Por Marcelo Bonelli.

Axel Kicillof anunció ayer en forma oficial el “desacato” de la Argentina al fallo de la Justicia de los Estados Unidos al disponer un pago sólo a favor de los bonistas reestructurados.

El anuncio tuvo una sola intención: responsabilizar a Thomas Griesa del nuevo default que afectaría a la economía argentina y que –de concretarse– deterioraría aún más las variables productivas y sociales.

Así, el Gobierno de Cristina intenta ubicarse como víctima política de un complot internacional y ocultar la responsabilidad de la Casa Rosada por la sucesión de serios errores estratégicos, displicencia y ausencia de profesionalismo en la negociación que lleva a la Argentina a una nueva crisis externa.

La dura postura de la Casa Rosada justificó la réplica de Thomas Griesa, un juez que pretende cobrarse los desplantes de Cristina. Estas posiciones de la Presidenta y del magistrado no ayudan a una solución positiva.

Kicillof intentó darle un tono épico a sus planteos y llegó a responsabilizar directamente al gobierno de Obama por las consecuencias del default. Así acusó a la misma Casa Blanca, a la cual el propio Kicillof le pidió ayuda para acordar con el Club de París.

La desorientación oficial se reflejó en las últimas dos semanas en la ausencia de un “plan B” y en los barquinazos que protagonizó la Presidenta buscando una estrategia tras la decisión de la Corte norteamericana.

El doble giro de 180 grados –en dos oportunidades y en una semana – abrió también la puerta desde el Palacio de Hacienda a jugosos negocios financieros con bonos argentinos.

Entre los banqueros se sostiene que la información confidencial sobre los abruptos giros de Kicillof fue utilizada por inversores para hacer suculentas utilidades financieras en estas acaloradas jornadas financieras. Las decisiones generaron subas y bajas en los títulos que fueron aprovechadas por fondos de inversión con fluidos contactos con el Palacio de Hacienda. También de esas operaciones habrían sacado provecho bancos de inversión, que después aparecieron llevando supuestas propuestas salvadoras al Gobierno.

La situación habría generado cortocircuitos con Juan Carlos Fábrega, quien censuró internamente la transmisión de información confidencial, que después permitió que banqueros y financistas aumenten sus utilidades.

Ya a comienzos de año –en enero– el titular del BCRA tuvo un fuerte encontronazo con Kicillof, porque el ministro pidió que el Banco Central tuviera un trato preferencial con el fondo internacional Latam Securities y Geo Equity Opportunities. Se trata de un grupo inversor fuerte, que se caracterizó por operar con Venezuela. Tendría un fondo de 3.000 millones de dólares. El propietario del influyente fondo de inversión –así como de otros– es Diego Marynberg, quien tiene un sólido vinculo con Kicillof. Marynberg participó de los quebrados banco Medefin y del fondo Socimer, y es yerno de Alberto Spolsky.

Kicillof –en enero– le torció el brazo a Fábrega y le arrebató una decisión favorable a los inversores invocando a la Presidenta.

Ahora Kicillof habría consultado a Marynberg para pedir sugerencias sobre cómo enfrentar la crisis de los fondos buitre. Emanuel Alvarez Agis –el secretario de Política Económica– también tuvo contactos confidenciales con la cúpula de UBS, y Miguel Galuccio mantuvo reuniones secretas con Facundo Gómez Minujin (JP Morgan).

Esos encuentros eran –supuestamente– para acercar soluciones e ideas al Gobierno, que estaba en el mayor desconcierto. Pero se sospecha que los bancos utilizaron la información confidencial y comunicaron que solo estaban dispuestos a operar con una “garantía de pago” de Argentina.

Carlos Zannini también mantuvo diálogos con David Martínez, del Fondo Fintech.

Las sugerencias de los financistas no cambiaron el curso de la crisis, fruto de innumerables errores en la estrategia del Gobierno.

Los primeros errores fueron en el 2011 y en el 2012. Amado Boudou y Hernán Lorenzino actuaron con absoluta irresponsabilidad y minimizaron en un comienzo las advertencias de Thomas Griesa.

Era el momento de acordar: Argentina tenía 52.000 millones de dólares en sus reservas; Cristina concentraba un gran poder y no había ningún fallo en contra.

