El ministro de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, confió en que se alcanzará un acuerdo entre Nación y los gobernadores de las provincias miembro de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) para la redacción de la nueva ley del sector.
"Lo importante para lograr el autoabastecimiento energético nacional es que las cuatro patas de la mesa que permiten el desarrollo hidrocarburífero se pongan de acuerdo", dijo.
Precisó que "son el gobierno nacional -que es quien fija la política energética y básicamente fija los precios, las tarifas y los subsidios-, los empleados -con su representación sindical-, las empresas operadoras -que tienen a su cargo la exploración y explotación- y los gobiernos provinciales -en los que subyace este recurso en el cual la jurisdicción y la renta y la comercialización del dominio es competencia, pertenencia y propiedad de las provincias hidrocarburíferas".
Precisó que "si hay respeto y entendimiento sobre la función, las responsabilidades y las competencias que tiene cada uno de estos cuatro actores, sin lugar a dudas que en tres o cuatro años lograremos el autoabastecimiento energético nacional".
Manifestó que "la situación de déficit en materia hidrocarburífera que tenemos actualmente en nuestro país será resuelta" y agregó que "generaremos las divisas necesarias para ser volcadas al desarrollo productivo, energético, al desarrollo de las actividades básicas primarias productivas, turísticas y de capacitación, que son las indispensables para el desarrollo y el sostenimiento del bienestar de todos los habitantes del país".
También destacó que "en la generación y producción del recurso hidrocarburífero y su puesta en valor, conseguiremos el autoabastecimiento energético nacional, lograremos la sostenibilidad financiera, presupuestaria, frenar la fuga de divisas, fortalecer la paridad cambiaria, reasignar riquezas y fortalecer empleo".
El ministro de Economía, Omar Gutiérrez, confía en que pronto se llegará a un acuerdo en torno a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que continúa en proceso de negociación entre autoridades de Nación y provincias productoras que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).
También indicó que “la relación de nuestra empresa estatal GyP con YPF no es una relación competitiva, sino complementaria”
Añadió que las compañías tienen “una relación asociativa, porque en algunos casos somos socios en la exploración y explotación de algunas áreas, con lo cual entiendo que a través del diálogo hay una relación madura y no debe haber confrontación”.
Acuerdo
Gutiérrez señaló que para lograr el autoabastecimiento energético nacional es necesario que los diversos sectores se pongan de acuerdo.
“Hay cuatro patas en esta mesa: el gobierno nacional, que es quien fija la política energética y básicamente fija los precios, las tarifas y los subsidios; luego los empleados con su representación sindical; las empresas operadoras que tienen a su cargo la exploración y explotación, y finalmente los gobiernos provinciales, en los que subyace este recurso en el cual la jurisdicción y la renta, y la comercialidad del dominio es competencia, pertenencia y propiedad de las provincias hidrocarburíferas”, detalló el ministro.
El funcionario neuquino consideró que “en este contexto, si hay respeto y entendimiento sobre la función, las responsabilidades y las competencias que tiene cada uno de estos cuatro actores, sin lugar a dudas en tres o cuatro años lograremos el autoabastecimiento energético nacional”.
Gutiérrez agregó que si se soluciona el déficit energético se generarán divisas que podrán ser volcadas al desarrollo productivo.
El titular de la cartera económica dijo que con el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos se logrará “la sostenibilidad financiera, presupuestaria, frenar la fuga de divisas, fortalecer la paridad cambiaria, reasignar riquezas y fortalecer empleo”.
El gobierno neuquino dio una nueva señal contemporizadora en el debate de provincias con el gobierno nacional respecto de una ley de hidrocarburos, al difundir declaraciones del ministro de Economía, Omar Gutiérrez, que enfatizan que “no debe haber confrontación” con YPF.
Según el comunicado gubernamental, Gutiérrez precisó que “lo importante para lograr el autoabastecimiento energético nacional es que las cuatro patas de la mesa que permiten el desarrollo hidrocarburífero se pongan de acuerdo”.
Las “cuatro patas” fueron identificadas como el gobierno nacional, las representaciones sindicales, las empresas operadoras y los gobiernos provinciales.
“El gobierno nacional que es quien fija la política energética y básicamente fija los precios, las tarifas y los subsidios”, sostuvo Gutiérrez, para quien los gobiernos provinciales tienen la “jurisdicción, la renta y la comercialización del dominio”.
