Los gobernadores petroleros que integran la mesa chica de la Ofephi -aquellos cuya producción mueve las agujas del país- prefieren no expresar públicamente su relación con Nación, en el marco de la discusión por la nueva ley de hidrocarburos, en términos de triunfos y derrotas.

Sin embargo, están seguros de dos cuestiones. Por un lado, creen que pudieron desactivar el "borrador de Olivos". Por el otro, saben que el tiempo les juega a favor, a diferencia de las necesidades de la petrolera nacional dirigida por Miguel Galuccio, que trabaja con urgencias por el arribo de inversiones.

El gobernador Jorge Sapag confirmó que esta semana estaba previsto avanzar "artículo por artículo" en la redacción del nuevo proyecto. Sin embargo el frente abierto por la agenda de los fondos buitre modificó las prioridades del gobierno Nacional.

De todos modos, en la cabeza del neuquino no hay planes para cerrar un texto a las apuradas. Más aún, sus colaboradores directos están seguros que una norma no resolverá sola el problema de la llegada de inversiones.

Por este motivo fue que la Ofephi acercó, como contrapropuesta del borrador de Olivos, una serie de puntos para mejorar la promoción en las inversiones. Creen que efectivamente allí reside el freno a la llegada de inversiones a Vaca Muerta. La frase utilizada por un colaborador fue "no es el carry, GyP, YPF ni Galuccio, son las condiciones".

En los planes de Sapag -aún cuando acuerda en no aumentar las cargas impostivas- no figura que sean las provincias ni sus empresas públicas quienes lleven el peso. Por eso la visita a la provincia del gerente de Asuntos Institucionales de YPF, Gonzalo López Nardone cayó mal. El ejecutivo criticó el rol de las petroleras provinciales y pidió que la única condición para el ingreso a las áreas sean las inversiones.

"¿Qué les importa lo que hace GyP? ¿Ellos tienen 13 mil kilómetros de Vaca Muerta y quieren más?", se preguntó un colaborador de Sapag. La idea, viralizada entre los cuadros del gobierno neuquino, es que YPF intenta avanzar sobre las provincias sin respetar sus autonomías y las facultades como dueñas del recurso. Por eso, reiteran, no tienen apuro en avalar un proyecto que cargue con las costas a la provincia.

Sapag confirmó que se firmaron dos MOU (memorándum de entendimiento) con YPF. Uno como autoridad de aplicación y otro como GyP. Los textos aspiran a mantener bajo "absoluta reserva", las negociaciones por las 23 áreas que comparten. Es el "caso por caso" que propuso el gobernador. "Donde seamos un obstáculo para las inversiones, nos corremos sin problemas y con la correspondiente compensación", suele repetir Sapag.

Lo que el gobernador propone es que cada uno haga su juego, sin interferencias. Que el propietario de los recursos, la Provincia, no pierda sus derechos de cobrar por la explotación del área ya sea vía canon u otra modalidad, más el "government take" (impuestos, regalías, etc.). Y que el concesionario del área acuerde los negocios que sus socios estén dispuestos a hacer. Algo que en el corto plazo parece bastante difícil de conciliar con la postura de YPF.

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, aseguró que ya “está descartado” el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos que Cristina Kirchner y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, le presentaron a las provincias petroleras el 9 de junio. “El borrador de Olivos está descartado”, concluyó Sapag en conferencia de prensa. “Creo que tenemos que hacer leyes justas y necesarias, y no normas abstractas porque no tenemos los argentinos tiempo para discusiones estériles”, dijo con relación al intento de Nación de avanzar sobre la autonomía de las provincias.

Aunque durante las últimas 48 horas fue varias veces consultado por las declaraciones del gremialista y senador Guillermo Pereyra en contra de Galuccio acusándolo de querer borrar a las pequeñas empresas neuquinas, Sapag prefirió mantenerse al margen de esta disputa que no le sumanría puntos dentro de su provincia. Por estas horas, Sapag y Pereyra libran una batalla al interior del MPN para ver qué sector se queda con la conducción del partido con miras a las elecciones a gobernador. El bloque del MPN más leal a su persona comenzó esta semana a reflotar el tema de su “re-re” con la que insistirán en los próximos meses.

