El juez de Nueva York Thomas Griesa prohibió hoy a la Argentina concretar el pago a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 e instó al Gobierno y a los holdouts a que se sienten a negociar.
Griesa frenó el pago que la Casa Rosada hizo ayer, pero no embargó el dinero, como habían exigido los fondos buitre. El magistrado estadounidense tomó la decisión ante el sorpresivo depósito de U$S 532 millones que el Gobierno hizo a quienes entraron a los canjes.
En la audiencia, en su juzgado, entre los representantes de la Argentina y los fondos buitre, que duró una hora y media, Griesa calificó el pago de "ilegal" y ordenó al Bank of New York Mellon (BoNY), el agente de pago, a que devuelva el depósito a la Argentina.
El Gobierno había desafiado ayer al magistrado y hoy, a través de una solicitada en los medios,anunció que hacía el pago de acuerdo a sus "obligaciones asumidas, (...) deslindándose cualquier responsabilidad y/o incumplimiento que pretenda imputársele".
Ayer, el abogado Robert Cohen, representante de NML, fue quien pidió la reunión a Griesa y reclamó que el Gobierno tenía que ser considerado en desacato por su decisión unilateral y que se embarguen esos fondos depositados. Sin embargo, Griesa no dio lugar a esa posibilidad, aunque cuestionó la medida de la Casa Rosada y prohibió que se concrete el millonario pago a los bonistas.
Como los servicios de la deuda reestructurada vencían el lunes, el país tiene ahora un periodo de gracia de 30 días más, hasta el 31 de julio, para cumplir con los tenedores de bonos Discount. Mientras tanto, deberá sentarse a negociar con los fondos buitre para llegar a un acuerdo y no caer en default.
Informe de Martín Kanenguiser, enviado especial a Nueva York.
El juez de Nueva York Thomas Griesa dispuso este mediodía que la Argentina no podrá pagarle a los bonistas reestructurados sin previo acuerdo con los fondos buitres. No obstante, el magistrado consideró que "sería deseable" que ambas partes lleguen a un acuerdo.
De este modo, el juez ordenó que los u$s 539 millones que la Argentina giró a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda, no puedan ser cobrados por ellos el lunes próximo, cuando vencen los intereses del bono Discount.
El Banco de Nueva York aclaró que los dólares para los bonistas aún se encuentran en Buenos Aires. Este viernes, el juez norteamericano mantuvo una audiencia de casi hora y media con los abogados que representan al Estado argentino y a los fondos buitre. Ese encuentro fue motorizado por el propio magistrado tras la decisión que tomó el Gobierno argentino de girar u$s 539 millones al Banco de Nueva York para abonar intereses del bono que vence el lunes próximo, que está en manos de tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
A pesar de la decisión de Griesa, el país no entrará en default el lunes próximo, ya que cuenta con 30 días más, a partir de esa fecha, para intentar que el dinero llegue finalmente a los bonistas.
En la Corte de Nueva York, Griesa sostuvo que las conversaciones con el abogado que él mismo designó como negociador entre las partes, fueron interrumpidas por el pago que hizo Argentina.
En esa audiencia, el juez dijo que "el pago es ilegal y no será realizado", pero aclaró "sería deseable, si fuera posible, que se llegue a un acuerdo", de acuerdo con fuentes que presenciaron el encuentro.
Para el magistrado, la Argentina tendría que haber "negociado una postergación" de sus pagos con los bonistas que ingresaron al canje, casi el 93% del total. También consideró que "las negociaciones" entre la Argentina y los holdouts se vieron "interferidas" por el pago que realizó el Gobierno argentino.
En tanto, un abogado del Bank of New York Mellon explicó que los u$s 539 millones fueron depositados en la cuenta que ese banco posee en la Argentina y que aún no fueron transferidos.
Por su parte, los abogados del fondo NML, se quejaron por la actitud "desafiante" de la Argentina, al girar los fondos para el vencimiento del 30 de junio. Mientras, uno de los abogados del Estado argentino, el estadounidense Carmine Bocuzzi, aclaró que si los funcionarios argentinos no hubieran realizado el pago, podrían enfrentar juicios penales en Argentina.
LA REPÚBLICA ARGENTINA EN CUMPLIMIENTO DEL PROSPECTO Y DEL CONTRATO VIGENTE CON LOS TENEDORES QUE ADHIRIERON VOLUNTARIAMENTE AL CANJE DE DEUDA EN EL PERÍODO 2005-2010 HA PROCEDIDO AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE CAPITAL E INTERESES DE SUS BONOS BAJO LEY EXTRANJERA POR EL EQUIVALENTE A 832 MILLONES DE DÓLARES DE LOS CUALES 539 M DE DÓLARES DEPOSITADO EN LAS CUENTAS NÚMEROS 15.098 Y 15.002 DEL BANCO NEW YORK MELLON (BONY) EN EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
EL DÍA LUNES 23 DE JUNIO, HABIDA CUENTA DE LA PROXIMIDAD DEL DÍA DE PAGO DE LOS VENCIMIENTOS, SE SOLICITÓ AL JUEZ GRIESA UN PEDIDO DE SUSPENSIÓN (STAY) DE SU FALLO QUE POSIBILITARA UN DIÁLOGO DE BUENA FE EN CONDICIONES EQUITATIVAS, JUSTAS Y LEGALES. LA SOLICITUD FUE REITERADA EN EL DÍA DE LA FECHA. HOY, 26 DE JUNIO, SIGUIENDO LAS INDICACIONES DE LOS CONTRATOS, SE VENCE EL ÚLTIMO PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO, YA QUE EL DÍA VIERNES ES FERIADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL PAGO DEBE REALIZARSE EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL ANTES DEL VENCIMIENTO. NO PAGAR TENIENDO LOS RECURSOS Y FORZANDO UN DEFAULT VOLUNTARIO ES ALGO QUE NO ESTÁ CONTEMPLADO EN LA LEY ARGENTINA, SERÍA CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO ARGENTINO Y UNA CLARA VIOLACIÓN A LOS PROSPECTOS DE DEUDA.