Después, la Presidente cometió el error estratégico de anunciar que iba a desconocer los fallos de los tribunales de EE.UU., y la Justicia comenzó a actuar contra Argentina.

No se cumplió la tesis de la Casa Rosada de que un fallo en contra de nuestro país afectaría al sistema internacional. La medida se dictó y ningún mercado emergente se conmovió.

Pero esa improvisación se profundizó estas últimas dos semanas: – Cristina empezó con un discurso duro, después giró 180 grados y confirmó el pago de la deuda. Ahora volvió a cambiar 180 grados.

–La Justicia de EE.UU. levantó la protección de embargos como respuesta a que Kicillof anunciara que iba a pagar los bonos en Buenos Aires. Pagar así era impracticable e implicaba un virtual default.

– La carta el lunes del ministro pidiendo el restablecimiento del stay tenía una redacción incorrecta y poco profesional.

En el equipo de Kicillof minimizan su traspié y el impacto de un default técnico. Dicen que tendrá un efecto acotado en la economía.

Nadie lo sabe, como tampoco la evaluación interna que el Club de París hizo del acuerdo con la Argentina.

En un documento interno, se califica el plan de pagos que aceptó Kicillof como muy beneficioso y reconoce que fue “histórico” para los acreedores.

Por Carlos Pagni.

Cristina Kirchner agregó ayer confusión a su estrategia para resolver el problema de la deuda con los holdouts. Diez días atrás, Axel Kicillof había comunicado que no pagaría los títulos reestructurados bajo ley de Nueva York porque, de hacerlo, estaría obligado a cumplir con la demanda de los tenedores de bonos impagos. Es decir: anunció que, obligado por la cláusula pari passu de la sentencia de Thomas Griesa, que impide reconocer a unos sin hacerlo con los otros, dejaría caer en default los compromisos de los canjes de 2005 y 2010. La razón que dio en ese momento fue que la Cámara de Apelaciones neoyorquina había levantado la medida cautelar (stay), que ponía en suspenso la cláusula pari passu. Conclusión: con tal de no desobedecer la sentencia de Griesa, el Gobierno no pagaría los bonos que él mismo había emitido.

Ayer el Ministerio de Economía hizo lo contrario. Depositó US$ 539 millones en las cuentas que el Bank of New York Mellon (NoNY) tiene en el Banco Central. Es decir, no sólo pagó lo que no iba a pagar, sino que, con el pretexto de un feriado administrativo, lo hizo antes de tiempo. En cambio, no giró fondo alguno hacia los holdouts. Conclusión: con tal de cumplir con el vencimiento de los bonos que él mismo había emitido, el Gobierno desacató la sentencia de Griesa.

Las consecuencias de esta decisión todavía son inciertas. Sobre todo antes de la audiencia que Griesa convocó para hoy a las 11.30 en su juzgado. Una de las interpretaciones que ayer hacían actores financieros y jurídicos es que el BoNY no podrá girar los fondos depositados, porque está alcanzado por la jurisdicción neoyorquina. Debería, entonces, cumplir con el mandato del magistrado: si no se les paga a los holdouts, tampoco se le debe pagar a cualquier otro bonista cuyo contrato esté sometido a la ley neoyorquina.

Según esta lectura, la Presidenta se habría replegado hacia su discurso originario: "Yo cumplí con mi compromiso. Deposité. Si ocurre un default, no fue por culpa mía. Lo habrá producido el juez". Ayer sintetizó esa posición con el tuit "Argentina paga". Desde el punto de vista técnico, es un argumento inconsistente: ella sabe que la cláusula pari passu desencadena la cesación de pagos. Sólo que, si esa cesación no la decide ella, puede alegar que el dinero no llegó porque el mundo está mal armado.

Los últimos movimientos del kirchnerismo pretenden fortalecer esta teoría. Por ejemplo, la tardía colecta de adhesiones extranjeras a la tesis oficial, la presentación de Kicillof en Naciones Unidas, y, sobre todo, el comunicado que el ministro emitió ayer. En esa declaración se responsabilizó "a los Estados Unidos" por las consecuencias prácticas de las disposiciones de Griesa. Una proyección global de la manipulación que el Poder Ejecutivo suele ejercer sobre la Justicia aquí. Como si Griesa fuera Oyarbide.

