La concejal de Andalgalá Leila Fuentes cuestionó la utilización de los fondos de regalías mineras por parte del Gobierno de la provincia para saldar la deuda de OSEP y para afrontar proyectos del IPV.
La edil del bloque Raúl Alfonsín señaló que "es una situación que me preocupa como andalgalense y catamarqueña”.
Fuentes dijo que al tratarse de un anticipo de las utilidades mineras "están gastando a cuenta, y no es que estén gastando a cuenta mío o de los que gobiernan hoy, están gastando a cuenta de la generaciones futuras", señaló.
"Sabemos que Catamarca es una provincia absolutamente dependiente de la minería. Esto no se puede callar o negar; Catamarca vive de la minería y no parece oportuno usar estos recursos para pagar gastos corrientes como la deuda de OSEP", añadió.
Aclaró que su postura es que a la deuda "había que pagarla porque no se puede tener a la gente cobrándole un plus como lo venían cobrando los médicos porque la salud es una cuestión esencial de la población”, opinó y al mismo tiempo se preguntó por qué se utilizaron dineros provenientes de la minería para hacer frente a estos gastos.
La urgencia para que se aclare el problema limítrofe entre Belén y Andalgalá es, en realidad, la pelea por la distribución de las regalías mineras que el yacimiento Bajo El Durazno reportará al dueño de la mina. La discusión por los límites entre Belén y Andalgalá es la misma que se extendió desde 1997, cuando comenzó la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, hasta el 2004 cuando el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral envió un proyecto a la Legislatura por el que se reglamentó la distribución de las regalías.
En octubre de 2004 entró en vigencia la ley 5.128 de distribución y administración de los fondos recaudados por regalías mineras. Pero hasta ese momento hubo un largo litigio que no tuvo final y cuya discusión se postergó. Es que se decidió que el yacimiento de Bajo La Alumbrera estaba ubicado entre los dos departamentos y, por lo tanto, la participación del 35% se dividió en partes iguales.
La historia
La base para la reglamentación de la ley estaba en el artículo 68 de la Constitución Provincial, que establece que "las tarifas, el canon, las regalías o la contribución a percibir por la Provincia serán fijados por ella o de común acuerdo con la Nación y por la ley se asignará una participación en los mismos al departamento donde se encuentre situado el yacimiento minero".
Apenas comenzó la gran producción minera estalló el conflicto por los límites entre Belén y Andalgalá. Por aquellos años se formaron los foros del oeste y organizaciones no gubernamentales que defendían la propiedad del yacimiento. Cada una de ellas tenía una teoría, una hijuela o una historia distinta con respecto a los límites.
La discusión llegó a la Legislatura provincial, donde se presentó una gran cantidad de proyectos en los que se proponían distintas estrategias para distribuir las regalías mineras. En un escenario se libraba la batalla del oeste por la propiedad del yacimiento y en otro, la de los departamentos no mineros que también querían participar de la renta minera.
Habían pasado seis años desde que comenzó la producción minera y ante la dificultad para llegar a un acuerdo, el Gobierno adoptó una solución salomónica que quedó reflejada en la ley 5.128.
Por ésta se asignó una participación del 35 para el o los departamentos donde se encuentre situado el yacimiento de la siguiente manera:
a) Si estuviese ubicado en un solo departamento, la participación será del veinticinco por ciento (25%) para éste y el diez por ciento (10%) restante se distribuirá en partes iguales para el resto de los departamentos que componen la región correspondiente: Oeste, Antofagasta de la Sierra, Santa María, Tinogasta, Belén, Andalgalá y Pomán; Centro, Ambato, Paclín, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, Capital y Capayán; y Este, Santa Rosa, El Alto, Ancasti y La Paz.
b) Si el yacimiento estuviese situado en dos o más departamentos, dicha participación del treinta y cinco por ciento (35 %) se distribuirá entre ellos por partes iguales.
El 65% restante pasa a integrar el Tesoro Provincial.
Contradicción oficial por los límites en el Oeste
Un informe de la Secretaría de Minería que fue enviado al senador de Belén, Ricardo Castellanos (FCS), puntualiza que los yacimientos de Bajo El Durazno pertenecen a Belén. Sin embargo, la Administración de Catastro manifiesta que los límites están en una zona de indefinición y es la Legislatura la que debe tratar una ley, ya que en la actualidad se rigen por un decreto de 1895. "Ese decreto dice que esos límites se mantendrán 'hasta que la Honorable Legislatura dicte la ley'”, puntualizaron en el organismo.
El 9 de mayo, Castellanos envió una nota a la Secretaría de Minería por la que solicitó información sobre el yacimiento minero Bajo El Durazno. El director provincial de Minería, Marcelo Reynoso, envió como respuesta una copia del padrón de minas, copia del plano de ubicación en el registro oficial y listado de coordenadas del perímetro del yacimiento.
Conforme al padrón minero 2014, Bajo El Durazno está en el departamento Belén. Al referirse a la ubicación menciona "El Durazno", una localidad de ese departamento.
El yacimiento está integrado por 22 minas, cada una de ellas tiene 12 hectáreas y tienen cobre y molibdeno. Solo una de las minas tiene oro y cobre (Bajo El Durazno II). Fueron registradas en el año 70 y están concesionadas a YMAD.
Ésa fue la razón por la que el senador de Belén inició un proyecto por el que solicitaba al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos correspondientes, se dicte la ley 5.128, con respecto a la distribución secundaria de regalías mineras provenientes de la futura explotación del yacimiento minero Bajo El Durazno.
En los fundamentos de la iniciativa expresaba que se pretende "evitar situaciones de mal interpretación o distorsión de la realidad en cuanto a la metodología y procedimientos utilizados para la distribución de regalías mineras".
El proyecto iba a tratarse en la sesión del jueves pasado, pero el senador José Perea (Andalgalá) pidió que regrese a comisión porque tenía otra documentación con respecto a los límites.
