En medio de la polémica por la ubicación del yacimiento minero Bajo El Durazno, que enfrenta a Andalgalá con Belén, el senador santamariano César Marcial lanzó la propuesta de una “mediación” entre los dos departamentos “por medio de alguien que tenga objetividad técnica”, a fin de que se deje perfectamente aclarado el tema de los límites.

Sumado al debate, el intendente tinogasteño Hugo Ávila se refirió al conflicto entre andalgalenses y belichos, y consideró que “quien tiene que brindar precisiones es el Instituto Geográfico Militar” para que se aclare los límites entre los departamentos.

Durante la última semana ha tomado mayor relevancia en el ámbito legislativo provincial el debate en relación a los límites geográficos en el orden provincial donde, entre otras propuestas, surgió la necesidad de contar con una ley actualizada puesto que el asunto se regiría todavía por un decreto del gobernador Julio Herrera emitido en 1895. En este sentido, diferentes legisladores y funcionarios han intervenido, tal el caso del senador capitalino Ramón Figueroa Castellanos (FPV), quien expresó que estuvo reunido con una historiadora experta en el tema, quien le aseguró que los lindes están “claramente delimitados”, por lo que añadió: “Los límites son precisos y están hechos para que se respeten, no para que no se respeten”.

Con Salta

Además del conflicto intraprovincial por este tema, existe otra puja, esta vez con Salta y a nivel de la Corte Suprema de Justicia, por la zona del Salar del Hombre Muerto, que también tiene fuertes intereses mineros por detrás.

En este sentido, el fiscal de Estado Carlos Bertorello desmintió las versiones periodísticas que afirmaban que había solicitado mediante una nota al presidente del máximo tribunal de la Nación, Ricardo Lorenzetti, una reunión para que se evalúe la situación.

En este sentido, sostuvo que “(las versiones) son puras especulaciones por parte de los medios”, al tiempo agregó que “la Provincia está esperando que la Corte Suprema se expida mediante dictamen sobre lo presentado ante el tribunal que lleva la causa”.

La causa

Cabe destacar que la causa inició en diciembre de 2007, cuando el gobierno catamarqueño demandó a Salta por el avance territorial y concurrió a la Corte Suprema de Justicia, donde presentó antecedentes históricos que probarían que la zona de Antofagasta de la Sierra, donde está la mina del Salar de los Diablillos, integra “el territorio de Catamarca desde hace muchos años, por historia y tradición, así como también según lo dispuesto en diversas prescripciones de nuestro ordenamiento jurídico nacional”.