Gutiérrez destacó que “la relación de nuestra empresa estatal G&P con YPF no es una relación competitiva, sino complementaria” y añadió que “también es una relación asociativa, porque en algunos casos somos socios en la exploración y explotación de algunas áreas, con lo cual entiendo que a través del diálogo hay una relación madura y no debe haber confrontación”.
Advirtió que “en este contexto, si hay respeto y entendimiento sobre la función, las responsabilidades y las competencias que tiene cada uno de estos cuatro actores sin lugar a dudas que en tres o cuatro años lograremos el autoabastecimiento energético nacional”.
En el marco de las discusiones que se están llevando adelante en el plano nacional por la nueva Ley de Hidrocarburos, el ex concejal caletense Facundo Prades se manifestó por los derechos que deben defender y sostener las provincias y municipios petroleros.
“Es una obligación ineludible defender la soberanía provincial sobre los recursos naturales; hacer lo contrario sería renunciar a un derecho indiscutible, por lo cual no podemos permitirnos perder esa autonomía”, sostuvo el radical Prades en un comunicado de prensa que diera a conocer ayer.
Correlativamente expresó su adhesión a la postura del senador nacional por Santa Cruz, Alfredo Martínez (UCR), “quien mostró su preocupación por la reforma que busca introducir el oficialismo en la Ley de Hidrocarburos, asegurando que con estos cambios nos estamos jugando el futuro de las provincias petroleras”.
Por ello consideró que “la nueva ley a sancionarse debe regular la distribución de competencias del dominio originario”, además de elevar significativamente el techo de las regalías fijado actualmente en el 12%, teniendo especialmente en cuenta que se trata de un recurso no renovable.Al mismo tiempo recordó que “en el país existen cinco cuencas petroleras y nosotros contamos con una de ellas. Estamos aportando desde la provincia un gran porcentaje del crudo nacional y eso no lo vemos reflejado en las regalías que recibe la provincia ni en la coparticipación que le corresponde a Caleta Olivia”.
En consecuencia, sostuvo, “no podemos permitir, bajo ningún concepto, que el volumen de producción para el cálculo de regalías sea controlado por una simple declaración jurada de los concesionarios, sino que debemos asegurar la instalación de sistemas electrónicos o informáticos que permitan un efectivo control de las salidas de los recursos y con ello el resguardo de las arcas fiscales provinciales”.
MEDIO AMBIENTE
En otros párrafos de su extenso informe, Prades menciona que en la discusión de esta nueva ley “también debemos concentrarnos en la necesidad de incluir un régimen ambiental que exija una evaluación del impacto que causa la exploración y extracción de hidrocarburos de origen mineral”.
“Por ello –acotó–, la futura ley debe asegurar a las provincias productoras de petróleo y gas la reparación económica inmediata del daño ambiental provocado por la desaprensiva explotación sin inversión en la materia”.
Finalmente, puso de relieve que “no debe sancionarse ninguna nueva Ley de Hidrocarburos sin antes discutir las formas de asociación empresaria; los aportes de capital y de recursos; los plazos contractuales para explorar y explotar; las regalías para las provincias y el esquema fiscal a aplicar en la actividad”.
En el marco de la discusión que están llevando adelante las provincias con el Gobierno Nacional sobre la nueva Ley de Hidrocarburos, el dirigente radical se
manifestó a favor de los derechos que deben defender y sostener las provincias y municipios petroleros.
Yo entiendo que es una obligación ineludible defender la soberanía Provincial sobre los recursos naturales que prescribe el artículo 124 de la Constitución Nacional, hacer lo contrario sería renunciar a un derecho indiscutible de las Provincias y exponerlas a una mirada retrospectiva de la antigua concepción unitaria que tenía el País y no podemos permitirnos el perder l autonomía provincial.
El sistema federal de gobierno fue tenido especialmente en cuenta por los Convencionales Nacionales al reformar la constitución en el año 1.994, entre ellos, el ex Presidente Néstor Kirchner y la actual Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente; por lo tanto nuestra Provincia, ahora, más que nunca, debe exigir la vigencia y el respeto irrestricto a dicho reconocimiento Constitucional.
Es por ello que adhiero a lo señalado por el Senador Nacional de la U.C R, Alfredo Martínez, quien mostró su preocupación por la reforma que busca introducir el oficialismo en la ley de Hidrocarburos, asegurando que con estos cambios nos estamos jugando el futuro las provincias petroleras, exigiendo un debate amplio al respecto y que se tengan en cuenta los tres proyectos de ley que presentó el bloque de la UCR para mejorar la normativa sobre la actividad petrolera y garantizar una política energética para el país.
