Comunidades aymaras -asesoradas por el abogado Lorenzo Soto- se oponen a la expansión de Cerro Colorado. "Buscamos la continuidad de la mina, de lo contrario ésta tendrá una muerte prematura", dijo la empresa en un escrito a la Justicia.
La gigante BHP Billiton, una de las mineras más grandes del mundo, lanzó la alerta: la ampliación y el futuro de su mina Cerro Colorado (la primera inversión de la anglo australiana en el país) está en riesgo.
¿El motivo? Un conflicto con comunidades aymaras, las que se oponen al desarrollo de la ampliación de la mina para extender su vida útil, lo que considera un desembolso de US$467 millones.
“Buscamos la continuidad de Cerro Colorado, de lo contrario tendrá una muerte prematura en diciembre de 2016”, dijo la compañía en un escrito presentado a la Justicia.
Todo partió en junio de este año, cuando las comunidades -asesoradas por el abogado Lorenzo Soto- presentaron dos recursos de protección contra un proyecto no productivo de Cerro Colorado, que consiste en Obras de Protección de Cauce en el sector de la Quebrada de Quipisca (US$6,8 millones). Esta iniciativa ya obtuvo su permiso ambiental el 2 de mayo de este año.
Si bien esta iniciativa fue pensada sólo como una obra de mitigación aledaña, con el fin de evitar que el material desprendido de los botaderos puedan obstaculizar el flujo de agua de la quebrada durante los eventos esporádicos de lluvias, en el seno de las comunidades afirman que esto es parte de un proyecto mayor, por lo que se requeriría de un proceso de consulta indígena bajo el alero del Convenio 169 de la OIT.
En Cerro Colorado no tardaron en reaccionar y manifestaron a la Corte de Apelaciones de Iquique que este proyecto, al ser una obra menor calificada mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no requiere efectuar una consulta indígena. Además, en la compañía argumentan que las obras se emplazan en parte en un bien nacional de uso público, y en parte en una servidumbre minera de titularidad de Minera Cerro Colorado. La empresa explicó: “El objetivo no es autorizar una inversión o proyecto productivo destinado a obtener rentas de él, sino sólo una medida de protección dirigida a evitar daños sobre la quebrada y las comunidades”.
En la minera esperan solucionar el conflicto con las comunidades, más aún cuando en paralelo tramita el proyecto de expansión de Cerro Colorado con los mismos aymaras.
“Cerro colorado se encuentra actualmente realizando los mejores esfuerzos por colaborar en el proceso de consulta indígena que lleva en adelante en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ‘Continuidad Operacional de Cerro Colorado’. Dicho proyecto busca obtener autorización ambiental para siete años adicionales de vida de Cerro Colorado (2017-2023), yacimiento que de lo contrario deberá cerrar -una verdadera muerte prematura- en diciembre de 2016”, dijo la empresa en un escrito que presentó como parte del recurso presentado a la Justicia por las comunidades.
“Los argumentos previstos no implican que Cerro Colorado no muestre ni profese hoy respeto y consideración por las comunidades indígenas vecinas a su operación minera. Todo lo contrario”, añadió la minera.
Una visión absolutamente opuesta tiene Lorenzo Soto. “Ellos debieron presentar un sólo proyecto y no fraccionarlo, en una gran iniciativa en la cual se contara con la consulta indígena”, sostuvo el jurista, quien asegura que en el proyecto que ya tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA), durante su tramitación la Conadi recomendó realizar una consulta indígena, lo que no hizo la empresa pues no estaba obligada
“En tres ocasiones la Conadi les manifestó que desarrollaran la consulta y BHP, junto al Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá, optaron por no llevarla a cabo. ahí comenzaron las tensiones y la molestia de la comunidad”, sostiene Soto, quien anuncia que en caso que la expansión obtenga su RCA “seguiremos el mismo camino de recurrir con recursos judiciales”.
BHP dijo que mientras se desarrolle el proceso jurídico no se referirá oficialmente al tema.