Sapag también defendió ayer a la empresa provincial GyP que el primer borrador quitaba de los futuros contratos petroleros en Vaca Muerta. YPF viene reclamando que GyP está entorpeciendo la negociación entre la empresa nacional y Petronas. Gyp tiene el 10 % de participación. A esto Sapag respondió: “No vamos a tener ningún problema si hay sentido común, de equidad, de justicia y de un trato equitativo”, señaló.

La senadora nacional por la provincia del Neuquén, Lucila Crexell, plantó bandera en un tema complejo como es el rediseño de la ley de hidrocarburos y la coexistencia de las petroleras YPF y empresas provinciales como la neuquina GyP.

En declaraciones a LU5, la legisladora del Movimiento Popular Neuquino respaldó las gestiones que lleva adelante el gobernador Jorge Sapag para poder conseguir una presencia fuerte de las provincias en el reparto de la renta petrolera, a partir del boom que representa la explotación de Vaca Muerta.
“Estamos de acuerdo con sancionar una nueva ley de hidrocarburos y en ese sentido tenemos la obligación de acompañar las gestiones del gobernador que es quien nos representa”, dijo Crexell, al tiempo que descartó que el debate sea una batalla. “Tenemos que defender los recursos naturales de las provincias y tenemos que ser claros: tiene que haber un acuerdo que incluya a las provincias”, añadió.

En torno a la reformulación de la ley de hidrocarburos que limitaría el papel de las empresas provinciales como GyP, Crexell planteó que la discusión está fuera de foco. “No creo que Miguel Gallucio haya dicho que quiere eliminar a las empresas chicas, creo que impulsa reglas atractivas para todos y entiendo que defiende a la empresa que preside (por YPF)”, dijo.

De esta manera la senadora emepenista se diferenció de su par de bancada y compañero de lista, Guillermo Pereyra, que había revelado los supuestos planes monopólicos de YPF para Neuquén.
“Es una negociación entre empresas privadas por licitación de áreas, de ninguna manera es una batalla”, advirtió.

En ese aspecto, defendió a Galluccio y pidió: “No confundir y aprovechar para poner claro sobre oscuro sobre intereses sectoriales que confunden y que son dos empresas que deben negociar como tal y no una batalla entre sectores”.

“Se ha instalado el tema de manera confusa”, aseveró, y pidió debatir el precio del gas y petróleo “que se tocó poco y perjudica a la provincia porque no se pagan regalías sobre el valor real del barril”.

El gobernador neuquino Jorge Sapag grabó un mensaje a toda la provincia y que se puede ver en el canal oficial del Gobierno de Neuquén de YouTube. En ese mensaje audiovisual pide por un “federalismo construido con provincias fuertes y sólidas”.

El video se llama “La fórmula para lograr el autoabastecimiento energético”, donde el neuquino relata que en 2007 la situación energética en Argentina planteaba un horizonte de ocho años de reservas, que en 2008 los despidos en las empresas llegaron a más de 3.000 en su provincia y que en ese marco se gestaron los programas Gas Plus y Refino Plus.

En ese contexto, Neuquén creó la empresa GyP y después se aprobó en la Legislatura provincial la Ley de Renegociaciones. Al respecto de Vaca Muerta y Los Molles, dijo: “de ocho años de reservas, pasamos a tener 100 años de recursos de gas y petróleo para beneficio de la República”.

Sapag reconoció la importancia de la expropiación de YPF, pero ponderó a GyP de Neuquén que atrajo a la provincia inversiones de empresas como Exxon, Total, Shell, Wintershall, EOG, entre otras.

“El desafío es construir un federalismo, no de desintegración, no de subordinación, sino un federalismo construido con provincias fuertes y sólidas. Autónomas en el marco de una Nación soberana”, manifestó el gobernador.

“No queremos vivir ni en una isla ni en una colonia. Simplemente, en una provincia fuerte y sólida integrada al conjunto de las provincias hermanas en una gran Nación, en una gran República, defendiendo siempre la celeste y blanca en nuestro corazón”, expresó Sapag.

Por Carolina Ramos.