ESTE PAGO SE REALIZA EN VIRTUD DE LA DECISIÓN SOBERANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, QUE RATIFICA EN ESTE ACTO SU FIRME E IRRESTRICTA VOLUNTAD DE CUMPLIMIENTO, PARA HONRAR SUS DEUDAS Y PARA DESCARTAR CUALQUIER INTERPRETACIÓN CAPCIOSA QUE IMPLIQUE INTRODUCIR EL EUFEMISMO DE “DEFAULT TÉCNICO”, CON EL CUAL SE PRETENDE ASOCIAR EL IMPEDIMENTO ANTOJADIZO DE UN PAGO POR ORDEN JUDICIAL SIN CONSIDERAR LA VOLUNTAD DEL DEUDOR DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES.
PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA Y PARA CUALQUIER PAÍS SOBERANO, PAGAR ES: DEPOSITAR LOS FONDOS CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PROSPECTO DE EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE DEUDA Y POR LO TANTO, ES EJERCER UN DERECHO EN FORMA VOLUNTARIA SIN PRETENDER CON ELLO COLISIONAR CON OTRAS DECISIONES EMERGENTES DE AUTORIDAD JUDICIAL QUE ALTERAN LAS BASES CONTRACTUALES SUSCRIPTAS POR UN PAÍS SOBERANO.
NUESTRA CONVICCIÓN PLENA, COMO LO ATESTIGUAN INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, COMO ASÍ TAMBIÉN ANALISTAS Y ESPECIALISTAS QUE HAN SIDO INCLUSIVE CRÍTICOS CON EL PAÍS EN DIARIOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS DE NIVEL INTERNACIONAL, ES CUMPLIR CON EL PROCESO EXITOSO DE REESTRUCTURACIÓN VOLUNTARIA DE DEUDA CON LA ADHESIÓN DEL 92,4 % DE LOS BONISTAS. ESTA CONVICCIÓN ES APELAR AL SENTIDO COMÚN Y AL EJERCICIO HABITUAL Y RACIONAL EN LOS PROCESOS CONCURSALES EN DONDE LOS DERECHOS REPRESENTADOS POR UNA MAYORÍA CLARA E INDUBITABLE NO PUEDE SER VULNERADA POR EL 1 % DE LOS BONISTAS, FULMINANDO CON ELLO, DESDE UNA POSICIÓN MINORITARIA EL ESFUERZO COLECTIVO DE LA NACIÓN Y DEL PUEBLO ARGENTINO PARA HONRAR SUS COMPROMISOS, ADEMÁS DE AFECTAR LOS INTERESES Y LOS DERECHOS DE LA MAYORÍA DE LOS BONISTAS.
ESTA DECISIÓN SOBERANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA IMPLICA ADVERTIR RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS A LOS ESTADOS UNIDOS POR LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL QUE LE CABE POR LAS DECISIONES DE SU PODER JUDICIAL, AL AGENTE FIDUCIARIO, A LAS ENTIDADES FINANCIERAS INVOLUCRADAS, A LOS LITIGANTES Y AL MISMO JUEZ THOMAS GRIESA RESPECTO A EVENTUALES ACCIONES JUDICIALES QUE NOS PERMITAN HACER VALER LEGÍTIMAMENTE NUESTROS DERECHOS COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (ARTÍCULO 61), LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ARTÍCULOS 2ª INCISO 1 Y 4), CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (ARTÍCULO 4º), ANTE EL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE LA HAYA COMO SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y ANTE TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
LA EJECUCIÓN DEL PAGO EN TIEMPO Y FORMA PARA CUMPLIR REGULARMENTE NUESTRAS OBLIGACIONES EMERGENTES DEL PROSPECTO Y SUS CONTRATOS RESPECTIVOS, IMPLICA ADVERTIR QUE SI ALGUIEN DISPUSIERA DE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA DEL FIDUCIARIO AFECTARÍA LOS DERECHOS DE SUS VERDADEROS DUEÑOS, QUE NO SON OTROS QUE LOS TENEDORES ADHERIDOS VOLUNTARIAMENTE AL CANJE Y CONSTITUIRÍA UNA GRAVE ALTERACIÓN A LAS CONDICIONES FIJADAS EN EL PROSPECTO, IMPLICANDO DESDE UNA APROPIACIÓN INDEBIDA DE FONDOS DE TERCEROS, DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS, INCUMPLIMIENTO DE SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y OTRAS TIPOLOGÍAS QUE PODRÍAN CONFIGURARSE.
EL HECHO QUE EL PROSPECTO HAYA ESTABLECIDO UNA PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN EN FAVOR DE LA LEGISLACIÓN NORTEAMERICANA NO IMPLICAR LA ACEPTACIÓN DE ACTOS JURISDICCIONALES DE CUMPLIMIENTO IMPOSIBLE. MÁXIME TENIENDO EN CUENTA QUE EL FALLO VULNERA EL PRINCIPIO DE INMUNIDAD SOBERANA VIGENTE EN ESE PAÍS COMO NORMA DE JERARQUÍA INSTITUCIONAL SUPERIOR E INTERPRETA ADEMÁS EN FORMA ANTOJADIZA Y ABSURDA EL PRINCIPIO DE “PARI PASSU”. ACATAR UNA SENTENCIA NO PUEDE EXIGIR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS.
CUALQUIER CONDUCTA, QUE PRETENDA OBSTACULIZAR ESTE PAGO A NUESTROS ACREEDORES CONSTITUYE UNA ACCIÓN VIOLATORIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL DERECHO PÚBLICO INTERNACIONAL QUE PROHÍBE LA COERCIÓN A OTROS ESTADOS EN VIRTUD DE LA IGUALDAD SOBERANA, CLAÚSULA QUE TAMBIÉN RIGE EN ESTADOS UNIDOS.
COMO TAMBIÉN FUE ABSURDA E ILEGÍTIMA LA EJECUCIÓN DEL EMBARGO A LA “FRAGATA LIBERTAD” O LAS 900 ACCIONES PROMOVIDAS EN DIFERENTES INSTANCIAS Y PAÍSES PROMOVIENDO UN HOSTIGAMIENTO INUSUAL, PERVERSO Y EXTORSIVO DE UN GRUPO MINÚSCULO DE ACREEDORES HACIA UN PAÍS SOBERANO.
