Por Martín Dinatale.

Los años y cuatro meses después de que un grupo de 43 países presentara en la Organización Mundial de Comercio (OMC) una queja formal contra la Argentina por las restricciones a las importaciones que impuso el Gobierno, la respuesta llegará en los próximos días y no serán buenas noticias para Cristina Kirchner: todo indica que se hará lugar a las quejas planteadas y, como contrapartida, se habilitaría a los países denunciantes a aplicar represalias comerciales similares a las que aplica la Argentina.

Según confiaron a LA NACION cinco fuentes calificadas de la diplomacia extranjera y local, la OMC entregó un informe confidencial a los países denunciantes y a la Argentina, en el que habilita a los países a fijar una "cláusula de retaliación", o medidas espejo, contra la Argentina.

En la práctica esto será un duro golpe para el Gobierno, porque podría provocar que las exportaciones de la Argentina se vean reducidas drásticamente y caigan los ingresos en dólares que recibe el Banco Central.

La OMC establece en su reglamentación que este tipo de medidas no se pueden aplicar si el Gobierno apela la decisión y busca un acuerdo con aquellos países que lo denunciaron por prácticas restrictivas. Pero la amenaza está latente y podría generar "turbulencias comerciales", como coincidieron las fuentes consultadas.

Si se toma en cuenta el flujo comercial que tiene la Argentina con los 43 países que presentaron quejas ante la OMC en marzo de 2012, el país podría ver afectado entre un 25 y un 30% de sus exportaciones al mundo.

En el caso de que todos los países denunciantes pusieran en marcha la sugerencia de la OMC, esto implicaría que el Gobierno pondría en riesgo unos 24.000 millones de dólares del ingreso que recibe anualmente por este flujo comercial, aunque aún no está claro si el paper confidencial de la OMC fija límites a la aplicación de retaliaciones en función del flujo global del comercio que tiene la Argentina.

"Hay mucha preocupación y vamos a estar atentos para apelar una eventual medida de esta envergadura", dijo a LA NACION un destacado funcionario de la Cancillería que estaba al tanto del informe de la OMC.

De hecho, el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof, ya instruyeron al embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, Alberto D'Alotto, para que intervenga con la firme intención de frenar una embestida de los 43 países denunciantes. La aplicación de las retaliaciones no se puede poner en marcha si antes no se define la apelación que presente la Argentina. El embajador argentino espera presentar esa apelación no bien se formalice y se haga público el paper de la OMC.

Fuentes diplomáticas extranjeras que pidieron no ser identificadas confirmaron a LA NACION la existencia del documento confidencial de la OMC, aunque lo más probable es que sean los embajadores designados en Ginebra quienes informen a la Argentina sobre los pasos a seguir.

Por lo pronto, entre fines de julio y los primeros días de agosto se realizará en Suiza otro panel de la OMC con la Argentina y los países denunciantes para evaluar la resolución del conflicto.

Por su reglamento interno, la OMC no puede emitir sanciones a la Argentina ante las denuncias presentadas, pero puede sugerir la aplicación de retaliaciones o medidas espejo, como lo hizo. No está claro aún si en el documento de la OMC se detalla el mecanismo para aplicar estas medidas. Es decir, si los países denunciantes pueden aplicar licencias no automáticas, aranceles especiales o la directa suspensión de algunos productos de la Argentina, como hizo el Gobierno con las importaciones. El grado de aplicabilidad de estas medidas definirá en qué medida las exportaciones argentinas pueden verse afectadas.

En marzo de 2012, la Argentina fue denunciada ante la OMC por sus prácticas de restricción de importaciones. Entre los 43 países que presentaron esa queja estaban los 28 Estados de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Israel, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Suiza, Taipei, Tailandia y Turquía, entre otros.

En aquel momento, y durante todas las exposiciones que hicieron los embajadores argentinos ante la OMC, el Gobierno desestimó las críticas y ratificó toda su política comercial.

En la queja formal que se presentó en la OMC hace dos años se cuestionó la práctica proteccionista que aplicó el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que contemplaba la aplicación de licencias de importación no automáticas, las regulaciones que requieren un registro previo de declaraciones juradas de los importadores y una aprobación muy detallada de cada transacción importante, entre otras medidas que consideraron "arbitrarias" o contrarias a las prácticas del mercado global.

En su presentación ante la OMC, los países denunciantes coincidieron en un documento en el que destacaron: "Todo indica que el nuevo sistema funciona como un esquema de facto de restricción de importaciones sobre todos los productos" en la Argentina. Moreno se fue a Italia, pero sus medidas continuaron en pie por obra del secretario de Comercio, Augusto Costa.

Puja de más de dos años

En marzo de 2012 unos 43 países presentaron ante la OMC una queja formal contra la Argentina por las restricciones a las importaciones que imponía el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

En los dos últimos años hubo paneles de debate y negociaciones en la OMC para arribar a un acuerdo entre las partes involucradas, pero no se llegó a una solución.

El Gobierno ratificó en todo momento su política comercial y desestimó las denuncias. La última presentación fue defendida por el actual secretario de Comercio, Augusto Costa.

Al no dar con una solución, la OMC envió un documento confidencial a las partes involucradas en el litigio, donde habilita a los países denunciantes a aplicar medidas espejo sobre los productos argentinos.

El Gobierno apelará esa decisión y la OMC deberá mediar nuevamente para evitar que se apliquen las retaliaciones.