidas económicas propuestas por el Ejecutivo y aprobadas recientemente por la Comisión Permanente del Congreso.

Para el gremio, el paquete de medidas -que reúne iniciativas tributarias, laborales y administrativas- constituye "un paso favorable" a la promoción privada, pero no ataca de forma definitiva las trabas a la inversión y su aplicación no será inmediata, pues su efecto se concretará en un mediano plazo. 

"Esperamos que este paquete sea el inicio de varias otras medidas que debieran darse este año, porque si bien consideramos que estas medidas son positivas, todavía [son] insuficientes y no tienen la contundencia requerida para facilitar la actividad empresarialy la inversión que se requieren para lograr la tan ansiada reactivación económica", manifestó Jorge von Wedemeyer, presidente de la CCL.

El líder gremial hizo hincapié en la necesidad de reducir más barreras burocráticas y la 'permisología'. También apuntó a la devolución del capital de trabajo "inmovilizado en las cuentas fiscales por los pagos de tributos anticipados y excesivos que deben hacer las empresas". 

BALANCE DE MEDIDAS
En su primer análisis, la CCL criticó algunas de las disposiciones para el sector tributario y laboral. Para el gremio, de las once medidas referidas a tributos, el alcance de la norma general antielusiva y los pagos adelantados del IGV pudo ser mayor.

Así, en el caso de la norma general antielusiva, que será aplicada a actos o hechos ocurridos desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 1121 -sin efecto retroactivo-, no es suficiente, debido a que debió corregirse el texto del Código Tributario. En él, dijo la CCL, se faculta al fiscalizador de la Sunat a "recalificar" discrecionalmente las operaciones realizadas por el contribuyente, transgrediendo los principios de legalidad y seguridad jurídica.

En cuanto a los pagos adelantados del IGV, indicaron que no tiene fecha de caducidad, preocupación lanzada por diversos foros.  

Respecto a los seis cambios efectuados en la normativa laboral, el gremio indicó que las normas corrigen, en parte, los sobrecostos y excesos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En ese sentido, la CCL respaldó las disposiciones referentes a la tercerización de la implementación, gestión, monitoreo y cumplimiento de las normas de SST así como la responsabilidad penal del empleador, que a su criterio, no estaba correctamente tipificada.

Con poca oposición en el Congreso pasó el paquete de medidas propuestas por el gobierno para "reactivar la economía" nacional, cuyos proyectos de ley estarían listos para la promulgación del presidente Ollanta Humala, pues ya fueron absueltos de segunda votación en el Legislativo.

¿Pero que implican estas iniciativas presentadas por el Ejecutivo y aprobadas en el Parlamento?

Un primer proyecto de Ley es para establecer medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.

Esta contempla la reducción de la deuda tributaria a 152 mil contribuyentes, de los cuales más de 140 mil son micro y pequeñas empresas. Dicha disminución se realizará mediante la eliminación de la capitalización de intereses de las deudas contraídas por personas naturales y jurídicas entre 1998 y 2005. Los contribuyentes tendrán plazo hasta el 31 de diciembre del 2014 para acogerse a dicha actualización excepcional.

Además se creará un Fondo Mipyme de hasta S/. 600 millones para financiar fondos de garantía e impulsar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Pero en esta iniciativa tributaria del gobierno también se metieron cuestiones ambientales. Aquí el Congreso realizó cambios y dispuso que durante un plazo de tres años las sanciones ambientales a las empresas no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar de acuerdo a la metodología vigente. El Ejecutivo había fijado un tope de 35% de la multa.

Además se elevó de 30 a 45 días hábiles el plazo máximo para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de un determinado proyecto de inversión.

Otro proyecto, sobre modificaciones a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que unificó las iniciativas del gobierno y de la bancada fujmorista, dispone que durante un plazo de tres años las multas laborales no deben ser mayores al 35% de la que resulte aplicar a las empresas infractoras luego de evaluar el motivo de la sanción.

También se aprobó que antes de proceder a una sanción de tipo penal, el gerente de una empresa debe recibir una notificación previa de llamada de atención por parte del Ministerio de Trabajo. Además, se bajarán las penas privativas de la libertad a los empleadores que no adopten las medidas preventivas necesarias y que ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad de los trabajadores.

Por ejemplo, cuando un trabajador pierda la vida en un accidente a causa de negligencia en la aplicación de las normas de seguridad, el empleador tenía una pena privativa de la libertad no menor de cinco años ni mayor de 10, pero el cambio lo reduce a no menor de cuatro años y no mayor a ocho años.

Asimismo se establece que los exámenes médicos a los trabajadores se realizarán cada dos años, pero las empresas que tienen actividades de alto riesgo están obligadas a aplicar estos exámenes al ingreso del trabajador, durante su desempeño y a la salida del personal.

