Esperable de la dirigencia política que tiene este país. Mientras el gran público se distrae con los goles de Messi, los Buitres y Boudou, el Kirchnerismo empujó otra ley hacia la impunidad en los manejos de la cosa pública. ¿UNEN?, ¿Massa?, ¿Scioli?. Bien, gracias. Ahora se podrá farrear con más tranquilidad el dinero de todos. Siempre habrá más bonos para emitir y generaciones futuras para endeudar. Lea el texto de otra vergüenza nacional.
Con 38 votos a favor y 23 en contra, el oficialismo aprobó en el Senado la ley que limita la responsabilidad del Estado frente a las demandas judiciales de los particulares.
Primero la oposición pidió en el recinto que el Vicepresidente y titular de la Cámara alta, Amado Boudou, se tome licencia mientras se desarrolla la causa Ciccone. Luego arrancó el debate por la responsabilidad del Estado y finalmente el proyecto para sancionar a los policías que se autoacuartelen.
La nueva ley aprobada ayer establece que la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional y que en ningún caso procede la reparación del lucro cesante sino que la eventual indemnización comprende el valor objetivo del bien.
Esto significa que una vez que el daño ocasionado sea efectivamente acreditado, el pago por parte del Estado se limitará al valor del bien dañado, porque los daños causados por la actividad legítima del Estado no generan derecho a indemnización.
Además, fija que el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos y de esta manera deslinda responsabilidades por eventuales daños directamente en las empresas que manejen eso servicios.
Esto hará que en casos como, por ejemplo, el accidente ferroviario en la estación de Once, sea la empresa que maneja el servicio la que deba responder por los daños ante una demanda judicial y no el Estado.
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición estuvo dirigido a la decisión del oficialismo de excluir el tema de la responsabilidad del Estado del nuevo Código Civil, que aguarda tratamiento de la Cámara de Diputados.
Según el radical Ernesto Sanz, al sacarlo del Código Civil, se vota la ley nacional y cada provincia debe sacar su propia ley, por lo que este debate se replicará en 24 legislaturas y va a quedar atado a la coyuntura de cada provincia.
Por su parte, la senadora del interbloque FAP-UNEN Magdalena Odarda consideró que esta ley es un caso de claro retroceso jurisprudencial y que establece impunidad.
Parlamentario
El Frente para la Victoria en el Senado sancionó con 38 votos positivos y 23 negativos el proyecto de ley de responsabilidad del Estado. La norma, excluida del nuevo Código Civil y Comercial, ubica dentro del derecho administrativo las demandas de particulares y empresas contra el Estado.
El proyecto marca la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca a los bienes o derechos de las personas. Establece que "la responsabilidad del Estado es objetiva y directa" y marca que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria".
"La sanción pecuniaria disuasiva es improcedene contra el Estado, sus agentes y funcionarios", puntualiza el proyecto converido en ley, que exime además de responsabilidad al Estado por "los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial".
En su defensa del proyecto, el senador oficialista Pablo González aclaró que el proyecto “no es un salvoconducto ni una norma que busque evitar las responsabilidades de los funcionarios”. Al contrario, aclaró, se establece cual es el tratamiento que se les da y cuáles son las medidas a adoptar en cada caso.
El presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas señaló que la norma propuesta “es procedente” y que “establece normas que cumplen la postura de la Corte”. Se establece que en el futuro el Estado se va a regir por la ley y no los establecimientos jurídicos, y en cuanto a la sanción pecuniaria, la norma no determina que un juez luego no pueda aplicar las astreintes, sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial. Los senadores consideran que esa posibilidad no tiene que estar puntualizada en la norma.
Entre otras cosas, la norma establece que el Estado no debe responder por los servicios de un concesionario, y con relación a las culpas de los funcionarios, González aclaró que no están exentos de la responsabilidad de resarcir por su culpa o dolo.
“Ello marca los límites de la discusión que estamos llevando adelante con este proyecto de ley”, señaló el senador santacruceño, quien precisó que “uno ha visto críticas que no se condicen con esto que acabo de aclarar”, y rechazó que se buscara garantizar “la impunidad de los funcionarios kirchneristas en el saqueo de la administración pública”.
A continuación, el senador radical Ernesto Sanz planteó sus dudas sobre “los tiempos y el sentido de la decisión política del oficialismo”. A su juicio, “esto nunca obedeció al deseo de una mejor técnica legislativa”, y alertó sobre “otras implicancias que el oficialismo ha tenido todos estos años respecto al Estado en su conjunto”.
