Para los bancos de inversión, toda situación crítica es una oportunidad, aún cuando se trate de la Argentina. Así es que dos de las principales entidades financieras del mundo ya habían estimado antes de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no daría lugar al pedido de la Argentina para que tome la causa contra los fondos buitre, que el país estaría en condiciones de emitir deuda por unos US$ 10 mil millones, una vez que de alguna forma u otra se resuelva el litigio.
Según pudo saber PERFIL, ejecutivos de JP Morgan y Goldman Sachs que visitaron Buenos Aires en mayo, coincidieron en que el país estaría en condiciones de comenzar a colocar esa suma en los mercados de deuda internacionales una vez que se resuelva la causa en Nueva York. Fuentes del sector financiero agregan que las entidades llegaron a esa conclusión después de haber analizado ciertos desequilibros macroeconómicos, pero “vislumbrando un fuerte potencial de recuperación”.
Asimismo evalúan que, si bien en el corto plazo las negociaciones para llegar a un acuerdo con los fondos litigantes, “están restrigidas a los actores principales”, es decir los representantes de la Argentina del estudio Clearly, Gottlieb, Steen & Hamilton, Carmine Boccuzzi y al representante legal de NML, Robert Cohen, y al mediador designado Daniel Pollack, en caso de que se llegue a una resolución sin una caída en default, “se abre el camino para que un banco de inversión actúe como agente colocador y se trata de operaciones grandes por las que se cobran buenas comisiones”, apuntó un operador local que agregó, “aunque si es por las necesidades de financiamiento que tiene el país incluyendo infraestructura, la cifra podría ascender a los US$ 20 mil millones por año”.
Pero mientras sacan cuentas de cara al mediano plazo, los grandes bancos de inversión buscan picar en punta y ganarse el favor del Gobierno participando de alguna manera en un acuerdo con los demandantes.
Según señaló una fuente, “existen posibilidades de que un banco de inversión compre el total de la deuda a los bonistas y negocie con el Gobierno un pago en cuotas, esquema que podría evitar complicaciones futuras al país”.
Además de las entidades mencionadas, también estarían en condiciones de intervenir otras que también son líderes a nivel mundial como Bank of America, Morgan Stanley, Merrill Lynch, UBS y Credit Suisse.
Todas ellas tienen “la capacidad logística de instrumentar operaciones complejas con acreedores a lo largo de todo el mundo”, aunque según pudo saber este medio, parte del Ministerio de Economía habría puesto resistencia a la intervención de las mismas. Para muchos, la desconfiaza proviene de la responsabilidad que se le atribuye a alguna de ellas sobre la crisis financiera que estalló en 2009 por los créditos de las hipotecas subprime. Mientras que algunos bancos concentraron poder, otros quedaron fuertemente cuestionados.
Clarín. Por Ismael Bermúdez.
El Gobierno necesita muchos pesos y muchos dólares para financiar los pagos de deuda y el déficit fiscal. A quien hasta ahora proveía esos pesos y esos dólares –el Banco Central— le queda poco combustible porque cuenta con magras reservas y por el mayor impacto de una mayor emisión monetaria sobre la inflación y la tasa de interés. Recurrir al financiamiento externo es muy caro y difícil de conseguir en medio de las “negociaciones” pendientes con los fondos buitres y demás bonistas que no ingresaron al canje tras el adverso fallo Griesa. Y si se paga con bonos a los fondos buitres, la carga financiera sería mayor, sin que haya financiamiento del exterior porque antes habrá nuevos planteos por el “retraso” del tipo de cambio, el cepo cambiario y el déficit fiscal.
En números, de aquí a fin de año, con ayudas del BCRA, ANSeS, Banco Nación y asumiendo que los organismos financieros internacionales desembolsan nuevos créditos, las cuentas oficiales quedarían con un bache de US$6.075 millones. Para 2015 el faltante se eleva a US$17.508 millones, según las cuentas de la consultora ACM Son muchos los especialistas, como Nadin Argañaraz, del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), que sostienen que “ los arreglos con Repsol, Club de París y con los holdouts no solamente implican más necesidad de fondos para el pago de las amortizaciones de capital, sino que, al no pagar de contado, se genera una cuenta de intereses de deuda, que incrementa el gasto público y presiona aún más sobre el déficit fiscal”.
