La empresa cree que podrá firmar el contrato con el Gobierno -cuya vigencia rondará los 20 años- antes de que termine el año y que no necesitará recurrir al pedido de prórroga de 90 días que permite la ley de Minería de Gran Porte.

La empresa ha aceptado poner tierras como garantía de cumplimiento del contrato y otra porción la garantizará con efectivo y bonos del Tesoro. La minera planea extraer 18 millones de toneladas al año y emplear a 1.500 personas en forma directa.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, dijo en el Parlamento que el acuerdo con Aratirí le dejará al Estado uruguayo unos US$ 400 millones anuales durante dos décadas.

La empresa tiene que presentar todavía los estudios de impacto ambiental de las cinco minas que explotará, del ducto que llevará el hierro que va a extraer hasta la costa oceánica y del puerto en el que se embarcará con destino al mercado asiático. El Gobierno cree que puede suscribir el contrato con Aratirí aún sin autorizaciones ambientales. La oposición lo cuestiona.