El Gobierno está viendo con buenos ojos la posibilidad de que el proyecto minero San Jorge retome, a pesar de que sea compartido con San Juan. El argumento que sostienen desde la Casa de Gobierno es que ante la caída del empleo en Mendoza y un contexto económico nacional que se va complejizando, reflotar la posibilidad de extracción de cobre y oro en Uspallata puede ser una herramienta central para generar mano de obra y así evitar que el empleo siga cayendo.
A pesar de que en 2011 en el propio gobernador Francisco Pérez (entonces candidato) le pidiera a la Legislatura modificaciones a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en 2012 hubo un intento de los empresarios dueños de la mina de oro y cobre a 45 kilómetros de la villa de Uspallata de avanzar en esta intención de explotar la roca en Mendoza y hacer el lixiviado en Calingasta, San Juan; todo quedó en la nada. Pero el tema volvió a estar en agenda pública esta semana, luego de que el propio gobernador Paco Pérez se reuniera con los empresarios rusos que le compraron el proyecto a la canadiense Coro Mining, quienes le reflotaron la alternativa a Paco.
Y esta vez fue diferente: el Gobernador lo aceptó, mandó el expediente al ministro de Energía, Marcos Zandomeni; y éste al de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde. Para ser concretos: el Gobierno aceptó esta posibilidad de compartir el proyecto con San Juan y esperará que la Legislatura haga lo mismo. Sin embargo, no está todo dicho ya que en el ministerio de Elizalde deberán aprobar la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y enviarla a la Legislatura, donde se frenó la anterior.
“Quien cambia el proyecto es la empresa y el Gobierno evalúa la propuesta. Lo que se planteá es la actualización de la DIA porque el otro (el original) era un proyecto grandísimo y este es mucho más pequeño, por lo que tiene un impacto mucho menor", explicó a SITIO ANDINO el ministro Zandomeni, y aclaró: "Tiene que ir a la Legislatura igual porque es metalífero”.
Es que las vueltas sobre San Jorge, nacido en 2008, tienen su razón de ser en la Ley 7722, la llamada "antiminera" que, entre otras cosas, frena el uso de ciertas sustancias para la minería a cielo abierto, como el cianuro o el ácido sulfúrico.
Por eso, ante el impacto social y tras una audiencia pública que se pronunció en contra de San Jorge, el proyecto se frenó. Pero ahora intentan volverlo a la vida, y lo hacen en un momento delicado. "Yo creo que es el momento indicado para discutirlo porque hay un problema de empleo, entonces hay un pequeño espacio para discutir no solamente lo ambiental, sino también la necesidad que tiene un pueblo de tener alternativas de inversión, de trabajo y de generación de riqueza", sostuvo a este medio Zandomeni.
Y el dato no es menor: el propio Pérez admitió días atrás que en el primer semestre del año el desempleo llegó al 4,5%, casi un punto más alto que el mismo período del año anterior, sobre una medición que contempla solo el Gran Mendoza y a sabiendas de que grandes masas de desempleados se concentran en los oasis Sur y Este. Y según datos del INDEC, en el último año en Mendoza se destruyeron 8.028 puestos de trabajo en blanco contra los 20.465 empleos perdido en todo el país.
"Lo importante es tener actividad económica, con control ambiental y sueldos en blanco", dijo Zandomeni respecto a la posibilidad que incluiría una discusión entre Mendoza y San Juan por la regalías mineras unos 220 millones de dólares (en toda su vida útil) en el proyecto, aunque desde el Ejecutivo desmientan la versión de que tendrían que resignar importantes sumas de dinero en favor de la otra jurisdicción cuyana.
"En Mendoza hoy hay que discutir eso, qué Mendoza queremos de acá a 20 años. Yo como funcionario tengo que discutir la minería también si implica atraer inversiones", dijo el titular de Energía tras sostener que "no da más la matriz productiva". "Hay que decidir qué sociedad vamos a tener. Hay que agregar valores productivos para tener mejores sueldos. Tiene que haber un desarrollo económico, social y ambiental sustentable".
Sin embargo, el ministro explicó que para darle el aval al proyecto actualizado el Gobierno evalúa incorporar algunos aspectos que no se tuvieron en cuenta en el pliego original. Se trataría de un convenio de Responsabilidad Social Empresaria similar al logrado con Vale en Malargüe. "Vale le dejó 12 millones de dólares a Malargüe antes de que empezara el proyecto. Tenemos que hacer que se generen beneficios mientras estés construyendo".
