Perú implementará un paquete de medidas para alentar la inversión privada y el crecimiento a pesar de temores de que los cambios podrían debilitar la supervisión ambiental en sectores importantes como la minería y los hidrocarburos.

El gobierno, que anunció las normas a principios de mes, busca relajar las reglas ambientales al reducir de manera temporal las multas y acelerar el proceso de aprobación de permisos.

Sin embargo, las medidas enfrentan el rechazo de los ecologistas, que dicen que reducirán las responsabilidades del Ministerio del Ambiente en la regulación de las actividades minera y energética. Representantes del ministerio no estuvieron disponibles inmediatamente para comentar.

“Es un gran retroceso de los avances ambientales que Perú ha tenido”, dijo José de Echave, un ex viceministro del Ambiente.

Los esfuerzos para fortalecer las reglas ambientales para las empresas mineras y petroleras son relativamente nuevos en Perú. El país creó el Ministerio del Ambiente en 2008 como una condición para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

Las propuestas más contenciosas incluyen planes de reducir las multas que impone el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por tres años y establecer un periodo máximo de 30 días para la aprobación de estudios de impacto ambiental.

Estas aprobaciones pueden tomar hasta dos años en la actualidad, según el tamaño y la complejidad del proyecto.

Las propuestas del gobierno fueron aprobadas por la Comisión de Economía del Congreso el miércoles, y se espera que se debata en el pleno del Congreso en unos días.

Un grupo de más de 30 organizaciones no gubernamentales ha instado a los legisladores para que rechacen la propuesta. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental envió una carta esta semana al presidente Ollanta Humala diciendo que las normas debilitarán las leyes y las instituciones ambientales del país.

Pero funcionarios del gobierno señalan que las medidas son importantes para reactivar la economía.

“Creemos (que las normas) van a facilitar que nuestra economía siga creciendo, se genere empleo”, dijo el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, a reporteros esta semana.

El paquete también incluye nuevos incentivos tributarios para proyectos mineros y propuestas para reducir los costos laborales.

El gobierno ha dicho que las normas podrían añadir hasta 3 puntos porcentuales al crecimiento económico en los próximos tres años y que ayudarán a reactivar proyectos de inversión por alrededor de US$ 11,000 millones. También existen planes para lanzar una subasta de contratos de crudo y gas en la región amazónica y en sitios en altamar.

Castilla anunció las propuestas este mes luego de que datos oficiales mostraran que la economía peruana había crecido solo 2% en abril, la tasa mensual más baja desde 2009.

La actividad económica se ha desacelerado en los últimos meses en gran parte debido a una caída en la inversión y las exportaciones. La economía de Perú se expandió 5% en 2013, frente a 6.3% en 2012 y 6.9% en 2011.

Los economistas prevén un crecimiento de alrededor de 5% o menos este año, frente a pronósticos previos de más de 6%, en vista de una menor inversión y una producción más baja de la esperada en la minería.

La inversión privada fue un motor vital del crecimiento económico de Perú durante la última década. Pero en los últimos meses se ha visto afecta por una caída en los precios de commodities como el cobre, la exportación que más ingresos le genera al país.

Ayer se aprobaron dentro del proyecto de ley sobre medidas tributarias que fue expuesto y defendido por ministro Luis Miguel Castilla. Especialistas sostienen que se relajan estándares ambientales.

Casi de contrabando. Las propuestas ambientales para la promoción de las inversiones fueron incluidas en el Capítulo III del proyecto de Ley que establecen medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la dinamización de la inversión en el país, presentado por el gobierno y que fue aprobado ayer por la Comisión de Economía delCongreso de la República.

Esta norma, según algunos especialistas, debilitaría los estándares de calidad ambiental, pero el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, consideró que no será así, pues incluso fortalecería las entidades de fiscalización del sector.

"El presidente de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) ha dicho que el proyecto presentado por el Ejecutivo los fortalece", dijo Castilla durante su exposición en el citado grupo de trabajo legislativo.

Aclaró que no hay ningún tipo de relajamiento en los estándares ambientales, pues no se debilita el marco jurídico para hacer la fiscalización respectiva en esta materia.

"El desarrollo ambiental es sustentable, pero tiene que ser sostenido y en armonía con laspolíticas y con la comunidad”, afirmó.