Esta interpretación de la decisión oficial ayer no era unánime. Algunos analistas suponían que Griesa podría tomar los fondos correspondientes a los bonistas reestructurados bajo ley norteamericana y destinarlos a los holdouts.

Otra curiosidad: ayer el dinero no fue girado al exterior, sino depositado en el Banco Central. ¿También el Gobierno teme que Griesa ordene dar a los holdouts parte de esos fondos? ¿Habrá una orden de la Casa Rosada a Juan Carlos Fábrega para que no realice una eventual transferencia? ¿Comenzó un cambio de jurisdicción que no osa decir su nombre?

Para muchos especialistas, Griesa no puede embargar los fondos depositados por el Gobierno en el BoNY. Sólo puede inmovilizarlos. De lo contrario, sostienen, el banco debería recurrir a la justicia norteamericana porque se lo estaría obligando a traicionar el mandato que rige su creación: pagar sólo a los tenedores de títulos reestructurados. Si se excediera de esa finalidad, sería demandado por el gobierno argentino y por los bonistas destinatarios del dinero.

Quienes creen que, así y todo, Griesa puede embargar esas cuentas, sospechan que la Presidenta habría lanzado una operación inconfesable. Estaría realizando, "obligada", un pago cash de buena voluntad a los holdouts, en el marco de una negociación secreta que seguirá en las próximas semanas. Ese pago facilitaría el restablecimiento del stay que, a la vez, protegería la transacción ante el peligro de que, el 31 de julio, se consolide el default. Una vez que se cierre el acuerdo, Kicillof repondría los fondos a los bonistas reestructurados.

Muchos financistas celebraban ayer esta hoja de ruta que, desde el punto de vista político, sería escandalosa. Los vituperados "buitres" serían los únicos miembros de un club al que no ingresaron los bonistas del canje, los demandantes en el Ciadi, Repsol o el Club de París: el de los acreedores que reciben un pago en efectivo.

Los que calculan un embargo de Griesa ayer se preguntaban: ¿por qué Kicillof no depositó sólo los fondos destinados a otras jurisdicciones? Es verdad, en ese caso habría sido el Gobierno el que defaulteó con los bonistas del canje. Pero se habría evitado entrar en rebeldía con el tribunal. Además, de un modo u otro, el default es inexorable, salvo que se pague a los holdouts.

Ésa es la perspectiva más sombría de una escena que aun especialistas muy sagaces no consiguen comprender: el país se encaminaría hacia un mayor aislamiento financiero, porque al mismo tiempo desacató a la Justicia a la que se había sometido y entró en una cesación de pagos generalizada.

Las señales de falta de profesionalismo se multiplican. El comunicado de ayer estaba plagado de desaciertos conceptuales y de errores gramaticales, lo que lleva a pensar que el Gobierno resolvió prescindir de abogados competentes. Si ése es el horizonte, Cristina Kirchner puso proa hacia el corazón de la tormenta.

Varias incógnitas de esta peripecia tal vez se aclaren en las próximas horas. En una audiencia celebrada en diciembre pasado, los representantes del BoNY preguntaron a Griesa qué debían hacer si la Argentina les entregaba los recursos que se reparten entre los bonistas. "Consultarme a mí", contestó el juez. Es lo que debería suceder esta mañana.

Por Daniel Fernández Canedo

El ministro de Economía, Axel Kicillof, no ahorró dramatismo en su discurso de ayer en las Naciones Unidas, en el marco de una reunión del Grupo de los 77 más China.

Dijo que si el juez Griessa no reinstala la medida cautelar que pone a salvo de embargo a los bienes argentinos en el exterior, se pondrá “en riesgo al país”; que el lunes será “un hito” para la economía argentina y que sin el paraguas del juez “la negociación se daría en un marco muy complejo”.

Después, en una conferencia de prensa, el ministro fue muy cuidadoso para no hablar sobre una posible negociación con los fondos buitre que pudiese generar condiciones para un reclamo de los bonistas que entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, y que podrían considerarse desfavorecidos.

El lunes, el Gobierno debería desembolsar US$ 900 millones y por el tono de ayer de Kicillof, habría que suponer que el Gobierno podría no cumplir y entrar en los 30 días de margen que tiene para evitar un default.

Sería jugar al límite, a la espera de que Griesa restituya el amparo y permita avanzar en la ronda de negociaciones.