NO CABE LA MENOR DUDA DE LA PARCIALIDAD DEL JUEZ EN FAVOR DE LOS FONDOS BUITRES NI DE SU VERDADERA INTENCIÓN: LA DE PRETENDER LLEVAR A LA REPÚBLICA ARGENTINA AL DEFAULT PARA DERRIBAR LA REESTRUCTURACIÓN 2005-2010 QUE ALCANZÓ LUEGO DE LARGAS NEGOCIACIONES UN CONSENSO DEL 92,4%. NEGOCIACIONES ÉSTAS, DE LAS QUE JAMÁS QUISIERON PARTICIPAR LOS HOLDOUTS, ACTITUD QUE SE CONFIRMÓ INCLUSIVE EN LA ÚLTIMA SEMANA ANTE LA CERRADA NEGATIVA A LA SOLICITUD DE STAY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA LOGRAR UN DIÁLOGO EN CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS Y LEGALES DEL 100 % DE LOS ACREEDORES.
PERO NO PODRÁ LOGRAR SU OBJETIVO POR UNA SENCILLA Y SIMPLE RAZÓN: LA REPÚBLICA ARGENTINA CUMPLIRÁ SUS OBLIGACIONES, PAGARÁ SU DEUDA, HONRARÁ SUS COMPROMISOS COMO LO VIENE HACIENDO PARA TERMINAR CON EL ARTILUGIO DE CONSIDERAR UNA DECISIÓN JUDICIAL ABSURDA CON EFECTOS SISTÉMICOS A NIVEL INTERNACIONAL, COMO UN “DEFAULT TÉCNICO”, QUE CONSTITUYE SOLO UN MODO SOFISTICADO DE INTENTAR PONERNOS DE RODILLAS ANTES USUREROS DE CARÁCTER GLOBAL.
EL RESPALDO INTERNACIONAL QUE HA TENIDO LA REPÚBLICA ARGENTINA INCLUYE A PAÍSES COMO FRANCIA, MÉXICO, BRASIL COMO AMICUS CURIAE Y ABARCA DESDE ORGANISMOS MULTILATERALES DE CRÉDITO HASTA ORGANISMOS POLÍTICOS COMO G77 MÁS CHINA INTEGRADO POR 133 PAÍSES, MERCOSUR, UNASUR, PASANDO POR MÁS DE UN CENTENAR DE PARLAMENTARIOS BRITÁNICOS CON CUYO PAÍS DE ORIGEN, NUESTRA NACIÓN MANTIENE UN CONFLICTO POR DISPUTAS DE SOBERANÍA, HASTA PUBLICACIONES INTERNACIONALES COMO FOREIGN AFFAIRS DEL COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS Y ANALISTAS DE DIARIOS Y REVISTAS ESPECIALIZADAS COMO ASÍ TAMBIÉN ACADÉMICOS DE LAS MÁS DIVERSAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO.
RESULTA CLARO QUE ESTE RESPALDO SIGNIFICA RECONOCER LA LÓGICA Y LA JUSTICIA DE NUESTROS RECLAMOS Y LOS NEGATIVOS EFECTOS SISTÉMICOS DE ESTAS EQUIVOCADAS E INJUSTAS DECISIONES DEL SISTEMA JUDICIAL ESTADOUNIDENSE.
POR ÚLTIMO, LA REPÚBLICA ARGENTINA REAFIRMA SU COMPROMISO DE HONRAR SUS DEUDAS CON EL 100 % DE LOS ACREEDORES DE MANERA JUSTA, EQUITATIVA Y LEGAL.
Hoy a las 11.30 de Buenos Aires (10.30 de Nueva York) se define un nuevo capítulo, y terminal, del "Juicio del Siglo". Y, otra vez, todo dependerá de la buena o mala estrella que Thomas Griesa tenga sobre la Argentina. A esa hora, el juez del segundo distrito de Manhattan, citó a los abogados de las dos partes (Argentina y los fondos buitre) y al mediador Daniel Pollack para anunciarles una de dos decisiones: o decide un embargo para el próximo lunes de la cuenta del país en el Bank of New York (BONY) o deja pagar en tiempo y forma los vencimientos por más de u$s 1.000 millones que la Argentina tiene que concretar el 30 de junio. Si la orden de Griesa es esta última, el país y los fondos buitre comenzarán una rueda de negociaciones que, como mínimo, podría durar hasta septiembre cuando el Gobierno deba nuevamente cumplir con el pago de nuevos vencimientos de deuda "performing" (con pagos actualizados y emitida luego del default de 2001). Si el magistrado de primera instancia decide lo contrario, y ejecuta su fallo de octubre de 2012 que obliga a la Argentina a pagar al contado unos u$s 1.330 millones a los fondos buitre NML Elliot, Aurelius, Olifant, ACP Master, Blue Angel, y otros 13 litigantes particulares argentinos; el Gobierno de Cristina de Kirchner deberá tomar una decisión política: o acepta la decisión del juez, baja la cabeza y continúa negociando; bajo el peligro además de comenzar a aplicarse automáticamente la cláusula Rights Upon Future Offers (Rufo); o, inicia una guerra judicial que podría derivar en múltiples y cruzadas causas abiertas dentro de los Estados Unidos o incluso llevando el "Juicio del Siglo" hasta tribunales internacionales como La Haya.
En la audiencia de hoy, estarán presentes por la Argentina los abogados Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) y Theodore Olson y Robert Cohen del fondo Elliot, y Stephen Poss y Robert Carroll de Olifant, los profesionales que representan a todos los acreedores vencedores en el caso. Todos escucharán a Griesa y no podrán hacer preguntas, y cualquier decisión que tomen como actuantes de las partes deberá ser comunicada a Pollack.