Allá por el mes de marzo, los legisladores oficialistas defendían en el Congreso el polémico pago a la empresa Repsol -cuyas acciones en YPF habían sido expropiadas- al considerar “estratégico” el acuerdo de cara a nuevas inversiones. La oposición no lo creyó así y rechazó el monto de 5.000 millones de dólares que recibiría la petrolera española, entre otras objeciones. Sea como fuere, el debate marcó el camino para una discusión mucho más amplia: un nuevo marco jurídico que regule la exploración y explotación de los yacimientos hidrocarburíferos no convencionales, la riqueza más prometedora de nuestro país, en tiempos donde amenaza el riesgo del default por el litigio con los fondos buitre en la Justicia estadounidense.

Como en tantos otros casos, la ley que hoy rige la actividad quedó vetusta en relación a los nuevos modos de explotación, sobre todo a partir del hallazgo de Vaca Muerta. La norma actual es la 17.319, sancionada en 1967 durante el Gobierno de facto de Juan Carlos Onganía; luego vino la famosa “ley corta”, la 26.197 de 2006, por la que el Congreso transfirió la titularidad de los recursos naturales a las provincias, de acuerdo con un mandato constitucional.

En este contexto, es indudable que la reforma de la Ley de Hidrocarburos resulta de especial interés para las provincias petroleras, cuyos gobernadores, nucleados en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), ya presentaron una contrapropuesta al borrador que recibieron de manos de la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández. El Gobierno había elaborado un punteo “amigable” con los principios del proyecto que enviará este año al Congreso, pero la “letra chica” de la propuesta no conformó a algunos gobernadores, que debían resignar ingresos para sus arcas en pos del “esfuerzo fiscal” que pretendía el CEO de YPF, Miguel Galuccio.

Por eso, los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner; Salta, Juan Manuel Urtubey; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Oscar Jorge; Mendoza, Francisco “Paco” Pérez; Neuquén, Jorge Sapag; Río Negro, Alberto Weretilneck; Chubut, Martín Buzzi; Santa Cruz, Daniel Peralta; y Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, elaboraron una contrapropuesta para contrarrestrar la visión del Gobierno nacional con la de las provincias, promoviendo en cambio un régimen de incentivo financiado por la Nación.

La sanción de la ley aún se ve lejana. Según supo Semanario Parlamentario, el Ejecutivo nacional intentaría llegar a un “proyecto intermedio” entre el borrador inicial y la contrapuesta de los gobernadores, para enviarlo antes de que termine el año al Senado. Empero, el trámite deberá completarse en las Legislaturas provinciales, que deberán adherir a la ley nacional.

Todo hace pensar que quien tendrá la última palabra es el neuquino Jorge Sapag, mentor de la contrapuesta de los gobernadores y protagonista indiscutible en este escenario, ya que, si su provincia se niega a ratificar la Ley de Hidrocarburos, se verá truncada la verdadera razón de ser de la nueva regulación: la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Tan es así que los representantes de esa provincia buscarán defender con uñas y dientes el enorme potencial de la reserva, explotada apenas en un uno por ciento.

Los puntos en discusión

Una de las mayores preocupaciones de las provincias es el tope al cobro de regalías, es decir, el porcentaje que les corresponde por ser dueñas de sus recursos. Por eso, la oposición alerta sobre un intento del Gobierno nacional de avanzar sobre el federalismo y las autonomías provinciales. Pero hay otros ejes que marcan el debate, como la revisión de los contratos vigentes, los plazos de concesión -que buscarían extenderse para los proyectos no convencionales-, los presupuestos mínimos de seguridad ambiental y el precio del barril del petróleo.

El borrador inicial fija nuevas condiciones para las concesiones, a través de mecanismos “competitivos” de adjudicación de áreas: esto significa que en las licitaciones se buscará priorizar a las empresas que ofrezcan mayores inversiones. Sin embargo, la oposición parlamentaria teme que detrás de esto se esconda una reducción de la participación de las empresas provinciales de energía sobre la renta hidrocarburífera, aunque el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja, Mario Metaza (FpV) garantizó a Semanario Parlamentario que “la Nación no quiere que las provincias pierdan”.

Además, el Gobierno pretende eliminar las reservas de áreas y el denominado “acarreo” o “carry”, un sistema que no está contemplado en la “ley corta” ni en la “ley larga” y que le permite a las empresas provinciales participar de la exploración y explotación que hacen otras firmas privadas en sus áreas sin invertir dinero, quedándose con un porcentaje no menor al 10 por ciento. El borrador no lo dice explícitamente, pero reconoce a las regalías como “el único mecanismo de percepción de la renta petrolera”, y desde la oposición sostienen que erradicar el acarreo obedece a un deseo de YPF, que por la vigencia de ese sistema habría decidido no invertir en Mendoza. La misma controversia existe en Neuquén, donde el Gobierno local no estaría dispuesto a ceder.