Ayer, se reunieron los abogados del Gobierno y de los fondos buitre con Daniel Pollack, pero el mediador designado por el juez dijo que no hubo avances. El encuentro fue un fracaso.

El resultado fue previsible. El Gobierno pide un amparo y negociar, y los fondos reclaman que no se restituya ese amparo para acelerar el cobro de los US$ 1.500 millones que deberían desembolsarse el lunes. Según Kicillof, en este contexto, se abriría la puerta para reclamos por otros US$ 15.000 millones.

La negociación es bajo presión y contra reloj. Restan sólo tres días hábiles para que la Argentina deba o no pagar y el juez, hasta ahora, no ha dado señal alguna sobre si lo tienta o no reestablecer el paraguas para evitar los embargos.

El dramatismo ministerial se dio de frente con la suba de los bonos argentinos en el exterior y con el moderado optimismo de los operadores financieros y los analistas dentro y fuera del país.

Un informe reservado a sus clientes del Estudio Bein y Asociados proyecta que la negociación encontrará un cauce a partir de analizar que los principales actores del conflicto sacarían ventaja de que la Argentina no vuelva a caer en default.

El estudio consigna que tanto para los bonistas como para el juez, para los abogados, para los bancos y, desde ya, para el Gobierno, llegar a la normalización de la deuda pública argentina tendría ventajas evidentes.

Para el Gobierno, la urgencia se acrecienta además a partir del surgimiento de datos preocupantes sobre la caída del nivel de actividad en lo que va del año.

El reconocimiento oficial de que la industria cayó 5% en lo que va del año se sumó ayer a la lista de perjuicios que venía ocasionando el cepo cambiario desde noviembre de 2011 y que cobró vigor con la devaluación y la estampida de las tasas de interés de enero.

En este punto, resulta evidente que un gobierno que le pagó US$ 500 millones a una empresa por el juicio que perdió en el tribunal del Banco Mundial, que le garantizó US$ 5.000 millones a Repsol por YPF y que se comprometió a pagarle US$ 9.700 millones al Club de París quiere llegar a un acuerdo con los fondos buitre para poder volver a conseguir financiamiento en dólares.

Pero un problema es que el Gobierno cree que hizo todos los deberes como para ser ya merecedor de crédito y no de pagos forzados por una decisión judicial.

El juez no piensa lo mismo y el optimismo de los mercados en esta semana, con subas espectaculares (el bono de descuento cotiza en los máximos niveles desde abril de 2011), es una apuesta a que finalmente no habrá default. Pero, como toda apuesta, puede salir mal.

Hasta ahora, el Banco Central sigue comprando dólares de la soja y el oficial cotiza en $ 8,1, que se considera una de las anclas contra la inflación de los últimos 60 días.

Pero sin una prolongación del horizonte financiero, los mercados comenzarían a dudar sobre cómo haría el Gobierno para conseguir los entre US$ 7.000 y US$ 10.000 millones que necesitaría para evitar grandes tensiones hasta el fin del mandato.

Hoy, hay bancos que hacen fila para ofrecerse como compradores de la deuda con los fondos buitre, lo que es una muestra más de que dólares no faltan en los mercados.

Pero también es una señal de que a la Argentina sólo están dispuestos a venir si el premio es muy jugoso.

Volviendo al la inflación, la de junio podría dejarle un sabor agridulce a los funcionarios.

Las mediciones preliminares la ven bajando y ubicándose en torno a 1,3%.

Pero ese dato tiene como contracara que el otro ancla que frena la carrera de precios es la recesión.

El consumo está lejos de ser el motor de la actividad económica que fue en otros tiempos y la inversión sigue menguante. La economía argentina se juega mucho en los próximos días y, una vez más, una decisión de afuera vuelve a ser determinante.

Por Alejandra Gallo.

Éstas son horas decisivas para definir no sólo la situación de la Argentina con los holdouts sino cómo será la transición política en la Argentina del post-kirchnerismo.