Griesa tomó la decisión de llamar hoy a una audiencia, luego de haberse vivido ayer uno de los días más intensos y preocupantes del "Juicio del Siglo". El miércoles empezó temprano, con el dato que recibió el Gobierno argentino desde Nueva York, a través de una llamada telefónica de parte de uno de los abogados del estudio CGS&H, sobre que era inminente que Griesa no reponga la cláusula Stay, que se había pedido restablecer el lunes pasado y por la cual la Argentina hubiera podido pagar sus vencimientos del 30 de junio sin temor a embargos. El dato se lo habían dado a los abogados que representan al país, fuentes del juzgado de Griesa para que estén preparados desde el lado argentino. La información era además que el anuncio del rechazo se conocería después del mediodía de la Argentina. Esto hizo que desde el Ministerio de Economía se le comunicara las novedades a Cristina de Kirchner y se acelerara la aplicación del Plan B; la estrategia preparada para el caso que Griesa no aceptara el Stay. Las acciones establecidas para esta circunstancia se habían establecido el fin de semana pasado, luego de haberse convencido el Gobierno que la idea de pagar los vencimientos de los bonos que vencen el lunes en Buenos Aires y con un plan de canje de deuda, hubiera sido engorroso y puesto al país como el declarante de una virtual "guerra judicial" contra Griesa. La orden de la jefa de Estado fue, el viernes de la semana pasada, pensar otra idea sobre cómo enfrentar la alternativa que Griesa no reponga el Stay; estrategia que terminó de diseñarse el martes y se mantuvo en secreto absoluto hasta conocerse ayer por la mañana cuál sería la decisión del juez. En su momento, desde la Casa de Gobierno, se descartaba que Griesa tomaría una decisión en contra del país. la reflexión que se escuchó fue "por qué pensamos que este juez, que desde 2012 hasta ahora nos falló en contra, ahora nos va a dar una mano. Preparémonos para lo peor". Así ocurrió, y la decisión presidencial fue que antes que se conozca el anuncio de Griesa, el ministro de Economía Axel Kicillof anunciara la embestida argentina, rodeado por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Tan secreto era el asunto, que hasta los abogados de CGS&H se enteraron ayer de los pazos a seguir por la Argentina.
Kicillof, Capitanich y Zannini concretaron así la jugada del Gobierno y citaron a la prensa a las 12.30 desde el microcine del Palacio de Hacienda, con el ministro como único orador y sin dar lugar a preguntas. Con firmeza, sin titubear (como lo había hecho el día que anunció que se pagaría la deuda en Buenos Aires) y leyendo lo estrictamente redactado en un comunicado; Kicillof anunció que el Gobierno le había dado la orden formal y burocrática al Banco Central para que transfiera al BONY el dinero correspondiente al pago de los vencimientos del próximo lunes; y que el país cumplía así con sus obligaciones contraídas con los bonistas que ingresaron al canje. Inmediatamente después responsabilizaron a los Estados Unidos como Estado (no sólo al Poder Judicial de ese país sino también al Ejecutivo), para el caso que los fondos transferidos fueran embargados; y consideraron que ese hecho sería un acto de violación de la soberanía de pago de la Argentina. Indirectamente también se responsabilizó al BONY, como agente financiero de la argentina para liquidar los vencimientos, para que los pagos a los bonistas "performing" se realice en tiempo y forma; señalando que si no realizaban esta operación podrían tener consecuencias judiciales de parte del país. Si esto se concreta, será la primera vez en el "Juicio del Siglo" que la Argentina y el BONY comenzarían a tener historias enfrentadas en el caso contra los fondos buitre.
Kicillof, rodeado por Capitanich a su derecha y Zannini a su izquierda, anunció además que si se concretaban los embargos a los pagos del próximo lunes, el país se reservaba el derecho de iniciar acciones judiciales extraterritoriales. Esto es, el tribunal de las Naciones Unidas de La Haya.
El ministro dijo que "no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración de 2005- 2010". Por la tarde, la frase fue enviada por Robert Cohen a Griesa, junto con el pedido de ejecutar el lunes el pedido de retener la mitad de los pagos de la Argentina para empezar a cumplir la liquidación de u$s 1.330 millones; dinero que según los cálculos de los abogados de los fondos buitre superaría los u$s 1.600 millones. Para determinar el monto exacto, otra vez, debe definir Griesa.
Luego de anunciar la decisión oficial de transferir el dinero y responsabilizar directamente al gobierno de los Estados Unidos "por las decisiones de su poder Judicial", al agente fiduciario (BONY), a los litigantes (los fondos buitre y los holdouts) y personalmente a Griesa por eventuales embargos que lleven al país al incumplimiento de los pagos del lunes; los funcionarios argentinos se recluyeron y sólo aceptaron llamadas directas de los abogados de CGS&H para saber como actuar mañana. Ni siquiera aceptaron llamadas de los eventuales agentes financieros internacionales (tres bancos, dos norteamericanos y uno europeo), que hasta hace unos días había trabajado en alguna eventual oferta a los fonos buitre para instancias negociadoras futuras.
Una vez conocida la decisión del gobierno argentino, actuó Griesa. "El pedido de stay es denegado", publicó el juez en nu comunicado de sólo tres párrafos, que hizo acordar a los que en octubre de 2012 emitía cada vez que algún "amicus curiae" del país quería interceder a favor de la posición argentina. Griesa recordó que había nombrado a Pollack para que negocie, que era el que debía hacer alguna propuesta con respecto a como actuar ante los eventuales embargos del próximo lunes. Según Griesa, el pedido de restablecer el Stay es un pedido "inapropiado".
Inmediatamente después, como si tuviera algún dato que el bando argentino desconocía, se presentó ante el juzgado del neoyorquino Cohen que entregó un pedido de audiencia de manera "urgente" calificando de "medida descarada" y "violatoria" de las disposiciones de la justicia estadounidense a la decisión adoptada por el gobierno argentino de pagar a los bonistas del canje.
Luego, a las 17:00 horas de Nueva York, Griesa le dio nuevamente el gusto a los fondos buitre y anunció una audiencia para hoy a las 11:30 de Buenos Aires.
En el medio quedó también involucrado en eventuales juicios en su contra el BONY, que el lunes debe saber qué es lo que hace con los fondos que le girará Argentina (hasta anoche la operación no se había concretado en realidad). El banco se enfrenta a potenciales juicios cruzados. Si ejecuta la sentencia de Griesa, y envía el dinero a los fondos buitres según la fórmula que le debe indicar el juez; podría recibir juicios como los que anunció ayer Kicillof. Si no lo hace y paga sólo a los tenedores de deuda "performing", el juicio se lo harán los fondos buitre, además de poder ser declarado en "rebeldía " o "desacato" por parte del juez.