Para el senador mendocino, no se trata de una cuestión que tenga que ver con el Código Civil, que se podría haber tratado el año pasado, pero no ahora, por cuanto en Diputados no se está analizando esa reforma. Cuestionó entonces el “apuro” para avanzar en ese sentido.
“La Corte no puede ser la generadora de legislación por vía pretoriana”, aclaró Sanz. Luego advirtió que el “partido de gobierno” (el PJ) ha tenido durante los últimos años lo que definió un comportamiento “pendular” con respecto al Estado, y citó las diferencias entre lo que fue la gestión de los 90 y la actual. “La contraparte del Estado no son las corporaciones, los grandes estudios jurídicos o los jueces débiles, en todo caso son una deformación”, dijo. Luego señaló que “si sale este proyecto, no solamente estamos legislando para el Estado federal, sino que a partir de ahora este debate se replicará en 24 distritos argentinos”. De ahí que advirtiera que “este es un tema de derecho común, lo que en la Constitución le reservó a los congresos, la posibilidad de dictar los códigos”. En ese sentido consideró que “estamos cometiendo el grave error de no fijar pautas de derecho común”.
“¿Cómo va a hacer el ciudadano de a pie cuando tenga una sentencia contra el Estado para hacerla cumplir?”, preguntó Sanz en el pasaje más acalorado de la sesión.
Entre otros oficialistas, la senadora misionera Sandra Giménez le respondió leyendo un pasaje de la Constitución de su provincia, convencida que ahí se dirimía que quedaba claro que las provincias siguen reconociendo las responsabilidades de los Estados.
El senador Marcelo Guinle insistió en que siempre el Estado deberá responder ante las situaciones planteadas, cuando se pruebe su omisión. Y puso como ejemplo la tragedia de Once. “Estos supuestos están en el marco general de responsabilidad del Estado, que este proyecto contempla en los artículos 1 y 2”, remarcó.
Sanz respondió que “el Estado está en Once por el tema de los subsidios”, poniendo en duda que de lo contrario así hubiera sucedido.
Como miembro informante del bloque FAP-UNEN, la senadora Magdalena Odarda expresó el rechazo de su bancada, entre otras cosas porque “incurre en una violación al principio de igualdad ante la ley”, alertando que va a determinar que cada distrito tenga una legislación individual en la materia. A su juicio, la norma “busca excluir al Estado de lo que debería ser un sana subordinación”, y lo consideró “promotor de una inaceptable multiplicidad de normas”. Para Oyarda, “el Estado debe responder por los daños que causen quienes lo dirijan o administren” y citó antecedentes de la Corte Suprema.
Para la senadora rionegrina, “es una ley que va a garantizar impunidad, sobre todo para muchos funcionarios públicos”.
A su turno, el senador fueguino Jorge Garramuño planteó en nombre del interbloque Federal sus discrepancias con la norma, considerando “inadmisible el otorgamiento de impunidad a los funcionarios”, asegurando que “esta ley corre el riesgo de ser pasible de numerosas tachas de inconstitucionalidad”.
“Esto tiende a echar un manto de impunidad”, reiteró a su turno el radical Luis Naideoff, coincidiendo con el rechazo de sus correligionarios.
La cordobesa Norma Morandini aclaró al hablar que no es jurídica ni abogada, enarbolando en cambio “el sentido común”. La senadora del Frente Cívico dijo que no podía sustraerse a lo que fue el accidente de Once, y dijo que entonces “el Estado no cumplió ya no con su derecho de garantizarle a los ciudadanos que viajen bien, sino siquiera garantizarles la vida”. Y se preguntó: “¿cómo podemos aprobar en este Senado una norma que establece desigualdad de los ciudadanos ante la ley?”.
El radical Mario Cimadevilla consideró que el proyecto tratado “tiene coherencia con la normativa del 90 y que se ha venido repitiendo durante esta década ganada”, y citó una serie de leyes aprobadas durante la gestión menemista y la actual, a las que sumó la de responsabilidad del Estado. “Todas responden a un mismo patrón, a que el Estado no es responsable”, estableció el senador que es miembro del Consejo de la Magistratura. A su juicio, esa es “la concepción ideológica a la que responden este tipo de leyes”.
