El proyecto minero San Jorge, el cual pretende explotar un yacimiento de cobre en Uspallata, será uno de los temas que pondrán sobre la mesa la presidenta Cristina Kirchner y su par ruso, Vladimir Putin, durante el encuentro que sostendrán el 12 de julio en Buenos Aires. Es que un punto central de la reunión serán los intereses de ese país en Argentina y el cuidado de los mismos, por lo que el mandatario euroasiático buscará asegurar buenas condiciones para los inversionistas de su país, siendo el proyecto minero metalífero un punto fundamental luego de que dos consorcios rusos adquirieran 70% del proyecto.
Por eso, las gestiones se harán al más alto nivel, tratando de asegurar que la nueva idea de una operación biprovincial no encuentre reparos y se pueda concretar lo antes posible. No habría mayores problemas con el aval del Gobierno nacional, con una postura prominera, pero tampoco los habría a nivel local, porque en la gestión de Francisco Pérez también apostarían al desarrollo del proyecto, poniendo sobre la balanza –especialmente– los beneficios que puede entregar para reducir la cifra de desempleo, una de las más altas de toda la gestión del gobernador.
Es que la inversión de 200 millones de dólares y la posibilidad de generar unos dos mil puestos de trabajo se hace atractiva en medio del problema que enfrenta el Gobierno local en las cifras de empleo, también luego del revés que le significó la resolución de la Corte respecto de la toma de deuda y la incertidumbre que genera el resultado final del nuevo acuerdo nacional de hidrocarburos.
Es que, sin la necesidad de modificar la ley 7.722 y apostando a una operación biprovincial, no habría mayores reparos técnicos para aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Antes de asumir, fue el mismo Pérez quien echó por tierra el proyecto, considerando el costo político que podría significarle en pleno proceso electoral, pero, ahora, la situación sería diferente y, además, sería una primera señal de apertura al desarrollo de la minería metalífera, algo que mantiene en alerta a los sectores ambientalistas.
ANTES DE IR AL MUNDIAL.
La visita de Vladimir Putin será un día antes de la final del Mundial de Brasil, país al que se trasladará para ver el partido que defina al nuevo campeón del mundo. Antes de eso, buscará consolidar la “alianza estratégica”, donde los grupos Solway Investiment y Aterra Capital, propietarios de la mayoría del proyecto cuprífero en Uspallata, juegan un rol fundamental, tanto que en el sector minero local consideran que, después del encuentro de presidentes, podría haber señales de avance importantes.
Al consultar sobre los avances en la situación de San Jorge después de la reunión de los nuevos inversionistas con el gobernador Pérez, la respuesta es “hay que esperar la visita de Putin”, confiando en que será un paso clave para que salga pronto la DIA, que lleva un tiempo en manos del Ministerio de Tierras y Ambiente. Consultados por la situación del documento, en la repartición del Estado no se entregó información al respecto.
Una vez que salga de los organismos técnicos de ambiente y minería, la DIA debe pasar a la Legislatura provincial, donde –según los especialistas– de no mediar una decisión política, no habría posibilidad de objetarla, ya que cumple con todo lo que dice la ley 7.722. Es que, con el nuevo proyecto biprovincial, en Mendoza sólo se haría el proceso extractivo del material para transportarlo en tres hasta Calingasta, localidad fronteriza de la vecina provincia de San Juan, donde se realizaría todo el proceso para extraer el cobre de la roca.
Hasta ahora, las gestiones sólo se realizan en Mendoza porque es el único lugar donde se puede trabar la idea. En la vecina provincia, fuentes del gobierno de José Luis Gioja señalaron que se han enterado del interés de los empresarios rusos pero no han recibido ninguna visita oficial para manifestar la intención de hacer una planta en la localidad de Calingasta. La idea, en principio, sería dejar todo cerrado en nuestra provincia para luego ir hasta San Juan, donde la minería es la actividad por excelencia y donde no tendrían ningún de reparo para operar.
EN SAN JUAN ESTÁN LISTOS.
La puesta en marcha del proyecto sería una noticia positiva para el sector minero pero no los deja del todo satisfechos, ya que no ven con buenos ojos que se lleven el material de la provincia a otras zonas.
Para Mario Chabert, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), es un despropósito que no se pueda cumplir con todo el proceso en la provincia. “No puede ser que estemos dejando que se lleven el mineral de Mendoza para procesarlo en otra provincia, estamos perdiendo ganancias, mano de obra y todo lo que significa la puesta en marcha de una planta procesadora”, dijo.
De acuerdo con la visión del representante minero, dos tercios del proyecto quedarán en la provincia de San Juan y “ellos verán esos beneficios, pero en la actualidad no se puede hacer otra cosa”.
Chabert señaló que hay muchas empresas que llegan con la intención de invertir a Mendoza y están consultando si se trata de zonas limítrofes, provinciales o internacionales. “Los inversionistas interesados vienen y te preguntan si el yacimiento está cerca de San Juan o en la frontera con Chile. No puede ser que estemos dejando pasar la oportunidad de desarrollar una industria de manera responsable y que puede ser muy beneficiosa en estos momentos para la provincia”, sentenció.