Sobre este punto, Eugenio Bruno del estudio Garrido, afirmó que "técnicamente, los bonos establecen que existen 30 días de plazo de gracias antes que se considere un default. Ahora el BNY debería analizar como cumple la sentencia judicial y en particular si pide al juzgado de Griesa una aclaración sobre como separar los pagos entre los tenedores de los bonos canjeados y los tenedores de los bonos reestructurados".
En su discurso del viernes pasado en Rosario, la presidenta Cristina Kirchner hizo un giro fuerte en la estrategia con la que enfrentaba el pleito con los fondos buitre, a los que la justicia de Estados Unidos había declarado como ganadores: después de haberlos fustigado una y otra vez por cadena nacional, optó por abrir una negociación. Pero tras una primera ronda de encuentros infructuosos con el mediador que había designado el juez Thomas Griesa, aceptó dar un salto sin red y disponer el pago en Nueva York de la deuda que vence este lunes (tal como lo había anticipado en exclusiva El Cronista), con lo cual el país quedó expuesto a que se ejecute la sentencia en su contra y se gatille la cuenta regresiva de un default técnico.
El anuncio oficial de esta decisión se hizo cerca del mediodía en el Palacio de Hacienda. Estuvo a cargo del ministro Axel Kicillof, acompañado en el estrado del microcine de su cartera por Jorge Capitanich y Carlos Zannini. Casi en simultáneo, trascendió en Buenos Aires la decisión del juez neoyorquino de rechazar los dos pedidos que había hecho la Argentina para fijar una nueva cautelar que garantice la negociación. Es probable que para esa hora, la negativa ya hubiera sido informada a los funcionarios por los abogados del estudio que los representa en Nueva York, con lo cual el Gobierno ya tenía plena conciencia del impacto de su nueva jugada.
La pelota duró poco tiempo en el aire. Horas más tarde, Griesa informaba a las partes que hoy a las 11.30 (hora argentina) los esperaba en su despacho para una nueva audiencia que se presume clave para esta contienda, pero de destino incierto.
En los tres párrafos con los que justificó su respuesta previa al pedido argentino del stay, el juez había dicho que no era una solicitud apropiada porque el pago a los fondos buitre no iba a entrar en vigor a menos que se cumpliera con los tenedores de deuda reestructurada. Griesa dijo que no tenía control sobre si Argentina haría esos pagos, dato que se constituyó para para esas horas en eje del anuncio oficial. También reafirmó que ese tema tenía que estar incluido en las negociaciones que debía conducir el abogado Daniel Pollack, nombrado como mediador.
El fondo NML entiende que con el pago dispuesto por la Argentina, está incurriendo en un desacato. Pero otras lecturas entienden que podría ser una forma brutal de ratificar su voluntad de cumplir con los acreedores.
Al tomar esta decisión, el Gobierno no quiso convalidar el sendero que le sugerían los fondos, que era saltear el pago del lunes y dejar correr el plazo hasta el 30 de julio, día en que se entraría en default real si no se saldaban los compromisos. Con el fallo Griesa en la mano, los litigantes tenían el poder de decidir qué aceptar y qué no de los pedidos argentinos.
Ahora, la pelota está en Nueva York. Si el juez ordena al Bank of New York que ejecute la sentencia, habrá un default parcial, y la Argentina se reservó el derecho para iniciar acciones legales y reclamos internacionales contra todos los que toleraron ese paso, desde la Casa Blanca hasta el banco que actuó como fiduciario y, sobre todo, el propio Griesa.
Una pregunta que se hacía ayer el mercado en Buenos Aires, es cuándo se estaría entrando eventualmente en default. Si no media una contraorden judicial, y los bonistas del canje sufren un recorte este lunes a la hora de cobrar, la única chance que tiene la Argentina de evitarlo es reponer esos fondos antes de que terminen los 30 días de gracia que tienen los bonos. Para las calificadoras, de todos modos, será un evento que motivará una declaración negativa.
Hasta que concluya la audiencia de hoy, el final sigue abierto.
Por Florencia Donovan.
En una osada movida, el ministro Axel Kicillof anunció que el Gobierno transfirió ayer el dinero para el pago del cupón del bono Discount, que vence el lunes, al mismo tiempo que volvió a pedirle al juez de Nueva York, Thomas Griesa, que reponga el denominado stay, la medida cautelar que deja en suspenso la ejecución de la sentencia a favor de los holdouts.
El Gobierno estaría intentando demostrar así su voluntad de pago frente a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, y trasladarles la responsabilidad a Griesa y al agente de pago, el Bank of New York (BoNY), de cualquier embargo que pudieran sufrir estos fondos y, por ende, de un inminente default del país. Además, el Gobierno anticipó que intentará revertir la batalla judicial e iniciará acciones legales si los fondos son bloqueados.
"Esta decisión soberana implica advertir respecto de las consecuencias de sus actos a Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial; al agente fiduciario; a las entidades financieras involucradas; a los litigantes, y al mismo juez Griesa respecto de eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional (...), ante el tribunal internacional de La Haya y ante tribunales ordinarios de la República Argentina", dice el texto que ayer leyó Kicillof ante la prensa, acompañado por el secretario legal de la Presidencia, Carlos Zannini; por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la procuradora del Tesoro, Angelina Agona. Es el mismo texto que hoy se publica en solicitadas en varios diarios.
Ayer, no obstante, Griesa rechazó reponer el stay, e incluso convocó para hoy a una nueva audiencia, en la que se presume que podría tratar el pedido de embargo por parte de los buitres (ver página 9). De concederse el embargo, la Argentina tendría un periodo de 30 días más, hasta el 31 de julio, para cumplir con los tenedores de bonos Discount y no caer en default.
"Es un acto de insensatez absoluta. Lo lógico hubiera sido sentarse a negociar", dijo a la nacion Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de la Universidad de Londres. "Lo que creo que quieren hacer es generar un conflicto de política internacional, entre todo el mundo y el sistema judicial de Estados Unidos, para lo que ya es tarde. La única otra explicación racional de hacer este pago, sabiendo que va a ser embargado, es que después usen este dinero a cuenta con los holdouts para iniciar una negociación, y al mismo tiempo eludir la cláusula RUFO [que permite a los tenedores de bonos del canje reclamar si es que algún otro acreedor recibe mejores condiciones de pago]", dice. En este último supuesto, explica, el país tendría hasta el 31 de julio para negociar con los buitres y cancelar la deuda con los bonistas de los canjes sin caer en default, pero corre el riesgo de terminar pagándoles a los holdouts el 100% en efectivo.
