El senador de la Capital Ramón Figueroa Castellanos (FPV), afirmó que en 120 años nada se hizo para subsanar los límites departamentales y que siempre los conflictos que surgieron fueron por cuestiones del reparto de las regalías mineras como sucede ahora con Bajo El Durazno. Y en ese orden reclamó saber cuál fue la utilización que los intendentes dieron a los fondos recibidos o si “sólo sirvieron para hacer cordones cuneta y comprar camionetas 4x4”.
El planteo lo realizó durante la sesión ordinaria del cuerpo en la que subrayó que el único antecedente es el decreto del 22 de abril de 1895 del exgobernador Julio Herrera, que fijó los límites departamentales y en los considerandos establecía que la legislatura se pronuncie modificando la “defectuosa división existente”.

Para Figueroa Castellanos “pasaron 120 años y nada se hizo”, y actualmente los límites se rigen con este instrumento legal cuya interpretación es resorte de la Administración General de Catastro. El legislador dijo que llama la atención que en estos años no se haya puesto ni la tecnología ni los avances científicos al servicio de una interpretación fina de los límites, más aún cuando la universidad cuenta con la carrera de Agrimensura y la existencia del Colegio de Agrimensores.

Asimismo recordó que con la reforma de la Constitución realizada en el año 1988, durante el gobierno de Ramón Saadi, se estableció en el artículo 56 que “la provincia completará el relevamiento catastral en su territorio dentro del plazo de cinco años”, exigencia que nunca se cumplió, pero afirmó que en los últimos años sí hubo conflictos limítrofes entre los departamentos. “Uno entre Belén y Andalgalá desencadenado por la explotación de Bajo la Alumbrera, y otro entre El Alto-Valle Viejo-Ancasti en relación con la localización de la hostería realizada por el gobierno provincial con fines turísticos en el cerro Ancasti”.

Para Figueroa Castellanos los conflictos siempre estuvieron relacionados con el dinero y que la discusión actual por Bajo El Durazno “tiene que ver con quien se queda con el 35% de las regalías mineras”. “Si la discusión tiene que ver con los recursos económicos generados por la minería, me parece además que estaría bueno discutir adónde fueron estos años los fondos de regalías mineras en cada departamento, qué emprendimientos productivos se generaron, cuáles de ellos se sostienen en el tiempo, cuál es el impacto en la mano de obra local o si sólo sirvieron para pagar becas, hacer cordones cunetas o comprar camionetas 4x4”, dijo.
 

Respuesta

Las críticas del senador capitalino tuvieron su rápida respuesta en su par de Andalgalá, José Perea, quien le dijo que personalmente “le voy a traer un plan de de inversión de regalías mineras que en mi gestión lo hicimos sin el acompañamiento del gobierno de la provincia”.
Al tiempo que denunció que el actual intendente y el gobierno no están haciendo “nada con los fondos que reciben por las regalías mineras”.

El subsecretario de Asuntos Municipales Fidel “Pocho” Sáenz consideró, al igual que el senador de la Capital, que el litigio entre Belén y Andalgalá “en el fondo es una pelea por dinero”. En ese sentido, dijo que confía que la provincia “efectúe una política minera en beneficio de las futuras generaciones”.
Sáenz señaló que “la discusión de fondo es una cuestión económica”, y afirmó que el gobierno “no quiere volver a pasar la etapa de la Alumbrera”. Al tiempo que indicó que la pelea que se viene dando en cuanto a qué municipio pertenece el yacimiento Bajo El Durazno “es por el dinero”.

Por otra parte, consultado respecto a la iniciativa de algunos legisladores sobre la posibilidad que se sancione una ley de límites, expresó: “No se puede discutir con apuro, no es algo que se va a resolver de un día para el otro”. Y agregó que “tampoco es un problema que se vaya a solucionar con una ley”.
No obstante, el titular de Asuntos Municipales sostuvo que “esta ley requiere de estudios de límites geográficos y antecedentes históricos y eso lleva tiempo”, y que el objetivo final será “no lesionar a las partes que están involucradas”.

En este marco, recordó que cuando se discutía la ley secundaria de reparto de regalías mineras ya existía “una puja importante” entre Andalgalá y Belén sobre dónde se encontraba la mina Alumbrera. “En aquel momento hicimos un acuerdo tácito y se difirió la discusión, pero pasó el tiempo y hoy nos vuelve a encontrar en una nueva discusión de límite por Bajo El Durazno”. Y en ese sentido afirmó que “esta es una puja que el gobierno necesita sanear para determinar qué departamento se queda con el 35% del reparto de regalías mineras”.

“Que se resuelva”

Por último, Sáenz aclaró que desde su área no tiene competencia en el tema, pero también amplió que desde el gobierno “no tienen ningún interés” que este tipo de conflicto “siga sin resolverse”.