Mientras Aratirí y el gobierno continúan su prolongada negociación de un contrato que permita a la empresa comenzar a extraer hierro en el Este del país, los militantes contra la minería a cielo abierto entienden que no es legal que la compañía ofrezca hipotecar tierras a favor del Estado como parte de las garantías de fiel cumplimiento que debe constituir.
Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre, que quiere que se prohíba en la Constitución la minería metalífera a cielo abierto, dijo a El País que el artículo 27 de la ley 19.126 (ley de Minería de gran porte) no prevé la posibilidad de que se utilicen bienes como garantía de fiel cumplimiento del contrato.
El artículo establece que la garantía debe constituirse a favor del Ministerio de Industria, Energía y Minería y ascender al 5% de las inversiones programadas. Se podría componer de depósitos bancarios, valores públicos, una póliza de seguro de fianza expedida por entidades aseguradoras autorizadas por el Banco Central del Uruguay o avales en instituciones bancarias. Cualquier otra alternativa deberá ser dispuesta en una eventual reglamentación de la ley que hasta el momento no se ha aprobado, puntualizó Viñas. El activista dijo que las tierras, en caso de ser utilizadas, tendrían escaso valor porque tendrían pozos y poco valor productivo. "La ley no dice que tierras con pedimentos mineros puedan ser utilizadas como garantías", sostuvo.
La empresa y el gobierno están negociando que las garantías se constituyeran con tierras hipotecadas, efectivo y títulos públicos.
En estos días, los opositores de la minería están haciendo llegar sus objeciones a todos los partidos políticos en una ronda de contactos que están realizando. Antes de las elecciones intentarán reunirse con los candidatos presidenciales. Y siguen con su campaña de recolección de firmas con la que han reunido más de 50.000 rúbricas.
El gobierno pretendía firmar en enero pasado el contrato con la minera pero las conversaciones se han dilatado. La empresa pretendía originalmente que el contrato tuviera 18 años de plazo pero el gobierno le ha pedido que suscriba un acuerdo por 20 años. Según Viñas, la actividad de extracción de la compañía no pasaría finalmente de los 15 años, si se descuentan los años en los que se realizarán las obras previas que resultan necesarias. Fuentes cercanas a las conversaciones ratificaron a El País que se negocia un contrato en el "entorno" de los veinte años. La ley establece la posibilidad de que el contrato se renueve automáticamente en caso de que la cantidad de recursos metalíferos existentes lo justifique.
En las negociaciones que se realizan en estos días también está en juego el delicado asunto de los "planes de cierre" de los cinco yacimientos de hierro que se explotarían en Durazno y en el límite entre Treinta y Tres y Florida.
El gobierno cree que el acuerdo se podrá firmar sobre fines de este año. La ley de minería de gran porte estableció un plazo de un año a partir de diciembre pasado para cerrar las tratativas. Ese plazo puede extenderse por 90 días.
A comienzos de año el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, señaló que la actividad de Aratirí le dejaría al Estado US$ 400 millones anuales aunque últimamente no ha hecho estimaciones. Según Viñas, la actividad de la minera dejará al fisco un monto muy menor a esa cifra.
La minera planea extraer cada año 18 millones de toneladas anuales de hierro y emplear a 1.500 personas en forma directa. El gobierno prorrogó hasta el año próximo el seguro de paro para los trabajadores de Aratirí, lo que da a entender que restan varios meses de negociaciones entre el gobierno y la empresa.
La bancada oficialista en la Cámara de Representantes quiere votar este mes para impugnar los decretos de la Junta Departamental de Tacuarembó que prohibieron en ese departamento la técnica del "fracking" para extraer hidrocarburos y la minería metalífera a cielo abierto. Sin embargo, el edil nacionalista Aldo Rous, que impulsó esas medidas, dijo a El País que los coordinadores de bancada blancos están de acuerdo en que si la impugnación prospera recurrirán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o ante la Suprema Corte de Justicia porque se estarían lesionando las autonomías municipales.
"Primero tenemos que recibir la comunicación formal y luego hay un plazo de 10 días hábiles para recurrir", explicó Rous. "Esto es un hecho político porque el Frente Amplio tiene mayoría en diputados y Tacuarembó es blanco hace 50 años", dijo Rous.