A la espera de que la iniciativa sea finalmente remitida al Parlamento, legisladores del oficialismo y la oposición ya salieron a marcar la cancha, con opiniones firmes y proyectos propios. Aunque todos coinciden en algo: sin consenso, no habrá salida posible.

“Nadie está en contra de Neuquén”

“Sin inversiones, Vaca Muerta es solamente un pedazo de roca”. Así lo aseguró el hombre fuerte del kirchnerismo en tierra de Jorge Sapag, el senador Marcelo Fuentes, quien consideró que “el único mecanismo de acceso a las áreas tiene que ser la inversión”. A tono con el borrador oficial, pidió generar igualdad de condiciones para que cualquier empresa pueda invertir, ya sea privada, pública, local, nacional o internacional.

“El objetivo de la nueva ley es crear un marco de promoción previsible, uniforme y transparente de la actividad hidrocarburífera en el país, seguridad jurídica para garantizar la llegada de nuevas inversiones”, sostuvo, y agregó que “necesitamos un modelo único de licitación y adjudicación de áreas que contemple un proceso competitivo y abierto, sin que se puedan reservar áreas a favor de las empresas públicas o participación estatal”.

Atento a que “luego de Estados Unidos seríamos el segundo país en desarrollar y poder lograr el autoabastecimiento a través de los no convencionales”, Fuentes afirmó que “si no lo hacemos con seriedad, una fuerte decisión en materia de inversión y mucha inteligencia podemos malograr el resultado final”.

No obstante, el neuquino garantizó que la intención del Gobierno no es privilegiar a YPF, ya que la empresa de bandera nacional “hoy tiene sólo el 37 por ciento de la producción de hidrocarburos”, con lo cual “no tiene una posición dominante”. Por el contrario, aclaró que “el objetivo con esta nueva regulación, que surgirá del consenso de todas las partes, es promover que otras empresas y otros jugadores se sumen a este proceso”. Pero además, indicó que “tiene que ser un esquema más previsible para las prórrogas en áreas en las que YPF y las demás empresas ya son concesionarios, siempre y cuando hayan trabajado correctamente, presenten un plan de inversiones, respeten el medio ambiente y estén dispuestos a pagar más regalías”.

“Los neuquinos tenemos que estar tranquilos de que la Provincia no pierde ni el ejercicio del dominio ni regalías, y puede ganar ingresos por la mayor actividad esperada”, manifestó Fuentes. Así salió al cruce de Sapag, quien disparó en un acto público que “el gas de los neuquinos primero es para los neuquinos y después para toda la República”, un día después de reunirse con funcionarios nacionales por el proyecto de ley, oportunidad en la que también reclamó “una Nación constituida bajo la base de provincias fuertes, autónomas y federales”.

Fuentes buscó calmar las aguas y consideró que “el gobernador Sapag es un hombre responsable que entiende que las inversiones que ha llevado adelante la nueva YPF son las mayores de los últimos tiempos en nuestra Provincia”. “No creo que se oponga a reglas claras y equitativas para todas las empresas que quieran invertir en Neuquén. Cuanto más se invierta, mayores recursos genuinos ingresaran a la Provincia. Es más trabajo para los neuquinos y él lo sabe”, dijo el kirchnerista. Y por último, pidió: “Que no nos engañen con teatralizaciones de ningún tipo. Nadie está en contra de Neuquén. Aislarnos es sobischismo recargado. Esa película ya la vimos y no nos lleva a ningún lado”.

“La Nación se quiere quedar con todo”

En el Movimiento Popular Neuquino, Sapag no es el único que mira con recelo el borrador del proyecto. Tan es así, que la interna partidaria podría quedar desdibujada bajo el único objetivo de “defender los intereses” de la provincia patagónica. Así lo dejó en claro el hombre fuerte del MPN, el senador Guillermo Pereyra, quien preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, está enrolado en la CGT de Hugo Moyano como secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y además aspira a la gobernación neuquina en 2015.