Pero el texto que leyó Kicillof es poco claro y dio lugar a diversas interpretaciones. Muchos inversores se mantenían ayer optimistas con la posibilidad de que el Gobierno termine llegando a un acuerdo con los holdouts, de ahí que en el mercado no se diera una venta masiva de bonos.
"El mercado está demasiado optimista. Acá la Argentina se desentiende pagando y les echa el lío a Griesa y al BoNY; se viene una batalla judicial inversa. La estrategia es presionar políticamente para ver si el juez repone el stay, para poder negociar en seis meses, hasta diciembre, cuando vence la cláusula RUFO. Por ahí lo logran. Mientras, no te queda otra que pagar, porque si no entrás en default", especuló otra fuente que conoce de cerca al equipo económico. "Si no, creo que se caerá en default, pero se dirá que no fue voluntario. Y no sería como 2001, porque sólo se dejaría de pagar la deuda con ley de Nueva York, que son unos US$ 11.000 millones."
Kicillof dijo ayer que la Argentina procedió "al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos de legislación extranjera por US$ 832 millones, de los cuales US$ 539 millones se depositaron en las cuentas N° 15.098 y 15.002 del BoNY en el Banco Central (BCRA)". No aclaró adónde irán los casi US$ 300 millones restantes.
En tal sentido, dice Bernardo Saravia Frías, socio de Saravia Frías Abogados, "los US$ 539 millones serían depositados en cuentas en el BCRA, con la esperanza, se asume, de que no podrían ser embargados, con el respaldo del antecedente del fallo «Galli» de nuestra Corte Suprema [que impide que se ejecuten localmente sentencias de Estados Unidos]. El resto, sospechosamente, no se aclara el destino, dando lugar a suspicacias de un pago en efectivo como pago a cuenta de un arreglo futuro con los holdouts".
FUNCIONARIOS AL CONGRESO
El Gobierno volverá la semana próxima a exponer la situación de la deuda con los fondos buitres ante los jefes de bloque de todos los partidos políticos en el Congreso. El ministro de Economía, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, repetirán así por orden de Cristina Kirchner el esquema de exposición que hicieron la semana pasada, cuando se conoció el fallo adverso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que convocaron a un encuentro para buscar respaldo político y mantener informado al Congreso. Aún deben coordinar con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y los bloques opositores, el día de presentación, aunque se espera que se haga entre el lunes y martes próximos.
El juez Thomas Griesa le negó a la Argentina el efecto suspensivo sobre el fallo que obliga al Gobierno a pagarles a los holdouts y convocó a una audiencia entre las partes hoy, a las 11.30 (hora argentina). A pedido de los fondos NML-Elliot y Aurelius, el juez quiere analizar la situación generada por el anuncio del Gobierno de que había depositado unos US$ 1000 millones en cuentas del Bank of New York para pagarles a los bonistas en situación regular.
Además, los demandantes le solicitaron al juez que considere que la Argentina está en desacato con la Justicia al haber anunciado que transferiría dinero a los bonistas que entraron a los canjes, pero sin pagarles a ellos.
Tal como informó ayer LA NACION, el juez consideró que aún es prematuro otorgar una nueva medida cautelar, lo que pudo haber llevado al Gobierno a realizar el anuncio que formuló ayer por la mañana. "El pedido de stay es denegado", afirmó el magistrado en un breve escrito. "Ese pedido no es apropiado. La orden no se pone en marcha hasta que la Argentina no haga el pago a los bonistas que entraron a los canjes, y esta corte no tiene control sobre lo que puede hacer la Argentina con esos pagos", sostuvo el juez.
En la carta a Griesa, el abogado Robert Cohen, representante de NML, afirmó que el Gobierno tendría que ser considerado en desacato por su decisión unilateral. Cohen dijo que el anuncio del ministro es un "descarado paso hacia la violación de la orden" emitida por el tribunal hace unas semanas.
Por otra parte, negó, como afirmara Kicillof ayer, que "los buitres no estén dispuestos a negociar", porque informalmente han dicho que aceptarían bonos para cobrar la sentencia confirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Todos los abogados consultados por LA NACION consideraron previsible la decisión de Griesa en esta instancia tan preliminar de la negociación.
Sin embargo, otro abogado ligado a los demandantes sostuvo que "tal vez la Argentina esté tratando de llamar la atención". Este letrado admitió que en estas horas la negociación a través del mediador Daniel Pollack estaba "parcialmente en suspenso", a la espera de alguna señal de Griesa. Mientras tanto, los abogados de los demandantes le pedirán al juez que asegure que si el Bank of New York les paga a los bonistas que entraron a los canjes también lo haga en forma prorrateada a los holdouts que ganaron el caso del pari passu (por igualdad de condiciones entre acreedores).
Antonia Stolper, del estudio Sherman & Sterling, dijo que "es difícil saber qué quiso hacer la Argentina" con el anuncio del pago de ayer, y consideró que el BoNY, "le pedirá instrucciones al juez, que se supone que, a su vez, le dirá que pague prorrata". En tanto, opinió que "los holdouts van a pedirle a Griesa que ejecute la medida cautelar".
El abogado Bruce Wolfson, de la firma Bingham, dijo que "aún no está claro qué es lo que quiso hacer la Argentina. La orden de Griesa habla por sí misma: la Argentina no puede pagarles a los bonistas reestructurados sin un pago prorrata a NML y a los otros demandantes; si lo hace, violaría la orden". El abogado también consideró que la denegación del stay por parte de Griesa era "esperable; a esta altura de los procedimientos una cautelar sería inusual, especialmente cuando las negociaciones recién comienzan".
