Por Silvia Pisani.

El Gobierno finalmente estaría avanzando en las negociaciones con los holdouts. Al menos dio un primer paso ayer, al confirmar que enviará una misión negociadora para reunirse con Daniel Pollack, el intermediario que designó el juez Thomas Griesa para poder llegar a un acuerdo con los fondos buitre respecto de la forma de pago de los US$ 1330 millones que, según dictaminó la justicia norteamericana, debe cancelar la Argentina.

El viernes pasado, en la audiencia que se llevó a cabo en esta ciudad, Griesa sostuvo que "si se quiere negociar hay que plantear un camino para mantener el statu quo de manera que no haya default el 30 de junio; no obstante, la situación se mantendría -estoy usando la frase una y otra vez, discúlpenme- en statu quo". De acuerdo con el comunicado de Economía, Pollack propuso luego como fechas posibles para mantener una reunión con funcionarios de la Argentina el 3 de julio o bien la semana siguiente, comenzando el 7 de julio.

"En tal sentido, el Ministerio de Economía informa que se ha designado una delegación para reunirse el día 7 de julio con el citado funcionario", dice el comunicado difundido ayer. "De este modo, la Argentina reitera su vocación para negociar en condiciones justas, equitativas y legales que contemplen los intereses del 100% de los acreedores, lo que significa puntualmente que se permita cobrar a los bonistas reestructurados en el vencimiento en curso", agrega.

Lo cierto es que la escueta pero contundente expresión negociadora de Kicillof se conoció al caer la tarde de un día difícil.

La Argentina ingresó ayer por primera vez en mucho tiempo en una mora parcial en el pago a sus acreedores y el mercado se hizo eco de la incertidumbre. Sucedió después de que el Bank of New York (BoNY), el agente de pago de los títulos argentinos con legislación norteamericana, no les hiciera a los tenedores del bono Discount la transferencia de los US$ 538 millones correspondientes al cupón que vencía ayer.

"No está claro qué es lo que piensa hacer la Argentina", sintetizó, inquieto, un operador financiero de esta plaza a LA NACION. "Toda la atención se centra en la postura que tomará el Gobierno y en la forma en que encarará la situación", abundó Diego Chameides, de Quantum Finanzas.

El malestar aumentó con la pública denuncia de los fondos buitre de que, pese a todos los anuncios, no había negociaciones en marcha y que el gobierno de Cristina Kirchner no mostraba real voluntad al respecto, en una suerte de doble estándar.

"La pretendida voluntad negociadora de la Argentina probó ser otra falsa promesa", protesto el número dos del fondo NML Capital, Jay Newman, dejando estrictamente sobre el gobierno de Cristina Kirchner la posibilidad de un nuevo default. "Nuestro fondo está listo para dialogar. Pero la Argentina rechazó hacerlo sobre cualquier aspecto de esta disputa. No hay actualmente negociaciones en curso y no hay compromiso para que existan en el futuro", añadió.

El estratega del fondo buitre reprochó a la Casa Rosada la posibilidad de que esa negativa lleve nuevamente al país a una suspensión de pagos, en "un proceso de vía muerta", que sinceramente "esperamos que reconsidere". Poco después, justamente, se conocía el anuncio de que se abría una nueva dinámica en el tenso escenario.

"Ya se sabe que este tipo de acuerdos no se alcanzan en una semana o en dos", deslizó el juez Griesa en la audiencia del pasado viernes. "Pero se alcanzan", insistió, en una de sus varias exhortaciones a que las partes lleguen a un entendimiento de pago que tuvo durante el encuentro, según se desprende del acta del caso.

Del mismo documento se desprende que los US$ 538 millones que la Argentina dispuso ya para el pago que no pudo efectuar ayer permanecen en la cuenta que el BoNY posee en el Banco Central (BCRA) y no fueron tocados, en "acatamiento" a la orden del juez Griesa, que declaró ilegal todo pago a los bonistas reestructurados que no incluyera a los holdouts. "Los fondos están allí y en señal de respeto y acatamiento de la orden judicial no serán distribuidos", aclaró el representante legal del BoNY, Eric Schaffer.

La Argentina llegará a la negociación del lunes con los buitres con el previsible respaldo de los gobiernos de la región, que así lo expresarán pasado mañana en la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero, también, con una advertencia más que sugestiva. El gobierno de Barack Obama hizo saber ayer que los fallos judiciales deben respetarse, al igual que la independencia de poderes. Y que no acompañará a la administración de Cristina Kirchner en ninguna interferencia política con ese criterio.

"La disposición a negociar con sus acreedores expresada por Argentina resultó ser una nueva promesa no cumplida", dijo Jay Newman, de NML, en un comunicado que acaba de ser distribuido a la prensa.

Según Newman, NMl está en la mesa lista para hablar. "Pero Argentina se ha negado a negociar cada uno de los aspectos de la disputa", afirma y agrega que “no hay negociaciones en curso, no hubo negociaciones". También asegura que Argentina se niega a comprometerse a negociaciones futuras.

Durante la audiencia que tuvo lugar el viernes, el juez Thomas Griesa bloqueó el pago que les hizo Argentina a los tenedores de bonos que ingresaron en el canje. Y urgió a la partes a que se sienten a negociar con el "Special Master" que designó como mediador: Dan Pollack.