Pereyra informó que, a pesar de las diferencias, ya trabaja con Sapag para plantear la oposición al proyecto impulsado por la presidenta Cristina Fernández. “Lo que queda claro es que Nación se quiere quedar con todo”, disparó el senador, quien expresó: “Aquí está todo el pueblo de Neuquén defendiendo lo que es nuestro: nuestra riqueza y nuestros recursos”.

En concordancia con la postura de Guillermo Pereyra, la diputada del MPN María Inés Villar Molina señaló que el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos avanza sobre algunas competencias y potestades provinciales que consagran la reforma constitucional del 94, y la Ley Corta. Cuestionó lo que consideró como una “marginación” de las empresas provinciales de energía, y de las pequeñas empresas locales como las refinerías neuquinas, que como productoras soportan impuestos que las grandes empresas de bandera no pagan al importar combustibles. “No son consideradas en este borrador”, señaló.

En la Cámara de Diputados, otra importante representante del partido, Alicia Comelli, viene presentando desde 2012 un proyecto de ley que crea un régimen de incentivo para la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, con miras a Vaca Muerta.

En primer término, el texto declara de “interés público nacional, en función de lograr el autoabastecimiento hidrocarburífero, la producción de petróleo y gas a partir de yacimientos no convencionales”. A lo largo del articulado, Comelli establece las pautas para los proyectos de inversión y fija beneficios impositivos para las empresas que inviertan en este tipo de yacimientos. En este sentido, ordena que los bienes de estas firmas “no integrarán durante cinco ejercicios fiscales a partir de la aprobación del proyecto de inversión” la base imponible del impuesto a las Ganancias. Por último, el proyecto crea un “programa de formación y fortalecimiento laboral para el sector hidrocarburífero”.

“Es un parche más”

Comelli no es la única legisladora que presentó una iniciativa referida al tema. Laura Montero es coautora de otro proyecto integral de Ley de Hidrocarburos. Esa propuesta fue trabajada durante un año y medio y presentada el año pasado junto con la senadora mandato cumplido y actual legisladora porteña María Eugenia Estenssoro. La mendocina fundamentó a Semanario Parlamentario su rechazo al borrador oficial al sostener, en tono duro, que se trata de “un parche más dentro de toda la anarquía normativa que rige la política de hidrocarburos”.

Más específicamente, la senadora radical explicó que en la actualidad hay “superposiciones de autoridad de aplicación que no respetan lo que dice la Constitución nacional”, ya que hoy rigen al mismo tiempo la “ley larga”, la “ley corta”, la ley de expropiación de YPF y dos decretos reglamentarios de la actividad hidrocarburífera. Esto produce que, por ejemplo, la Nación se arrogue facultades sancionatorias -en el caso de incumplimiento del plan de inversiones de las empresas- que avanzan sobre las autonomías provinciales, indicó Montero.

Por eso es que su iniciativa, explicó, implementa un régimen único que rija para todo el país, declarando la política hidrocarburífera como “de interés público”, pero sin desconocer la “ley corta”, según se desprende del artículo tercero del proyecto. En este sentido, el marco nacional fija como autoridad de aplicación a las provincias, mientras que a la Nación le otorga facultades tales como establecer presupuestos mínimos ambientales y crear un “Consejo Federal de Hidrocarburos”, encargado de elaborar un plan estratégico que deba ser aprobado por el Congreso nacional. Además, Montero propone “estrictas normas ambientales para la utilización de técnicas de fracción hidráulica o fracking en la explotación de hidrocarburos no convencionales” y su proyecto “contiene altos estándares de protección de acuíferos y del uso del agua para poblaciones y agricultura”.

Por otra parte, el texto de la senadora contempla un reclamo que la oposición enarboló en varias oportunidades: que YPF sea sometida al control de la Auditoría General de la Nación, algo que hoy no ocurre porque la ley de expropiación la situó bajo el derecho privado -de ahí las polémicas “cláusulas secretas” del acuerdo con Chevron-, al atribuirle el carácter de sociedad anónima. “En Mendoza, YPF arrastró a toda la Provincia a la baja”, se quejó la legisladora.

Por otro lado, se establece que los plazos de explotación serán de 25 años con posibilidad de ser prorrogables por otros 10 -sólo cuando ya se hicieron el 75 por ciento de las inversiones- y se fijan cláusulas de rescisión de las concesiones.