“A estas necesidades habría que agregar las que se generen si se entregan bonos a los fondos buitres. Por caso en concepto de intereses, suponiendo una tasa del 8%, implicaría nuevas necesidades anuales solo de intereses cercanos a los US$1.200 millones, sin contar las amortizaciones del capital”, agrega Argañaraz, quien destaca que “ya se tiene una presión tributaria muy alta y el financiamiento por excelencia del Banco Central es la emisión monetaria que da lugar al no legislado impuesto inflacionario”.
Maximiliano Castillo, de la consultora ACM, dice que “en los últimos años, y con mayor intensidad desde 2010, el financiamiento de los requerimientos financieros del Tesoro fue mayormente cubierto por la asistencia del BCRA. Si el Gobierno no consigue financiamiento voluntario en el segundo semestre de 2014, el Banco Central deberá asistir al Tesoro en aproximadamente US$15.000 millones (3,1% del PBI), incluyendo la transferencia de utilidades, el uso de reservas y los adelantos transitorios. La dependencia de los recursos del BCRA quizás sea más importante en 2015, teniendo en cuenta que los vencimientos de deuda se amplían significativamente el año próximo por los nuevos requerimientos derivados del acuerdo con el Club de París y Repsol y por el vencimiento del Boden 2015”.
Castillo agrega que “la estrategia de financiarse casi exclusivamente con fondos del Banco Central, como era esperado, se confirmó insostenible. Este esquema de financiamiento tuvo un impacto decisivo en el deterioro del balance del Banco Central y en la dinámica de la inflación y de la depreciación del peso. Por esto, el Gobierno también está apremiado por resolver la situación judicial en Nueva York con los holdouts, de forma tal que le permita al Tesoro buscar financiamiento voluntario”. Y concluye que “de todas formas, e incluso suponiendo una resolución favorable para nuestro país del conflicto judicial en EE.UU. que le permita emitir deuda en los mercados voluntarios, difícilmente se pueda sustituir toda la asistencia prevista del BCRA al Tesoro, que sumaría US$31.000 millones (6,7% del PBI). En este sentido, será clave la dinámica que el Gobierno le imprima a la evolución del gasto público y, con ello, al déficit fiscal”.
El especialista en deuda Héctor Giuliano advierte que “el Estado argentino se encuentra ante una encerrona financiera”. “No tiene liquidez ni solvencia para afrontar los servicios de su deuda pública – externa e interna—porque carece de las divisas necesarias y porque tiene déficit fiscal creciente”. Así las cosas, incluso la alternativa de pagar con bonos agrava los desequilibrios del Estado”.
En la misma línea, el diputado Claudio Lozano sostiene que los vencimientos en dólares del Tesoro Nacional entre junio del 2014 y diciembre del 2015 que, previo a las políticas en curso, ascendían a US$14.200 millones, ahora suman US$17.980 millones, un 27% más: US$1.120 millones con Repsol y US$1.520 millones con el Club de París, “situación que se agravará en US$1.140 millones si computamos el impacto que el acuerdo con los holdouts podría tener en el 2015”. Lozano agrega que la deuda en pesos a cancelar hasta el 2015 representa US$6.600 millones, con reservas netas del BCRA al 13 de junio de 2014 que no superan los US$20.000 millones, con la cuenta corriente del balance de pagos en el primer trimestre del año negativa en más de US$2.000 millones y una fuga de capitales en el mismo período de US$1.000 millones”.
Lo más relevante, dice Lozano, es el efecto que estas políticas tienen sobre el período gubernamental próximo (2015-2019). Si los vencimientos en dólares se ubicaban en US$18.000 millones, la política en curso implica aumentarlos en un 79% (US$14.220 millones) llevándolos a US$32.220 millones para el próximo gobierno. Y concluye: “Más allá de la hojarasca ideológica, el retorno al sistema financiero internacional configura una estrategia irracional: pretende resolver nuestra falta de dólares aumentando la necesidad de los mismos”.
Clarín.