Por su parte, el titular de la Cámara de Empresarios Mineros de San Juan, Jaime Berges, ve positivamente que se pueda desarrollar una parte del proyecto en su provincia. “Va a significar impacto económico muy bueno, la gente está ‘chocha’”, dijo el representante del sector.
Agregó que eso pasa porque la gente ya conoce el desarrollo de la actividad y se ha logrado una calificación positiva. “En el 2005, una encuesta que hizo la Cámara Minera daba que 32% de la gente apoyaba el desarrollo de la minería. Hoy superamos el 74% y eso indica cuál es la historia. El día que Mendoza sepa de toda esta historia va a cambiar las cosas, como ocurriría en cualquier lugar del mundo”.
Respecto del desarrollo minero en la localidad de Calingasta, donde se instalaría la planta de procesamiento del mineral de San Jorge, dijo: “Hay una mina grande, que es la mina Casposa, a 15 kilómetros de la ciudad de Calingasta. Allí trabaja una mina de oro y no hay ningún problema. Arrancó en el 2009 y ya son cinco años del yacimiento trabajando”.
En la visión de Berges, una vez que se defina completamente la reactivación de San Jorge y, de acuerdo con su experiencia, una planta como la que necesitaría el proyecto se podría levantar en unos 12 o 18 de meses, para estar en condiciones de operar.
SALTARSE LA 7.722
La idea del nuevo proyecto de San Jorge es llevar por 22 kilómetros de vía férrea el material fuera de la provincia y saltarse las prohibiciones de uso de ciertos químicos que están establecidas en la Ley 7.722.
Sin embargo, al mediano plazo, la intención de algunos legisladores oficialistas, mayoritariamente, es avanzar en las modificaciones de la legislación, apostando al desarrollo de proyectos, especialmente en el Sur provincial.
Por otro lado, y ya dejando de lado la opción legislativa, hay 11 proyectos mineros que piden la inconstitucionalidad de la ley en cuestión. Los ambientalistas, en tanto, siguen en alerta y apuntan al compromiso del gobernador para mantenerla vigente.
La pelea entre oficialismo y oposición tuvo uno de sus puntos más álgidos este lunes cuando llegó el fallo de la Corte que da lugar a la suspensión de la Ley de Reconducción Presupuestaria. Pero no será la última porque se viene una nueva puja que conjuga intereses económicos y políticos y en la que el gobernador ha ordenado poner especial énfasis.
Francisco Pérez ha dado la orden de dar batalla por la Ley de Ordenamiento Territorial que está en la Legislatura desde el 1 de mayo y ni siquiera ha pasado por las comisiones correspondientes, lo que hace suponer que para su tratamiento resta tiempo y hasta algunos especulan que no será en 2014.
Pérez quiere que la misma esté en aplicación antes de dejar su Gobierno y por eso tanto él como su ministro de Tierras, Guillermo Elizalde, ya salieron a cargarle a Cornejo la responsabilidad por haberla dejado frenada en el recinto. Lo cierto es que la norma, que tiene casi 250 páginas y que fue elaborada con la participación de los científicos más reconocidos de la provincia, pasó varias gestiones porque transcurrieron más de 19 años para que viera la luz.
Pero desde la oposición ya advierten que tal y como está no tiene posibilidades de ser aprobada. Qué argumentan para esto, que no se trata de un plan sino de un conjunto de ideas sueltas. Se quejan porque no establece hacia dónde deben extenderse los municipios y hacia dónde no, además de no dejar claro en qué sectores habrá agua y en cuáles no.
La norma tampoco fija una postura clara en relación a temas polémicos como la minería. En realidad el Gobierno había dejada sentada una postura algo más clara a favor de ciertos emprendimientos pero antes de ver la luz los ambientalistas se enteraron y prometieron darle batalla. Por esto, a último momento el Gobierno cambió de rumbo y decidió bajarle el tono a la luz verde.
Otro de los temas que molesta a la oposición, en especial a los laderos de Alfredo Cornejo, es que no se haya establecido claramente qué piensa hacer con el piedemente, un lugar de alta fragilidad y vulnerabilidad pero también en la mira de especulaciones inmobiliarias e intereses enocómicos. En este punto es que el Gobierno ya salió a aclarar que a partir de ahora deberán elaborarse los planes sectoriales que fijarán pautas mínimas para estos sectores vulnerables. Es más, esa comisión ya comenzó la elaboración de las pautas. “Pero lo hubieran dejado sentado en la ley entonces...”, se queja uno de los hombres de Cornejo que adelanta que habrá batalla y que esta no será nada fácil para el oficialismo.
Sobre cuáles son las zonas de cada comuna donde habrá que concentrar esfuerzos tampoco hay mucho, dicen los opositores, y se quejan porque la única zona que parece estar identificada en Godoy Cruz es El Pozo.
Mientras, los hombres cercanos a Pérez ya están intentando traccionar el tratamiento de la norma en comisiones, pero “lo cierto es que los radicales ni la han leído”, responde uno de ellos con notable malestar.
Sin dudas será la batalla que se viene. Una pelea obligada para sacar a la luz una norma que sufrió frenos y amagues de casi todos los sectores económicos de la provincia.