“El tema central es la falta de precios”

En diálogo con Semanario Parlamentario, Enrique Vaquié, diputado nacional por la UCR y exministro de Economía de Mendoza, planteó sus dos grandes preocupaciones sobre la nueva normativa: el precio del crudo y el tema medioambiental.

A nivel macroeconómico, alertó que el proyecto “está enfocado en que el Gobierno nacional considera que son las restricciones de las provincias las que frenarían la actividad hidrocarburífera”, y por el contrario no contempla “nada de las restricciones regulatorias que el propio Gobierno nacional produce a la actividad”. En otras palabras, “todo está focalizado en los temas provinciales, cuando la principal restricción es de orden nacional”, apuntó.

Para Vaquié, esto implica uno de los problemas “centrales” del sector, que es “la falta de precios que hay para toda la actividad”, ya que “el precio del crudo acá vale menos que en cualquier otro lugar del mundo”, y “eso hace que no convenga extraer crudo acá”, por lo que las empresas no vienen a invertir. Además, advirtió que en el borrador “no figura nada a largo plazo por la inflación y las altas tasas de interés, que hacen que haya muchos costos financieros”.

En segundo lugar, el radical señaló que la propuesta oficial “es confusa en términos ambientales”, porque “parecería que se quiere fijar todo el marco regulatorio ambiental” -una facultad de las provincias-, y no los requisitos mínimos ambientales, lo cual “está bien y es acorde a la Constitución”, explicó Vaquié. El diputado mostró especial temor por el tema medioambiental, ya que se trata de una provincia donde escasean las lluvias: “En Mendoza, el agua es más importante que el dinero”, comparó.

Por otra parte, el diputado coincidió en que “YPF se ve favorecida”, como así también otras “grandes empresas” como Pan American y Chevron: “¿por qué esa vocación del Gobierno nacional por las petroleras grandes?”, se preguntó. Según Vaquié, el proyecto oficial “da todos los beneficios a las grandes empresas porque fija un monto mínimo de 250 millones de dólares en inversiones que deja afuera a las pymes”.

Asimismo, el mendocino evaluó que el tema del acarreo se revisará porque “a YPF no le gustó y por eso no participó en algunas licitaciones” allí, pero aseguró que “las provincias quieren que el acarreo permanezca” y que no resignarán ese ingreso. Por último, rechazó establecer “un límite a lo que las provincias cobran por regalías, que no son un impuesto, sino que es algo que cobran por ser dueñas de los recursos”.

“Ponderar los intereses de las provincias”

Por la provincia de Santa Cruz, el vicepresidente de la Comisión de Energía de la Cámara baja, Eduardo Costa (UCR), opinó que se deben contemplar en la nueva Ley de Hidrocarburos tanto los intereses de las provincias como de la Nación, en un discurso conciliador.

“Por supuesto que desde las provincias productoras compartimos ese objetivo y esa mira, pero también deben tenerse en cuenta los intereses y derechos de las provincias. Nosotros apoyamos el desarrollo y el crecimiento de YPF, por eso creemos que debe establecerse un plan de trabajo conjunto y que deben ponderarse los intereses tanto del Estado nacional como de las provincias”, manifestó el santacruceño, cuyo gobernador se mostró a favor del borrador oficial.

Costa coincidió en que es necesario considerar los derechos constitucionales de las provincias, que tienen en juego las regalías y son las dueñas de los recursos. Por eso pidió un debate “amplio, sin condicionamientos y abierto a la comunidad, en el que se puedan considerar todos los puntos y establecer las pautas para un gran acuerdo”.

Qué dice el borrador oficial

Un repaso por los seis puntos de la propuesta del Poder Ejecutivo, a la que tuvo acceso Semanario Parlamentario:

Plazos para exploración y explotación diferenciados conforme los distintos tipos de yacimiento. Se reduce el plazo de los permisos de exploración, se revisan las condiciones de renovación y se distingue el plazo según el tipo de yacimiento (convencional, no convencional, plataforma continental y mar territorial). Se mantiene el plazo previsto de 25 años para la explotación convencional, en tanto se extiende el plazo para la explotación no convencional a 35 años y en aguas profundas a 30 años, con una prórroga de 10 años para todos los casos.