En cambio, el abogado Marcelo Etchebarne, del estudio Cabanellas, sostuvo que "la presidenta Cristina Kirchner consideró que la sentencia de Estados Unidos era injusta e hizo lo que tenía que hacer. Y le harán un juicio a Griesa en la Argentina si reclama algo que no le corresponde".Etchebarne opinó que "el 1° de julio la Argentina ya va a recibir una baja de la calificación si no paga, así que ese período de gracia es relativo; sí puede pedir luego una reconsideración si pagara, pero el daño ya está hecho".
Eugenio Bruno, del estudio Garrido, dijo que "hay tener cautela en estos momentos y ver cómo se van dando las cosas. Hay varios aspectos a analizar en detalle con repercusiones importantes, particularmente cómo será la acción futura del Bank of New York".
Otro abogado, que prefirió hablar en forma anónima, señaló que "si Griesa dijo que no daba el stay porque la Argentina no pagó, ahora que sí pagó, el país puede pedirlo nuevamente". En este sentido, apuntó que "puede ser que la Argentina pague de a poco, cada vez que el BoNY le pida más dinero para pagarles a los holdouts y a los reestructurados, de modo de poder llegar al cumplimiento de la sentencia sin haber violado ninguna ley argentina".
La presión, según varios abogados, ahora está sobre el BoNY, que debe decidir qué hace con el dinero recibido por la Argentina, porque el Gobierno podría argumentar que nadie lo puede acusar de default si ya los fondos están en manos del agente de pagos. Pero, a la vez, si transfiriera ese dinero, el banco estaría incumpliendo la orden de la justicia, por lo que se encuentra literalmente en un callejón sin salida, a menos que Griesa le habilite una salida de emergencia.
En una carta muy dura dirigida al Juez Griesa, los fondos buitre pidieron un audiencia criticando el pago realizado por Argentina a los bonistas que ingresaron en el canje. Y, según trascendió, el magistrado convocó a las dos partes para mañana a las 10.30 (hora de Nueva York, las 11.30 en Argentina).
La carta está firmada por Robert Cohen, el abogado de NML, quien afirma que el pago a los bonistas sin un pago paralelo a los fondos buitres es un "paso descarado" que viola las órdenes de la Corte y que requiere una rápida y decisiva respuesta".
De acuerdo a Cohen, Argentina tenía hasta el 31 de julio para pagarles a los bonistas que ingresaron en el canje pero se adelantaron afirmando que la fecha es el 30 de junio. En la carta denuncia que Argentina acuso a Griesa de "tendencioso", y NML rechaza la acusación que hizo Kicillof en su anuncio de no que el fondo no quiere negociar. Por último Cohen dice en la carta que se pusieron en contacto con el Bank Of New York para recordarles de sus obligaciones bajo el fallo de Griesa.
El Juez Thomas Griesa rechazó el pedido de la Argentina de reponer la medida cautelar (stay) que le permitía al Gobierno mantener los pagos a los bonistas que entraron al canje sin sufrir el embargo de los fondos, tal como ordena el fallo original del magistrado de Nueva York, confirmado semanas atrás por la Corte Suprema de los Estados Unidos. La noticia se conoció apenas una hora después de que el ministro Axel Kicillof anunciara que se habían depositado los fondos para cumplir en tiempo y forma con el pago de intereses del bono Discount, que vence el 30 de junio. En esa presentación, Kicillof renovó sus críticas contra Griesa y lo responsabilizó por la eventual caída en default de la Argentina.
Lo concreto es que tras la decisión de Griesa, es muy probable que los fondos que depositó la Argentina en el Bank of New York sean embargados -en cumplimiento del fallo- para que una parte de dicho dinero sea entregada a los fondos buitre que tienen la sentencia a su favor.
Se calcula que entre el 75 y el 80% de los fondos que correspondan a bonistas que tienen que cobrar en los Estados Unidos podría pasar a manos de los fondos buitre.
"Técnicamente, al no haber un stay, el Bank of New York tendría que usar ese dinero de acuerdo a la sentencia de Griesa y por lo tanto repartirlo una parte entre los bonos del canje y otra entre los fondos litigantes. Y el Gobierno tiene 30 días más para implementar su estrategia", explicó a este diario el abogado Eugenio Bruno.
La sucesión de acontecimientos en el juicio con los holdouts que lidera el excéntrico millonario Paul Singer, está tomando una velocidad de vértigo, con el país al borde del default. Situación que se complejiza cuando se advierte que el Gobierno manda mensajes contradictorios, acaso tratando de conciliar discursos imposibles: La negociación con los buitres y la resistencia al capitalismo global.
Hoy sucedieron dos cosas importantes. La primera fue que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, se negó a reponer el amparo (stay) como le había pedido el día anterior el ministro de Economía, Axel Kicillof, desde el edificio de la ONU. La segunda fue el anuncio del Gobierno del giro a Nueva York de más de u$s 500 millones para afrontar el vencimiento del Discount que se dispara el próximo lunes.
Esta decisión fue una contradicción brutal de Kicillof que en su discurso en la ONU advirtió a Griesa que sino reponía el stay, estaba perjudicando a los bonistas que entraron en los canjes –además de enviar al país al default-, porque la Argentina no se iba a arriesgar a girar un pago que podía ser embargado.
¿Porqué cambió el Gobierno, incluso luego que Griesa anunciara formalmente su decisión de no reponer el stay?
Las especulaciones están a la orden del día, pero en Wall Street, las fuentes consultadas por LPO coincidían mayoritariamente en una: El Gobierno sabía que el destino casi inevitable de esos fondos es el embargo por parte de Griesa y los giró precisamente para eso.
Es decir, buscó garantizarle a Singer un pago en efectivo de más de u$s 500 millones, pero disfrazado de medida compulsiva. De esa manera, la Argentina podrá contestar a eventuales bonistas que le invoquen la cláusula RUFO –que obliga a hacer extensiva a todos cualquier mejora a uno de los bonistas-, que no se trató de una decisión voluntaria y en consecuencia no aplica esa cláusula.
¿Pero la Argentina entra en default el lunes entonces? No y esa es otra de las mentiras deliberadas del ministro. El prospecto de emisión de los bonos indica que el país tiene un plazo de gracia de 30 días –hasta el 30 de julio- para completar el pago, antes de entrar en default. Tema subrayado por los defensores de Singer en el escrito que le presentaron a Griesa para pedirle que no repusiera el stay.
