La reciente concesión del Gasoducto Sur Peruano tendría serios problemas respecto a cómo se ha ejecutado el proceso y sobre posibles conflictos de intereses que podrían haber gravitado sobre el resultado final. Se trata de un proceso con muchas aristas espinosas que generan dudas alrededor de la licitación.
CONFLICTO DE INTERÉS
El hecho más llamativo de todos es que el presidente del Comité Pro Seguridad Energética de Pro Inversión (CPSEP), Edgar Ramírez Cadenillas, encargado del proceso, ha prestado servicios, a través de su empresa Latin Energy a Kuntur Transportadora de Gas (KTG), empresa cuyo único accionista es la brasileña Odebrecht.
Como sabemos , la brasileña tiene el 75% de participación del consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSA), ganador de la concesióndel pasado lunes. El funcionario se encargó de elaborar tres de los cinco estudios que requirió Kuntur para obtener la concesión en el 2008 (estudio por tarifas de transporte, propuesta técnica económica y el manual de diseño); es decir armó el 60% de este proyecto. En ese sentido, Ramírez debió abstenerse de participar en el comité.
Otro dato curioso es que Ramírez fue nombrado por el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, hace apenas dos meses, en reemplazo de Guillermo Lecarnaqué, que había llevado adelante el proceso hasta abril.
¿Cuál era la prisa? Asimismo, se cambió a Rosa María Ortiz , ex presidenta de Perú-Petro, por Rosario Patiño (asesora ministerial del MEM). El único ‘sobreviviente’ fue el ex director de Hidrocarburos, Gustavo Navarro.
Edgar Ramírez reconoce su participación en KTG, pero descarta que haya conflicto de intereses a pesar de señalar que el gasoducto licitado es “muy parecido” al gasoducto que se acaba de concesionar.
“No hay ningún conflicto de interés porque son cosas del pasado... al momento que el ministro me convoca yo no tenía ningún tipo de relación con ninguna de las empresas que estaban en carrera”, sostiene.
A la empresa de Odebrecht (Kuntur) no solo le prestó servicios Latin Energy, también lo hicieron el estudio Delmar Ugarte, asesor del CPSEP (de la cual forma parte la ex gerenta legal de Odebrecht Mariana Simoes) y la ex consultora del ministro Mayorga: Laub & Quijandría.
CONCESIÓN VIGENTE
De otro lado, el Gobierno nunca resolvió el contrato de KTG. Así, se trata de una concesión vigente, pues no se ha declarado su caducidad. El documento mostrado ayer por el ex presidente Alan García en su cuenta de Twitter es básicamente ese contrato.
El proyecto de KTG era por US$1.334 millones, como parte del contrato depositó una carta de garantía del 5% del monto (US$67 millones) en caso de que no ejecutara el proyecto a setiembre del 2014. Considerando que KTG no ha construido nada, se debió aplicar la carta de garantía y resolver el contrato. No se hizo.
Fuentes del MEM, indicaron previamente que no se aplicó porque esto podría llevar a un arbitraje al Estado con KTG. Y de ser así,Odebrecht estaría imposibilitada de participar en el concursopor ser una empresa que tiene un tema contencioso con el Estado.
Una fuente del Ministerio de Energía y Minas, indicó ayer que “al haber dos concesiones paralelas se tendrá que unificar” porque evidentemente no se puede exigir las dos. Es decir, el Estado deberá “negociar” con KTG u Odebrecht.
Diego Andrade, gerente de comunicaciones del Consorcio Gasoducto Sur Andino, sostiene que “algún tipo de solución tendrá que darle el Estado”. Dijo que es un tema por definir.
Se debe indicar que en el proyecto de KTG el Estado no ponía nada, pues era riesgo absoluto de la empresa. Con la nueva concesión, el país tendrá que garantizar US$7.328 millones. Una gran diferencia que al parecer beneficia a una sola empresa, la dueña de ambos consorcios (KTG y GSA): Odebrecht.
LOS DOCUMENTOS
Latin Energy es la empresa de Edgar Ramírez, presidente del comité encargado de la concesión del gasoducto sur andino, que –como muestran los documentos– firmó contratos con Kuntur Transportadora de Gas, empresa de Odebrecht.
CUESTIÓN DE COSTOS
La extensión del gasoducto de Camisea, que transporta el gas natural desde el depósito ubicado en la selva cusqueña hasta Lima, es de aproximadamente 700 kilómetros y su construcción en el 2003 costó cerca de US$800 millones.
El gasoducto sur andino tiene aproximadamente 1.000 kilómetros y costará alrededor de US$7.328 millones, es decir 9,16 veces más. Se trata de un gasoducto que es apenas 30% más extenso que el primero.
La justificación sobre el costo del proyecto va de la mano con el incremento del acero durante los últimos diez años. Este se ha incrementado en seis veces. Asimismo, el precio de la mano de obra también se ha elevado y la geografía del proyecto hace que esta obra sea muy costosa y que requiera apoyo estatal. Sin embargo, los analistas dudan de que el precio sea el justo.