La consultora Economía y Regiones (E&R) estimó que “lograr un acuerdo (para normalizar la totalidad de la deuda en default) sería fundamental para atraer inversión extranjera directa (IED) y conseguir financiamiento para todas las obras de infraestructura que necesita nuestro país en la próxima década, que según diferentes estudios alcanzarían aproximadamente US$ 290.000 millones”.
Según consignó la consultora en su informe semanal, “el 86% de esas inversiones deberán estar dirigidas hacia redes viales, energía eléctrica y gas y petróleo”.
En ese sentido, precisó que “puntualmente, las hidrocarburíferas demandarán inversiones por 107.000 millones de dólares. Paralelamente, las inversiones necesarias en energía eléctrica totalizan US$ 38.000 millones de los cuales, US$ 25.000 millones son para generación y US$ 13.000 millones para distribución. A su vez, la puesta al día y el mantenimiento de las inversiones demandarán US$ 50.000 millones más”.
Además, estimó que “las redes viales demandarán US$ 58.000 millones, ferrocarriles y subtes US$ 34.500 millones, agua y saneamiento US$ 6.500 millones y la telefonía móvil otros US$ 1.000 millones”.
Con estas cifras, E&R remarcó que “acordar con los holdouts nos abre la posibilidad de retornar a los mercados voluntarios de financiamiento y así recibir el flujo de ahorro en dólares provenientes del mundo. El riesgo país y el costo de financiamiento también podrían bajar, convirtiéndose en una buena plataforma para la recuperación de la IED, uno de los talones de Aquiles de la economía argentina durante los últimos años”.
1 El nuevo “dead line” Si hoy a la medianoche Argentina no logra saltar el impedimento puesto por el juez Thomas Griesa para pagar a una parte de los bonistas que ingresaron al canje, el país caerá en una situación de incumplimiento. A partir de ese momento comenzará a correr una cuenta regresiva hasta el 30 de julio, fecha que se convertirá en el nuevo “dead line” tras el cual la Argentina caería en default.
2 El efecto incertidumbre Si bien no habrá default formal hasta una vez vencido el período de gracia, las consecuencias del conflicto con los fondos buitre ya se comenzaron a sentir en la economía doméstica. Y ese impacto negativo se puede agravar en caso de llegar al default. Según la mayoría de los expertos, el clima de incertidumbre que se generó desde que se conoció la decisión adversa de la Corte de Estados Unidos -que rechazó tomar el caso argentino y dejó firme los fallos de instancias anteriores en favor del pago a los fondos buitre- ya comenzó a dejar huella.
3 Impacto inicial El encarecimiento del crédito por la suba de la tasa de interés, la mayor presión sobre el dólar paralelo, los aumentos de precios preventivos, son algunas de las manifestaciones que ya se sienten por este conflicto. También se frenaron las decisiones de inversión y de contratación de personal por parte de las empresas, con un impacto negativo en el empleo.
4 Golpe al ingreso de capitales Se reducen las expectativas de un aumento del ingreso de capitales que el Gobierno buscó alentar a través de medidas como los pagos en los juicios iniciados por empresas contra la Argentina en los tribunales del CIADI (Tribunal de Arbitraje Comercial del Banco Mundial) y la cancelación con bonos de la deuda con la petrolera Repsol por la expropiación de YPF. En la misma línea se encuadra el reciente acuerdo con el Club de París, que prevé un pago inicial de 650 millones de dólares en julio. Si bien desde el Gobierno aseguran que este acuerdo no sufrirá alteraciones, en el mercado creen que su cumplimiento estará condicionado por la evolución del conflicto con los fondos buitre.
5 Sin regreso a los mercados Además, un default complicaría cualquier estrategia oficial para tratar de volver a emitir deuda en el mercado internacional. Esta es una condición necesaria para que el Gobierno pueda cumplir los vencimientos futuros sin agotar sus reservas.
El Gobierno argentino reforzó su estrategia de sumar consenso internacional en contra de los fondos buitre y aislar al juez Thomas Griesa, quien dio sustento jurídico a la ofensiva de los acreedores. En esa línea, ayer publicó nuevamente en diarios estadounidenses una solicitada en la que -como viene repitiendo en cada foro internacional que tiene disponible- insiste en remarcar que si el país incurre en un default será responsabilidad de la justicia de los Estados Unidos.
