A días de que el delegado presidencial de recursos hídricos, Reinaldo Ruiz, dé a conocer su informe con propuestas para enfrentar la escasez hídrica del país, la fundación Avanza Chile, ligada al ex presidente Sebastián Piñera, lanzó una serie de críticas contra los principales ejes de la reforma al agua que planteada por el gobierno de Michelle Bachelet.

Frente a la idea de darle carácter constitucional a este recurso, Avanza Chile dice en su documento la calidad de bien nacional de uso público del agua, ya estaría consagrada en el Código Civil y el Código de Aguas.

Añaden que “la reforma busca, o al menos puede generar, efectos más profundos e indeseados en nuestro sistema de aprovechamiento de recursos hídricos”. Esto, porque el proyecto plantea la posibilidad de una nueva normativa sobre constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas, distinta a la contenida en el Código de Aguas, el que, “sin perjuicio de la posibilidad de admitir perfeccionamientos, ha funcionado exitosamente en el país por más de 30 años”, destacan.

Con todo, la fundación sostiene que con estas normas “podrían afectarse derechos ya adquiridos conforme a la normativa vigente hasta ahora” y ejemplifican con que “podría interpretarse que la regulación puede considerar la extinción de los derechos ya constituidos en atención a la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de las cuencas hidrográficas, todo lo anterior sin que ello importe una indemnización al particular”.

Ante posibles expropiaciones en la entidad, creada para defender el legado del ex mandatario, sostienen que “aun cuando se fundamenten en la función social, si las limitaciones que se establezcan son de tal entidad que constituyen una privación del derecho de propiedad o de una de sus facultades, será igualmente considerada inconstitucional”.


Críticas a la reforma del Código de Aguas


En lo que respecta a la reforma al Código de Aguas, que es el segundo eje de la reforma que está en revisión, la fundación ligada a Piñera indica que se trataría de un cambio profundo “a un sistema perfectible pero que ha funcionado” y que junto con otras restricciones, “se le quita certeza al titular, de suerte que desincentiva la realización de inversiones para la extracción y buen aprovechamiento de las aguas”.

A juicio de Avanza Chile, la expropiación regulatoria que podría resultar de la medida “podría afectar los derechos de agua de aproximadamente 400 mil agricultores que riegan más de un millón de hectáreas y que representan el 73% de extracciones consuntivas”.

Añaden que también podría afectar los derechos de las hidroeléctricas que generan cerca del 40% de la electricidad, de las sanitarias que abastecen al 99% de la población urbana y al 80% de la rural y, por último, de las mineras, que constituyen más del 50% de las exportaciones del país.