Mantenimiento de alícuotas de regalías. Aportes de la industria en el marco de grandes proyectos de desarrollo, en Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y para infraestructura. Se reconoce a las regalías como único mecanismo de percepción de la renta petrolera, es decir, se elimina el sistema de “acarreo”. Se reconoce la “ley corta” y se propicia el aumento de las regalías que perciben las provincias petroleras mediante el incremento de las inversiones. Se prevén aportes de las empresas a las provincias en materia de RSE.

Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión/actividad exploratoria. Se busca lograr uniformidad en los pliegos entre las diferentes jurisdicciones para el otorgamiento de permisos y concesiones. Las adjudicaciones se otorgarán al oferente que proponga mayor inversión o actividad exploratoria. Se eliminan las reservas de área a nivel nacional y provincial, y las existentes serán concursadas mediante procesos públicos y competitivos.

Programas fiscales y tributarios provinciales y municipales, homogéneos y estables. Se promueve un régimen especial para la importación de bienes de capital e insumos no producidos en el país. Se procura que los municipios no graven a la industria hidrocarburífera. En impuestos provinciales, se establece una alícuota de ingresos brutos homogénea en un 3 por ciento y se ordena a las provincias no gravar con el impuesto a los sellos los contratos relacionados con la actividad hidrocarburífera.

Mecanismos promocionales para grandes inversiones de empresas nacionales e internacionales. Se extienden los beneficios previstos en el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos para proyectos a partir de los 250 millones de dólares.

Adopción de estándares mínimos comunes en materia del cuidado del ambiente para una explotación sustentable. Se unifican los estándares de protección ambiental para la industria hidrocarburífera y se adopta un régimen uniforme en todo el país.

El pacto petrolero está congelado por el impacto tremendo del eventual default argentino; y la salida política al laberinto de la negociación por una ley de hidrocarburos, pasará por separar el conflicto de la relación de Neuquén con YPF, de la relación con el gobierno nacional.

El gobernador Jorge Sapag reveló así, o confirmó, en realidad, especulaciones al respecto, dos cuestiones esenciales para entender la coyuntura respecto del gran debate petrolero.

En una larga exposición ante periodistas, este viernes, Sapag dijo que está en “comunicación permanente” con los otros gobernadores de las provincias petroleras. Y que se sabe perfectamente “que tenemos dos tipos de problemas a resolver, uno que es el vínculo YPF-provincia, YPF con Gas y Petróleo de Neuquén; y otra la relación provincia con Nación. Son dos cosas totalmente distintas”.

“En este momento la Nación y los funcionarios nacionales están muy abocados al tema del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que nos trae problemas a todos los argentinos pero yo diría que hemos dado un paso adelante, que es construir con creatividad, han entendido nuestros planteos acerca de la retroactividad, o mejor dicho de la irretroactividad de las leyes”, señaló específicamente el mandatario provincial.

Aquí, algunos de los conceptos textuales del gobernador Sapag:

Hay un punto en el que todos estamos de acuerdo que es el tema de los plazos para los recursos no convencionales. También en que hay que legislar hacia adelante, hacia el futuro y hay que legislar sobre los yacimientos no convencionales, sobre los petróleos ultra pesados, sobre el gas y el petróleo que están en el mar continental y sobre los yacimientos ultra maduros.
Nosotros hemos pedido un esfuerzo de Nación en la promoción, no solo el decreto 927 de franquicias aduaneras; no solo el 929 de disponibilidad de crudo para contar con las divisas, sino ir mucho más allá. Nosotros hemos propuesto diferimientos impositivos, amortización acelerada de las inversiones en el impuesto a las ganancias, y un sendero de precios. Creo que hemos llevado ideas creativas.
Legislar en la ley de hidrocarburos acerca de las empresas estatales no es necesario porque la ley de hidrocarburos ya lo prevé. Y legislar en una nueva ley de hidrocarburos acerca de cláusulas prohibitivas a las empresas públicas provinciales no es procedente. No hay tema de discusión.
La última licitación de G&P no se suspendió. No tiene nada que ver con la discusión con YPF o con Nación, sino que estamos viendo en este tema de los holdouts, el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. cuál es el mejor momento. Los interesados de Houston siguen interesados en algunas áreas así que vamos a ser selectivos y vamos a elegir el mejor momento, no dependiendo de las discusiones con Nación o con YPF, sino de nuestras decisiones que son autónomas en el marco de una Nación soberana.