“Pagatodo”, replicó Miguel Pichetto, que advirtió sobre el deseo de muchos de establecer “un Estado que tenga un arco de 14 metros, al que le entran todas”. El radical chubutense repuso que no estaba estableciendo una dicotomía entre el Estado “vivo o bobo”.
En representación del Pro, la senadora Gabriela Michetti sostuvo que el trabajo en comisiones y el debate de la iniciativa fue un "proceso rapidísimo" y que se llevó adelante "sin haber profundizado el tema".
"Estamos demasiados acelerados con el tema, no está madura la iniciativa y requería mas debate. Se puede mejorar muchísimo", evaluó.
Con respecto a la discusión acerca de la responsabilidad estatal ante los problemas que surgen en las concesionarias, Michetti resaltó que "es muy difícil explicarle al ciudadano que el Estado no va a tener responsabilidad si un concesionario hizo mal las cosas".
"Es demasiado potente decirle al ciudadano esto, porque cualquier concesionario puede manifestarse en quiebra para evadirse de la responsabilidad", agregó. Y luego se preguntó: "¿Y en ese caso, dónde está el que garantiza que eso no pase?".
Para el senador Gerardo Morales, "el Gobierno tiene un desvío conceptual en este tema". En ese sentido, el jujeño dijo que para el kirchnerismo "los Entes Reguladores son pensados como organismos que tutelen al Estado y en verdad tienen que tutelar los derechos del ciudadano y, en consecuencia, controlar al Estado y al concesionario".
Al finalizar el debate, el senador del Frente para la Victoria Marcelo Guinle le respondió a Gabriela Michetti acerca de su pedido de "más debate". "A mí también me hubiese gustado más debate, que vengan especialistas que hagan interpretación de la ley, que hablen a favor y en contra", expresó.
Pero luego, explicó que "una cosa es que esto no pase el test de constitucionalidad que tendrá y otra es que haya una mala interpretación u opiniones legislativas".
En cuanto a las quejas de la oposición sobre el artículo N°6, que habla de la responsabilidad del Estado en cuanto al control de los concesionarios, el chubutense sostuvo que "la norma dispone que el Estado debe responder cuando se le imputa en acciones u omisiones propias, no en carácter principal, no subsidiario, independientemente de la responsabilidad del contratista y concesionario".
Además, Guinle se refirió a la responabilidad de los funcionarios y resaltó que el funcionario "es responsable civilmente sólo si hay dolo" y enfatizó en que "hay que tener en cuenta que esta disposición no tiene vinculación con la responsabilidad penal de los funcionarios, sean nacionales, provinciales o municipales". Y, por último, recordó que "la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios siguen vigentes".
Por Gabriel Sued.
Con los votos del oficialismo y el rechazo de toda la oposición, el Senado convirtió en ley ayer un proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo que limita la responsabilidad del Estado por los daños producidos, como consecuencia de su actividad o de su inacción, en los bienes o derechos de las personas.
La norma, aprobada por 38 votos contra 23, generó una fuerte polémica en el recinto. El oficialismo sostuvo que la ley soluciona un vacío legal hasta ahora sólo cubierto por la jurisprudencia, que está en línea con los fallos de la Corte Suprema y que no significa un gran cambio respecto de la situación actual. La oposición denunció que la iniciativa desprotege al ciudadano frente al Estado y acusó al kirchnerismo de propiciar la impunidad de los funcionarios públicos.
Por ese motivo, un sector de la oposición calificó la iniciativa como ley de "irresponsabilidad del Estado" y tildó la norma de "inconstitucional". El mismo debate se había dado el año pasado durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. La discusión estalló cuando se supo que el Gobierno había sacado la responsabilidad del Estado del anteproyecto de Código Civil y Comercial, elaborado por una comisión encabezada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. La iniciativa también generó objeciones en organismos de derechos humanos cercanos al oficialismo, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los principales cuestionamientos de la oposición en el Senado fueron tres. El primero es que saca las demandas contra el Estado del ámbito de la justicia civil, donde se sustanciaban hasta ahora, y dispone que en adelante los planteos deberán dirimirse en los fueros administrativos, nacional o de las provincias, según cuál sea el Estado demandado. Eso podría generar, de acuerdo con los opositores, desigualdad ante la ley, dado que las regulaciones no son las mismas en todos los distritos.
El segundo es que se elimina la sanción pecuniaria disuasiva contra el Estado. Esta herramienta permitía obligar a los funcionarios a cumplir determinados fallos. Un ejemplo, citado por el senador radical Ernesto Sanz, es la multa impuesta por la Corte contra los funcionarios responsables de la Acumar, por el incumplimiento de la sentencia que ordena sanear el Riachuelo.
