Los números son contundentes: en el último año se perdieron en Mendoza más de 8 mil puestos de trabajo, el desempleo aumentó casi un 1 por ciento y se ubicó, como se había adelantado antes de que el INDEC lo confirmara en un 4,5 por ciento.

Hace pocas semanas, algunas bodegas del Sur mendocino y otras del Este encendieron todas las luces de alarma cuando comenzaron a despedir personal en algunos de los casos y a suspender en otros por la caída notable de la actividad económica. El sector olivícola salió casi con desesperación y como último recurso a pedirle al gobierno de Francisco Pérez que mantuviera y aumentara los programas de sostenimiento de empleo porque están pasando por una situación tan crítica que se enfrentaban a despidos masivos de su personal.

El gobierno debió gestionar ante la nación, que es quien financia este tipo de planes, el sostenimiento del programa y una ampliación o refuerzo para hacer frente al período invernal post cosecha. Se calcula que han sido más de 6 mil los casos de sostenimiento de empleo que la administración de Francisco Pérez ha debido tramitar ante el Ministerio de Trabajo de Carlos Tomada para evitar el colapso.

El consumo se desploma y salvo algunas excepciones y promociones puntuales, el comercio mendocino se desgañita para mantener el ritmo de la actividad que ha sufrido el golpe del proceso inflacionario. El turismo, esa gran esperanza tanto oficial como privada, todavía no alcanza para compensar lo que se viene perdiendo por el resto de las actividades económicas.

El de Mendoza no es un problema exclusivo de la provincia. Lo que ocurre aquí se multiplica en otras regiones. Argentina transcurre por un período de incertidumbre en donde la inversión es mínima, el poder adquisitivo de los sueldos se desmorona cada vez más rápido y donde los especialistas ya están advirtiendo que estamos ante el umbral de un nuevo proceso recesivo en todo el país. O lo que es peor aún: estanflación, estancamiento con inflación.

Entonces, el ciudadano de a pie bien informado no puede entender que cuando aparecen algunas alternativas para enfrentar la caída de la actividad, el gobierno no las tome y tampoco explique de manera clara el por qué de semejante decisión política. Es el caso del proyecto minero San Jorge, ubicado en Uspallata, que fue paralizado antes de que arrancase cuando tenía todo aprobado para iniciar su actividad, allá por agosto del 2011, en plena campaña electoral y por pedido del actual gobernador Pérez, en ese momento el candidato del oficialismo que vio la oportunidad de dar un golpe de suerte definitivo a su campaña electoral cuando pidió a los legisladores del peronismo que no aprobasen la declaración de impacto ambiental (DIA), el último paso para que el yacimiento de oro y cobre arrancase con su explotación.

La historia de este yacimiento es más o menos conocida: estaba en manos de un grupo minero canadiense que, frente a los constantes reveses, encontró la oportunidad única de venderlo y que, en esas condiciones y con buena parte de la sociedad en contra, apareciera un grupo inversor ruso dispuesto a comprarlo y por unos 40 millones de dólares, lo entregó, hizo las valijas y se fue de Mendoza.

Los rusos quieren reactivar el proyecto y para eso le dieron aire a la alternativa biprovincial, esto es que se emprenda su explotación con la participación activa de San Juan. El proyecto apunta a extraer la roca de Mendoza, trasladarla a través de una vía férrea unos 20 kilómetros hacia Calingasta y procesar el material en esa localidad de la provincia vecina.

Esa alternativa, la del proyecto biprovincial, cobró fuerza luego de que varios grupos ambientalistas, apoyados en la Ley 7722 que está siendo discutida en cuanto a su constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en el territorio provincial, impidiese su plena explotación en Mendoza.

En momento como el actual, diferir una decisión a favor de esta segunda alternativa, es a todas luces otra oportunidad perdida. Porque en la situación en la que se encuentra Mendoza dejar pasar puertas abiertas como esta que se le ha puesto en el camino, es a todas luces enfrentarnos a otro fracaso e impedir a miles de familias mendocinas una vida digna al perder, la provincia, o no tomar, un potencial enorme que se pone a disposición para hacerla crecer en todos los indicadores.

Y el tema ambiental, la única traba que por el momento impide el desarrollo de las dos alternativas, no alcanza para transformarse en un fundamento esencial para no permitir el desarrollo de Mendoza. Y esto es así porque, también a todas luces surge, es el Estado y el actual gobierno los que parecieran no estar capacitados para hacer cumplir los controles exhaustivos para llevar adelante un desarrollo económico de magnitud.