El Gobierno busca ¿negociar? con los tenedores de bonos argentinos que no entraron al canje repitiendo la virulencia que despliega en el mercado doméstico. El miércoles, el ministro de Economía, Axel Kicillof, en Naciones Unidas (ONU) repitió lo que había dicho hace una semana en su última conferencia en el Palacio de Hacienda. Con corte de pelo más prolijo que entonces pero los mismos stickers en el ángulo superior izquierdo de su laptop, Kicillof repitió: “Argentina quiere pagar pero no la dejan”. En extenso despliegue de filminas impecables sobre historia económica nacional, el Ministro cantó retruco: “Sin solución la Argentina pude tener una crisis (de deuda) similar a la del 2001”. Lo dijo suelto de cuerpo como si él o la presidenta, Cristina Kirchner, no tuvieran nada que ver si eso pasara.
Es verdad que el Gobierno actual no generó esta deuda y también que tiene vocación de pagarlo todo pero si la Argentina desbarranca ahora el juez estadounidense Tomás Griesa no tendrá nada que ver, aunque los economistas del Gobierno insistan en verlo al revés. Exportar culpas quedará coqueto para el relato pero los responsables de bolsillos raquíticos y cuentas fiscales en rojo estarán fronteras adentro.

De la mochila de la herencia K ya empiezan a hablar en varias reuniones empresarias. Como mínimo el próximo Gobierno deberá afrontar el 27% de los pagos a Repsol por la expropiación de YPF y los desembolsos correspondientes al acuerdo con el Club de París. Calculadora en mano, estos números estuvieron presentes en el encuentro del Foro de Convergencia Empresaria (FCE) el miércoles con el pre-candidato Sergio Massa, del Frente Renovador. Pero también en la reunión de la Unión Industrial, el martes, donde las automotrices y los laboratorios no guardaron detalles (ni sus propias filminas) sobre el freno a la economía y los nubarrones que se depositan sobre el empleo privado.

En la entidad que preside Héctor Méndez, hay mucha preocupación por el 5% de baja en la actividad industrial de mayo; la décima caída consecutiva que reconoce el propio INDEC. Allí los dueños de las fábricas coincidieron en que la recesión estaba desde antes del conflicto con los holdouts pero que ahora podría agudizarse. Hay indicadores que el Gobierno minimiza. Por ejemplo: para mantener los actuales puestos de trabajo, el año próximo la Argentina debería crecer entre 2% y3%. Son cálculos que elaboraron los equipos del gobernador Daniel Scioli (quien en los próximos días podría hacer doblete y reunirse con el FCE y con el Grupo de los Seis). Aún con números débiles en la economía, en la UIA hubo consenso en que el principal problema en tiempos de transición sigue siendo político.

La producción de autos viene en picada: la actividad se desplomó 35% casi en un año y los modelos que la ministra de Industria, Débora Giorgi, logró ingresar en el plan Pro.Cre.auto corresponde más a los stocks que no se pudieron vender que a nuevas producciones. En menor escala, a la industria náutica le pasó lo mismo. Crecieron al compás del kirchnerismo en los últimos años pero el impuesto interno que gravó con el 30% a las unidades de hasta $170.000 y con el 50% a las de más de $220.000 le pegó en el corazón del negocio y la devaluación de enero terminó de anclarlos. Hoy las ventas de lanchas (las que tienen más componentes nacionales y empleo local) cayeron un 50% y las exportaciones de cruceros se desplomaron casi un 90%.

A los laboratorios los tomó de sorpresa la resolución de la Secretaría de Comercio que los obliga a retrotraer los precios de los medicamentos al 7 de mayo acusándolos de carterización. Es una acusación que crispó ánimos en casas matrices y por eso las compañías pidieron una medida cautelar ante la Justicia para evitar auditorías internas. (A los aumentos, los había avalado este mismo Gobierno). Hoy hay una eventual ruptura en la cadena de pago de proveedores, en especial en remedios oncológicos y en el PAMI. Fuentes privadas sostienen que hay cuatro laboratorios grandes y chicos amenazadas con más sanciones, siete al borde de la presentación a convocatoria y tres internacionales que analizan la posibilidad de irse del país.

Las mismas fuentes sostuvieron que detrás de este contrapunto por los remedios entre los laboratorios y el Gobierno se aceleró por un trasfondo político que involucraría a las máximas autoridades del Ministerio de Salud, donde su titular Juan Luis Manzur, tendría alguna sorpresa judicial en puerta . Ante una urgencia en ese sentido la Presidenta ya tendría receta lista para su eventual reemplazo.