Considero que la nueva ley a sancionarse debe regular la distribución de competencias del dominio originario de las provincias respecto de los hidrocarburos. También debe eliminarse el techo de las regalías fijado actualmente en el 12 por ciento de la producción de hidrocarburos, ampliándolo significativamente, teniendo especialmente en cuenta su carácter de recursos no renovables. Debemos recordar que en el país existen 5 cuencas petroleras y nosotros contamos con una de las productivas del país. Estamos aportando desde la provincia un gran porcentaje del crudo nacional y eso no lo vemos reflejado en las regalías que recibe la provincia ni en la coparticipación que le corresponde a Caleta Olivia.
No podemos permitir, bajo ningún concepto, que el volumen de producción para el cálculo de regalías sea controlado por una simple declaración jurada de los concesionarios, sino que debemos asegurar la instalación de sistemas electrónicos y/o informáticos que permitan un efectivo control de las salidas de los recursos y con ello el resguardo de las arcas fiscales Provinciales. Somos los principales responsables de velar por nuestros recursos y resulta sumamente importante el saber cuánto estamos produciendo para poder planificar el desarrollo de la provincia y las localidades. Nosotros sabiendo claramente cuanto se produce y discutiendo las regalías y coparticipación podemos generar recursos económicos permanentes para las localidades petroleras. Eso no significa que debamos restarle a las otras localidades sino exigirles más a las operadoras que se llevan el recurso no renovable de Santa Cruz y sabemos que el petróleo en algún momento no va a estar.
También debemos centrarnos en la discusión de esta nueva Ley donde debe incluirse un régimen ambiental para toda la actividad hidrocarburífera que exija una evaluación del impacto ambiental para la exploración y extracción de hidrocarburos de origen mineral, por ello la ley debe asegurar a las Provincias productoras de Petróleo y Gas, la reparación económica inmediata del daño ambiental provocado por la desaprensiva explotación sin inversión en la materia.
La nueva norma a sancionarse no puede avasallar las autonomías Municipales, impidiéndoles o restringiéndoles el legítimo derecho a la sanción de ordenanzas que exijan el pago de tasas o servicios a las concesionarias por razones inherentes a sus actividades exploratorias y/o extractivas dentro de sus respectivas jurisdicciones. El derecho de los Municipios a obtener una importante fuente genuina de recaudación, no puede verse menoscabado o desconocido por la sanción de una ley que sería, seguramente, tachada de flagrantemente inconstitucional. Recordemos que los municipios de zona norte, principalmente, tienen un alto porcentaje de mano de obra en la industria petrolera con servicios directos e indirectos. Asimismo al ser una localidad cabecera de la provincia somos el paso obligado de recursos humanos y equipamiento que se desempeña o emplea en los diferentes yacimientos de la provincia. Es por ello que esta Ley no debe quitarle a los municipios la herramienta brindada por la constitución nacional en el año 1994.
Finalmente sostengo la necesidad de la fijación de una política energética Nacional con la participación obligatoria de las Provincias, para la coordinación, planificación y ejecución de las tareas inherentes a la exploración y explotación de los Recursos energéticos renovables y no renovables, propendiendo a la divulgación y promoción de las energías alternativas (Eólica, Solar, Mareomotriz, Biomasa, Hidrógeno, etc.., como manera de interpretar acabadamente la necesidad imperiosa de buscar la aplicación de energías no contaminantes que pongan fin al calentamiento global y sus funestas derivaciones climatológicas.
Debemos ser claros al mostrar nuestra mirada sobre este tan importante tema para Santa Cruz, ya que así como debemos pelear por las regalías para las provincias, desde los municipios debemos garantizar la posibilidad del ingreso de recursos financieros que nos permitan el crecimiento en materia de infraestructura social y cultural para las localidades que se encuentran inmersas dentro de la industria petrolera del País.
No se debe sancionar ninguna nueva ley de hidrocarburo sin antes discutir las formas de asociación empresaria, los aportes de capital y de recursos, los plazos contractuales para explorar y explotar, las regalías para las provincias y el esquema fiscal a aplicar en la actividad, son temas en análisis.
Ya las provincias petroleras e YPF marcaron sus diferencias respecto de la forma de participación y asociación provinciales con compañías privadas nacionales e internacionales para desarrollar reservorios en Vaca Muerta y otros ya detectados en Santa Cruz, Chubut y Tierra de Fuego.
El proyecto en estudio debe respetar lo que marca la Ley Corta y la Constitución de 1994, donde reconoce a los estados provinciales sus derechos sobre los recursos hidrocarburíferos; concluyo el dirigente.-