En su comunicado, Newman dice que las negociaciones todavía no han comenzado. Y agrega que el Gobierno de Cristina Kirchner ha elegido colocar "al país al borde del default. "Esperamos que reconsidere este camino sin salida", concluyó.

Este mediodía, por otra parte, se hará una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar si el jueves convoca a una asamblea extraordinaria con la participación del canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía Axel Kicillof, donde se trataría el tema de la deuda.

Hoy es un día clave en la negociación de la deuda argentina, ya que el país entrará en mora con un grupo de bonistas reestructurados. Es porque debía pagar 539 millones de dólares en Nueva York, pero se vería imposibilitado porque el juez Thomas Griesa frenó el desembolso y ordenó negociar con los buitres. Algo que, según Newman, no estaría ocurriendo.

Hay expectativa por lo que puedan decir las calificadoras de riesgo, tras esta nueva traba en las negociaciones.

Un grupo de tenedores de bonos argentinos en euros pidió ayer a Thomas Griesa un dictamen de urgencia que les permita cobrar los pagos que vencen hoy. Quieren asegurarse de que sus cupones no están bloqueados por la decisión del juez, que el viernes pidió al Bank of New York que devolviera los US$ 539 millones depositados por Argentina.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, el abogado de los bonistas europeos, Christopher Clark, escribió una carta al juez solicitando que "aclare" el pedido hecho al Bank of New York para así dejar exentos a sus clientes. Sus argumentos principales son que los tenedores de bonos en euros fuera de Estados Unidos no están sujetos a la jurisdicción de sus tribunales y que exceptuarlos no afectará a los aproximadamente US$ 10 mil millones que hay en bonos en dólares.

"El proceso de pago para los bonos en euros nunca pasa por Estados Unidos y sólo involucra a bancos extranjeros", escribió el abogado. Según Bloomberg, las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY) en el Banco Central de la República Argentina donde fue depositado el pago pertenecen a una filial de Luxemburgo. De ahí se transferirían a la sede en Frankfurt de una entidad belga y de ahí pasarían finalmente a los acreedores.

Si se confirma que esos son los pasos a seguir se termina el problema que varios analistas habían señalado para atender los cumplimientos con inversores de fuera de Estados Unidos. Pero si el dinero tiene que pasar por Nueva York antes de llegar a otras jurisdicciones, será muy complicado que el Bank of New York pueda girarlo sin obtener antes el visto bueno de Griesa.

Los US$ 539 millones que el Gobierno depositó el jueves en las cuentas del Bank of New York Mellon sirven para cubrir los intereses de los acreedores que entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Incluye a tenedores de la deuda argentina en Estados Unidos, Europa y Japón.

La Organización de los Estados Americanos aprobó hoy convocar a una reunión de cancilleres de la región para analizar la batalla judicial de la Argentina contra los fondos buitre y el impacto que el fallo de la Justicia de Estados Unidos tendrá sobre el sistema financiero global. Al encuentro, que si no hay cambios de último momento será este jueves en la sede del organismo en Washington, vendrá a exponer el ministro de Economía Axel Kicillof.

Por aclamación general (y abstención de Estados Unidos), el Consejo Permanente de la ONU aprobó al mediodía un proyecto de resolución presentado por la misión argentina ante el organismo, en el que pedía convocar a una reunión de cancilleres regionales para tratar "el tema de la reestructuración de la deuda soberana, el caso de la Argentina y sus consecuencias sistémicas" en el que resaltaba "el carácter urgente" y "el interés común" de la región sobre el asunto.

La presentación en el organismo americano forma parte de la ofensiva diplomática que está llevando la Argentina para conseguir apoyo de distintos foros diplomáticos ante el fallo adverso de la Corte estadounidense. Nuestro país ya había obtenido el respaldo, el miércoles pasado, de 133 países del Grupo 77 más China, tras una exposición de Kicillof en las Naciones Unidas.

Con un discurso similar al que utilizó Kicillof en sus presentaciones en sedes diplomáticas, el representante alterno de la misión argentina ante la OEA, Julio César Ayala, expuso hoy ante sus colegas la situación de la deuda y dio un pantallazo general sobre la reestructuración, los canjes y las decisiones de la justicia estadounidense. "Creemos que es necesaria la convocatoria (de los cancilleres) ya que la cuestión que hoy afecta a mi país es urgente y de interés común para todos los estados americanos. Es una cuestión que excede los aspectos financieros, tiene consecuencias globales y sistémicas", dijo el representante argentino.

"No existe un marco juridico internacional para la reestructuración de deuda soberana. Hoy se puso en jaque a la Argentina, pero cualquier país que en el futuro enfrente una reestructuracion de su deuda estará en la misma encrucijada", señaló Ayala.

Después de la exposición de Argentina, los países de la región manifestron en breves discursos su apoyo a la moción, que se votó por aclamación. Dada la complejidad del caso, el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, sugirió convocar también a la reunión a representantes del FMI, del Banco Mundial, del BID, que son "organismos de consulta frecuente", dijo.