OLLANTA HUMALA: “LAS MEDIDAS FORTALECERÁN LIDERAZGO ECONÓMICO”

El presidente Ollanta Humala consideró que las medidas económicas aprobadas por el Congreso permitirán incrementar la confianza de los inversionistas y fortalecer el liderazgo del Perú en América Latina.

Señaló que la actitud del Parlamento es una muestra de que cuando existe unidad se puede avanzar en temas que son importantes para el país.

En tanto el viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro Sánchez Moreno, descartó que se haya efectuado un recorte de facultades al Ministerio del Ambiente, como parte del paquete de medidas propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto a la composición de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, ahora se incluye en los tres representantes del empresariado, a uno de la Confederación Nacional de Organizaciones de las Mypes, que se unen a los delegados por la Confiep y Perucámaras.

EN CIFRAS

S/. 600 miilones se destinarán para un Fondo Mipyme.
35% de la multa laboral pagarán las empresas infractoras.

El paquete de medidas que, de acuerdo con el Ejecutivo, reactivará la economía y que fue aprobado hace unos días por el Congreso de la República, traería consecuencias al país, pues en opinión de diversos especialistas se estaría transgrediendo acuerdos internacionales firmados por el Perú.

Puntualmente se trata de los Tratados de Libre Comercio con EEUU, la Unión Europea (UE) y los acuerdos de inversión suscritos con diversos bloques comerciales, en los cuales claramente se señala que con el objeto de promover el comercio o la inversión no se podrá debilitar o reducir 
las protecciones ambientales de los países.

Para Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad,  el problema viene por dos lados. Uno porque el Gobierno peruano requiere hacer modificaciones en la legislación debido a que la sobrerregulación constituyen trabas o problemas para la inversión. Y segundo, que estos cambios se colocan dentro de una ley que se llama de "Promoción de las Inversiones".

"Es evidente que una reducción de multas implica una disminución de la protección ambiental, y para colmo la reducción se hace dentro de una ley titulada Promoción de las Inversiones, con lo cual aumentas el riesgo de que pueda existir una interpretación en el sentido de que se está usando precisamente la política ambiental para atraer inversiones, que es lo que justamente no debería hacerse", advierte.

En esa línea, José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Minam, recuerda que en la ardua negociación del TLC con EEUU, el país norteamericano planteó exigencias muy precisas en torno al tema ambiental y laboral.

"Por eso no me extrañaría que comencemos a recibir mensajes de las autoridades norteamericanas vinculadas con los temas comerciales sobre lo que significa este paquete y es que hay una contradicción flagrante, porque con el argumento de destrabar las inversiones se está debilitando a el OEFA, advertido incluso por la misma Defensoría del Pueblo", sostuvo.

Habría sanciones

Alejandra Alayza, ex coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGe) explica que para activar este mecanismo en el TLC con EEUU e incluso ir hasta un arbitraje, que sería la sanción más grande, se debe demostrar que esta disminución de estándares afecta comercio o inversión, es decir que beneficia o compite finalmente en precios.

"No es automático, pero sí abre un canal de diálogo político y una posible investigación del impacto de estas medidas. Más aún cuando a nivel de EEUU hay ya una preocupación por la orientación de esta reforma la cual en espíritu sí contraviene este principio que el TLC tiene de no disminuir estándares laborales o ambientales para favorecer el comercio y las inversiones", criticó. 

Alayza agrega que lo mismo sucedería con el TLC suscrito con la Unión Europea (UE) que inclusive tiene una regulación mucho más estricta en este capítulo.

La especialista revela además que el procedimiento del TLC lleva a que sea la Oficina Norteamericana de Comercio la que evalúe las medidas que está llevando a cabo el Perú para lo cual solicita información y evalúe el impacto o alcance de cara a los acuerdos que existen.

Lanegra coincide y precisa que existe todo un procedimiento dentro del TLC, es decir una serie de reglas que se tiene que seguir para determinar efectivamente si esta afectación ha ocurrido tras lo cual  podría implicar algún tipo de consecuencia o sanción del orden comercial para el país, pero que se regula al interior del marco del TLC.

Una semana atrás estas posibles afectaciones fueron descartadas tajantemente por el Mincetur, que argumentó que se trata de una mala lectura del "paquete reactivador" pues el OEFA no se vería debilitado.

Preocupación por “paquetazo”

La Environmental Investigation Agency (EIA), con sede en Washington, advirtió retrocesos ambientales en el Perú que amenazan las  obligaciones asumidas bajo el TLC Perú - EEUU.

"El gobierno del Perú está  proponiendo un paquete de medidas económicas y retrocesos en cuanto a regulaciones que causarán un daño significativo en el medio ambiente y disminuirán de forma drástica la capacidad del gobierno de sancionar y multar a las corporaciones que cometan violaciones contra los estándares ambientales", advierten.

Sostienen que estas propuestas debilitarán la capacidad del MINAM de realizar EIA acertados y rigurosos antes de que los proyectos sean iniciados.