El Tribunal de Cuentas de la provincia emitió la acordada Nº 130, en la que advierte a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) que los recursos del Fondo Especial de Trasplante deben ser destinados “exclusivamente” a financiar el costo de las prestaciones que un trasplante implica, tal como lo determina la ley de creación.
La postura fue emitida en el marco de las competencias que le corresponden al organismo sobre interpretar las leyes, decretos y resoluciones fijando la doctrina aplicable en cuanto concierne a la recaudación o inversión de los recursos fiscales, siendo sus pronunciamientos obligatorios para la Administración Pública.
En ese orden, fijan posición con respecto a la realización de transferencias entre la cuenta del Fondo Especial de Trasplante y la Cuenta Corriente General de OSEP. “Es propósito de este Tribunal de Cuentas contribuir a la implementación de mecanismos eficientes y eficaces en pos de la transparencia en el manejo de los fondos por parte de los entes estatales sujetos al control de su competencia, como así también contribuir a la debida rendición de cuentas por parte de sus responsables en cumplimiento de los lineamientos previamente definidos por la ley”, subrayan en los considerandos.
Los miembros del tribunal tienen como referencia el dictamen del relator legal, quien señala que la ley Nº 5116 de creación del Fondo Especial de Trasplante establece que “está destinado exclusivamente a financiar el costo de las prestaciones que un trasplante implica”. Y agrega que no resulta admisible dejar de cumplir lo que la ley inequívocamente ordene, “de manera que si de la escritura de la regla jurídica no resulta la posibilidad de entendimientos disímiles, la única conducta aceptable es su acatamiento”.
Al tiempo, sostienen que el fondo pertenece a quienes se han adherido al sistema a fin de solventar sus objetivos, advirtiendo que la ley de su creación impone el deber de rendir cuentas semestralmente ante el TC, informar a las comisiones de Salud de ambas cámaras legislativas e informar a los afiliados sobre el estado financiero del fondo, consignando los destinatarios de las prácticas y los montos erogados.
La acordada surge a partir de la nota que presentaron los diputados Rubén Herrera, Juan Pablo Millán y Verónica Rodríguez Calascibetta, en la que solicitaron información sobre ingresos y egresos de la cuenta del Fondo de Trasplante.
Regalías
La nueva acordada del TC tiene como referencia la emitida del 2010, cuando se fijó posición sobre el uso transitorio de las regalías mineras para afrontar gastos corrientes, en la que también advirtieron que los mismos son exclusivamente para financiar obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación sobre actividades productivas.
Antecedentes del conflicto
Los recursos que forman parte del Fondo de Trasplante venían siendo objeto de debate. El año pasado, el organismo ordenó que OSEP debía informar sobre la restitución (o no) de $ 20 millones, de los que había dispuesto en forma transitoria. En abril de este año se informó que el exdirector Julio Prieto había reintegrado ese dinero al Fondo Especial antes de dejar el cargo que ocupaba desde el inicio de la actual gestión gubernamental.
Era previsible que luego de destinar un adelanto de las utilidades mineras de 40 millones de pesos para intentar sanear las finanzas quebradas de la OSEP, la mecánica se reiterara para otras áreas. El Ministerio de Economía dispuso ahora transferir 20 millones de pesos de utilidades mineras para que el Instituto Provincial de la Vivienda cubra deudas pendientes de distintos programas nacionales. Según la resolución 141 de esa cartera, la transferencia se realiza a pedido del propio IPV, que en marzo pasado solicitó fondos para abonar deudas de los programas "Techo Digno", "Mejor Vivir II" e "Infraestructura A", ya que no se habrían girado desde la Nación los fondos correspondientes. De este modo, comienza a consolidarse el sistema de financiar gastos corrientes con la renta minera, que en teoría debería utilizarse para generar condiciones e infraestructura para el desarrollo de actividades productivas sustentables.
Un dato adicional en el caso de estos dos pagos es los precedentes que los tornan necesarios. El adelanto de utilidades requerido a YMAD será para tratar de empinar una obra social destruida por la inoperancia de las sucesivas administraciones y corruptelas endémicas que han degenerado en un escándalo grotesco con las órdenes y los médicos "truchos". El IPV, que alega demoras en las partidas nacionales para echar mano a los fondos de la minería, no se ha destacado tampoco por la cristalinidad de sus procedimientos, ni durante las gestiones radicales ni durante ésta, que comenzó con una megalicitación de viviendas por más de 200 millones de pesos en la que la "cartelización" entre los participantes fue evidente y luego, dada la ausencia de reacciones significativas frente al enjuague, continuó con la misma metodología. Es decir que la renta minera, que se dilapidó mientras era más abultada, sigue el peor de los destinos ahora, con la "raspa 'e la olla": financiar la incompetencia y la venalidad en enclaves de la administración pública, cubriendo gastos corrientes: incompetencia y venalidad en el sistema de salud; incompetencia y venalidad en el sistema de obras públicas. Así se rifa el futuro de Catamarca y los catamarqueños.
La inercia de despilfarro de los fondos mineros no se interrumpió con el cambio de Gobierno. Por el contrario, al parecer la intención es que se naturalice su utilización para sortear dificultades de caja coyunturales, sin que nadie explique nunca por qué se llega a tales dificultades de caja, ni se haga responsable por los desfasajes, ni mucho menos disipe las dudas sobre eventuales ilícitos. Vale la pena recordarlo: la renta minera proviene de la explotación de recursos no renovables. Lo perdido, perdido está, sin posibilidades de reposición. Y sin explotaciones que vayan a ponerse en lo inmediato, habrá que ver cómo se las arregla el Estado cuando el dinero de la minería deje de ingresar. Faltaría que también se utilicen utilidades mineras para salvar la crisis económica de la Cámara de Diputados.
Sobre la polémica que se ha generado en torno a la disposición del Ministerio de Educación por un decreto que reubica docentes rechazado por la Corte de Justicia han comenzado a surgir elementos sugestivos. Hay casos muy curiosos, como el de una alta dirigente sindical que aún cobra por un proyecto de investigación en un IES del este provincial pese a que debió dejar de hacerlo, de acuerdo con la disposición que le asignó las horas institucionales desde el 25 de mayo de 2011 -empezó bien: en un feriado-, hace dos años, cuando el proyecto concluyó. La disposición es clara al establecer que el proyecto no podía "generar suplencias, ni extenderse más de dos cuatrimestres o un año académico". El plazo está más que vencido, pero la sindicalista sigue cobrando.