Señaló que se introdujo un "incentivo perverso" en algunas entidades fiscalizadoras para aplicar multas, como en el caso de la OEFA, y financiar su propio presupuesto.

Explicó que se plantea cambiar la fuente de financiamiento de la actual recaudación de multas a recursos ordinarios provistos por el Estado.

Asimismo, dijo que se quiere que la OEFA privilegie la prevención y corrección de las infracciones ambientales durante tres años, antes que la sanción punitiva, a excepción de las faltas graves.
Sobre la declaración de zonas naturales reservadas, que por ahora se crean por Resolución Ministerial emitido por el Ministerio del Ambiente, Castilla justificó la propuesta de que sea el Consejo de Ministros la que apruebe esto, vía Decreto Supremo.

"Esto logra un balance entre las actividades sujetas a protección y los derechos ya otorgados para la explotación de una determinada actividad. Se quiere incorporar un enfoque multisectorial a este tipo de decisiones, sin menoscabar la regulación en la materia", dijo el titular del MEF.

20 años de retroceso

En tanto distintos organismos de la sociedad civil denunciaron ayer que a pesar de que este 2014 es el "Año de la Promoción de la Industria Responsable y Compromiso Climático", el Ejecutivo –a través del "paquetazo" reactivador de la economía– plantea drásticos cambios en temas ambientales, atacando la institucionalidad del ente rector (Ministerio del Ambiente) y retrocediendo los 20 años de avance en la materia.

Más de 50 organizaciones de pueblos indígenas y originarios, sociales, trabajadores, redes de derechos humanos y ONG, demandaron al Congreso no aprobar el proyecto en la Comisión Permanente.

Advirtieron que la puesta en marcha de diversos proyectos extractivos con estándares mínimos ambientales exigibles podrían acarrear conflictos sociales en los próximos meses.

Henderson Rengifo, representante de AIDESEP, señaló que el debilitamiento de OEFA y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), es en claro beneficio de empresas privadas del sector extractivo puesto que por tres años no habrán sanciones ni multas y una mera función informativa de estas agencias.

José De Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, explicó que la supuesta "sobrerregulación" en materia ambiental que existe en el Perú y que ahuyenta la inversión minera y petrolera, no es nada comparada con los estándares exigidos en Chile o Australia,países con los que competimos palmo a palmo para atraer la inversión de las mismas empresas.

Se "petardea" el TLC

"No nos podemos ni comparar con la regulación ambiental de estos dos países. Las empresas de países que invierten en los sectores extractivos vienen de marcos jurídicos que tienen una capacidad de regulación y estándares socioambientales mucho más elevados. No queremos repetir la triste historia de Doe Run o de petroleras en la Amazonía", sostuvo.

De Echave comentó que hay contradicción, puesto que hoy son los empresarios quienes petardean el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos, el primero suscrito por el Perú, sin embargo el proyecto de ley “reactivador” contraviene clara y abiertamente uno de los compromisos asumidos por el Estado peruano, en este acuerdo.

Detalló que se trata del artículo 18.3 numeral 2 que textualmente señala: “…las partes, los Estados, reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción en las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones ambientales. En consecuencia una parte ofrecerá dejar sin efecto o derogará dicha legislación de manera que delimite la protección otorgada por aquella legislación para que no afecte el comercio y la inversión”.

Actualización de deudas beneficia a 140 mil mypes

Al explicar ayer el proyecto de ley de medidas tributarias, el ministro Luis Miguel Castilla dijo que el 92% de los beneficiados con la reducción de intereses provenientes de deudas tributarias, o actualizaciones de obligaciones impositivas, son micro y pequeñas empresas (mype).

Indicó que de 152 mil contribuyentes beneficiados, más de 140 mil son mypes. Además son 117 mil personas naturales o jurídicas que tienen deudas por menos de S/. 100.000.

El ministro aclaró que esta reducción de la deuda tributaria se trata de un desagioo actualización y no de una condonación, pues se generó por una capitalización excesiva de los intereses tributarios.
Reiteró que los deudores deberán renunciar al total de sus pretensiones en el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial para acogerse a esta facilidad, lo que dependerá de su costo beneficio.

La clave

Dado que se vencía el plazo para revisar las medidas que envió el gobierno para reactivar la economía, ayer el Pleno del Congreso delegó a la Comisión Permanente las facultades para debatir y aprobar (entre 28 de junio y 25 de julio) los proyectos de ley pendientes en su agenda.