El nuevo protocolo rechazó tramitar el 30% de los proyectos en sus seis meses de vigencia. Con el reglamento antiguo, el 7% de las propuestas quedaban fuera. Expertos acusan excesivo nivel de detalles, falta de definición en consultas y descoordinación.

El pasado 24 de diciembre comenzó a regir el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Ya han pasado seis meses desde su entrada en vigencia y el ingreso de proyectos ha disminuido de manera alarmante. Con un semestre con la nueva medición, han ingresado 370 iniciativas.

Una gran diferencia al compararse con las 319 iniciativas que ingresaron al sistema en los 23 días de diciembre que rigió el anterior reglamento del SEIA.

Y si con el reglamento antiguo se estima que sólo un 7% de los proyectos presentados para recibir la aprobación ambiental no eran admitidos a tramitación, la nueva normativa deja en evidencia un estándar más alto.

En efecto, de acuerdo a las cifras del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en los últimos seis meses el sistema no admitió a trámite el 29,7% de los proyectos, lo que se traduce en US$2.700 millones en proyectos de inversión. Paralelamente, el 16% de las empresas sacaron sus proyectos del sistema para introducir mejoras y el 53% fue sometido a trámite.

Con el reglamento antiguo, la admisibilidad era de un 74% y los proyectos desistidos alcanzaban a un 18%.

“La mayoría de las resoluciones de inadmisibilidad  que se han dictado en este tiempo tienen como fundamento temas muy formales, como la falta de vigencia de personerías, no informar el hito de inicio, no referirse a si hubo negociaciones con comunidades, entre otros puntos”, dice el abogado de Baker & McKenzie, Rodrigo Benítez.

Si bien el nuevo reglamento es valorado por la industria, éste ha sido blanco de numerosas críticas: falta de difusión, excesivo nivel de detalles e indefiniciones en la consulta indígena son sólo algunas de las observaciones realizadas.

“Hay un excesivo nivel de detalle en la descripción del proyecto, lo que requiere desarrollar estudios de ingeniería de detalle, y en muchas ocasiones eso no es viable. Ello ha incidido en un aumento sustantivo en los rechazos en la admisibilidad”, expresa Juan José Eyzaguirre, abogado del estudio Philippi.

Una visión similar tiene la abogada Paulina Riquelme, quien afirma que el  nuevo reglamento tiene dos aspectos a trabajar: “Una mejor definición de la consulta indígena y la presentación de un mini estudio de impacto previo. En muchas ocasiones es inviable para las empresas cumplir con esto”.

Menos estudios.

En la primera mitad de 2014, el SEIA sólo admitió a trámite cuatro Estudios de Impacto Ambiental (EIA), documento de mayor complejidad donde las empresas reconocen que sus proyectos generan impactos en el medio ambiente. Uno de ellos fue el proyecto de expansión de la línea Cardones-Polpaico (US$1.000 millones).

En una primera instancia, esta iniciativa no fue admitida a trámite. Entre las razones esgrimidas por el SEIA se encuentra el hecho que en el estudio no se identificó la comuna de Huasco como parte de la localización del proyecto. Posteriormente, el titular Interchile volvió a ingresarlo con mejor resultado.

Otro aspecto que ha jugado en contra de un menor ingreso de proyectos es el temor a ser multado por fraccionar proyectos. El problema es que la autoridad ha estimado que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es indivisible, lo que impide posteriormente vender partes o secciones del proyecto aprobado.

Una crítica adicional que se ha realizado al SEIA es que falta una definición sobre sus competencias, principalmente tras el episodio donde el Comité de Ministros bajó el pulgar a HidroAysén.

Según muchos expertos se “estresó” al sistema solicitándole soluciones a conflictos, alejándose de su función primaria que es la evaluación de proyectos.

“El estrés es de todo el sistema de evaluación ambiental, incluyendo a los titulares de los proyectos. La presión social y de los movimientos ciudadanos han hecho que cada día se haga más complejo aprobar proyectos por cuanto nuestro sistema ambiental tiene una componente de sensibilidad política importante”, apunta José Miguel Hernández, abogado de Cubillos Evans.