El tercer cuestionamiento es que, en su artículo sexto, la ley dispone que "el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos". Rubén Giustiniani, senador por el Partido Socialista, se preguntó si el Estado se hará responsable de la explosión por un escape de gas producida el año pasado en Rosario, por la que murieron 22 personas. Detalló que el concesionario era una empresa privada, Litoral Gas, y el órgano regulador, un ente nacional, Enargas.
BLINDAJE A FUNCIONARIOS
El tema de la responsabilidad de los funcionarios, eje de los cuestionamientos en Diputados, quedó relegado a un segundo plano, ya que el artículo 9 de la ley determina que los agentes públicos deben responder por los daños que causen en el ejercicio de sus funciones. De todos modos, algunos opositores mantuvieron sus críticas. "Es una ley que blinda a los funcionarios de su responsabilidad", afirmó Giustiniani.
La objeción de Sanz fue más general. "El oficialismo concibe al Estado como un sujeto débil sometido a la presión de las grandes corporaciones. Pero la solución no puede ser una ley que deje en una situación de debilidad al ciudadano común", argumentó.
En el cierre del debate, el kirchnerista Marcelo Guinle rechazó todos los cuestionamientos, desmintió que se libere de responsabilidad a los funcionarios y sostuvo que el Estado será responsable por las acciones de los concesionarios en los casos de omisión de control.
La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor y 23 en contra, debido al apoyo del Frente para la Victoria y de sus aliados.
El proyecto fue aprobado a fines del pasado año por la Cámara de Diputados, durante la misma instancia en la que se debatió el nuevo Código Civil que ya fue aprobado por el Senado pero aún permanece sin ser debatido en la Cámara baja.
El expediente rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.
Asimismo, la iniciativa indica que “la responsabilidad del Estado es objetiva y directa”, que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”.
El proyecto señala que “se exime de responsabilidad al Estado” por “los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial” y “cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder”.
Según el proyecto, el “Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.
Como miembro informante del oficialismo, el senador por Santa Cruz Pablo González explicó el proyecto artículo por artículo y consideró que las críticas a la iniciativa por parte de la oposición "no se condicen con la realidad".
"Han dicho que el oficialismo busca garantizar impunidad de funcionarios kirchneristas. Yo entiendo que les gusta aparecer en la TV y la radio, pero la ley es objetiva y directa”, juzgó.
El legislador santacruceño confió que “el proyecto es un avance y tiene un criterio que toma como base la creación de jurisprudencia de la Corte que hemos visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de 100 años”.
A su turno, el chubutense oficialista Marcelo Guinle destacó que “los funcionarios seguirán siendo tan responsables como lo son hoy” y aseguró que “la responsabilidad de los funcionarios está contemplada en la ley que se está votando”.
“El Estado responde de manera directa cuando lo hace por hechos propios u omisión o acción en caso de una concesión”, aclaró Guinle.
Asimismo, comentó que “no es cierto que se le esté sacando derechos al hombre de a pie” y que “cuando el Estado acciona legítimamente no va a pagar lucro cesante, pero sí daño emergente y daño moral”.
En cambio, el radical Ernesto Sanz opinó que “esta respuesta del Estado terminará lesionando al principal beneficiario que es el ciudadano”.
“Le están dando menos herramientas al ciudadano para que litigue contra el Estado”, sostuvo, para luego agregar que “no habrá sanciones pecuniarias disuasivas contra el Estado, sino que serán meramente discursivas”.
El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Jorge Garramuño, como integrante del Interbloque Federal, destacó que el proyecto “no es lógico” e “incumple con la Constitución Nacional”, tras lo cual destacó que “es inadmisible que estemos tratando de darle más impunidad a los funcionarios presentes y futuros”.
En una sesión signada por la discusión en torno a la situación del vicepresidente Amado Boudou, el oficialismo en el Senado convirtió en ley el polémico proyecto que limita la responsabilidad del Estado y de los funcionarios al derecho administrativo. Con fuertes críticas de la oposición, los K debieron recurrir a su mayoría para convalidar la iniciativa, con 38 votos positivos y 23 negativos.
El texto puntualiza que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de “manera directa o subsidiaria”. Y que las demandas contra el Estado quedarán sujetas al fuero Contencioso Administrativo.