En cuanto a las trabas que la 7722 le puso a San Jorge, Zandomeni sostuvo que si la Ley se declara inconstitucional "es millonario el juicio que la Provincia tendría que pagar" a las 7 empresas que plantearon el tema en la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, aseguró que no es el momento para discutir modificaciones a la norma: "Las leyes debieran ser el efecto de los comportamientos de la sociedad. Para cambiar eso debes hacer un proceso social nuevamente. No se puede meter una ley nueva si no tiene un proceso de digestión".
Sobre San Jorge:
La última modificación propuesta es para poder realizar la extracción de las rocas de la mina ubicada en la estancia Yalguaraz y trasladarla -probablemente vía férrea- hasta Calingasta, San Juan, y allí someterla a los procedimientos de explotación para producir concentrados de cobre y oro, para lo cual se utilizan sustancias como el cianuro. Por eso, los empresarios rusos retomaron la idea y se la llevaron a Pérez. Se debe a que en la vecina provincia sí está permitida la explotación a cielo abierto.
La mina está ubicada en la estancia El Yalguaráz, a unos 45 kilómetros hacia el norte de la Villa de Uspallata.
Se trata del cerro San Jorge, de menos de cien metros de altura, que empezó a tornarse un recurso valioso en los años 60, cuando se comenzó a sospechar la posibilidad de que se tratase de uno de los mayores yacimientos de cobre (y oro también) de Mendoza y del país.
Se estima que podrían extraer materiales por unos 15 años, alcanzando unas 40.000 toneladas de cobre y oro como subproducto. La inversión inicial está prevista en unos u$s277 millones.
La Asamblea Popular por el Agua, volvió a rechazar la idea que tiene el Gobierno provincial de reactivar el proyecto San Jorge, de explotación de cobre y oro en la mina ubicada a 45 kilómetros de Uspallata.
Estas últimas semanas, reflotó el proyecto de ley impulsado por el intendente de Malargüe Juan Antonio Agulles y los legisladores del Frente para la Victoria José Muñoz, Raúl Guerra y Silvia Ramos, que propone modificar la ley 7.722 llamada “antiminera”.
Entre las principales reformas, la más importante radica en la utilización de sustancias químicas prohibidas, como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otros, fuera de las áreas no permitidas establecidas taxativamente en los artículos 33 y 36 del Código de Minería de la Nación, como así también en un radio de 10 kilómetros desde el centro de cualquier localidad provincial.
Por otro lado, otro plan que tiene el Gobierno es explotar la mina y trasladar las rocas hasta San Juan, provincia que sí tiene permitido utilizar procedimientos con las sustancias químicas que aquí no están permitidas, para poder realizar el proceso de tratamiento y así obtener cobre y oro.
Una de las integrantes de la Asamblea Popular por el Agua, María Teresa Cañas, reafirmó que la organización está totalmente en contra de la megaminería y opinó que el Gobierno “está tirando de la cuerda para ver cómo reaccionamos”.
 |
“El Ejecutivo está tanteando a la sociedad con estos avances y movidas que realiza para ver si tiene licencia social. Pero bien sabe que desde las asambleas sociales no lo va a tener”, indicó.
Con respecto a la posibilidad de que Mendoza llegue a un acuerdo con San Juan para “esquivar” la ley 7.722, Cañas exclamó que “es una tomada de pelo para el pueblo que se alzó contra megaminería” y agregó que el impacto ambiental “sería el mismo” para la provincia.
Además, cargó contra el Ejecutivo, que según ella sigue actuando “sin importarles la gran cantidad de agua que se realiza en estas prácticas ni tampoco la contaminación que se produce”.
A su vez, comentó que es necesario que se escuche a las organizaciones ambientalistas y también que los políticos lleven al debate otros modelos de desarrollo o de transición diferentes al que se está aplicando ahora. “Este modelo está terminado, estamos llegando al fin de la era del petróleo y en el debate de ordenamiento territorial no se ha tocado el tema”, agregó.
Finalmente, dijo que la Asamblea Popular por el Agua seguirá actuando con todas las herramientas legales que tengan y no claudicarán con las movilizaciones que han estado realizando en los diferentes puntos de la provincia.