Sí es posible que si el lunes los fondos girados están embargados y no se puede cumplir con el pago, las calificadoras internacionales bajen la nota de Argentina y la consideren no en default pero si en mora.
Como sea, según la versión que esta noche prevalecía en Wall Street, la jugada del Gobierno sería la siguiente: Gira los fondos que sabe serán embargados, bloquea así la cláusula RUFO y profundiza la negociación con los holdouts en la intención de llegar a un acuerdo antes del 30 de julio. Incluso, con una negociación más en firme encaminada, acaso podría Griesa aceptar reponer el stay por un plazo limitado, especulaban esta noche.
Si la Argentina, en este escenario, acuerda con los holdouts antes del 30 de julio, en esa fecha podría hacer el pago a los bonistas reestructurados y habría despejado el riesgo de default.
Se trata en definitiva en su trazo grueso de la primer propuesta de negociación que circuló en el mercado, anticipada por LPO, que consistía en un pago en efectivo y el resto en bonos que eventualmente podrían entregarse después de fin de año, cuando vence la vigencia de la cláusula RUFO.
La otra opción es llegar a un acuerdo antes del domingo. Si hay acuerdo no hay nada que embargar y Argentina podría cumplir el lunes con su compromiso con los bonistas reestructurados.
Lo que está claro es que Griesa compró la teoría de los abogados de Singer que sostiene que Argentina solo negocia bajo presión extrema de embargo y riesgo default.
De hecho, el juez le fue cerrando al país las rutas de salida, como hizo con el banco de Nueva York (BONY) a quien advirtió mediante un fallo que cualquier dinero que le envíe la Argentina, antes de girarlo a los bonistas, debe avisarle al juzgado para que lo autorice.
Por eso, esta noche descartaban en Wall Street que los u$s 500 millones girados por Kicillof sólo tenían destino de embargo y estimaban improbable que el ministro no se hubiera percatado de ese riesgo. Como tampoco creen en el mercado que Cristina y su ministro estén apostando al default del país, sólo para sostener su relato intransigente con los buitres.
"La pelota ahora está en la cancha del juez Griesa", comentaban en la Casa Rosada, al tiempo que valoraban, con cauto optimismo, el llamado del magistrado norteamericano a la audiencia para hoy a las 11.30 hora local (10.30 de Nueva York) a representantes de la Argentina y de los fondos buitre a pesar de que previamente había rechazado el nuevo pedido de amparo "stay" efectuado ayer. Ante la pregunta de qué puede resolver el juez, admiten que "no saben". La convicción está puesta en que el mundo apoya al país y que sería muy injusto que por defender los derechos del 1% de los bonistas se empuje al país al default afectando los derechos de la mayoría.
El cauto optimismo se explica en parte porque el fondo NML solicitó al magistrado que los reciba con el propósito de que se certifique si efectivamente la Argentina realizó pagos a deudores que participaron de la reestructuración de la deuda por más de u$s 1.000 millones. De ser así, en ese caso pide que se declare a la Argentina en "desacato".
El pedido se basó en el anuncio que efectuó ayer al mediodía el ministro de Economía, Axel Kicillof, en el que se explicó que se habían depositado en el Bank of New York Mellon (BoNY) "832 millones de dólares" y aclara que "sumando los vencimiento en pesos, el pago realizado hoy (por ayer) supera los mil millones de dólares". A juicio del fondo NML el país tomó "medidas descaradas" para pagar la deuda reestructurada.
La estrategia de mostrar al mundo que la Argentina quiere honrar sus compromisos se tomó el jueves cuando Kicillof, luego de interiorizarse de los aspectos legales con el estudio de abogados Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton mantuvo una videoconferencia con la presidenta Cristina de Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Participaron también parte del equipo económico, el viceministro, Emanuel Álvarez Agis; el secretario de Finanzas, Pablo López, y el secretario legal, Federico Thea.
Durante la larga videoconferencia se definió también la redacción del texto que leyó ayer el titular del Palacio de Hacienda apenas arribó al país. Este texto constituye parte de las solicitadas que fueron publicadas en los principales diarios norteamericanos.
Capitanich fue el encargado, por expreso pedido de la jefa de Estado, de la redacción del texto de tres carillas y fue también el que supervisó todas las acciones correspondientes.
Es decir que, desde el jueves por la tarde, el Gobierno ya había tomado la decisión de efectuar el depósito, en una jugada que, a juicio de los analistas internacionales, es considerada como bastante "arriesgada".
Resulta "audaz", comentan los especialistas, el poner en manos del Gobierno de los Estados Unidos "por la responsabilidad que le cabe por las decisiones de su Poder Judicial". Y el Gobierno explica que el haber establecido la jurisdicción de la legislación norteamericana "no implica la aceptación de fallos jurisdiccionales de cumplimiento imposible".
Finalmente, existen dudas de cómo interpretará el juez Griesa la aseveración del Gobierno argentino: "No cabe la menor duda de la parcialidad del juez a favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención, la de pretender llevar a la República Argentina al default".
"La idea fue embarrar la cancha", ya que los bonistas que sí ingresaron al canje le reclamaran al juez cobrar, enfrentándose con los fondos buitre. "Toda la estrategia es audaz pero necesitamos tiempo para negociar", explican en los pasillos oficiales.
La Presidente, desde que se desencadenó el problema de los fondos buitre, se abocó de lleno al tema. El miércoles, cuando se definió el camino a seguir, ingresó a la Casa Rosada a las 17 y se retiró hasta pasadas las 23. Más allá de la videoconferencia conjunta, mantuvo numerosos conversaciones con Kicillof.
Ayer no fue la excepción, apenas el ministro de Economía pisó el suelo argentino se definió que se convocara a la prensa para hacer conocer la estrategia del Gobierno. El anuncio lo hizo acompañado del Capitanich y Zannini. Por la tarde, volvió a mantener reuniones con Kicillof, acompañado del secretario Legal y de Finanzas.
Hoy, con los organismos públicos cerrados por el Día del Empleado Público, entre ellos la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, los funcionarios estarán atentos a la audiencia que tendrá lugar por la mañana con el juez Griesa, pero seguramente las reuniones se llevarán a cabo en Olivos.