Durante el debate, hubo acusaciones cruzadas. Si bien la oposición rechazó diversos aspectos del proyecto, los principales cuestionamientos giraron en torno la inmunidad civil que, una vez que Cristina promulgue la ley, tendrá el Estado ante un hecho que perjudique a ciudadanos y empresas. Y, tal como había sucedido en noviembre en Diputados, cuando el proyecto obtuvo media sanción, el ejemplo emblemático que sobrevoló la sesión fue el de la tragedia de la Estación de Once. Es que los damnificados de un accidente como el ocurrido hace dos años no podrán reclamarle al Estado y a los funcionarios, sino que deberían accionar directamente contra el concesionario.
Así lo deja en claro el artículo 6 del proyecto, cuando señala que “ el Estado no debe responder ni aún de manera subsidiaria por los perjuicios causados por los concesionarios a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.
Esta situación, según la visión opositora, impactará aún más en la falta de control por parte del Estado sobre los contratistas. “Es muy difícil explicarle a la gente que el Estado no va a tener responsabilidad si un contratista hizo mal las cosas”, lamentó Gabriela Michetti, del PRO.
Además, desde el radicalismo, el mendocino Ernesto Sanz advirtió que el proyecto elimina “la sanción pecuniaria disuasiva contra el Estado, sus agentes y funcionarios” y, enérgico, preguntó: “¿Cómo va a hacer el ciudadano de a pie cuando tenga una sentencia contra el Estado para hacerla cumplir?” Actualmente, ante la reiterada demora de los funcionarios en el cumplimiento de las sentencias contra el Estado, los jueces están habilitados a aplicar multas, algo que a partir de esta ley será “improcedente”. Otro aspecto que generó inquietud en la oposición es que la iniciativa no contempla el daño moral y el lucro cesante en las indemnizaciones.
A su turno, Magdalena Odarda, del interbloque FAP-UNEN, sostuvo que “se va a terminar instalando un sistema injusto y desequilibrado entre la responsabilidad del Estado y las que se les imputan a los particulares”. Y consideró que el proyecto “establece impunidad porque busca eludir el eventual perjuicio económico que muchas veces recae sobre el bolsillo de los funcionarios”.
En esa misma línea, el fueguino Jorge Garramuño calificó de “inadmisible” el “otorgamiento de impunidad a los funcionarios”.
En su discurso de cierre, Marcelo Guinle (FPV-Chubut) rechazó los cuestionamientos y apuntó contra los medios al indicar que el “proyecto está informado de manera sesgada”. “Se dice livianamente que el Estado está blindando su irresponsabilidad y la de los funcionarios. Eso es falso”, aseguró.
La responsabilidad del Estado estaba contemplada dentro del anteproyecto de Código Civil elaborado por la comisión redactora encabezada por el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, pero el oficialismo decidió enviar al Congreso una ley aparte. Las diferencias dentro del propio oficialismo por las concesiones que el Gobierno hizo a pedido de la Iglesia paralizaron el tratamiento de ambos proyectos. Ayer, se aprobó el de responsabilidad del Estado. ¿Avanzará ahora en Diputados con el Código Civil?
El Senado convirtió en ley el proyecto oficial que limita la responsabilidad civil del Estado y de los funcionarios por los daños que pudieran infringir por sus acciones legítimas o ilegitimas.
Esa limitación se extiende a los perjuicios que puedan ocasionar los concesionarios o contratistas de servicios públicos, a pesar que el Estado y los funcionarios tienen la responsabilidad de la concesión y control de las tareas.
También fija que es improcedente aplicar a los funcionarios sanciones (astreintes o multas), una atribución que hasta ahora tenían los jueces ante la negativa o demora de los funcionarios públicos en el cumplimiento de las sentencias.
Estas disposiciones agravan la falta de control del Estado porque elimina todo incentivo o interés del Estado, titular de los bienes que concesiona, para cumplir con su deber de control sobre los bienes que concesiona.
Sólo se reconoce alguna responsabilidad si se demuestra que los funcionarios incurrieron en dolo. No se admite el daño moral y el lucro cesante a las victimas del accionar estatal. En esos casos, la indemnización variará no en función del daño a la víctima sino de quién fue el causante del perjuicio, recibiendo mucho menos quien fuera perjudicado por el Estado.
Las Provincias podrán adherir a este régimen, lo que abre la posibilidad de que coexistan disposiciones distintas y hasta encontradas.