El país también pidió una sesión especial en la Organización de Estados Americanos (OEA), que se hará hoy en Washington. La idea del Gobierno es que el jueves se haga un plenario de cancilleres y ministros de Economía, al que asistirían Axel Kicillof, y Héctor Timerman para explicar al resto de los países americanos las características del pleito argentino.
Los abogados de Argentina apostaron a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escucharía su caso, para no pagarle a los fondos de especulación que hicieron negocios con la deuda argentina. Otros países, como México, Francia y Brasil, se presentaron como favorables a la posición argentina. Pero la Corte estadounidense no hizo lugar a la apelación argentina y mantuvo las resoluciones del juez Thomas Griessa.
Kicillof también fue a un encuentro del llamado Grupo de los 77, durante la semana pasada, en Nueva York, para conseguir el apoyo de los países que lo integran. Allí pidió que se reponga el “stay”, una cláusula legal que habilitaba al país a pagarle a los acreedores que entraron en el canje de deuda sin tener que saldar las diferencias con los fondos de especulación. Pero el juez Griesa tampoco aceptó ese requerimiento.
“Para la República Argentina y para cualquier otro país soberano, pagar significa el depósito de fondos en cumplimiento de las obligaciones previstas en el prospecto de emisión de los instrumentos de deuda”, expresa la solicitada que llegó ayer a diarios estadounidenses, en el que se repiten las posiciones que tomó el Ministerio de Economía durante la semana.
De esta forma, el Gobierno busca despegar las consecuencias económicas frente al incumplimiento de los pagos de la deuda, que podría arrancar hoy mismo. Cristina Fernández llegó a decir que no iba a cumplir con ningún fallo de la justicia estadounidense.
Según el Gobierno nacional, el fallo de Griesa busca “empujar a Argentina al default y destruir el acuerdo de reestructuración de 2005 y 2010 que alcanzó con el 92,4% de los acreedores tras largas negociaciones”.
“Los derechos de una mayoría clara y auténtica no pueden ser socavados por el 1% de los tenedores de bonos que, desde una posición minoritaria, están destruyendo los esfuerzos colectivos de la Nación y del pueblo argentinos para honrar sus compromisos”, marca el texto en otro párrafo.
El encargado de la deuda soberana para Moody's, Gabriel Torres, afirmó que, a diferencia de lo realizado por Standard & Poor's, su compañía no bajará la nota de deuda del país. Preocupan las reservas del Banco Central y la inflación.
Gabriel Torres se refirió al litigio entre el país y los holdouts, y aseguró que "sería muy positivo llegar a un acuerdo" con los tenedores de bonos que no ingresaron al canje.
En una entrevista con el diario La Nación, Torres descartó que la calificadora fuera a bajar la nota de deuda del país, y argumentó que "la bajamos en marzo de 2013 asumiendo un escenario complicado".
Para Moody's, Argentina está en el nivel CAA2, "el puesto 18 de los escalones de las notas soberanas", explicó Torres.
El vicepresidente de la calificadora además dijo que es posible que si se llega a un acuerdo con los holdouts mejore la nota, aunque aclaró que "el gran tema sigue siendo el nivel de reservas del Banco Central, que apenas subieron en la mejor época del año".
"El problema con este Gobierno es que nunca se sabe qué va a hacer y la estrategia con los holdouts es un ejemplo: un día dice una cosa y al día siguiente la otra", agregó Torres, quien elogió los guiños del Gobierno al mercado (la compensación a Repsol, la negociación con el Club de París y la actualización del INDEC), aunque aclaró que la "falta de consistencia quita efectividad a estas medidas".
Torres además opinó que, junto a la caída de las reservas, "la inflación es el mayor problema" y pronosticó que "bajarla llevará varios años".
Por último, al ser consultado si cree que el cambio en la presidencia en 2015 motivará un acercamiento de los mercados, el vicepresidente de Moody's respondió: "Depende de quién gane. Se ve un gran potencial en el proyecto de Vaca Muerta. Además, al mercado no le prestaría tanta atención: va de un lado para otro en sus opiniones con mucha facilidad".
